Menos de la mitad de los proyectos aprobados en la Asamblea Legislativa durante los últimos seis meses corresponde a legislación con impacto sobre el desarrollo humano, desde fomento al emprendimiento, hasta seguridad.
Asimismo, uno de cada dos del total aprobado está relacionado con permisos a municipalidades, resoluciones locales o declaraciones.
De los expedientes que regulan autorizaciones locales y fueron votados afirmativamente en segundo debate, la mayoría prioriza la discusión acerca de la entrega de lotes para comunidades ubicadas en las provincias de la Gran Área Metropolitana.
Así lo revela un estudio de la plataforma ciudadana en Internet, Ojo al Voto, de los primeros seis meses de funciones de la Asamblea Legislativa.
La información, analizada con base en datos del Departamento de Servicios Parlamentarios, muestra que 16 de los 38 proyectos aprobados entre mayo y noviembre se refieren a legislación sustantiva, es decir, aquella que tiene un impacto directo sobre el desarrollo humano de los costarricenses.
También, proyectos como la “Ley para autorizar al Estado a modificar la naturaleza del cementerio ubicado en Tirrases de Curridabat para crear un parque”, dominan la agenda del trabajo que los diputados han aprobado en Plenario y las Comisiones Plenas.
Pese a ello, destacan catorce proyectos de ley que podrían categorizarse como legislación sustantiva, entre ellos la aprobación de una reforma a la ley de la Banca para el Desarrollo, la votación afirmativa en segundo debate para el uso de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal, entre otros.
Los datos publicados por Ojo al Voto utilizan la metodología del Informe del Estado de la Nación, que califica las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa según su impacto en el país. Esta metodología tiene diversas categorías (entre las que se incluyen sustantivas, secundarias y otros) y fue utilizada para realizar el estudio.
Este análisis no incluye ninguno de los proyectos de ley aprobados en primer debate o suspendidos por consultas, como la Reforma Constitucional para establecer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.
