MEP alega que contratación del fiduciario, nombramiento de unidad ejecutora y apelaciones produjeron el atraso en la ejecución de los fondos.
Las condiciones de infraestructura y dotación de espacios de convivencia en los centros educativos de las distintas zonas del país generan diferencias tan marcadas en la formación académica de los alumnos, que por su calidad se puede hablar de una preparación de primera clase y otra de segunda.
El problema de infraestructura educativa no es nuevo, sino producto de años en los que hubo una baja inversión en educación, y recientemente se ha determinado que esa situación influye directamente en la permanencia y deserción de los estudiantes.
Los centros educativos que tienen mayores problemas de infraestructura son los que se ubican en las zonas rurales y en las áreas costeras del país. Mientras que en algunos colegios y escuelas los estudiantes reciben lecciones en instalaciones en buen estado y adecuadas a sus necesidades, en otros los alumnos deben asistir a clases en redondeles, galerones o aulas en pésimas condiciones.
Entonces, dependiendo de las condiciones de infraestructura, equipamiento y espacios de convivencia, los estudiantes ven reducida la calidad de su educación.
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Así lo confirmó el reciente informe Estado de la Educación, el cual señala que no solo hay un enorme déficit en infraestructura, sino que llevará un buen tiempo resolver esta situación, por lo que es urgente que se tomen acciones para evitar una mayor exclusión de aquellos estudiantes que al parecer se encuentran en las categorías más bajas.
De acuerdo con Isabel Román, coordinadora del mencionado informe, en los últimos diez años el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha hecho inversiones importantes para revertir la tendencia a invertir poco en infraestructura y, por ejemplo, para el presupuesto del 2015 se aprobaron ₡75.000 millones para este rubro.
Pero los esfuerzos tienen que mantenerse y mejorarse, pues el informe demostró que hay una asociación significativa entre la calidad de la infraestructura de los centros educativos y la permanencia o retención de los estudiantes; es decir, las condiciones de los centros educativos inciden directamente en la deserción o exclusión.
“No es posible que unos estudiantes estén en buenas condiciones y otros estén recibiendo clases debajo de un árbol o en un redondel; no se puede justificar que un solo alumno esté recibiendo clases en condiciones que no sean las óptimas y adecuadas para garantizar su proceso de aprendizaje”, enfatizó Román.
EVITAR EXCLUSIÓN
La exclusión educativa para el 2014 se encuentra en el 8,7%, según el Informe Estado de la Educación, y aunque entre el 2010 y el 2014 la inversión en infraestructura educativa creció en promedio ₡38.000 millones por año, es indispensable desarrollar instrumentos de planificación de mediano y largo plazo, que optimicen el uso de los recursos.
Uno de los aspectos que se tienen que mejorar está relacionado con la construcción de espacios de convivencia al interior de los centros educativos, como gimnasios, comedores, bibliotecas, canchas deportivas y zonas verdes, que son los lugares donde los estudiantes comparten.
“Aquí volvemos a ver problemas, sobre todo en las zonas rurales, costeras y también en las zonas indígenas. Reconocemos que se han hecho esfuerzos, pero estos siguen siendo insuficientes; además está la gran cantidad de trabas administrativas y burocráticas que atrasan las inversiones, incluso teniendo los recursos económicos para invertir y desarrollar obras”, explicó la experta.
Según Karla Barrantes, arquitecta del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica y quien participó en la investigación del Estado de la Educación, la asignación de recursos para el tema de infraestructura no cuenta con un censo para conocer las necesidades que tienen los centros, sino que está más ligada a otros elementos, como la continuidad que un director le da a la gestión de los proyectos y de las necesidades.
Es decir, que los centros que logran mayores inversiones en materia de infraestructura están muy relacionados con el interés e insistencia de sus directores, ya que el proceso para llegar hasta la conclusión de un proyecto es largo y engorroso, lo que puede resultar muy desmotivante.
“Muchas veces el diseño de los proyectos no está acorde con las verdaderas necesidades de los estudiantes, pues no se les toma en cuenta para tomar decisiones. Hay una brecha de información en materia de infraestructura. Además, en zonas urbanomarginales muchas veces los profesores llegan a los centros educativos y los toman como una plataforma para lograr una plaza en propiedad, pero al alcanzarla buscan irse a otros colegios y entonces no existe una continuidad para insistir en las necesidades de infraestructura, aunado a la falta de objetividad en la asignación de recursos”, detalló Barrantes.
