Contaminación de las fuentes de agua, afectaciones a la salud de las personas, serios daños al medio ambiente y aumento de la corrupción fueron algunas de las coincidencias de los participantes en el foro “Minería a cielo abierto en América Latina: Experiencias y alternativas para una justicia hídrica”.

El evento se realizó el 14 de mayo en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, de la Universidad Nacional (UNA), y fue organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación de esa Universidad.

Representantes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Perú expusieron sobre la experiencia que han tenido con la minería a cielo abierto.

En la introducción al foro, Javier Bogantes, director del TLA, expresó que esta industria representa “una de las más importantes controversias medioambientales del continente, en casi todos los países, la minería a cielo abierto es motivo de conflicto social”.

Apuntó que “la seguridad ecológica e hídrica debe estar por encima de los procesos de producción que contaminan”, al tiempo que lamentó que la empresa Industrias Infinito, gestora del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, y el jerarca a.i. del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) Jorge Rodríguez, rechazaran la invitación que se les hizo a participar en el foro.

EXPERIENCIAS

El primer expositor fue Marco López, ingeniero agrónomo de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de San Marcos, Guatemala, quien manifestó que la minería en ese país “no ha sido factor de desarrollo, sino de conflicto”.

Explicó que la mayoría de las empresas mineras que han llegado a ese país son canadienses, como Goldcorp Ltda..
“Donde nacen los ríos, concentración de población indígena y mayor pobreza, es donde se quiere implementar la política minera”, señaló López.

Apuntó que en ese país, donde la pobreza alcanza a más del 70% de la población, el discurso de las empresas es que se trata de proyectos para el desarrollo.

“Se ha dado un alto impacto ambiental por la deforestación, erosión, contaminación de aguas superficiales y subterráneas o  la transformación del paisaje”, dijo.

Sobre el impacto en las fuentes de agua, especificó que “se ha detectado contaminación con productos como el arsénico, zinc, manganeso, hierro y cobre”.

También apuntó varios efectos sociales de la industria minera, como la movilización de comunidades que se han visto afectadas o incluso un aumento de la militarización, pues en el 2006 el Gobierno autorizó la entrada de 1000 soldados del Comando Sur de los Estados Unidos a la región del Altiplano de San Marcos, donde hay recursos estratégicos como el uranio.

Para relatar la experiencia hondureña participó Purificación Hernández, miembro de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

El activista señaló que en su país se han abierto 372 concesiones para minería, que constituyen el 31% del territorio e informó que entre las empresas que están presentes figura la misma Goldcorp Ltda.

Hernández llamó la atención de que las minas se ubican en sitios con potencial hídrico. “Una mina de la empresa American Pacific (AMPAC) contaminó el único lago de Honduras, mientras que la Mina de San Andrés, en Copán, significó la destrucción de cuatro comunidades”, lamentó.

“La estrategia de las empresas es ocupar cada vez más terreno, una vez que reciben un territorio en concesión compran las propiedades aledañas y generan migración”, denunció.

Señaló que en la región conocida como el Valle de Siria, se dio el desplazamiento de poblaciones de tres municipios, a pesar de lo cual no quedaron exentas de los problemas de la contaminación de las fuentes de agua. “Se ha encontrado arsénico y plomo en muestras de sangre de más de 150 personas, eso genera brotes en la piel y caída del cabello en hombres, mujeres y niños”.

Hernández además relató que el pasado 20 de abril la mina de San Andrés, de la empresa Yamana Gold, “derramó 150 galones de agua cianurada hacia el Río Lara”.

Gloria Paniagua, de la Red Solidaridad y Desarrollo Comunitario de Nicaragua, expuso la situación de las mujeres que trabajan en la industria minera en ese país y señaló que la mayoría son madres solteras, para quienes la minería es la única fuente de trabajo.

“Padecen insuficiencia renal crónica y problemas de la piel, además de que hay contaminación por el sistema de tuberías que conducen aguas residuales. A ello hay que sumar riesgos laborales como la inseguridad estructural, falta de equipos de protección, falta de higiene industrial, riesgos eléctricos y mecánicos”, puntualizó.

 “Con la minería se da el desplazamiento de comunidades y se desarticula la base económica de las etnias que sustentan su alimentación de forma tradicional”, sentenció.

