Un total de nueve recursos de casación tendrá que valorar la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, por la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló los permisos otorgados a la empresa Industrias Infinito, para el desarrollo del proyecto minero Las Crucitas.
Además del recurso planteado por la Procuraduría General de la República, se presentaron ocho apelaciones más a la sentencia del 14 de diciembre del año anterior.
El recurso más extenso, con 1185 páginas, lo presentó la empresa Industrias Infinito, acompañada por los recursos de la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito (ASOCRUCITAS) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
También impugnaron la mencionada sentencia el gerente general de Infinito, Arnoldo Rudín, la exjerarca de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Sonia Espinosa, junto al funcionario de esa misma institución, Eduardo Murillo.
El director de Geología y Minas, José Francisco Castro, y la jefa del Registro Minero, Cynthia Cavallini, apelaron en un solo documento, mientras que la exregente ambiental del proyecto, Sandra Arredondo, también presentó su apelación.
Completa la lista el recurso presentado por José Eduardo Vargas Rivera, como presidente del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social S.A, el cual se presenta como coadyuvante pasivo en el proceso.
COSA JUZGADA
Al igual que en el recurso presentado por la Procuraduría, uno de los principales argumentos que se repite en las acciones legales presentadas, se refiere al supuesto de que el Tribunal Contencioso Administrativo no podía resolver sobre temas que ya había visto la Sala Constitucional.
En el recurso de Industrias Infinito, los abogados Federico Sosto y Juan Carlos Hernández, alegan que todas las sentencias de la Sala Constitucional en materia de amparo son vinculantes para los tribunales, ya sean estimatorias o desestimatorias.
Infinito alega que al resolver la Sala Constitucional de manera favorable al proyecto Crucitas, esta revisó detalladamente aspectos de legalidad y constitucionalidad, por lo que insisten en que lo visto por el Contencioso Administrativo es “cosa juzgada”.
La misma argumentación es repetida por el SINAC, ASOCRUCITAS, e inclusive los sujetos individuales como Arnoldo Rudín, y José Eduardo Vargas.
Infinito también dedica un apartado a cuestionar la imparcialidad del juez del Tribunal Contencioso Administrativo, David Fallas, quien presidió el tribunal.
Esa empresa acusa a Fallas de “beligerancia política”, por manifestaciones públicas en “blogs” durante la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, “en contra del señor expresidente Óscar Arias y su Administración”.
Consideran además como “prueba” de la parcialidad del tribunal, la “omisión deliberada” de no reconocer como cosa juzgada el contenido de la sentencia 6922-2010 de la Sala Constitucional, entre otros alegatos.
“(…) La introducción de hechos y argumentos decisivos en la sentencia no alegados por las partes actoras, invocar prueba no existente y contradecir la aportada en autos, la excesiva participación en los interrogatorios de los testigos de las partes demandadas sustituyendo la gestión de las partes actoras, y decidir cuestiones no propuestas por las partes”, agrega la empresa como argumentos.
Estas acusaciones se repiten en la demanda administrativa que presentó el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Paz Social S.A. contra el juez Fallas, por “errores graves en la administración de justicia y por irrespetar la ley Orgánica del Poder Judicial con base en la ley…”.
INDEFENSIÓN
Los recursos presentados por Arnoldo Rudín, Sonia Espinosa y Eduardo Murillo, Sandra Arredondo, José Francisco Castro y Cynthia Cavallini, se deben a la mención de sus nombres en la sentencia del Contencioso Administrativo.
Vale mencionar que el tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, iniciar los procedimientos administrativos contra Espinosa, Murillo, Cavallini y Castro, así como al Ministerio Público, para que investigue la posible responsabilidad de todos los mencionados, además del expresidentes Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
En sus recursos, estas personas se consideran perjudicadas por la mención de sus nombres en la sentencia, a pesar de no ser las partes demandadas en el proceso.
En el caso del geólogo Arnoldo Rudín, este considera que se le afecta personalmente y a su familia, en el tanto que él trabaja como consultor, y el que se generen dudas alrededor de su nombre podría afectar el sustento de su familia.
Los mencionados alegan que tampoco se les notificó la sentencia, y en el caso de Rudín, ni siquiera fue llamado como testigo durante el juicio.
La exsecretaria general de SETENA, Sonia Espinosa, también hizo alusión a su detención por parte del Organismo de Investigación Judicial, pues el tribunal consideró que se estaba ocultando para no presentarse al juicio.
Espinosa pasó una noche en las celdas del Poder Judicial, luego de que se no pudiera ser notificada de su citación al juicio.
La exfuncionaria explicó que su casa no cuenta con servicio doméstico a tiempo completo, y que su familia no está en la casa durante el día, además de que en los días en que se le iba a notificar se encontraba de vacaciones.
“NO SON PARTE”
Para el abogado ambientalista, Álvaro Sagot, las apelaciones presentadas por las personas que no fueron parte demandada en el proceso, deberían ser desestimadas por parte de la Sala I.
“Es evidente que no son parte del juicio; eran testigos algunos. Tampoco se les condena; se dice que se inicien investigaciones, pero no es el Tribunal Contencioso Administrativo el que les está imponiendo sanción, sino que demanda a órganos judiciales como administrativos, para que se investigue si se ha cometido alguna irregularidad”, detalló Sagot.
Considera que el hecho de que sus nombres sean mencionados en la sentencia, no les legitima para presentar el recurso, mientras que en el caso de la sociedad anónima que se propone como “coadyuvante pasivo”, había sido descartada por el tribunal como parte del proceso.
En cuanto al alegato de Sonia Espinosa sobre su detención, Sagot recordó que el año anterior ella presentó un recurso de “hábeas corpus”, el cual fue rechazado, por lo que esperaría que la Sala I no considere tampoco este argumento.
Si estos recursos fueran dejados de lado, la Sala I entraría a ver solo lo argumentado por las partes del proceso: Infinito, la Procuraduría, el SINAC y ASOCRUCITAS, aunque Sagot indicó que aún no hay claridad de en qué fecha podría estar todo resuelto.
El abogado opinó que hay muchos “argumentos vacíos” en estos recursos, que pretenden “ver qué pegan”, como es el caso de la supuesta imparcialidad del juez Fallas.
“El juez Fallas opinó sobre el TLC en 2007, critica al gobierno pero no se ve una crítica directa a la persona de Óscar Arias, sino a su gobierno. En todo caso, esto no lo inhabilita, pues no se está refiriendo en ningún momento a Industrias Infinito o a la mina Crucitas”, aseveró Sagot.
Procurador Castro también comparecerá ante diputados
El procurador Mauricio Castro, quien representó al Estado en el juicio Contencioso Administrativo sobre el proyecto minero Las Crucitas, tendrá que comparecer esta semana ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Castro deberá explicar a los diputados sus actuaciones durante el caso Crucitas, sobre todo ante los señalamientos que hizo el tribunal al dictar sentencia, donde señalan que el funcionario “intercambiaba papelitos”, señas y coordinaba posiciones con la representación de la empresa minera.
También se le pedirá detalles respecto a un tío suyo que tiene negocios con la empresa Industrias Infinito en San Carlos, según lo ha reconocido el propio Castro.
Junto a Castro también fue llamado el procurador José Joaquín Barahona, quien participó al inicio de este caso.
En su comparecencia de la semana anterior, la Procuradora General, Ana Lorena Brenes, descartó renunciar a su cargo, a pesar de los cuestionamientos por haber intercambiado llamadas con los hermanos Rodrigo y Óscar Arias, para hablar de su reelección como procuradora y del recurso de casación presentado por el órgano que dirige, contra la sentencia de Crucitas.
