El costo de los combustibles es uno de los rubros que más impactan el bolsillo de la población (Foto: archivo).
El modelo de fijación de precios seguido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) incide sensiblemente en las cifras globales de aumento de los precios de bienes y servicios para el público.
Así lo demuestra el estudio “Pronóstico del desempeño de la economía costarricense: II trimestre del 2013”, realizado por el investigador Rudolf Lücke del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Esa investigación apunta que en el último año más de la mitad del crecimiento global de precios se debió a los rubros de transporte y “alquiler y servicios de vivienda” −que incluye los servicios básicos para la población como agua o electricidad− y en ambos casos se trata de servicios cuyas tarifas son fijadas por la ARESEP.
“Lo que más aumenta el crecimiento de los precios para los consumidores son los bienes y servicios regulados”, puntualizó Lücke, pues el estudio detalla que esos dos rubros representaron entre abril del 2012 y marzo del 2013 un aporte del 19,1% y 35,2% respectivamente al total del crecimiento de los precios para el público, con un total de 54,3%.
Llama la atención que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aparece en el tercer lugar de incidencia en el crecimiento de los precios al público −detrás de los mencionados transportes y alquiler y servicios de vivienda− con un aporte del 16,2%.
Lücke subrayó que “hay responsabilidad directa del modelo tarifario” que interviene en el ajuste de precios en servicios públicos.
Cabe destacar que recientemente hasta el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, ha expresado públicamente críticas al modelo tarifario de la ARESEP.
“EL AHORRO DE LOS USUARIOS ES VITAL”
Desde esa institución la periodista María Angélica Carvajal negó que la aplicación de fórmulas de ajuste tarifario automático sea el factor que incide en el aumento de precios y destacó que en el rubro de combustibles en noviembre y diciembre se dieron “tres rebajas importantes que sumaron más de ¢100”. Añadió que los aumentos vistos en febrero, marzo y abril, se debieron “a condiciones del mercado internacional que no podemos controlar localmente”.
Apuntó que en transportes se dio un alza en buses en diciembre del 14 % y en marzo una rebaja de 1.3 % y que en el sector eléctrico los dos aumentos que se han dado este año se deben al costo variable del combustible y que se tiene planeado que haya rebajas en los siguientes dos trimestres del año.
Añadió que el uso de fórmulas automáticas busca ajustar los precios ante situaciones externas, fuera del control administrativo local, entre otras razones. “No es cierto que no se realicen los estudios financieros correspondientes de cada prestador de servicio, pues los métodos ordinarios se siguen aplicando y allí se verifica el 100 % de los gastos de operación y costos de la empresa”, acotó.
Alegó que cuando se aplican métodos extraordinarios debidos a causas exógenas, “no hacen ese estudio detallado de las finanzas”, que −según dijo− se realiza cuando se detecta superávit en alguna actividad por mayor reconocimiento tarifario y se aplican rebajas para compensar lo pagado por los usuarios.
Cabe apuntar que la Ley de la ARESEP apunta que las fijaciones de tarifa son ordinarias cuando contemplan factores únicamente de costo e inversión, mientras que se consideran extraordinarias las que “consideren variaciones importantes en el entorno económico”.
La periodista añadió que los procesos tarifarios dependen de factores externos, pero “el ahorro de los usuarios es vital”. Como ejemplo citó que en el caso de electricidad, la metodología de costo variable de combustible está diseñada para que en los meses más secos aumente el precio, porque se incrementa la demanda de energía térmica; pero, si durante esa época se aplican medidas de ahorro más exigente, “empujamos la demanda a la baja y con ello el gasto de combustible, y por ende una baja en tarifas”.
Agregó que la idea de “fórmulas que vayan siempre a bajar los costos” es “un idealismo”, pues a medida que aumenten salarios, materias primas e inversiones las tarifas finales deben cubrir los costos de ofrecer el servicio.
“EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER”
El especialista Lücke indicó que también juega un papel importante “la ineficiencia en el otorgamiento de servicios, pues incrementa los costos”.
Detalló al respecto que por medio de los ajustes tarifarios la ARESEP tiene que reconocer los costos, de manera que importes operativos más elevados se traducen en un precio mayor para el público.
“La ARESEP podría cambiar su metodología y probablemente veríamos un impacto en la reducción del crecimiento de precios, pero es probable que entonces la tarifa no cubra los costos de las empresas que ofrecen los servicios públicos, que se verían perjudicadas”, ponderó.
Añadió que “es un tema de productividad, pues estos servicios son cada vez más caros y menos productivos”.
Ello se debe a que “a veces se trata de instituciones muy viejas con infraestructura, tecnología y mano de obra no capacitadas para enfocar los nuevos cambios tecnológicos y en el capital humano”.
A ello sumó el tema de los ajustes salariales, pues según explicó una empresa pública que ofrece servicios, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), “no se sostiene en el tiempo sin ajustes que le ayuden a hacer frente a los incrementos salariales”.
De manera que para el especialista, en lo que se refiere al incremento de los precios para el público, al modelo tarifario de ARESEP se le suma un rezago en las inversiones en las empresas públicas, lo cual incide en su eficiencia. “Se junta el hambre con las ganas de comer”.
“CON AUMENTOS AUTOMÁTICOS NO HAY ANÁLISIS DE COSTOS”
Por otra parte, el exregulador Leonel Fonseca se refirió a los métodos de ajuste tarifario de la ARESEP y recordó que hasta inicios de los años 80 ese ajuste fue una cuestión “meramente legal y técnica en la que se aplicaba el principio del servicio ofrecido al costo”.
Recordó que durante el primer gobierno de Óscar Arias “llegó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a imponer el modelo de fórmulas automáticas para fijar los aumentos, debido a la debacle cambiaria que se dio durante el gobierno de Rodrigo Carazo (1982-1986)”.
Subrayó que en ese entonces, el presidente del Banco Central, Carlos Manuel Castillo, advirtió que esos modelos “entronizaban” la inflación.
“El problema radica en que al establecer aumentos automáticos no hay análisis de costos”, explicó el exregulador.
Fonseca ubicó como punto de consolidación de esos modelos junio del 2006, cuando el entonces regulador Fernando Herrero dijo a medios de comunicación que copiaría los modelos de regulación del sector financiero.
“Un modelo económico nunca refleja la realidad, sobre todo si se inventa una fórmula de aplicación automática. Por ejemplo, en el caso de los autobuses en algún momento se estableció en la fórmula tarifaria un tipo de cambio superior a los ¢600 por dólar, cuando en realidad estaba a ¢508. ¿Cuál fue entonces la ganancia de los autobuseros?”, cuestionó.
Cuestionamientos a ARESEP
Además del modelo tarifario, en los últimos años ha aflorado toda una serie de críticas diversas al trabajo de la Autoridad Reguladora.
Recientemente se dio una fuerte polémica respecto al margen de ganancia de las empresas expendedoras de combustibles. La Intendencia de Energía de la institución determinó que el margen de ganancia de esas empresas había sido sobrevaluado entre ¢5 y ¢6 por litro en los precios de los combustibles. Ello implicaba que durante 14 meses el público habría pagado ¢8.467 millones de más.
Después de una reunión en Casa Presidencial, el 20 de marzo la junta directiva de ARESEP suspendió la ejecución de esa decisión.
Otra crítica provino del alquiler de los inmuebles que la ARESEP y su entidad adscrita, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), ocupan en el complejo Multipark, en Escazú. Ello implica un gasto anual de $1,2 millones y actualmente se busca una opción menos onerosa para ambas instituciones.
A ello, entre otras cosas, se suman las abundantes críticas sobre el papel de la SUTEL en decisiones como atribuirse la potestad de obligar al ICE a devolver amplias bandas del espectro radioeléctrico.
