La ley de referendo permite que en un futuro se vuelvan a consultar asuntos relacionados con derechos humanos, como el proyecto de sociedades de convivencia.
Grupos sociales critican que un eventual referendo para aprobar o rechazar la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo es un instrumento innecesario e inútil, puesto que un proyecto similar se podría retomar en la Asamblea Legislativa o quedaría abierta la posibilidad de volver a convocar a una consulta popular de la misma índole.
La Sala Constitucional rechazó la semana pasada una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría de los Habitantes, en la que se pretendía evitar que derechos humanos de minorías sean sometidos a un referendo. La misma instancia acogió un recurso de amparo del ciudadano Esteban Quirós, contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por poner en marcha los mecanismos legales para llevar a cabo el referendo, lo que suspendió el proceso.
Las organizaciones en contra de la convocatoria a la consulta popular se abocaron por presentar recursos de coadyuvancia para apoyar el amparo. De ser rechazado, se agota la vía nacional, lo que abriría las puertas para acudir a entidades internacionales de derechos humanos y denunciar al estado costarricense.
El referendo, que se realizaría según el TSE el 5 de diciembre, mismo día de la elección de alcaldes, consultaría el proyecto de ley 16.390, presentando en el 2006 en la Asamblea Legislativa, el cual establece el reconocimiento de derechos civiles a las parejas del mismo sexo, como la posibilidad de heredar, compartir el seguro social, obtener la residencia de su pareja y repartir sus bienes en caso de término de la relación.
Dicho proyecto dejó de tener apoyo legislativo hace varios meses, porque fue sustituido por la propuesta de sociedades de convivencia. De efectuarse el referendo y de no darse un cambio en la ley respectiva, un año después podría realizarse otra consulta popular sobre ese otro proyecto.
La posición del TSE es que la posible convocatoria no atenta contra los derechos de esa minoría, ya que la unión entre parejas homosexuales no está aprobada, y no se puede limitar algo que no existe. De la misma forma, argumenta que carece de discrecionalidad para decidir qué se somete o no a referendo, porque ya lo establece la ley.
APOYO A RECURSO
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, explicó a UNIVERSIDAD que para la Sala Constitucional era más viable aceptar un recurso de amparo que una acción de inconstitucionalidad, ya que esta última habría significado la modificación de la Ley de Referendo.
“Ambos recursos tenían la misma causa, pero el de la Defensoría era más grande, la Sala decidió irse al fondo al admitir el recurso de amparo, haremos una coadyuvancia para que tenga más fuerza”.
Taitelbaum aseguró que seguirán insistiendo en que se incluya la temática relacionada con derechos humanos dentro de las omisiones para convocar a un referendo. No descartó la posibilidad de impulsar esta modificación mediante un proyecto de ley en el Congreso.
Añadió que es inconveniente que el referendo se realice el mismo día de las elecciones de alcaldes, porque se puede “contaminar con asuntos políticos”, razón por la que no se deben mezclar.
Sobre la posibilidad de que en un futuro se convoque a otra consulta del proyecto de sociedades de convivencia, mencionó que por ese motivo es que se tiene que cambiar la legislación, para que no queden espacios para votar por derechos de minorías.
Por su parte, Marco Castillo, asesor legal del Movimiento Diversidad, aseveró que en Costa Rica las mismas instancias políticas votan con prejuicios religiosos, y que se omite que el país ya ha ratificado acuerdos internacionales en los que la orientación sexual está protegida.
Refutó que hay sectores de poder que buscan impulsar la consulta popular, basados en una influencia religiosa negativa y que de dar marcha al referendo se exacerbaría la discriminación.
Comentó que dentro de esta organización preparan cerca de 20 recursos de coadyuvancia al amparo que la Sala Constitucional aceptó analizar, por lo que su trabajo ahora es más pausado y a la espera de un pronunciamiento al respecto.
“Seguiremos con nuestro argumento de que el referendo es una arbitrariedad contra la dignidad y la Constitución”.
Asimismo, siguen en pie con la posibilidad de acudir al sistema interamericano de derechos humanos.
ELEMENTOS EN JUEGO
La socióloga Montserrat Sagot indicó que a pesar de que el proceso está detenido, si se resuelve en contra del recurso de amparo, aún le queda espacio al TSE para convocar al referendo en diciembre, por lo que los recursos de coadyuvancia son también una estrategia para retrasar el proceso.
Al agotarse la vía nacional, el Estado costarricense puede ser demandado, lo que impediría la posibilidad de que a finales de año se efectúe la consulta.
La profesional señaló que el papel de la jerarquía de las iglesias católica y protestantes guarda relación directa con las decisiones políticas sobre el tema.
Consideró que el referendo es un ejercicio inútil, ya que el proyecto de unión civil no cuenta con apoyo en la Asamblea Legislativa y porque más adelante podría dársele curso al de sociedades de convivencia.
Agregó que aún hay muchos elementos en juego que pueden afectar la convocatoria, por ejemplo, si la iniciativa prospera, puede suceder que no se consiga el porcentaje necesario de votación para que el resultado sea válido, debido a que una de las estrategias de los grupos en contra del referendo podría ser llamar a no votar.
En tanto, José Daniel Clarke, de la organización Ciudadanía por los Derechos Humanos, explicó que tienen como objetivo atacar la iniciativa desde el ámbito legal, también con recursos que apoyen el amparo acogido por la Sala Constitucional, para dar argumentos adicionales, así como en el área de la comunicación, informando a las personas sobre el proyecto, independientemente si se efectúa el referendo o no.
Clarke subrayó que debido a que la Ley de Referendo no excluye los derechos humanos como tema por consultar, la aprobación o rechazo de las uniones entre personas del mismo sexo o bien las sociedades de convivencia, podría estar en discusión por años, y consulta popular tras consulta.
“La figura del referendo está siendo manoseada, se supone que se utiliza para promover la democracia y aumentar la participación. La ley tiene muchos vacíos que el TSE tiene que interpretar, pero lo pudo haber hecho mucho mejor, de una forma más inclusiva y respetando los derechos”, aseguró el vocero.
La abogada especializada en derechos humanos Rose Mary Madden, expresó que también se pueden interponer más recursos de amparo de forma individual, además de otros que solo lo apoyen. Los recursos de amparo denuncian en este caso una violación a derechos humanos individuales, los cuales son en efectivo existentes y progresivos.
Madden cree que la ley de referendo es sumamente amplia y que al no delimitar la materia de derechos humanos, pueden seguir ventilándose por esa vía, lo cual calificó como “un error”. Igualmente, opinó que es esencial una modificación a dicha ley. Recalcó que ha habido un incumplimiento de los diputados y diputadas en legislar a favor de los derechos del pueblo y de sectores en particular.
Consideró que la injerencia de sectores conservadores como los altos mandos de la Iglesia Católica es una actitud discriminatoria que atenta contra la dignidad de la población. “Es un uso abusivo de la libertad de conciencia y religión”.
