Dos años después de las manifestaciones ciudadanas contra los intentos de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Pablo COB, actual Presidente Ejecutivo de la institución, hace un balance de los logros y dificultades que enfrenta la institución.
Si bien subsisten amarras en el ICE que impiden satisfacer la demanda de telefonía de los usuarios y tampoco invertir las ganancias que la institución genera, aún así ha superado los retos más urgentes que hace dos años se señalaron como prioritarios.
Así lo consideró Pablo Cob, Presidente Ejecutivo del Instituto en una amplia entrevista en la cual reafirmó que ha faltado decisión política para dotar al ICE de los instrumentos necesarios para cumplir con sus metas.
Una síntesis de la entrevista la ofrecemos a continuación.
¿Cómo percibe la institución dos años después de que diferentes sectores sociales y políticos se manifestaron en contra de la privatización del Instituto?
-El ICE ha reiterado su condición de instrumento para el desarrollo nacional. Gracias al desempeño de los trabajadores, ha cumplido con el reto que el país le dio al respaldarlo como una empresa estatal.
Sin embargo, persisten amarras administrativos y marcos legales muy rígidos que impiden avanzar.
Mientras que la privatización de la electricidad en Centroamérica origina que los precios de este servicio en los demás países sean más altos, en Costa Rica son menores y se brinda un servicio de calidad, bajo el control estatal.
Estamos respondiendo a las necesidades de electricidad de las comunidades rurales y con la autorización de la Contraloría General de la República podremos adquirir 250 mil líneas telefónicas y con la adquisición de nuevas tecnologías brindaremos en pocos meses un servicio de telefonía celular más avanzado.
¿Cuánto se ha avanzado con el plan de contingencia que los trabajadores del ICE formularon hace dos años luego de la lucha contra el Combo?
-Se sobrepasó en algunos aspectos. Gracias al trabajo de los trabajadores se ha demostrado que el ICE puede responder a lo que los costarricenses quieren. Sin embargo subsisten problemas que enfrentar.
¿Ha faltado decisión política para eliminar estas amarras?
-Sí, especialmente en los diputados que excluyeron al ICE de la Ley 8131, según la cual se exime a las universidades estatales y a la Caja Costarricense del Seguro Social de la regulación de la autoridad presupuestaria.
Por dicha, los dos candidatos a la presidencia de la República se han comprometido para darle los instrumentos para ser más efectivo.
Se ha cuestionado el precio que el ICE pagará a la empresa que ofrecerá los nuevos servicios de telefonía celular.
-El precio no es caro. Cincuenta mil líneas costarán $33 millones y compraremos otras 400 mil líneas que tendrán alcance nacional con un costo de $149 millones.
Gracias a otra licitación que sacamos en marzo compraremos «mega-enrutadores» que permitirán más calidad y velocidad de acceso a Internet lo cual nos ubicará entre las cinco naciones del mundo con mayor eficiencia en la calidad del servicio.
¿Cómo se concilian estos esfuerzos con proyectos de ley como el presentado por el diputado Álvaro Trejos que permite la apertura del mercado de servicios de Internet utilizando la infraestructura del ICE?
-No hay contradicción porque el ICE asegura la conectividad nacional en beneficio de todos los usuarios a la par que la institución consolida su hegemonía en la prestación del servicio.
El Poder Ejecutivo elaboró recientemente un reglamento de telecomunicaciones que es visto por sectores sindicales como un intento solapado de apertura del mercado.
-Mientras la ley y la Constitución Política no cambien, el ICE es el órgano estatal que regula las telecomunicaciones y brinda la electricidad a los costarricenses. La polémica se suscitó por la forma como se redactó el reglamento.
Sin embargo, las observaciones que hicieron los sindicalistas fueron acogidas y se incorporarán. No percibo intenciones privatizadoras del Poder Ejecutivo. Después de las manifestaciones contra el combo, el Presidente de la República y el gobierno entendieron que el país no quiere la privatización ni la apertura y en eso no habrá marcha atrás.
Ante la Comisión Mixta Legislativa del ICE se denunció el «by pass» y el «call back» que realizaba Radiográfica Costarricense (RACSA) en detrimento del ICE. ¿Se ha corregido esta situación?
