Un 49.4 por ciento de la población costarricense dijo estar a favor del aborto terapéutico, en el caso de la niña nicaragüense de 9 años que fue violada y resultó embarazada hace alguna semanas.
Así lo demuestra una encuesta elaborada por el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica.
Debido al despliegue informativo y al impacto en la opinión pública que causó este hecho, las instituciones universitarias decidieron realizar esta encuesta de opinión vía telefónica, con el fin de conocer las opiniones de la población sobre el abuso cometido contra la niña y una posible interrupción del embarazo.
Por otro lado, un grupo de organizaciones civiles costarricenses se quejó de la violación a los derechos fundamentales de la niña y denunció que «esta situación ha puesto a prueba el sistema de instituciones responsables de defender los derechos de las niñas, reto que dicho sistema no ha estado en condiciones y capacidad de enfrentar adecuadamente desde el enfoque de derechos.»
DATOS INTERESANTES
La encuesta -coordinada por los académicos Montserrat Sagot y Marco Vinicio Fournier– se realizó el 6 de febrero con base en una muestra nacional obtenida de forma aleatoria del directorio telefónico y se entrevistaron a 463 personas, de las cuales 274 fueron mujeres (60%) y 185 hombres (40%).
De acuerdo con la investigación, del total de personas entrevistadas, 440 (95%) estaban enteradas del caso de la violación de la menor de edad. De ellas, 112 (49.4%) dijeron estar a favor de que se interrumpiera el embarazo de la menor y 217 (50.6%) se mostraron en desacuerdo.
«Esto pone en evidencia que la población está completamente dividida en relación con la interrupción del embarazo en estos casos de abuso sexual o incesto», explicó Montserrat Sagot del CIEM.
El estudio pone en evidencia que a mayor educación, mayor acuerdo con la interrupción del embarazo por violación, ya que conforme aumenta la escolaridad mayor es el nivel de acuerdo con el aborto terapéutico. Así, el 56.4% de las personas con primaria completa o incompleta aceptaron estar a favor de la interrupción, mientras que el 43.6% dijo estar en desacuerdo. En contraste, el 16.7% de las personas entrevistadas sin ninguna educación manifestaron estar de acuerdo con la interrupción del embarazo, contra un 83.3% que están en desacuerdo.
Un dato interesante es que de acuerdo con la religión de las personas entrevistadas que declararon ser católicas, manifestaron, en un porcentaje más alto, estar de acuerdo con la interrupción del embarazo (50.7%).
Para los coordinadores de la encuesta, este dato es llamativo puesto que la recopilación de opiniones se efectuó días después de que la Conferencia Episcopal se pronunciara en contra de la interrupción del embarazo de la menor de edad.
«Tal parece que las opiniones morales del costarricense ya no están del todo definidas, por la jerarquía de la Iglesia Católica», señaló Montserrat Sagot.
Los datos muestran que, conforme más arraigados estén los sentimientos y prácticas religiosas, menor es el nivel de acuerdo con la interrupción del embarazo. Así, las personas que mostraron menor nivel de acuerdo son las que asisten a misa o culto de su religión más de una vez a la semana.
NO A MATERNIDAD FORZADA
La psicóloga del Instituto de Investigaciones Sociales, Roxana Hidalgo, explicó al Semanario UNIVERSIDAD que un embarazo en una niña de tan corta edad sí tiene efectos serios en el desarrollo emocional y psicológico graves.
«El abuso sexual, sea aislado o sistemático, implica un deterioro severo del desarrollo psíquico de niños y niñas y si se acompaña con una violación y un embarazo, es mucho peor. Ella -la niña-no está en capacidad de manejar una situación de semejante magnitud», aseguró.
Asimismo, la experta señala que en este caso, «el aborto terapéutico es un derecho inalienable de la niña, ella no es un «recipiente» que contiene una vida, y de acuerdo con la legislación nacional e internacional, debe considerársela a ella primero.»
Por otra parte, el grupo de organizaciones civiles que se han solidarizado con el caso de la menor de edad embarazada por una violación, demandaron a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y el Defensor de los Habitantes, que se investiguen las acciones del personal médico del Hospital de Turrialba, para identificar quiénes fueron los que dieron declaraciones a los medios de comunicación, irrespetando los derechos de la niña a su privacidad y a la protección de su imagen. Además, piden la destitución del Defensor de la Niñez, Mario Víquez, y la Ministra de la Niñez y directora del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Rosalía Gil.
Las organizaciones de derechos humanos reclaman que a pesar de que algunos profesionales en medicina reconocieron el grave riesgo para la salud física y mental de la niña, no se consideró la posibilidad de interrumpir el embarazo ni se comunicó a su padre y madre esta posibilidad.
Las representantes de organizaciones como el Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA, el Centro Feminista Francisca Carrasco, la Asociación de Mujeres en Salud (AMES), la Alianza de Mujeres Costarricense, la Asociación Primal, Cefémina y el Foro Autónomo de las Mujeres Costarricenses, denunciaron que los progenitores de la niña no fueron informados sobre los riesgos inmediatos y futuros del embazado de ella, ni del derecho que tenían de interrumpir la gestación por razones de salud de la madre, tal y como lo establece el artículo 121 del Código Penal.
Las agrupaciones recordaron que «la niña tiene derecho a vivir y ser tratada como una niña y por tanto a regresar lo más pronto posible a una vida infantil sin agresiones, embarazos ni maternidades impuestas.»
