El crecimiento económico no logra llegar a las capas más pobres de la población rural centroamericana.
A más de dos décadas de haber sido implementado, el modelo exportador, privatizador y de libre mercado, promovido por el «Consenso de Washington», no permite a los países de Centroamérica lograr un crecimiento económico sostenido ni apoyado en todos los sectores productivos.
Esta es la conclusión central a la que arriba el capítulo sobre la situación económica, del II Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y otras entidades internacionales.
«Se suponía que las reformas abrirían paso a un crecimiento robusto, pero a partir de la segunda mitad de los 90, el crecimiento económico nacional (esto es, excluidos los pagos a factores externos) perdió dinamismo. Además, el crecimiento económico ha sido volátil en su conjunto», dice el informe.
Según lo planteado por el modelo, en la región aumentaron las exportaciones, en especial las no tradicionales. Pero esto ocurrió a costa de la disminución de la actividad agropecuaria -con el consiguiente incremento del desempleo rural-, y del estancamiento de los mercados internos, es decir, de las pequeñas y medianas empresas que constituyen su base. Otro efecto del modelo en la región, ha sido el retiro del Estado, hecho que ahora es criticado en diversos estudios.
El documento también se refiere a la precariedad del crecimiento registrado. «A principios del presente siglo no se puede catalogar el crecimiento como robusto y generador de oportunidades para amplios sectores de la población, ni que logra encadenar a las actividades más dinámicas con otras ramas y actividades productivas. Por el contrario, más bien resulta modesto y con importantes grados de desarticulación entre lo más dinámico y el resto de la economía», explica.
Otras apreciaciones del informe incluyen:
* Mientras en los años 60 el rezago económico de Nicaragua y Honduras era de menos de 3 a 1 con respecto a los países de mayor crecimiento de la región, entre 1980 y 2000 esta brecha pasó a ser de 7 a 1.
* La disminución del tamaño y funciones del Estado, se ha expresado en una reducción del gasto público por persona.
* El sector financiero centroamericano presenta altos márgenes de intermediación bancaria, debido a su baja eficiencia, su organización oligopólica y su elevada cartera vencida.
* La leve apertura e integración del mercado de capitales permitió a las naciones centroamericanas evitar el contagio de las crisis que sufrieron otros países.
* Se comprobó que si bien el crecimiento económico es necesario para lograr el desarrollo, no es suficiente. Por persona no alcanzó los niveles de los años anteriores a la década de los 80, la pobreza se mantiene demasiado elevada y la distribución de ingresos, tanto «entre» como «dentro» de los países, ha empeorado.
* «Dentro del esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo económico y social, es fundamental el papel que juegue el gobierno y sus instituciones.»
* En la mayoría de los países centroamericanos se aceleró el proceso de apertura comercial durante los años 90, pero el crecimiento de sus economías no resultó todo lo dinámico que se esperaba.
* Existe una creciente insatisfacción con las condiciones económicas y opiniones negativas sobre la privatización y el libre mercado, especialmente de los sectores medios.
* Se produjo un mayor deterioro de la vulnerabilidad comercial, debido a la concentración de exportaciones hacia Estados Unidos.
* El empleo ha crecido de manera muy inferior al crecimiento económico.
* Centroamérica ha experimentado la expansión acelerada de su economía informal.
* «Debido a los requerimientos de amplios contingentes de obreras y obreros con remuneraciones de salarios mínimos y exiguas «prestaciones sociales», la dinámica de la expansión del sector maquila se trasladó sobre todo a Honduras.»
* «La ausencia de una política industrial encaminada a la sustitución competitiva de importaciones de insumos para la producción de bienes exportables, aparece como una de las grandes deficiencias estratégicas del actual estilo de desarrollo regional.»
* Al negociar los tratados de libre comercio, debe tenerse en cuenta que los granos básicos son producidos por más de tres cuartas partes de las fincas agropecuarias, y que son responsables de una parte importante del empleo agropecuario. En el caso de Costa Rica, del 30% de éste.
¿QUIÉN ATIENDE?
Pero, ¿se atienden las conclusiones y recomendaciones de informes como este o «autocríticas», como la del Banco Mundial?
Parece que una entidad como el Fondo Monetario Internacional, definitivamente no. En su último documento sobre la situación en Costa Rica, el No. 03/82, de marzo 2003, siguió recomendando al Gobierno reducir el sector público, privatizar incluso las telecomunicaciones y reducir el gasto salarial en el sector público.
Así se dice en el texto:
* El equipo del FMI urgió a las autoridades a considerar esfuerzos adicionales en otras áreas fiscales, especialmente en la reforma de las pensiones y en la reducción del sector público. «Aunque existe poco apoyo para otra reforma de pensiones, las autoridades compartieron las preocupaciones del equipo y dijeron que ya habían comenzado a considerar las medidas que se requerirán para reformar el sistema. Mientras construyen apoyo para tales reformas, las autoridades pretenden tomar medidas para mejorar la eficiencia en la administración de los programas de pensiones y de salud.»
* «El equipo urgió a las autoridades a dar pasos para aumentar la participación del sector privado en áreas clave, incluyendo a través de la privatización de empresas públicas. Las autoridades hicieron ver que existe un fuerte apoyo público para estas empresas, que son percibidas en general como eficientes y capaces de satisfacer las necesidades de crecimiento de la economía. Desde su punto de vista, no sería realista esperar que la Asamblea apruebe legislación que permita privatizar empresas públicas en el futuro inmediato. Sin embargo, dijeron que la inversión privada en infraestructura sería alentada a través de concesiones, especialmente, en carreteras, puertos y aeropuertos.»
* El equipo expresó su preocupación por la pérdida de control del gobierno central sobre las empresas públicas, lo cual contribuye a que disminuyan sus superávit operativos y a que aumenten sus inversiones, que no necesariamente están justificadas por razones comerciales. Para encarar este problema, el gobierno: (i) emitirá una directriz para alinear los ajustes salariales de las empresas públicas y entidades autónomas a los lineamientos de la Comisión Salarial del Sector Público y (ii) establecer un Consejo de Inversión Pública para fijar los límites y prioridades de la inversión pública, en línea con las necesidades de la economía y de las restricciones del sector público como un todo.
