Ordenan desalojo definitivo de hoteles Las Palmas y Suerre

Luego de dos intentos de desalojar las instalaciones de los hoteles Las Palmas y Suerre, ubicados en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, la

Luego de dos intentos de desalojar las instalaciones de los hoteles Las Palmas y Suerre, ubicados en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, la Sala I declaró sin lugar una última gestión del consorcio hotelero de la zona, agotando la vía administrativa y dando paso libre para el desalojo definitivo del personal de este lugar y su eventual demolición.

El conflicto con la construcción y funcionamiento de este hotel, propiedad del empresario de origen checo Jan Kalina, data de 1989, en medio de críticas de asociaciones limonenses por daños ambientales en la zona marítimo-terrestre (destrucción de corales, apertura de canales, remoción de mojones y uso de palmeras como postes de luz) y falta de control de las instituciones públicas respectivas.

Mientras que las autoridades confirmaron a UNIVERSIDAD que el desalojo se realizará este año, los sectores ambientalistas celebraron el fallo, pero aseguraron que las secuelas sobre el entorno natural por la construcción del hotel son irreversibles. Este caso inspiró a la autora costarricense Anacristina Rossi para escribir su reconocida novela “La loca de Gandoca”.

La primera vez que se trató de desalojar este lugar fue en el 2005, pero se debieron suspender las acciones puesto que Kalina interpuso varias acciones judiciales para evitar que se suspendiera su funcionamiento.

En el 2009, la Contraloría General de la República presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en la que solicitó la ejecución inmediata del desalojo. Esta instancia falló a favor y le ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) proceder con el desalojo de las personas ocupantes del área, a la vez que la jueza ejecutora pidió la demolición del sitio.

No obstante, cuando se iba a llevar a cabo en noviembre, la Sala I acogió una medida cautelar hasta que se resolviera un recurso de casación presentado por las sociedades turísticas Complejo Turístico Punta Uva, UAL. Red Corporative Investment, Hotel Las Palmas Punta Uva, Inversiones Turísticas de Punta Uva, Hotel Suerre Punta Uva y La Casita de Punta Uva, por lo que se suspendió la orden de desalojo.

Un año después, la misma instancia declaró sin lugar el recurso de las sociedades, pero días después estas presentaron una nueva gestión de aclaración y adición, reviviendo el tema.

El 23 de diciembre del 2010 rechazó esta última gestión, lo que implicó el agotamiento de la vía jurídica mencionado anteriormente, lo cual significa que el MINAET y el SINAC deben acatar una vez más la resolución del Contencioso Administrativo del 2009.

Por ende, se deben acatar las disposiciones de la resolución judicial No. 2254-2009, que abarcan el desalojo y la demolición de las instalaciones ocupadas ilegítimamente por esas empresas privadas.

 

Desocupación

La directora ejecutiva del SINAC, Gisselle Méndez, confirmó que el desalojo se efectuará a mediados de este año, pero que aún no tienen una fecha definida. Adelantó que deben esperar a que pase la temporada de incendios y modificar el presupuesto de la institución, además de que debe ser una época de baja visitación.

El operativo contará con un aproximado de 100 personas, entre estas profesionales en biología que harán un monitoreo de los daños ambientales.

“Me tocó estar en el último desalojo; al final hubo medidas cautelares; no sé que más puede pasar; es un país de derecho, y debemos estar atenidos a eso. Pareciera que este es el intento definitivo”, aseguró.

Añadió que en caso de hallar secuelas ambientales negativas, de acuerdo con la valoración, se interpondrían las denuncias respectivas, dependiendo de quién sea responsable.

Entretanto, Luis Diego Román, funcionario del SINAC y quien fue el coordinador del fallido operativo del 2009, comentó que están a la espera de que las autoridades den la autorización para llevar a cabo el desalojo. Este se realizaría en conjunto con la Fuerza Pública.

Mencionó que el estado debe realizar todas las acciones para cobrar los costos y ver si procede una demanda civil o penal, ya que el impacto ambiental es “tremendo” y los ecosistemas muy frágiles.

Recordó que hace dos años al momento de llegar a la zona tuvieron bloqueos, porque se hizo creer que se iban a cerrar todos los hoteles ahí.

 

Constante lucha

La presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, María Elena Fournier, hizo ver que los daños ambientales se evidencian por la destrucción del arrecife coralino, desviación de aguas dulces, aguas estancadas y destrucción del hábitat de animales, por lo que destacó que es esencial que se elabore un estudio del impacto.

“Sobre el posible desalojo del hotel, difícilmente se podrá recuperar lo destruido y el impacto para el humedal; lo vemos con muy buenos ojos, pero esperamos tanto tiempo…”, expresó.

Añadió que desde el 2002 la organización que dirige inició de lleno su lucha por una  solicitud que les hace la misma población de la zona, debido a las constantes amenazas que recibían, lo que les llevó a plantear una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes.

De acuerdo con una respuesta de la institución ese mismo año, el MINAET debe pronunciarse sobre los daños ambientales ocasionados, emitir medidas reparadoras o compensatorias, mantener la orden de suspensión, prohibir el cambio de uso del suelo en sustitución de ecosistemas o de condiciones naturales básicas y prohibir la eliminación de vegetación y la corta de árboles, entre otros puntos.

A su vez, Marco Machore, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, consideró que no hay una explicación viable para “la inercia” de las autoridades, ya que pasó toda una década de litigios judiciales y desde años ya se había dado una sentencia sobre el tema, la cual ordenaba el desalojo.

“Ha sido una ardua, desgastante y frustrante lucha; tenemos toda la fuerza del derecho y la autoridad del Estado a favor del desalojo, y no ha habido forma de lograrlo. Aquí han estado en juego hasta vidas humanas; es muy frustrante”, aseveró el dirigente.

Opinó que hay una responsabilidad política del MINAET y que los daños causados por la actividad hotelera generó una serie de secuelas al refugio de Gandoca-Manzanillo.

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