Nuevo festín con fondos públicos planea sobre elecciones del 2014

La Fiscalía General investiga cobros irregulares al TSE hechos por varios partidos políticos, que suman unos ¢ 800 millones. (Foto: archivo)La posibilidad de que

La Fiscalía General investiga cobros irregulares al TSE hechos por varios partidos políticos, que suman unos ¢ 800 millones. (Foto: archivo)

La posibilidad de que se repita el festín de millones con fondos públicos en la campaña para las elecciones del próximo 2 de febrero quedó abierta, luego de que la mayoría de partidos representados en la Asamblea Legislativa cerraron filas contra una propuesta del Partido Acción Ciudadana (PAC), de votar una rebaja al multimillonario financiamiento estatal para el proceso electoral.

El 1 de agosto venció el plazo en que la Asamblea Legislativa podía aprobar reformas al Código Electoral de cara a las elecciones de febrero próximo, y en adelante estas solo podrían pasar si cuentan con el aval del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Esta es la barrera con la que podría chocar un nuevo proyecto de ley de reformas al Código Electoral, que el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) presentó luego con apoyo de los partidos Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario, Accesibilidad sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional (expediente Nº 18.851).

El proyecto incluye la propuesta del PAC de rebajar la contribución estatal para las elecciones del 2014, del 0,19 % al 0,11 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero a la vez amarra otros cambios. Algunas de estas reformas han sido sugeridas por el TSE y otras son cambios que esos partidos pretenden hacer a la última modificación hecha al código electoral en el 2009, los cuales previsiblemente no serían bien vistos por el TSE.

 

Lo anterior pone cuesta arriba la aprobación del proyecto −aunque cuenta con la mayoría requerida de 38 votos− antes del 2 de octubre, fecha límite para aprobar reformas al Código Electoral.

Si la ley no se modifica o los partidos no renuncian voluntariamente a parte de la “deuda política”, tendrán derecho a recibir el 0,19 % establecido actualmente. El monto correspondiente sería de unos ¢ 36.000 millones (¢7.000 millones más se destinarían a elecciones municipales del 2016), lo cual representa el doble de los recursos que el Estado destinó a la campaña del 2010.

En esa ocasión, el monto disponible fue de ¢ 17.000 millones, aunque tras los resultados de la votación la cifra a la que tenían derecho los partidos sumó unos ¢ 14.000 millones. Al revisar las liquidaciones presentadas por las agrupaciones, el TSE detectó falsos gastos y otros cobros irregulares, por lo que elevó acusaciones ante la Fiscalía General contra varios partidos.

Por eso, el Ministerio Público ahora investiga presuntos cobros fraudulentos de la deuda por parte de varios partidos, por un monto aproximado a los ¢ 800 millones en total, según ha indicado este órgano, que la semana pasada presentó acusación por estafa y otros delitos contra tres personeros del Movimiento Libertario −incluido el extesorero y actual vicepresidente del partido Ronaldo Alfaro− y anunció que prepara acusaciones contra personas del PLN y del PAC.

Entretanto, la semana pasada en la Asamblea Legislativa la mayoría de los partidos (6 de 8), encabezados por el PLN bloquearon la moción de la diputada Jeannette Ruiz, del PAC, para que se sometiera a votación del plenario un proyecto de ley, cuyo único punto era reducir la deuda política en 0,08 % del PIB, lo que representaría un ahorro del gasto en unos ¢ 18.000 millones. Sometida varias veces a votación, la moción no tuvo apoyo más que del PAC y del Frente Amplio (FA).

Por su parte, el proyecto que presentaron el PLN y los otros partidos admite las contribuciones en especie a los partidos políticos, de personas jurídicas (como sociedades anónimas), las cuales quedaron prohibidas tras la reforma del 2009 (ver recuadro “Reformas propuestas”).

Además, queda en pie el mecanismo de financiación a través de los “certificados de cesión” de la deuda política (llamados bonos de la deuda política), lo cual el TSE ha calificado de herramienta perversa y de causar inequidad entre los partidos. La aplicación de este mecanismo, no obstante, está suspendida actualmente mientras la Sala IV no resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada en contra de esta forma de financiamiento de agrupaciones políticas.

