El Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, eximió en el 2006 de responsabilidad a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en el proyecto de “Informática Educativa 21” para recibir en su lugar ¢252.000.000 ($494.000), los cuales se destinarían a “proyectos prioritarios”, entre los cuales se encontraba el Programa Ética, Estética y Ciudadanía.
Este programa gozó del financimiento de fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por ¢417.000.000, los cuales se entregaron entre el 2006 y 2007 a consultora Procesos, Investigación y Asesoría CA de la politóloga Flor Isabel Rodríguez, exasesora de la Presidenta Laura Chinchilla y esposa del exministro de Hacienda, Fernando Herrero.
Además del programa Desarrollo de Competencias en Ética, Estética y Ciudadanía, también se utilizaron los fondos de la UNESCO para desarrollar los proyectos Educación Intercultural, Universalización de la Educación Secundaria, Liderazgo y gobiernos estudiantiles, Desarrollo de actividades educativas no académicas, Reforma de los procesos de evaluación y Reestructuración administrativa y desconcentración del MEP.
Documentos en poder de UNIVERSIDAD revelan que dentro de la lista de proveedores que se contrataron para la ejecución de los proyectos figuran: la exasesora presidencial, Flor Isabel Rodríguez, Gladys González, y dos actuales asesores de Garnier, Kattia Rivera Ortiz y Mauricio González. Rodríguez participaba como principal consultora del programa Ética, Estética y Ciudadanía, que pretendía hacer una reforma curricular a seis materias especiales de segunda enseñanza.
Al consultarle este medio sobre si Flor Isabel Rodríguez recibía fondos paralelamente para el proyecto Ética, Estética y Ciudadanía tanto por el PNUD como por la UNESCO, puesto que los períodos coincidían, el ministro Garnier respondió que “esos montos nunca se traslaparon con los recursos de PNUD, ni se ofrecieron los mismos productos, porque corresponden a productos y períodos distintos y que no estaban incluidos con los fondos PNUD-AECID”.
A Rivera Ortiz y a González se les contrató para el desarrollo de proyectos específicos para el MEP, tales como proyectos en Educación Intercultural, Plan 200 días, Enganchate al Cole, y el Cole en nuestras manos.
En la actualidad, ambos son asesores del ministro Garnier; sin embargo, González afirmó que hasta la actual administración desempeña ese puesto. Mientras que el ministro Garnier afirmó que Kattia Rivera Soto, nunca ha sido funcionaria del MEP, ya que solamente ha trabajado como asesora externa del despacho.
UN RECLAMO DE DIEZ AÑOS
Con este acuerdo establecido entre Garnier y Koichiro Matsuura, exdirector general de la UNESCO, se puso fin a una diferencia de más de 10 años entre el país y la agencia de Naciones Unidas, en el cual el exministro de Educación Pública Guillermo Vargas reclama el pago de $1,725.729 en el año 2001. Posteriormente el exministro de Educación Manuel Antonio Bolaños exigía a la UNESCO el pago de ¢2.078.099.
Con un préstamo por $12.394.750, gestionado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se suscribió un convenio entre la UNESCO y el MEP para dotar de 6560 computadoras a 231 escuelas y colegios urbanos y rurales.
El acuerdo se dio en 1996, cuando el ministro de Educación era Eduardo Doryan y el representante ante el BCIE por Costa Rica era Carlos Espinach durante la administración Figueres Olsen. La UNESCO fungiría como unidad ejecutora de los fondos, por lo cual se le pagaría hasta un 10% del total del presupuesto.
La UNESCO contrató a la empresa estadounidense Ashford Internacional para equipar los centros educativos con el equipo, que salió con daños en algunos de sus discos duros desde la etapa de la instalación.
Aunque había un contrato de garantía, la empresa decidió romper unilateralmente y suspender el mantenimiento de los equipos adquiridos por la UNESCO.
