El BANVHI agotó los recursos en el primer semestre.
La nueva ministra de Vivienda, Irene Campos, quien asumió hace un mes, dijo que cree que los fondos del sistema financiero para el año ya están agotados, pero está a la espera de informes que solicitó a las distintas dependencias para sacar conclusiones definitivas.
A raíz de informes recopilados por UNIVERSIDAD, la jerarca dijo la semana anterior que no podía hablar de planes y metas en su administración, hasta que no reciba los informes solicitados, que deberían llegar este mes.
Juan de Dios Rojas, gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), dijo que los recursos de la entidad para el año se agotaron en el primer semestre. Sin embargo, esto no es nuevo, sucedió igual en los últimos tres años, porque la demanda es muy superior a los fondos disponibles, aclaró. “Este año no hace diferencia con los otros.
Para mediados de año los recursos empiezan a agotarse, nos quedan algunos saldos”, puntualizó.
Clara Zomer, la anterior ministra de Vivienda, negó que el gobierno anterior dejara sin recursos a las nuevas autoridades (como afirmaron algunas personas vinculadas a las instituciones del sistema financiero de vivienda).
“Tienen presupuesto todavía, quien diga lo contrario es por maldad”, manifestó la exministra, tras recordar que el BANHVI tiene un presupuesto global de más de ¢70.000 millones.
El presupuesto de la entidad aprobado por la Contraloría General de la República (CGR) para el 2010 fue de ¢85.323.293 millones, según el sitio web del ente contralor.
En las últimas semanas previas a cesar funciones el pasado 8 de mayo, la junta directiva del BANHVI, presidida por Zomer, se reunió con más frecuencia de lo habitual.
En abril sesionó al menos en diez fechas y la primera semana de mayo en cuatro, cuando lo habitual son dos sesiones por semana. Según Rojas, ello se debió a la gran cantidad de temas que había por resolver.
Solo entre el 1 de enero y la primera semana de mayo los directivos aprobaron 30 proyectos por un monto total de ¢20.562,26 millones. La lista incluye proyectos de erradicación de precarios, extrema necesidad, atención de emergencias y el llamado bono comunal, destinado a la construcción de infraestructura en precarios, como calles y alcantarillado, según datos del Fondo de Subsidio de Vivienda –FOSUVI- (ver recuadro “Dos empresas concentran…”).
Zomer dijo que la cantidad de sesiones realizadas en las últimas semanas de su gestión obedeció a que, como en los cambios de gobierno siempre hay un vacío, pretendían que el sistema no se paralizara “y entonces hicimos todos los esfuerzos posibles para que eso no ocurriera, y bueno los que vengan tienen todavía un trabajo por cumplir.”
La nueva directiva aún no está integrada. Los directivos del BANHVI (siete en total) devengan una dieta de ¢146.720 por sesión, menos un 15% en deducciones.
En Costa Rica existe un déficit de 235.604 viviendas, según datos del Compendio de Estadísticas del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos del Ministerio de Vivienda; aunque los datos varían según diferentes fuentes.
El BANHVI había entregado un total de 261.910 bonos de vivienda de acuerdo con datos de la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) actualizados hasta el 2009.
El bono es un subsidio de vivienda que el Estado dona a familias con un ingreso mensual no mayor a cuatro salarios mínimos. Actualmente el bono es de ¢5,3 millones, pero la ley incluye montos mayores para familias que además tienen personas discapacitadas o adultos mayores.
Los subsidios se reparten de acuerdo con las solicitudes que presenten las entidades autorizadas para tramitarlos, entre las cuales se encuentran las mutuales, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, los bancos estatales y el Popular, algunas cooperativas y bancos privados.
Si bien el BANHVI ha contribuido a disminuir el déficit habitacional del país, también se han señalado reiteradamente deficiencias en el cumplimiento de sus fines, por lo que algunas personas han propuesto reformas a la ley del Sistema Financiero que le dio vida hace 24 años, y en la Asamblea Legislativa se está presentado un proyecto en ese sentido.
El Informe Estado de la Nación ha advertido de las dificultades que tiene la institución para obtener recursos para el financiamiento del Sistema Nacional para la Vivienda, lo cual ha señalado también la CGR. Además, los ingresos que percibe por la administración del Fondo de Subsidio de la Vivienda son inferiores a los costos en que se incurre, lo que limita la capitalización y crecimiento de la entidad, agregó la CGR en ocasión de la aprobar el anterior presupuesto.
Luis Antonio Salas, exgerente de la Mutual Cartago de Ahorro y Crédito (MUCAP) y quien participó en la elaboración de la Ley del Sistema Financiero de la Vivienda, señaló que el BANHVI es cuestionado en sus indicadores financieros, y su papel más importante, como proveedor de recursos financieros estables y de bajo costo, “es prácticamente nulo.”
