“La Contraloría parece un trompo dormido.”

Sería “suicida” para Costa Rica continuar dando concesiones de obras o de servicios públicos si no se revisa el esquema de los contratos y la fiscalización de su cumplimiento.

A  como están las cosas, las nuevas inversiones anunciadas por el Gobierno serán un plan de negocios para algunos y ruina para el país.

Tajantes afirmaciones del exdiputado Mario Quirós, del Movimiento Libertario, en declaraciones para UNIVERSIDAD. Como “ejemplo típico” de lo mal hecho, habla de la vía San José Caldera, concesionada al consorcio español Autopistas del Sol, caso que Quirós no ha dejado de estudiar.

Usted ha venido llamando la atención en diversos foros sobre el rumbo que ha tomado la concesión de obra pública en Costa Rica ¿Qué es lo que debe preocuparnos a los costarricenses?

— Que se arregle el problema de las participaciones público-privadas. Esto de que el sector público se encuentra con el sector privado para desarrollar obra pública, o servicios públicos. No es que antes no se hiciera, pero ahora se ha iniciado con nueva intensidad, y el esquema ha entrado en una pasmosa crisis.

¿Pero cuál es la preocupación en sí?

—Que la administración pública ha caído en una captura. Dice que va a regular pero los reguladores son capturados por los regulados.

¿En qué consiste esa “captura” y por qué es tan grave?

—Hay un problema de transparencia, en que la información es dificilísima de obtener. El Gobierno hace contratos con consultores que supuestamente trabajan para él, es decir para todos los costarricenses, pero son secretos. Los supuestos reguladores -administradores públicos, jerarcas- contratan a un consultor y le dicen: lo que usted  hace es confidencial.  ¿Cómo va a ser confidencial? Como si fuera una empresa privada que está contratando a un consultor.

¿Actúan con mentalidad de empresa privada?

—Es una mentalidad de falta de transparencia. No es una mentalidad de empresa privada, porque en la empresa privada esos datos tienen que revelárselos a los accionistas y a los miembros de junta directiva.
A mí como diputado me ocultaron información y todavía ocultan información a los nuevos diputados con cosas que declaran confidenciales. Un ejemplo típico es la concesión de la vía a Caldera. La gerente del proyecto (Hadda Muñoz) dice que no puede comparecer ante ningún foro, porque dentro de su contrato tiene una cláusula de confidencialidad.
A la empresa supervisora también le metieron dentro del contrato una cláusula. Y ahí sí son estrictísimos. Les pegaron una regañada porque le mandaron su informe de fallas en la construcción de la obra a una persona de la misma administración pública, nombrada para dar su opinión sobre la puesta en servicio provisional de la carretera.
El país no puede seguir con este esquema de secretismo que estimula la corrupción.

Pero ese no es el único problema que usted ve…

—Otro problema es la demora en los proyectos y el tamaño de las inversiones. La demora en la ejecución de los proyectos está siendo utilizada para que no haya control. Por ejemplo, este proyecto comenzó por el orden de los $100 millones y ya va por más de $300 millones. En la concesión de la carretera San José-San Ramón (obtenida por la misma empresa española) ya están hablando de $500 millones. El vicepresidente (Luis Liberman) anuncia no solo un proyecto muy grande, que lo es, que ya comienza en noviembre. Pero es una carretera que está casi toda construida. Es lo que se llama la mesa servida.
El objeto del control, los montos, los peajes, todo cambió ahí. ¿Qué es lo que se debía hacer? Una licitación nueva. Como se debió haber hecho con la carretera a Caldera. Pero no, ahí también se hizo traspaso del contrato, se contrataron cosas sin licitación…
Y es que estos casos son de manual. Por eso es que a mí me preocupa tanto la posición de los jerarcas públicos y políticos que han llegado a manejar estas instituciones. 
Los manuales dicen que si usted da una concesión, no esté haciéndole cambios. Porque si no, al final los precios son otros, y todo se hace sin licitación.
Ese es el esquema por el que estamos yendo y así  está amarrado el país.
Se da una situación en que la demora se junta con la captura regulatoria, y se junta con que el Estado nombra en los puestos a gente como en el caso de la gerencia de la carretera a Caldera, que es la misma que tenía el proyecto a San Ramón.
Cuando la nombraron para San Ramón, el departamento legal del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) dice que no reúne los requisitos idóneos, pero la Contraloría (General de la República -CGR), por insistencia de la administración, que pide nombrarla, se allana y entonces nombran a esa persona y además le recargan la otra vía.
Yo pregunto: ¿qué experiencia tiene en este tipo de construcciones grandes y de carreteras las gentes que pone el Estado a vigilar lo que hacen, en una gerencia de proyecto, por ejemplo? ¿Qué experiencia tenía la gerente para manejar un proyecto de la envergadura San José-San Ramón? La nombraron ahí y en cinco años (desde que se otorgó esa concesión) no ha pasado nada. Mire por ejemplo el proyecto de la carretera San José–Cartago, donde también al gerente lo tenían nombrado hasta hace poco. Los millones que se gastan le paran a uno el pelo.