Al analizar la disponibilidad de infraestructura en los colegios del país, según el Informe, la información en las bases de datos del MEP indica que de una muestra de 251 colegios diurnos existentes, un 84% dispone de comedor, un 67% de biblioteca, un 43% de cancha y un 22% de gimnasio; aquellos con mayores carencias en infraestructura para la convivencia (niveles regular o bajo) se encuentran en las zonas costeras y en áreas rurales de los cantones de San Carlos, Upala, Buenos Aires y Pérez Zeledón.
ATRASO EN FIDEICOMISO
Recientemente un informe de la Contraloría General de la República, presentado ante los diputados de la Asamblea Legislativa, reveló que el fideicomiso aprobado por los legisladores en el 2013 −bajo la Ley 9164− para la construcción de infraestructura educativa, tiene un nivel de rezago importante, pues únicamente se ha ejecutado el 0,5% del total del proyectos y únicamente se ha ejecutado el 9% de los recursos.
El fideicomiso que se implementó entre el MEP y el Banco Nacional de Costa Rica establece un total de 103 obras de infraestructura que deben ser construidas y hasta el momento los recursos que han sido desembolsados llegan a ₡15.130.000 y aún están pendientes de desembolsar ₡152.394.234.
“Hay poco nivel de ejecución y consideramos que está en un nivel de avance incipiente. Sabemos que ha tenido que pasar por un proceso; inicialmente en el 2013 se arrancó con la suscripción del contrato y otros trámites; para enero del 2014 ya estaba listo el contrato y se suponía que en junio estarían las condiciones dadas para arrancar”, manifestó Juan Carlos Barboza, de la Contraloría General de la República.
En estos momentos, detalló Barboza, se han hecho unos pocos desembolsos previos, para la compra de terrenos y para el pago de la unidad ejecutora, que es la encargada de llevar el proceso adelante.
En la exposición ante los diputados, la Contralora, Marta Acosta, enfatizó que en general las principales causas de los atrasos para la ejecución de este proyecto están relacionadas con atrasos en la contratación de personal, en la planificación de los proyectos, períodos amplios para el cumplimiento de condiciones previas, entre otros.
En su comparecencia, Acosta recalcó la importancia de la inversión en infraestructura pública para mejorar los ingresos medios de las familias, en la producción nacional y hacer más equitativa la distribución de la riqueza. En consecuencia, el mejoramiento de la calidad y cantidad de infraestructura representa un reto significativo de la política pública del más alto interés nacional.
“La activación de la infraestructura pública y el cierre de la brecha identificada requieren de un compromiso sostenido de los gestores públicos, de una alta dosis de visión, pasión y deseo en lo que hacen, así como de la capacidad profesional y del liderazgo para articular esfuerzos que interactúan y son determinantes para la inversión pública”, indicó la Contralora en su exposición ante los legisladores.
Por su parte, Barboza admitió que la ejecución financiera para este fideicomiso dependía de procesos previos, como la contratación de la unidad ejecutora; pero, insistió en que el avance ha sido poco y significa que las autoridades tendrán que hacer importantes esfuerzos para lograr el cumplimiento de las obras en el plazo establecido.
El financiamiento con el Banco Nacional tiene un plazo de 20 años, a partir del refrendo de la Contraloría General de la República, y a los cinco años de iniciado el fideicomiso el MEP debe comenzar a pagar las cuotas, por lo tanto, la idea es que para el 2018 todos los proyectos estén concluidos y entregados.
“Este es un proyecto que tenemos catalogado como relevante dentro de las áreas de fiscalización; entonces, en un futuro cercano, entre 2016 y 2017, haremos estudios sobre su avance y análisis de la situación”, agregó Barboza.
Para Isabel Román, del Estado de la Educación, esto es precisamente la prueba de cómo las trabas burocráticas y la tramitología pueden afectar el avance del país en una materia, específicamente en el equipamiento e infraestructura educativa.
Vale mencionar que las autoridades deben cumplir los procedimientos y trámites burocráticos, sacar las ofertas a concurso; las empresas apelan. Por eso, el informe apela a la necesidad de agilizar las estrategias de infraestructura, establecer una mayor planificación de mediano y largo plazo para atender las necesidades y para ello urge desarrollar el censo.
“Hay una paradoja: habiendo recursos disponibles en cantidad importante, no es posible avanzar rápidamente en los proyectos; aquí los grandes sacrificados son los niños y los jóvenes que asisten a los centros educativos, que tienen ambientes inadecuados y no sienten ganas de quedarse en la educación formal. Hay un nudo gordiano en el sistema educativo”, dijo Román.
Frente a lo anterior, se hace necesario resolver la situación en los próximos diez años, pues el país se está jugando la posibilidad de retener o evitar que un número importante de jóvenes salgan excluidos del sistema educativo, y el país no puede darse ese lujo. Es sabido que el problema del déficit de infraestructura viene desde los años 90, pero se requiere de acciones prontas y concretas.
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