Tras la aprobación hace 21 años de la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, el género femenino aún se topa con barreras en el área económica y de salud, además de los altos niveles de violencia, coincidieron personas vinculadas con esta lucha social.
Conocida como la “de igualdad real” -nombre que tuvo originalmente-, esta ley fue impulsada por la entonces Primera Dama Margarita Penón y aprobada el 8 de marzo de 1990.
Esta ley plantea la igualdad de derechos para hombres y mujeres en el área social, política, educación y protección sexual y contra la violencia.
Sin embargo, mujeres entrevistadas por UNIVERSIDAD concordaron en que aún faltan medidas para proteger la calidad de vida de las féminas, ya que el solo hecho de buscar una igualdad no es suficiente.
La Defensoría de los Habitantes calificó en un comunicado de prensa el irrespeto a las mujeres como crónico, con problemáticas que van desde las dificultades para recibir pensiones alimentarias, pasando por el hostigamiento sexual en el empleo y educación hasta las expresiones más violentas que desembocan en femicidios.
La institución alertó que existe un verdadero peligro de que estas complicaciones continúen enraizadas en la estructura social y que se perciban como hechos cotidianos.
Citó que en el 2010, 50.000 mujeres gestionaron ante los Juzgados de Familia medidas de protección y que hay un aumento en 17% de casos de hostigamiento sexual en el ámbito público.
BÚSQUEDA DE IGUALDAD
Margarita Penón, impulsora de la ley durante la administración 1986-1990, recordó que lideró un movimiento de mujeres dentro del Partido Liberación Nacional que efectuó una campaña por todo el país para dar a conocer la iniciativa.
“La propuesta era lograr que la igualdad que en teoría nos daba la Constitución se hiciera realidad en la vida cotidiana de las mujeres. Cuando en 1988 fue presentada a la Asamblea Legislativa y luego se llegó a la votación, tuvo un apoyo mayoritario del pueblo costarricense”, destacó.
Penón, quien también fue diputada por el Partido Acción Ciudadana entre el 2002 y 2005, comentó que la aprobación de la ley fue una gran victoria para el movimiento femenino, porque permitió que surgieran legislaciones como la de paternidad responsable y de cuotas en puestos de elección popular.
No obstante, opinó que aún existen grandes vacíos en torno al salario entre hombres y mujeres y el acceso a la propiedad.
Aseguró que la sociedad patriarcal se refuerza conforme se progresa en esta materia, y las tendencias machistas conforman un bloque para impedir avances. Criticó que esto se presenta en la Asamblea Legislativa, con partidos como el Movimiento Libertario, que a su criterio es un grupo en contra de las acciones afirmativas (es decir, destinadas para un grupo en particular) o en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), organismo “deliberadamente minado” por personas que creen que no es necesario.
Declaró que para estar dentro de entes como este último, se necesita una clara perspectiva de género y entender que la única forma de eliminar la discriminación es con políticas afirmativas y leyes que representen a las mujeres.
“Las mismas mujeres a veces consideramos que ya estamos en igualdad y tenemos abiertas todas las oportunidades, y cuesta entender que la discriminación a veces camina subterránea”.
En tanto, la exministra de la Condición de la Mujer y exlegisladora Gloria Valerín, manifestó que a partir de la aprobación de la ley, el país tuvo un desarrollo legal y jurisprudencial que contribuyó a generar conciencia ciudadana y políticas públicas que concretaran sus objetivos, que colocaron al país en los primeros puestos en el mundo en el logro de los objetivos de la igualdad real.
Pero señaló que después del 2002 se dio un “desentendimiento” en los tres gobiernos posteriores por mantener vigentes los objetivos de esa ley y de los otros mecanismos que se desarrollaron.
Afirmó que en la administración de Abel Pacheco se nombró en el INAMU a personas inadecuadas que retrasaron las conquistas de las mujeres. Después, Óscar Arias eliminó el puesto de ministra de la Condición de la Mujer y rebaja el perfil al problema de la discriminación. Esto conllevó a un aumento en los femicidios y en la falta de acceso a servicios de salud para el tratamiento de enfermedades como el cáncer de mama y cérvix, lo cual incumplía con lo planteado por la ley, acotó.
Valerín añadió que en el presente gobierno se continúa asignando un bajo perfil político al tema. “Esto tiene que ver con la falta de campañas y responsabilidad de todas las instituciones que integran el sistema de atención y prevención de violencia intrafamiliar o contra las mujeres. Pero el órgano encargado de velar por que eso se cumpla es el INAMU”.
Aseveró que la ley de promoción de la igualdad ha logrado varias de sus metas, pero que si el discurso político no va parejo con la acción, la participación de mujeres irá mermando en todos los campos.
Opinó que el acceso a empleo depende en buena medida de que las mujeres puedan dejar sus hijos a cargo de personas responsables, y que eso no se va a resolver en tanto no haya opciones.
“Un país que no entiende que tiene que cuidar a la mitad de su población, sencillamente está caminando hacia el despeñadero, son situaciones que deberían ya estar superadas”, concluyó.
