Una nueva iniciativa de ley sobre libertar de expresión y de prensa se gesta en corrillos legislativos, luego que los diputados mandaron al archivo el mes pasado un proyecto que impulsaron durante diez años el Colegio de Periodistas, medios de prensa y otras organizaciones.
El diputado Víctor Emilio Granados lamentó que el proyecto no se debatiera, y dijo que se presentará uno nuevo, donde se insistirá en despenalizar la labor de la prensa, que era uno de los puntos más polémicos de la iniciativa rechazada.
La anterior propuesta contenía aspectos valiosos pero era incompleta, pues dejaba de lado el acceso y el derecho a la información, así como la responsabilidad social de los medios, aspectos que han incorporado legislaciones latinoamericanas, señaló por su parte la periodista y abogada Giselle Boza, del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Solo cuatro diputados del PASE y José María Villalta, del Frente Amplio, votaron a favor de ampliarle un nuevo plazo de cuatro años al proyecto, que había sido presentado en el 2001.
La iniciativa de ley incluía una reforma al código penal para eliminar las sanciones penales en caso de demandas por ofensas al honor, en injurias, calumnias y difamación. En su lugar proponía resolver las demandas por la vía civil.
“El proyecto era mejorable, por eso nunca promovimos que se votara tal cual”, dijo Granados, jefe de bancada del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), que introdujo la discusión del proyecto en la agenda legislativa.
Tras la decisión del plenario, Granados y otros diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad. “Es una acción de inconstitucionalidad por omisión del legislador, porque sentimos que hay un vínculo muy estrecho en la sentencia de la Corte Interamericana a favor del periodista Mauricio Herrera y lo que se ha considerado una violación al artículo 13 de la Convención Americana de DD.HH. que establece la libertad de expresión. Ese vínculo está en esa sentencia, y se ha repetido en la resolución del caso Kimel versus el Estado de Argentina”, señaló.
Dijo que además van a presentar su propio proyecto de ley, “haciendo la advertencia que sí creemos en la despenalización, que fue una de las grandes objeciones que nos pusieron los demás compañeros diputados”.
“Lo que estamos diciendo es que cuando un comunicador social, ya sea que trabaje en un medio, o sea que esté expresando su opinión en una red social, por ejemplo, y emite una opinión que además tiene interés público, no debe ser perseguido penalmente”, explicó.
Afirmó que la iniciativa no era para defender a los medios sino al comunicador, y atribuyó el rechazo a que los partidos tienen temor a abrirse y ser más transparentes. Además “había el prejuicio de que era el proyecto del diario La Nación.”
En criterio del diputado Villalta, el rechazo a discutir el proyecto fue una manera de sacar la discusión del tema de la agenda legislativa, y fue una “sacada de clavo” de los partidos por las denuncias de corrupción en la prensa. Dijo que varios diputados de Liberación Nacional y algunos de la Unidad Socialcristiana dijeron expresamente que cómo le iban a dar más herramientas a la prensa “si nos están atacando.”
Villalta consideró que a quien hable de presentar un nuevo proyecto hay que meterlo en “cajita blanca”, porque no se va a poner a discusión una nueva propuesta sobre esa materia.
El legislador del Frente Amplio convino que la anterior iniciativa no era integral y había que incluirle elementos, pero él estaba de acuerdo con la mayoría de cambios que proponía.
“Hoy en día se persigue a los periodistas penalmente por ejercer el derecho a denunciar cosas. Es necesario revisar la ley penal. Algunos argumentan que eso va a beneficiar a los grandes medios, pero lo cierto es que esos medios tienen abogados y plata para ir a la Corte Internacional de DD.HH.”
“La legislación penal está sirviendo también para perseguir a los medios alternativos y luchadores sociales, es una legislación hecha para perseguir al que denuncia y tiene que revisarse. Me parece una incoherencia de partidos que dicen defender los DD.HH. y votaron en contra, porque lo que están haciendo es hacerles el juego a los partidos tradicionales, que quieren sacarse el clavo porque les han denunciado actos de corrupción”, insistió.
Comparte el criterio de que no basta con modificar la ley penal para garantizar la libertad de prensa. Hay que revisar cosas como los derechos laborales de los periodistas, fortalecer la cláusula de conciencia porque actualmente hay medios que como patronos también violan la libertad de prensa al obligar a los periodistas a autocensurarse o amenazarlos si no siguen una determinada línea editorial.
Otro problema es la concentración del capital en los medios, que se están convirtiendo en monopolios en este país, y hay medios que abusan de su poder, manipulan y desinforman a la gente, todo eso hay que revisarlo, subrayó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Silesky, dijo que hay un temor a fortalecer la labor de la prensa en general.
Aseguró que al apoyar el proyecto en el Colegio de Periodistas nunca pensaron en medios grandes sino en general en todos los medios. “El problema de la amenaza de ir a los tribunales en la vía penal por divulgar asuntos de interés público no es conveniente, y esto evidentemente afecta el trabajo de medios pequeños, medianos y grandes”, comentó.
Silesky lamentó el archivo del proyecto, porque era rescatable y pudo haberse modificado, en el plenario o en una comisión legislativa.
Lo que pasó fue que alguna gente quería proteger a la clase política de una mayor exposición de los asuntos públicos y lograron el objetivo de “pararse en la escoba” y mandar el proyecto al archivo.
Aseguró que las ideas fundamentales del proyecto están a partir de lo que había planteado la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso de Mauricio Herrera, el caso Kimel versus Argentina, y la legislación de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá y El Salvador, que han estado adecuándose según los lineamientos internacionales.
AMPLIAR DISCUSIÓN
Desde la perspectiva de Giselle Boza, la única norma autónoma en todo el conjunto de reformas propuestas era la cláusula de conciencia. Todo lo demás es un conjunto de reformas al código penal, y no se debe llamar a engaño a la gente y hablar de un proyecto de libertad de expresión y libertad de prensa
No es posible reducir responsabilidades en la tutela del honor, si la vía civil para la indemnización por noticias agraviantes es tan débil como la que existe en el país, con un sistema que dura años para reconocer el agravio a una persona. El honor es un bien jurídico que también tiene que ser tutelado en un estado de derecho, sin que eso lesiones el ejercicio de la libertad de información, señaló.
El que se exima de responsabilidades a la prensa y que solo se pueda establecer la responsabilidad cuando se compruebe el conocimiento de la falsedad, o el temerario desprecio por la verdad (como establecía el proyecto), hace muy difícil poder tutelar un derecho. Porque ¿cómo se prueba que un periodista tenía conocimiento de la falsedad? Entonces hay que tener cuidado en establecer límites a la libertad de informar, porque de esa libertad deriva el derecho de la información que tienen los ciudadanos, apuntó.
Recordó que muchas veces los problemas para el ejercicio de esta libertad no derivan precisamente del Estado, sino de las mismas salas de redacción.
Por esa y otras consideraciones opinó que el país debería generar un amplio debate sobre el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la comunicación. Debería presentarse un proyecto mucho más completo, que proteja el ejercicio de la libertad de prensa, pero que también garantice el derecho a la información veraz y adecuada.
