Dueño de Mall San Pedro amarró arriendos estatales en tiempo récord. INAMU organizó contrato directo en 22 días, Ministerio de Vivienda en 19 días. Viceministerio de Paz intenta rescindir alquiler.

“The premier place to do business” (El primer lugar para hacer negocios), es el lema del edificio Sigma Business Center, un lema que su propietario, Donald Formal –el dueño del Mall San Pedro— honró al amarrar con el Estado tres contratos de alquiler que suman $7,9 millones (¢4 318millones) que se firmaron durante los últimos días de la administración Chinchilla Miranda.

El edificio Sigma Business Center es un moderno complejo con 70 000 m2 de oficinas en edificaciones de cristal y acero ubicadas en el corazón de San Pedro que alberga importantes oficinas públicas, aunque ni en su fachada ni en su recepción haya rótulos que informen al público sobre su existencia.

Tiene ventanales con aislamiento sonoro y cuenta con 700 parqueos de uso gratuito para jerarcas y empleados, el público debe pagar ¢500 la hora a la firma dueña de la propiedad.

Los contratos con el Edificio Sigma Business Center fueron pactados por jerarcas del anterior Gobierno que terminó sus funciones el 8 de mayo: la entonces ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU, María Isabel Chamorro, el entonces ministro de Vivienda, Guido Alberto Monge y el exviceministro de Paz, Max Loría.

Los tres jerarcas de la administración Chinchilla Miranda impulsaron procesos paralelos y simultáneos durante los últimos días de su gestión, y dejaron amarrados tres contratos hasta por cinco años de plazo.

Dos de estos contratos incluyen una cláusula punitiva por si el Estado decide retirarse anticipadamente del edificio. Si así fuera, tendría que pagar montos que llegan hasta $1,2 millones (¢651 millones) (Ver nota aparte).

Un análisis realizado por UNIVERSIDAD sobre los expedientes de contratación, revela que los exministros de Vivienda y de la Condición de la Mujer recurrieron a la contratación directa para suscribir los contratos con Plataforma Mercantil S.A., firma propietaria de los edificios que preside Donald Formal.

En el caso de la contratación efectuada por el exviceministerio de Paz, se organizó una licitación pública en la que los dos competidores del Edificio Sigma fueron descartados, uno por no cumplir con requisitos técnicos y otro por no cumplir con requisitos legales.

Para la actual ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU, Alejandra Mora, el edificio alquilado no responde a las necesidades de la institución ya que se trata de un alquiler “caro”.

Mora cuestionó, además, la apretada agenda administrativa que su antecesora impulsó para concretar el contrato en solo 22 días hábiles.

“La celeridad, conforme a los tiempos que indica en su cronograma de acciones administrativas revelan que en 22 días hábiles el INAMU realizó la contratación, no contempla la existencia de los antecedentes relativos al estudio de mercado realizado, que descartó por diferentes razones otras opciones de alquiler, que forma parte del proceso para establecer la viabilidad y que consta en el expediente sobre la contratación directa”, expresó Mora.

La premura con que se manejó la contratación de este alquiler también molestó al actual ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, quien calificó el breve proceso de contratación como “desafortunado” y señaló que el anterior jerarca le dejó muy poco margen de acción. “Ahora cualquier cambio que necesitemos hacer costaría mucho dinero”.

El viceministro de Paz, Víctor Barrantes, advirtió que está gestionando rescindir el contrato ya que se trata de un alquiler excesivamente caro para las posibilidades de su presupuesto. “Tenemos la necesidad clara de mudarnos pero el monto pactado por la anterior administración es de ¢10,4 millones al mes, es decir ocho veces más caro que lo que ahora pagamos”.

El representante del edificio Sigma es el exdiputado por el PLN durante la administración Monge (1982-1986), el abogado Guido Granados, quien señaló que las solicitudes de contratación provinieron de la administración del MIVAH, el INAMU y el viceministerio de Paz y que no se pagó ninguna comisión inmobiliaria por los contratos.

Granados destacó que los precios del alquiler se adecuaron a los avalúos que efectuó el Ministerio de Hacienda y negó enfáticamente que en la contratación haya mediado la afinidad política, “en absoluto, ninguna relación, ni con Laura (Chinchilla), ni con ningún ministro. Esto fue algo absolutamente ajeno a la política”, aseguró el abogado.

A TODA MÁQUINA

La revisión efectuada por UNIVERSIDAD en los expedientes de contratación directa del Ministerio de Vivienda y del INAMU revela que fueron directamente los entonces jerarcas Guido Alberto Monge y María Isabel Chamorro quienes impulsaron veloces procesos administrativos que concluyeron con la firma de los contratos de alquiler en el Edificio Sigma.

En el caso del INAMU, según el expediente de contratación que la entidad aportó, todo el proceso de contratación directa se organizó en solo 22 días hábiles. Desde el 15 de enero hasta la firma del contrato el 14 de febrero de 2014.

Según esa documentación, desde el 2012, el INAMU venía explorando una modalidad de contratación abierta y evaluaba posibilidades inmobiliarias en el cantón de San José, como el edificio Corporativo CCI en barrio Don Bosco, el Oficentro empresarial Calle Morenos y el edificio Mira.

En setiembre del 2013, la entonces presidenta del INAMU, María Isabel Chamorro, solicitó efectuar un avalúo para determinar el monto razonable de alquiler para el Edificio Sigma. La respuesta de le llegó el 15 de enero del 2014 y a partir de ese momento el INAMU emprendió una veloz carrera administrativa hasta formalizar la contratación directa del inmueble con Donald Formal, por un plazo de 5 años y un monto total de $4,4 millones (¢2405 millones).

