Se desconoce cuál será futuro de los eventuales cambios al TLC que propongan los diputados cuando se discuta en la Asamblea Legislativa.
unque los expertos en derecho y del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) han advertido de que los legisladores no pueden modificar el texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) que Costa Rica firmaría con Estados Unidos, los deseos de algunos diputados por lograr esto podrían entrabar su discusión próxima en el plenario.
Varios congresistas ya han manifestado su intención de introducirle las llamadas «declaraciones interpretativas», como una forma de corregir o precisar partes en las que no están del todo de acuerdo, a pesar de que este recurso legal ya fue objetado por el gobierno estadounidense en el proyecto para crear en el país una escuela policial.
Y es que el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, ante un proyecto tan importante como este y cuyos alcances incidirán sobre la institucionalidad, se encuentra atado de manos en cuanto a hacerle modificaciones, pues su potestad constitucional se limita a aprobarlo o a rechazarlo.
Para el exministro de Planificación Económica -Juan Manuel Villasuso-, cuando el proyecto sea discutido próximamente en el Congreso, este órgano se verá enfrentado a una seria disyuntiva, ya que al aprobarlo aceptaría los plazos que el tratado le impondrá para aprobar otras leyes, como las reformas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).En este sentido, el exministro y también docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR preguntó: «¿Puede decirle el Ejecutivo al Poder Legislativo -supuestamente el primer poder de la república- que tiene un plazo determinado para hacer los cambios y en qué dirección debe hacerlos?».
Según Villasuso, se podría decir que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de no aceptar esos plazos ni esas condiciones al rechazar el tratado. Posiblemente desde el punto de vista jurídico tendría la razón. «De alguna manera, uno podría pensar que es una trampa por la cual están secuestrándole el poder de decisión de la Asamblea Legislativa», comentó.
El especialista en derecho constitucional, Manrique Jiménez, estimó peligroso lo anterior, porque a Costa Rica se le impondrían plazos para hacer transformaciones en su legislación interna, mientras que a Estados Unidos no se le establece una fecha para aprobar el TLC. «¿Qué pasa si Estados Unidos no lo aprueba y nosotros llevamos a cabo toda la transformación propuesta?», interrogó.
Otros expertos opinan de manera similar y sostienen que a los legisladores se les obligaría a aprobar un paquete de leyes sin seguir los procedimientos establecidos por la Carta Magna; mientras tanto, en el capítulo 19 del TLC se crearía una «Comisión de Libre Comercio» que posteriormente podría hacer reformas e interpretaciones, potestad que se les niega a los diputados.
DECLARACIONES INTERPRETATIVAS
En cuanto a los cambios que se le podrían hacer al texto, algunos legisladores han exteriorizado su deseo de aplicar la figura de «las declaraciones interpretativas», las cuales consisten en reservas que se le plantean a partes del tratado.
Este tipo de mecanismo lo utilizaron recientemente los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales que estudió el proyecto para crear la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, y fue rechazado en forma tajante por el gobierno de Estados Unidos.
El diputado Rodrigo Alberto Carazo -miembro de esa comisión- consultó en febrero pasado al jerarca del COMEX -Alberto Trejos-, para saber si al TLC ellos le podrían aplicar «declaraciones interpretativas».
El ministro de Comercio aclaró a Carazo que en el «Artículo 22.4: Reservas. Ninguna Parte podrá hacer una reserva respecto a alguna disposición de este Tratado sin el consentimiento escrito de otras Partes».
De acuerdo con Trejos, «esto es normal y da seguridad jurídica a las Partes del Tratado, ya que no tendría sentido para un Estado lograr acuerdos, si se mantiene la facultad de que los otros Estados unilateralmente puedan cambiar lo que se acordó».
No obstante, varios diputados, Carazo, José Miguel Corrales y Humberto Arce, anunciaron que recurrirán a las declaraciones interpretativas, aunque no desean hacer cambios de fondo al proyecto.
El abogado Manrique Jiménez reconoció que los legisladores no pueden variar el documento, sino aprobarlo o rechazarlo. Las declaraciones interpretativas no pueden variar la parte sustancial del tratado, dado que el acto violaría lo dispuesto por la Constitución.
En su criterio, lo que cabría es una renegociación de los términos y remitir a la Asamblea Legislativa el texto reformado de común acuerdo de las partes.
Acerca de la Comisión de Libre Comercio que se crearía mediante el capítulo 19, Jiménez aseguró que las potestades de este grupo (integrado por los ministros de comercio centroamericanos) violentaría la Carta Magna, al tener atribuciones «más allá de las que le corresponden a un órgano colegiado cuyas disposiciones estarán enmarcadas en el grado de protocolo de menor rango».
El jurista recomendó a los diputados exponerle los vicios legales y los errores al Poder Ejecutivo, con el fin de que renegocie el tratado. Por otro lado -agregó-, siempre les queda el recurso de hacer la consulta del caso a la Sala Constitucional, para que se determine la legalidad de los alcances de ese acuerdo.
IMPOSICIONES CUESTIONABLES
Por su parte, el legislador Luis Gerardo Villanueva defendió el derecho de ese órgano a hacer interpretaciones del texto y se mostró en desacuerdo con la potestades que tendría la Comisión de Libre Comercio para hacer reformas e interpretaciones; alegó que esto debe corresponder a la Asamblea Legislativa.
Villanueva también criticó que se le impongan ritmos y plazos a ese poder de la república, y consideró peligroso que si no legislan en ciertas áreas en los términos establecidos, la apertura de servicios siempre se dará.
Otro que objetó estas imposiciones es el abogado y asesor legislativo, José María Villalta, quien afirma que mediante el TLC «se imponen modificaciones a la legislación que, a través de los mecanismos institucionales existentes en el país, no habían contado con el consenso social y político suficiente».
«De esta manera -añadió-, se burlan aspectos esenciales del procedimiento parlamentario para la aprobación de leyes -derivados directamente del principio democrático-, tales como el ejercicio del derecho de enmienda por parte de los diputados y la publicidad de los proyectos, previo a que se encuentre definida su redacción final».
No hay duda de que la utilización de las declaraciones interpretativas cuando se discuta el TLC en la Asamblea Legislativa, será un buen «condimento» para este proyecto, que ya de por sí se prevé que convertirá el plenario en una caldera.