-RACSA siempre alegó que era un tráfico marginal que no afectaba al ICE. Con la presencia de Isidro Serrano en RACSA y Alvaro Retana como Subgerente de Telecomunicaciones del ICE, esta situación se superó. Además no olvidemos que RACSA es una empresa de la corporación ICE.
Sin embargo hay oposición de los trabajadores del ICE para que la Unidad de Servicios Empresariales sea trasladada a RACSA por considerarla una migración de clientes hacia RACSA.
-Si se hace el traslado será en el marco de la transparencia. Vamos hacia una coordinación corporativa. Se están identificando los servicios de ambas instituciones y las potencialidades; los administradores de ambas instituciones definirán como se atienden mejor y con menor costo a los clientes.
La Comisión Especial Mixta que estudia a los cogeneradores eléctricos determinan que hubo un sobreprecio superior a los ø9.500 millones a favor de empresarios privados.
– No lo veo así. En la década de 1980 había limitaciones de inversión para que el ICE desarrollara sus propios proyectos y en ese esquema surgieron los cogeneradores. Lo mejor hubiera sido permitirle al ICE generar nuevos proyectos, pero las decisiones políticas de entonces lo impidieron.
En ese marco, los cogeneradores eléctricos fueron necesarios en los 80 y evitaron los apagones o haber quemado combustible para generar electricidad a un costo ambiental muy alto.
Sin embargo en este momento esa cogeneración no se requiere y hay posiciones como la de la Procuraduría General de la República que plantea la posibilidad de plantear juicios de lesividad nacional contra esas empresas privadas
-Costa Rica es un país de derecho, debe respetarse el plazo de los contratos que se firmaron. Eliminarlos sería una señal negativa para los inversionistas privados y extranjeros deseosos de impulsar el desarrollo nacional.
Los plazos de estos contratos están por vencerse y en ese momento debe valorarse si son oportunos para el país. Ojalá no haya sequías en los próximos años porque deberíamos comprar energía o generarla a través de combustible.
Desde mi perspectiva no proceden los juicios de lesividad nacional. Sin embargo nuestros abogados estudian el caso con detenimiento. No he fijado aún un plazo para que los especialistas den su dictamen porque creo que el tema es delicado.
¿Quién paga el costo de esa energía producida por empresas privadas que el país no necesita?
-No hay responsabilidad del ICE. La energía producida se utiliza y la que no se usa se queda en el embalse del Lago Arenal.
Los diputados de oposición hablan de censura moral para los directivos del ICE que permitieron los cambios en los contratos a favor de los cogeneradores privados. ¿Qué piensa al respecto?
-Rechazo esa posibilidad. Los directivos actuaron según lo que el país necesitaba en ese entonces. Costa Rica más bien debe agradecerle a las autoridades del ICE lo hecho en beneficio de todos.
¿Cuánto se ha avanzado con el proyecto Boruca?
-Hasta ahora estamos contratando una empresa que haga los estudios de factibilidad del proyecto.
No desarrollemos un proyecto en la zona si no está consensuado con los habitantes de la zona y sin el apoyo de las organizaciones ambientales.
Hay que tener cuidado de quienes intentan aprovecharse de este proyecto para beneficiarse individual o colectivamente.
Los sectores sociales en la Comisión Mixta del ICE plantearon la posibilidad de despolitizar las designaciones de los miembros de la Junta Directiva del ICE. ¿Cómo mira esa posibilidad?
-Si hay voluntad en los gobernantes eso es posible. Sin embargo, lo más importante es designar bien a quienes administran la institución. En la presente junta hay un equilibrio entre técnicos y políticos y esto ha facilitado las labores.
¿Cuáles son las tareas pendientes para la institución?
-El ICE necesita tres cosas: que se simplifiquen los mecanismos de contratación administrativa, que pueda manejar sus recursos económicos en forma independiente de la autoridad presupuestaria y aumentar la capacidad de endeudamiento.
Si se le permite esto, puede comprometerse y perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas, cumplimiento por objetivos y tarifas estables.