Mientras esto ocurría, un proceso simultáneo y muy similar se desarrollaba en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), el 29 de enero el ministro Guido Monge recomendó la búsqueda de un nuevo edificio para el ministerio y el 25 de febrero –19 días hábiles más tarde– dictó el acto final de adjudicación a favor de Plataforma Mercantil S.A. por un total de $2,8 millones (¢1538 millones).

Los exjerarcas María Isabel Chamorro y Guido Alberto Monge coincidieron en alegar que utilizaron la contratación directa en lugar de una licitación pública porque la Ley se los permite, y admitieron haber liderado personalmente esos procesos de compras como parte de sus labores como ministros.

“Desde hacía mucho tiempo el comité de seguridad ocupacional venía diciendo que era necesario mudarse por el hacinamiento que existía y por la dispersión de las unidades (…) La contratación directa se hizo porque la Contraloría nos lo permitía y porque no nos movíamos de la zona en donde siempre estuvimos, nos dejaba cerca del Banco Hipotecario de la Vivienda que es muy importante, nos otorgaban parqueos que no teníamos, esas fueron las consideraciones que se hicieron”, señaló el exministro Monge.

La expresidenta del INAMU, María Isabel Chamorro, defendió la velocidad con que se efectuó la contratación señalando que la eficacia en la ejecución del presupuesto fue una característica de su gestión.

“En ocho meses hice lo que no se había hecho en otros tiempos. Encontré una ejecución del 39,5% y la llevé al 75%. Había un superávit acumulado del ¢6500 millones. No fue solamente el dotar de una infraestructura a los empleados. Por supuesto que lideré este proyecto y muchos otros que necesitaba la institución”, dijo Chamorro.

Anexo a contratos de alquiler

Edificio Sigma impuso millonaria indemnización al Estado

INAMU debería pagar $1,2 millones para rescindir contrato y MIVAH, $760 mil.

La firma Plataforma Mercantil S.A., propietaria del edificio Sigma Business Center, incorporó en los acuerdos de alquiler que pactó con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y con el INAMU una cláusula punitiva que impone una indemnización de hasta $1,2 millones (¢651 millones) por la terminación anticipada del contrato.

Se trata de anexos en donde se presenta una escala mensual entre el primer y el último mes de contrato con un monto donde se estipula lo que el Estado deberá pagar a Plataforma Mercantil en caso de que decida retirarse del edificio.

En el caso del contrato que firmó el MIVAH, la indemnización tiene un monto máximo de $670 745 (¢364 millones); para el INAMU, el monto punitivo llega a $1,2 millones (¢651 millones).

El abogado de Plataforma Mercantil S.A., Guido Granados, alegó que las oficinas públicas les solicitaron una serie de ajustes de mobiliario y arquitectura que solo eran útiles para ellos y que en caso de un retiro anticipado era necesario compensar a la empresa locadora.

“Se trata de una especie de traje a la medida de la institución, esas oficinas tienen un cableado estructurado a la medida en donde las terminales se ubican de acuerdo a los planos que ellos nos entregan y, si ellos se fueran antes de la terminación del contrato lógicamente eso hay que quitarlo y no sirve para nada. Por eso se tiene esa cláusula de indemnización”, alegó Granados

AUMENTOS EN DÓLARES

Los tres contratos se pactaron por un monto en dólares; además, cada uno establece un incremento interanual en esa misma moneda.

En el caso de MIVAH el precio inicial del alquiler fue pactado en $39 250 (¢21,3 millones) mensuales pero el precio final que se terminará cancelando es de $54 000 (¢29,3 millones) al mes, es decir un 37% más.

Respecto al INAMU, el monto inicial mensual es de $67 500 (¢36,6 millones) y para el último año es de $80 500 (¢43,7 millones), un 19% mayor.

El contrato incluye también el pago de una cuota mensual de mantenimiento $9300 (¢5 millones) al mes.

Viceministerio de Paz busca rescindir contrato

Precio de alquiler se multiplicó por ocho

El precio que el Viceministerio de Paz pagaba por el alquiler de sus oficinas se multiplicó por ocho luego de adjudicar contrato con el edificio Sigma Business Center.

Actualmente, este Viceministerio alquila una casa en barrio Luján por la que paga ¢1,2 millones al mes y el precio pactado por la anterior administración con Plataforma Mercantil es de ¢10,4 millones.

Así lo confirmó el viceministro de Paz, Víctor Barrantes, quien adelantó que aún no se han mudado de edificio y que se encuentran en un proceso para rescindir el contrato con el edificio Sigma, debido que el precio pactado les resulta excesivamente caro para el presupuesto que tienen disponible.

“Cuando el anterior Viceministro me informó sobre el tema, me dijo que se trataba de un alquiler de ¢8 o ¢9 millones, pero cuando vi el contrato era más de ¢10 millones al mes. Se trata de un costo muy oneroso para un ministerio que tiene un presupuesto reducido”, explicó Barrantes.

El presupuesto del Viceministerio de Paz para el 2014 es de ¢823,9 millones y el monto anual pactado con Plataforma Mercantil es de ¢124,8 millones por lo que solo pagar la renta consumiría el 15% de todos los recursos de la Institución.

“Con el aval de la señora ministra de Justicia, Cristina Ramírez, se tomó la decisión de explorar las vías para rescindir el contrato y en esa situación estamos. Para ello, nos hemos reunido con los representantes legales de la empresa”, explicó Barrantes.

El jerarca de Paz reconoce la necesidad urgente de mudar las oficinas del Viceministerio a un espacio más adecuado del que actualmente tienen, pero adecuando el precio del alquiler a un monto más acorde con el presupuesto con que cuentan.