¿No cree entonces que se deban dar más obras en concesión?

—Lo que digo es que la concesión no es la panacea, ni tampoco es que la panacea sea que lo haga todo el Estado, porque se pueden dar los mismos errores u otros. Creo que hay obras que tal vez se puedan dar en concesión, pero no con el modelo que tenemos en este momento.
Vea  el caso de Caldera. Le han agregado al contrato cinco adenda y un convenio complementario, donde utilizan el convenio complementario para reformar el contrato original. Le dan obras sin licitación a la empresa constructora, le dieron a una constructora la radial Hatillo-Alajuelita, simplemente, financiada por el Gobierno de Costa Rica, y esa obra resultó también un desastre. Derrumbes en los taludes. No hay zonas de seguridad. No piensan en los usuarios. En lo único que están pensando es cómo hace el negocio el constructor o el concesionario.
No creo que ese sea el camino por el que deba seguir Costa Rica. Creo que debe  haber transparencia, debe haber un alto, una investigación a fondo de todas las fallas.
La capacidad técnica, institucional, para administrar esto no existe en este momento y creo que sería realmente suicida que el país siga por ese camino. Puede ser un buen esquema de negocio para algunos, pero para el país es un esquema de ruina.

¿La vía a Caldera no ha sido un buen negocio para el país?

—¿Qué clase de contrato es ese, en que reciben las obras incompletas, con inseguridad, y además le garantizan al concesionario que va a tener los ingresos? Si la gente se asusta de pasar por ahí, el Estado de todas maneras le va a pagar a la concesionaria. Eso es un contrato que está obviamente muy mal concebido.
Ahora resulta que las estimaciones de tránsito de esta vía, según comenzó a alegar la concesionaria, no le están llegando, no están pasando todos los carros que ellos esperaban. Y entonces ahorita le van a pasar la cuenta al Estado costarricense, y además de que los usuarios paguen el peaje, y los demás ticos les paguemos lo que falta para unas obras que pasaron de menos de $100 millones a más de 300 en las condiciones de calidad en que las están entregando. Eso no parece ser un buen negocio.

¿Es un buen negocio para el país tener una carretera a Caldera? Claro que sí. La forma como la hacemos es el punto.

La concesionaria ha estado haciendo arreglos a la carretera, ¿cree que habrá nuevo problema de seguridad?

—Por lo que he hablado con los técnicos, van a haber problemas con los taludes, que no están bien hechos, tanto de los que están sobre la carretera como los de rellenos. Allí van a haber hundimientos.
Eso es parte de lo que detectaron los supervisores y si usted ve los informes de LANANME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica) sobre el manejo de aguas, tanto en los taludes sobre la carretera como los taludes de relleno, da miedo aquello.
Y es que vea otro ejemplo de lo que ha sucedido. A la nueva empresa supervisora, CACISA, que era la misma de San Ramón, la enviaron a hacer una supervisión, y ellos detectaron en la noche del 26 de enero, en vísperas de la inauguración, que faltaban cuatro km de vallas “flex beam” (barandillas de acero), de señales verticales faltaban 72 unidades, y cosas así. Pero vea lo que ponen en el informe. Dicen que “con relación a los flex beam el concesionario ha manifestado informalmente que no tiene contemplada la construcción de todas las flex beam diseñadas”, ya que las condiciones del terreno no lo ameritan, lo cual no es posible definir de momento por esta revisión, por lo que tendrá que hacerse antes de la puesta en servicio definitiva.
Eso es  lo que digo que es una muestra clarísima de captura regulatoria. Hay especificaciones técnicas. Llegan y verifican que no están, y dicen que está bien, porque la concesionaria dice “informalmente” que no se ocupan 4 km de vallas de seguridad, que lo que está diseñado no lo van a cumplir. ¿Entonces?

¿Y la Contraloría, qué dice?

—Dice que es un control que le corresponde hacerlo a la administración. Pero si nada le corresponde a la Contraloría mejor la cerramos.
Yo comprendo que la CGR no es la que tiene que ir a entenderse con la concesionaria, pero si yo estoy en la CGR y veo eso, llamo a los del CNC y les digo: ustedes están incumpliendo sus deberes y aquí va un proceso, porque no se cumplieron las especificaciones y hay derrumbes, se recibieron las obras sin estar acabadas y sin señales de seguridad, porque aquí puede haber hasta responsabilidades penales.
Pero la CGR está como trompo dormido dando vueltas y vueltas en el mismo lugar, y mientras tanto todos los otros haciendo. Vea: eliminar a los fiscalizadores fue con anuencia de la CGR (convenio complementario Nº 1); darle seis meses más de plazo y $25 millones a la concesionaria para que arreglara las obras, anuencia de la Contraloría; nombramiento de Hadda Muñoz en contra del criterio técnico del departamento jurídico que dice que no cumplía los requisitos,  y recibir obras sin ver si se cumplía o no estipulado, anuencia de la Contraloría…

¿Quizá la Contraloría también está capturada?

—Creo que ya están manifestándose en la Contraloría síntomas de esa captura regulatoria en que ha caído el CNC y muchas de estas obras de contratación pública.