Hay cuestionamientos y “hasta frustración de ver una buena ley que nos permite solidarizarnos con los más necesitados de vivienda en este país y que al fin es muy poco lo que realmente se ha hecho”, por lo que es urgente un análisis para corregir los errores que se han venido cometiendo, escribió Salas en un artículo el pasado 2 de junio en La Nación. A su juicio, lo primero es acabar con el “manoseo” del bono de vivienda que se ofrece en las campañas políticas.
METAS
La CGR indica en la memoria anual del 2009, recién publicada, que el pasado gobierno cambió algunas de las metas en el sector de vivienda que había planteado en el Plan Nacional de Desarrollo al inicio del período, y otras las eliminó. Dice que aunque el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) dio por logradas las metas del plan modificado, en el informe que presentó al ente contralor, a éste le es imposible comprobar su cumplimiento debido al vacío de datos necesarios para cuantificar.
La exministra Zomer negó que las metas hayan sido cambiadas; lo que se cambió fue “la manera de cumplirlas”, afirmó.
“Es de todos conocido que cuando yo llegué al Ministerio el cumplimiento de metas estaba en un nivel muy bajo. Yo quería cumplirla tal y como estaba establecida; entonces lo que hicimos fue no cambiar la meta, en su valor, sino cambiar la forma de cumplirla.”
“No me acuerdo de los números, pero una parte se iba a cumplir en la forma tradicional y la otra parte mediante el bono colectivo (construcción de infraestructura en precarios); nosotros cumplimos la meta y de eso me siento muy orgullosa”, subrayó Zomer.
Añadió que “existe una cosa que se llama la realidad y en la realidad es que nosotros cumplimos, que hay personas que se vieron beneficiadas, que el número de personas que se vieron beneficiadas incluso superó la meta numérica que se había planteado.”
¿Metas logradas?
El Plan Nacional de Desarrollo establecía la meta para el período 2006-2010 en el rubro: Erradicación de Precarios y Tugurios, “Reducir en un 50% (19.127) las familias que habitan en asentamientos en precario y en tugurios” y “Atención de 10.000 familias de las 19.127 que habitan en asentamientos en precario y en tugurio, mediante el Bono Colectivo.”
La primera meta fue modificada y la segunda eliminada a partir del 2010, quedando de la siguiente forma: “Mejorar la calidad de vida de 22.000 familias, mediante la construcción de viviendas y obras de infraestructura, con recursos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) o del Programa de Bono Colectivo”
Según el Informe de MIDEPLAN, para el año 2009, la meta de reducción de familias que habitan en asentamientos de precarios y tugurios presentó un 114,36% de ejecución, y para el periodo 2007-2009, un acumulado de 78,22%, con un presupuesto asignado de ¢37.491,0 millones, por lo que se da por “cumplida” y con “avance satisfactorio”.
Por su parte, la meta de atención mediante bono colectivo, tuvo una ejecución anual y acumulada de 61,44%; para lo cual se destinaron recursos por ¢4.777,75 millones.
De la evaluación realizada por la Contraloría General sobre el grado de cumplimiento de estas metas, se tiene duda de la pertinencia de los datos reportados en la meta de reducción de familias que habitan en asentamientos de precarios y tugurios, en las categorías: Discapacidad, Adulto Mayor, Indígenas, Situación de emergencia y extrema necesidad, Erradicación de tugurios y precarios-Bono ordinario, y familias contabilizadas en el rubro “Familias beneficiadas únicamente con Bono Colectivo”, debido a que el sistema en que se registran las operaciones no cuenta con información sobre el lugar de procedencia del beneficiario, que permita verificar si realmente éste proviene de un asentamiento en precario y condición de tugurio.
Fuente: Memoria anual CGR.
Dos empresas concentran más de 50% de proyectos
El 56,7 % de los recursos de los proyectos aprobados entre enero y mayo los concentran dos empresas: Consorcio empresarial Navarro, con un monto de ¢7.195 millones (35% del total de recursos asignados) y Ventesa GDD S.A., con ¢4.453 millones (21,7%), en total ¢11.648 millones entre ambas.
Esas empresas junto con Navtor Construcciones (¢2.243 millones) totalizan ¢13.891 de los ¢20.562 millones aprobados.
Llama la atención que el costo de las casas en algunos proyectos de “extrema necesidad”, “erradicación de precario” o “atención de emergencias”, asignados a esas u otras empresas, sobrepasa los ¢13 o ¢14 millones, lo que personas relacionadas con la construcción de este tipo de vivienda de interés social consideran elevado.
Algunos incluso creen que el sistema de entrega de llave en mano de los proyectos, que estableció el anterior gobierno en vez de la supervisión del avance por etapas, podría facilitar que se inflen los precios.
El gerente del BANHVI negó esta posibilidad. Dijo que esta institución es la que establece cuánto paga por cada proyecto y lo que diga es lo que prevalece. A su juicio, los precios más elevados de estas casas se explican por costos “atípicos” que pueden tener algunos proyectos, en razón de la distancia en que se ubican, o porque están en localidades con lotes urbanizables, más caros, o hay que emplear materiales especiales, como casas sobre pilotes en alguna zona indígena.
