Orlando Barrantes:

“No tengo ninguna duda de que debo seguir luchando”

Líder sindical alerta sobre proceso de criminalización de la protesta social en Costa Rica.

Cuando aún se encontraba en su cama del Hospital de Guápiles, el líder sindical y agrario Orlando Barrantes atendió a UNIVERSIDAD para referirse a su experiencia de la prisión preventiva y las implicaciones que su caso tiene para la sociedad costarricense.

Este domingo 11 de octubre Barrantes fue dado de alta del hospital, luego de haber sufrido serias complicaciones de salud debidas a las condiciones en las que estuvo preso. Él fue condenado el pasado 16 de setiembre junto a Iván Angulo, por el secuestro de unos policías durante unas manifestaciones en el año 2000, aunque ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos.

El pasado 7 de octubre se levantó la prisión preventiva contra ambos, como medida cautelar. En su lugar Barrantes debe presentarse a firmar cada 15 días y se le prohibió salir de la provincia de Limón.

El dirigente describió el momento de su condena como “terrible” y agradeció el apoyo que recibió para que se levantara la medida de prisión en su contra.

Orlando Barrantes ve en su caso un aviso de una realidad que pueden enfrentar los movimientos de protesta social
Orlando Barrantes ve en su caso un aviso de una realidad que pueden enfrentar los movimientos de protesta social

¿Cómo evoluciona su estado de salud?

−Cuando fui condenado el 16 de setiembre estaba en perfecto estado de salud. Cuando me esposaron me imaginé que me llevaban directamente a prisión, no sabía que existen calabozos debajo de los tribunales de Guápiles. Estuve ahí incomunicado durante tres días, sin saber si era de día o de noche, haciendo las necesidades ahí mismo y durmiendo en el suelo con los otros presos. A veces al guarda se le olvidaba traer agua. La incomunicación y las condiciones en que nos hicieron estar esos tres días son un doble castigo que no entiendo; no sabía que eso sucedía en el sistema judicial costarricense.

Mi salud se deterioró porque no podía comer ni dormir. Luego me llevaron en perrera a prisión, como a las 3 p.m. El sol era muy fuerte, creí que me iban a sacar inmediatamente porque iba muy mal, pero para mi sorpresa me mantuvieron 45 minutos más metido en la perrera. Es otro castigo al cual no encuentro sentido. ¿Es para recordarle a uno que está condenado? No debería suceder. La prisión −como la mayoría de las cárceles en el país− tiene un altísimo grado de hacinamiento, condiciones terribles. Se usa un tarrito para bañarse y hay que hacer las necesidades delante de todos los reos.

Soy diabético y padezco de presión alta, así que debo tener cuidado con las comidas, pero no hay ninguna consideración para alguien enfermo como yo. Se me subió el azúcar, desarrollé problemas en los riñones y un pulmón, llegó un momento en el que colapsé. Los mismos reos gritaron a los guardas para que se me atendieran. Fui trasladado al hospital hace 15 días en condición bastante complicada. Tenía temor de que en cuanto el tratamiento funcionara me volvieran a meter en prisión, pero ya por orden del juez se levantó la medida de prisión preventiva. No puedo salir de la provincia de Limón, lo cual es inconstitucional, no soy un delincuente, soy un dirigente comunal.

¿Cómo valoró su condena, la medida de prisión preventiva y el levantamiento de esta?

−El momento de la condena fue terrible, jamás he tenido ningún problema judicial. Luego de la condena te tratan de forma ruda y te meten en el calabozo; es algo que hay vivir para entenderlo. No esperaba las nuevas medidas cautelares, en el sentido de que puedo ya salir libremente cuando me den de alta en el hospital y ejercer mis derechos ciudadanos; es una enorme felicidad, pues esperaba estar muchos meses en la cárcel. Mi abogado supo plantear lo innecesario y ridículo de que se me aplicaran medidas que corresponden a grandes criminales.

¿Por qué se considera un preso político?

−Esta es una sociedad desigual, que produce mucha pobreza; los niveles de gente que no tiene acceso a tres comidas diarias, de las familias que no encuentran empleo a los hijos, son muy grandes. La sociedad debería buscar soluciones y no buscar la vía más cómoda y cruel. El hecho de que me metieran a un calabozo incomunicado durante tres días es tortura. En vez de buscar soluciones y diálogos para mejorar la calidad de vida, lo que se hace es reprimir a personas como yo.

Soy un preso político. Muchos abogados han dicho que la acusación en mi contra es política, nada tiene que ver con cuestiones legales. Soy un dirigente campesino, he apoyado luchas indígenas y tengo mis opiniones sobre los gobiernos. Este es un caso de persecución política.

En Costa Rica se da un proceso al que las organizaciones sociales más grandes no le ponen atención, que es la criminalización de la protesta. Ojalá mi caso sirva de algo; la altísima condena de 12 años es un anuncio de que en vez de buscar solución a los problemas, lo que hacen es reprimir por los medios posibles. Si mi caso vale de algo, es para decir al Estado que no es tan fácil asustar a la gente; a mí me meten a la cárcel en condiciones terribles, pero no tengo ninguna duda de que debo seguir luchando por un país mejor.

¿Cuál es su perspectiva como dirigente sobre el futuro cercano de los movimientos sociales?

−Lo más extraño es que tanto el Partido Acción Ciudadana (PAC) como el Gobierno se han mantenido callados ante mi caso, a pesar de que en ambas instancias hay mucho dirigente que conoce la labor que hago. Extraña y preocupa, porque el que calla otorga.

También me preocupa que parece que los dos grandes bloques sindicales, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y Patria Justa, no están entendiendo que la medida que me aplicaron a mí se la van a aplicar a ellos; debieron haber encabezado el movimiento para que se revisara mi caso y decirle a Costa Rica que vea lo que viene. ¿Por qué esos sectores del PAC y el Gobierno, y los dos bloques sindicales, se han quedado callados, hasta donde he podido ver? La criminalización de la protesta social es de importancia y el caso de Orlando Barrantes es el más claro ejemplo. Hay cinco estudiantes enjuiciados por las protestas ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero mi caso es extremo.

Quiero dejar un agradecimiento enorme a todos los grupos y personas que en redes sociales levantaron el movimiento de solidaridad, que ha sido muy importante para alertar al Poder Judicial de que debe tener cuidado con lo que hace conmigo y con los movimientos sociales. No me imaginé una respuesta tan bonita e importante, militante.

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