Ante ello, las autoridades del país exigieron a la organización de Naciones Unidas tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas causados por la empresa. No obstante, la UNESCO aseguraba que simplemente tenía una función de mediador en el proceso.
Cabe resaltar que antes de que la UNESCO contratara a la empresa Ashford, el Ministro de Educación Pública, Eduardo Doryan, había conformado una comisión técnica, en la cual especialistas plantearon requerimientos para el desarrollo del proyecto, e iniciaron un concurso para licitar la compra del equipo, en el que no participó Ashford, según lo aseguró a UNIVERSIDAD, una de las integrantes de esta comisión, la catedrática de la Universidad de Costa Rica Eleonora Badilla Saxe.
Badilla además apuntó que debido a diferencias de criterios la comisión conformada por el MEP se disolvió, y el concurso abierto para la compra de equipo fue descartado, pese a que ya existían ofertas; luego de todo esto fue que la UNESCO, según sus criterios, realizó la contratación de la empresa.
La negativa de la empresa a reconocer el pago de la indemnización desencadenó en el reclamo del país ante la UNESCO, y ya siendo Ministro de Educación Guillermo Vargas, el director de la organización internacional reconoce que el manejo de la situación no fue efectivo, según nota del 29 de octubre de 2001. Vargas manifestó a este Semanario que en su momento existió un malestar general en virtud de que la UNESCO no había reaccionado a tiempo para subsanar el problema.
La situación se agravó luego de que aún sin resolverse el reclamo del país, y ya siendo ministro de Educación Manuel Antonio Bolaños, la empresa Ashford cerró operaciones el 31 de diciembre de 2003. Por lo tanto, el país quedaba en una situación de incertidumbre, según el exministro. Bolaños exigió en reiteradas ocasiones la presencia del secretario general de la UNESCO en el país, con el fin de solucionar el problema.
Bolaños aseguró que propuso un arreglo y finalmente aceptó recibir $500.000 de la UNESCO, pero sin renunciar a la posibilidad de plantear un reclamo en otras instancias, por lo cual no recibió los recursos durante su administración.
CONCLUYE EL DESACUERDO
Al asumir el ministerio Leonardo Garnier, se da por finiquitada la negociación con la UNESCO en el documento firmado por él y Koichiro Matsuura, cuyo artículo 2 expresa que “UNESCO cumplió correctamente con sus obligaciones, por lo que UNESCO no tiene que asumir las obligaciones que incumben a la sociedad Ashford”. En el mismo documento el país renuncia a acudir a otra instancia con el fin de exigir el pago de las indemnizaciones.
Según el Ministro, la decisión adoptada al inicio de su administración se respalda en el oficio OJ-155-2001 de la Procuraduría General de la República, emitido el 24 de octubre de 2001, por la actual Procuradora General, Ana Lorena Brenes Esquivel, y que en ese momento fungía como Procuradora Administrativa, en respuesta de la nota enviada por el entonces ministro de Educación, Guillermo Vargas.
“La Procuraduría no recomienda recurrir a un juicio ni a un arbitraje internacional, cuyas probabilidades de éxito son mínimas y cuyo costo se estima que sería mayor de los beneficios que podrían obtenerse para el país”, expresó Garnier.
El país recibió, entonces, los $500.000, pero con la diferencia de que se emplearían en aquellos “proyectos prioritarios”, que el ministro Garnier resumió en «Consolidación de las reformas educativas dirigidas a garantizar la calidad y la relevancia del sistema educativo costarricense y al desarrollo de competencias en ética, estética y ciudadanía».
Para el exministro Manuel Antonio Bolaños, el dinero ofrecido por la UNESCO como solución al problema debió haberse invertido en el proyecto de equipamiento de laboratorios educativos.
Sin embargo, Garnier dijo que desde que asumió el cargo “se ha aumentado la inversión en la compra de equipo tecnológico”, además que con el dinero aportado por la UNESCO se habría comprado poco.