Desde El Salvador acudió David Pereira Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), quien indicó que “se han entregado 29 concesiones en la zona norte que amenazan a los principales ríos, como el Lempa que es el más grande”.

Pereira indicó que luego de que el anterior presidente de El Salvador, Antonio Saca, negara permiso de operación al proyecto El Dorado, de la empresa de origen canadiense Pacific Rim Mining Corp., ésta presentó una demanda ante un tribunal internacional exigiendo al Estado salvadoreño el pago de $77 millones.

El proyecto pretendía la construcción de una mina subterránea en la localidad de Cabañas, cuya operación requeriría de más de 898 litros diarios de agua durante diez años, en un país que desde hace tiempo vive una crisis de acceso al agua para la población.

Tras una serie de movimientos que incluyeron la realización de protestas y manifestaciones, hasta la Iglesia Católica tomó posición contra la minería y el expresidente Antonio Saca manifestó: “prefiero pagar los $90 millones que darles el permiso”.

Sobre las experiencias salvadoreñas con la minería, Pereira citó un caso en que 15 años después de que cerró una mina, apareció en el monte un drenaje ácido que creció con los años, hoy es prácticamente una quebrada que desemboca en un río.

Desde el Perú participó Mirtha Vásquez, del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), quien de manera muy puntual manifestó: “Costa Rica debe aprender de la experiencia de otros países, la minería se expande en América Latina y América Central porque nuestros países tienen potencial minero y la institucionalidad es débil”.

Vásquez proviene de la provincia de Cajamarca, tradicionalmente agrícola pero que fue declarada minera por el gobierno peruano, que entregó en concesión el 40% de su territorio.

Señaló que la industria llegó con las mismas promesas de desarrollo, pero “tras 15 años de minería, Cajamarca es la segunda región más pobre de Perú, pero es la primera en producción de oro de América Latina”.

En la región funciona Yanacocha, la la empresa de oro más grande de América Latina, conformada por tres socios, las empresas Newmont y Buenaventura y el Banco Mundial.

Vásquez ejemplificó la contaminación que se ha dado en la región con el caso de la comunidad de Choropampa, donde más de 1.000 pobladores fueron envenenados con mercurio, pues la empresa Yanacocha tuvo un derrame de 87 kilos del metal y “los obligó a recogerlo con sus propias manos sin ningún tipo de protección”.

Señaló además que se ha dado un proceso de criminalización de la resistencia a la minería (Ver recuadro).
“Donde hay minería se asocia a contaminación y pobreza, las empresas mineras nos han traído corrupción y compra de autoridades”, concluyó.

“Traidores a la patria”

Mirtha Vásquez, del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), vive con protección policial las 24 horas del día debido a las serias amenazas contra su vida que ha recibido por su actividad contra la minería.

Según relató a UNIVERSIDAD, todo empezó en los años 90, cuando se anunció la entrada de un proyecto minero porque se descubrió que la zona tenía un alto potencial aurífero.

Con el paso de los años se sintieron efectos sociales como el desplazamiento de comunidades, “la empresa empezó a crecer geográficamente de manera espantosa”, señaló. Luego la población se enfrentó a los daños ambientales, por la contaminación y eliminación de fuentes de agua.

“Hemos recibido amenazas desde que nos empezamos a organizar en el 2001, como pintas en la oficina que decían ‘MUERTE’”, recordó.

“Luego la empresa intentó corrompernos, ofreció dinero para trabajar con ellos proyectos millonarios. No nos dejamos y empezaron amenazas muy severas, llamaban directamente no sólo a nosotros, sino a nuestras familias y  nos contaban literalmente cómo nos iban a matar”.

Vásquez además relató que “descubrimos un operativo escandaloso de espionaje, pagaron alrededor de 20 personas para investigaran nuestra vida”. Tras ese hallazgo el GRUFIDES solicitó protección al estado, “nos la negaron y acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al estado peruano a darnos protección policial”.

“Alan García nos ha tachado de traidores a la patria, porque dice que estamos tratando de detener el desarrollo del país, mientras tanto se penalizó la resistencia, por protestar ahora se puede ir a la cárcel hasta por 25 años y los policías y militares fueron declarados inimputables por matar o herir personas. En Cajamarca han sido asesinados líderes del movimiento contra la minera”.