MEP impulsa reformas para mejorar reputación de universidades privadas

Establecerían normativas para garantizar calidad del servicio.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) impulsa una reforma a la ley del Consejo Superior de Educación Privada (Conesup), con el objetivo de regular la calidad educativa y la oferta que brindan las universidades públicas del país, así como llenar los vacíos legales y limitaciones administrativas que afectan a dicho ente.

Dicho proyecto −que pretende elevar la calidad del servicio educativo y mejorar la relación entre estudiantes, universidades y el Estado, a partir de reglas claras y trámites expeditos− fue presentado por el MEP ante la Asamblea Legislativa y en estos momentos se encuentra en estudio en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

La reforma permitiría una mejor supervisión por parte del Estado sobre la labor que ejercen las universidades privadas en el país, exigir estándares de calidad, y que las carreras de Educación, Salud e Ingenierías (especialmente) sean acreditas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

“Estas carreras fueron elegidas como prioritarias en acreditación, por su naturaleza y el impacto que tienen sus profesionales en el desarrollo del país”, comentó la ministra de Educación, Sonia Marta Mora.

Además, el Consejo solicitaría a las universidades actualizar y revisar sus planes de estudio cada cinco años, que estén al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y establece plazos de resolución para agilizar el trabajo que atiende el Conesup.

Por otra parte, se establecen los derechos y deberes de los estudiantes, entre los que destacan el derecho a cursar carreras que cuenten con las condiciones académicas y de infraestructura necesaria, a recibir notificaciones de cambios reglamentarios o de tarifas, y a que no se les cambie− en el transcurso de la carrera− el plan de estudios iniciado.

En la actualidad, un total de 53 universidades privadas tienen autorización del Conesup para operar en el país. Además, 1.741 carreras de grado y posgrado están autorizadas, aunque el Consejo Nacional de Rectores (Conare) estima que actualmente solo se imparten cerca de 1.200, según datos suministrados por el MEP.

“La modificación de la ley es producto de un análisis de la normativa exigente, que fue aprobada en 1981 y que por los cambios y avances de la educación superior costarricense requiere de variaciones, para garantizar de manera más eficiente el servicio de las universidades privadas”, dijo la ministra.

En la Asamblea Legislativa

De acuerdo con el diputado Mario Redondo, del Partido Alianza Democrática Cristiana y presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, el proyecto no tiene mayor avance, pues acaba de llegar a la corriente legislativa.

“Estamos a la espera de un diálogo que se ha venido dando entre la Ministra de Educación, la rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), Silvia Castro –quien planteó una propuesta alternativa− y con los diversos diputados de las bancadas”, manifestó Redondo.

En las próximas sesiones la comisión atenderá a expertos en el tema de educación, a quienes les han hecho llegar previamente una serie de consultas, entre las que se incluyó el funcionamiento y operación del Conesup y el control de las universidades privadas.

“El tema de la educación superior es de trascendental importancia para el desarrollo del país. Hay un interés claro en mejorar la calidad, tanto en el sector público como privado y además garantizar el acceso a la educación en condiciones de equidad para la población, y que el Estado tenga la capacidad de velar porque esto se cumpla”, añadió Redondo.

La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire) es el ente que reúne a los centros de formación del sector privado y ha estado trabajando en el análisis de la propuesta de reforma al Conesup.

Albán Bonilla, director ejecutivo de UNIRE, dijo que en mayo se nombró una comisión para ver en detalle la letra menuda del proyecto y los temas puntuales en la Asamblea Legislativa.

La entidad ha emitido criterios favorables y positivos ante la iniciativa, aseguró Bonilla, pero consideran que debió ser más participativa, para alcanzar mayores consensos entre los diversos sectores. Existe un manifiesto emitido por la UNIRE sobre el proyecto, que se basa en las reflexiones preliminares de la asamblea general de rectores y que se dio a conocer en abril pasado.

“UNIRE apoya las iniciativas que tiendan a mejorar la calidad del servicio educativo privado y público, y por eso las universidades comprometidas con la calidad han visto en la propuesta una oportunidad, siempre que se preserve la capacidad de las universidades para innovar y asegurar la sostenibilidad financiera del sector”, expone el documento.

Bonilla explicó que uno de los objetivos estatutarios de la Unire es la acreditación y que, en este sentido, es un instrumento para la calidad de la oferta educativa, acorde con los requerimientos del país.

“Las universidades que demuestren una capacidad de gestión académica de calidad, deberían estar facultadas para disponer de una mayor flexibilidad para mejorar sus programas e infraestructura y recibir estímulos, asimismo para actualizar carreras, pero es necesario contar con estándares de referencia claros, precisos, concordantes, que den seguridad a las universidades sobre el modo de aprobación”, añadió.