País paga más caro falta de capacidad para ejecutar créditos externos

Contralora general denuncia falta de planificación e inoperancia estatal en la ejecución de proyectos importantes para el país.

La frase que dice “el tiempo es oro” cobra más vigencia que nunca cuando se aplica a la forma en que Costa Rica aprovecha (o desaprovecha) los miles de millones de dólares que tiene a su disposición en préstamos internacionales para mejorar en áreas sensibles y urgentes para el país.

La contralora Marta Acosta retrató ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público el panorama de ineficiencias y lentitud que rodea la ejecución de préstamos en el país
La contralora Marta Acosta retrató ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público el panorama de ineficiencias y lentitud que rodea la ejecución de préstamos en el país

La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció ante la Asamblea Legislativa que entre 2005 y 2014, el país tuvo que pagar $14,2 millones por préstamos que ya están asignados, pero que no se utilizan.

Más gris es el panorama si se considera que se cuenta con 20 créditos que suman un total de $2.836 millones, pero el poco avance de las obras hace que aún quede sin desembolsarse el 73% de ese monto, unos $2.062 millones.

En tiempos de estrechez fiscal, los créditos externos parecen una de las pocas alternativas para que el Estado invierta en obra pública que mejore la competitividad, pero la mitad del tiempo de los proyectos se pierde entre su aprobación legislativa y el cumplimiento de las condiciones previas.

Pobre ejecución

El tiempo corre, y no solamente le cuesta dinero al Estado por cada día que pasa sin utilizar el dinero prestado, sino que también pone cuesta arriba la viabilidad de los proyectos, que no pocas veces deben ser reajustados.

La contralora general llamó la atención sobre varios proyectos que forman parte de la llamada “Red Vial Estratégica” definida en el Plan Nacional de Transporte 2014-2035, los cuales pese a su urgencia muestran pocos o nulos avances.

Tal es el caso del proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 32 (San José-Limón), que pese a tener suscrito un contrato desde el 2 de junio del 2013, por un monto de $296 millones, no se ha avanzado ni ejecutado un solo dólar.

El proyecto de Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper fue suscrito en febrero del 2009 y le ha costado seis largos años el tener un avance físico del 85,9% y un avance financiero del 61,4%, con un monto pendiente por desembolsar de $20,2 millones.

Uno de los mayores préstamos que ha obtenido el país en los últimos años está destinado al proyecto del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) que debe ejecutar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por un monto de $450 millones. El contrato data del 3 de abril del 2014 y su ejecución tanto física como financiera se mantiene en cero.

El I Programa para la Red Vial Cantonal es uno de los más atrasados, pues pese a que está suscrito desde febrero del 2011, solamente tiene un avance físico del 6,6% y un avance financiero del 25%, con un monto por desembolsar de $45 millones.

Sobre este préstamo, la contralora detalló a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que el crédito es para llevar adelante 115 proyectos de mejora en la red vial cantonal, de los cuales solo 17 han sido finalizados, 38 están en ejecución y los restantes aún están en fase preparatoria, pese a que han pasado cuatro años.

Otros créditos con escaso avance son el Fideicomiso para el financiamiento del proyecto de construcción y equipamiento de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública, que solo tiene un avance físico del 0,5% y un monto por desembolsar de $152 millones.

Similar es el caso del Programa de Agua Potable y Saneamiento a cargo de Acueductos y Alcantarillados, que tiene contrato desde septiembre del 2012 pero no ha desembolsado ni un dólar de los $73 millones disponibles .

Lento camino

Además de los evidentes problemas de ejecución que tienen varios de los proyectos financiados por organismos internacionales, el camino para llegar al primer desembolso también es todo un viacrucis que empieza en la Asamblea Legislativa.

Según los datos recopilados por la Contraloría General de la República, el tiempo que pasa entre la firma del contrato de préstamo y la aprobación de la ley es en promedio de 473 días (1,3 años), pero algunos como el Programa de Turismo en Áreas Silvestres protegidas debieron esperar casi todo un periodo de gobierno (3,6 años) para recibir el aval de los diputados.

En el mejor de los casos, la Asamblea ha logrado sacar adelante la ley para la ejecución del préstamo hasta en 112 días.

Luego de esto, pasan en promedio 215 días (unos siete meses) para que los recursos sean debidamente incorporados al presupuesto; y si bien algunos lo logran en poco más de un mes como el Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-2016, otros como el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área Metropolitana esperaron 557 días.

Una vez aprobada la ley de presupuesto, hay otro compás de espera en los proyectos que tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones previas, las cuales usualmente tardan unos ocho meses en completarse.

Aquí el proyecto de Mejoramiento para la Educación Superior cumplió las condiciones previas en el tiempo récord de nueve días, pero la construcción de la vía entre Bajos de Chilamate y Vuelta Kooper se tardó dos años para lograrlo.

Con estos datos, la contralora se sacudió ante quienes señalan que es en la Contraloría General de la República que se atrasan los proyectos, por lo que el problema no es del marco normativo, sino de la ejecución.

“La Contraloría no está paralizando ningún proyecto, cuando se presentan gestiones incompletas o prematuras eso ocasiona que requiera información adicional. Algunos llegan sin firmas, algunos sin planos”, acusó Acosta ante los diputados.

Para la contralora, los evidentes problemas de ejecución estatal de los proyectos tienen un claro costo financiero, pero advirtió que mayor es el costo social y de oportunidad para el país, que se priva de la posibilidad de contar con mejor infraestructura, mejorar los ingresos de las familias y la competitividad.

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