La diputada Ruiz catalogó como una “estafa a la democracia” el proyecto de reformas propuesto, pues en su criterio abre un portillo peligroso al facilitar que sociedades anónimas, utilizadas para negocios ilícitos, puedan donar libremente a los partidos.

Es un retroceso en los avances que el país ha logrado en la fiscalización y controles del uso de recursos públicos, afirmó la diputada, quien no cree que el proyecto pueda ser aprobado.

“Tiene que pasar por el filtro del TSE, y el este ya ha manifestado públicamente que no avalarán cualquier modificación electoral que vaya a retroceder lo avanzado hasta el momento”, comentó Ruiz.

Héctor Fernández, director del Registro Electoral y vocero del TSE, recordó que el Tribunal ha sido claro que está de acuerdo con una reducción de la deuda al 0,11 % o la que acuerde la Asamblea Legislativa; pero si esa reducción viene con otra normativa que tienda a alivianar los controles o dar más opacidad a la transparencia que deben tener las finanzas de los partidos políticos, el TSE se va a oponer.

COMPROMISO

Tras calificar de excesivo el monto de la deuda política, Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, firmó el pasado 7 de agosto un compromiso público, ante los medios de prensa, de no gastar más del 0,11 % de la deuda. El líder del PAC emplazó a los demás candidatos a suscribir el mismo compromiso, ya sea que se aprueben o no las reformas al Código Electoral en la Asamblea Legislativa.

“Somos de verdad o no somos”, expresó Solís al criticar el “doble discurso” de otros  candidatos, que han dicho estar de acuerdo en la rebaja, pero sus declaraciones no son refrendadas por sus bancadas en la Asamblea Legislativa.

Puede haber un mar de fondo detrás de esa retórica, ya que hay toda una intención de condicionar esa modificación a otro tipo de proyectos que podrían lesionar gravemente la democracia costarricense, como es aceptar de nuevo la participación de personas jurídicas en la provisión de gastos para la campaña, y otras medidas parecidas, como despenalizar algunas de las acciones que podrían convertirse en ilícitos según la normativa actual, señaló Solís.

De momento, el único candidato que aceptó renunciar a parte de la deuda y no recibir más del 0,11 %, ha sido José María Villalta, del FA, mientras que el candidato del PLN, Johnny Araya, declaró que desde hace meses pidió a los diputados reducir la deuda política, y dijo que llevará una moción a la asamblea nacional del partido, para que se avale su propuesta de disminuirla al 0,11 %.

Mientras tanto, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, hizo un llamado a las diputadas y diputados a aprobar la rebaja, en vista de la situación fiscal del país.

El Ministerio de Hacienda solo presupuestó ¢ 25.000 millones para financiar los gastos de los partidos políticos en las próximas elecciones, aduciendo precisamente que la situación fiscal impide disponer de los ¢ 43.000 millones correspondientes al 0,19 %.

 


Reformas propuestas*

El proyecto de reforma electoral suscrito por 45 de los 57 diputados incluye, entre otras, las siguientes propuestas:

•Un transitorio a la ley electoral que modifica el monto del aporte estatal para las elecciones del 2014, reduciendo la deuda política de 19 % a 0,11 % del PIB.

•Restablecer la posibilidad de que las personas jurídicas nacionales puedan realizar donaciones, contribuciones o aportes a los partidos políticos.

•Incrementar del 15 % al 50 % el financiamiento estatal anticipado a los partidos.

•Establecer el servicio gratuito de transporte público el día de las elecciones, así como multa en caso de incumplimiento.

•Que las donaciones, contribuciones o aportes por un monto igual o equivalente a diez salarios base (aproximadamente ¢ 3.1 millones) sean considerados gastos deducibles sobre la renta bruta.

*Fuente: Proyecto de ley reforma a varios artículos del Código Electoral, expediente Nº 18.851.



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