Sindicatos no descartan más huelgas contra el “monopolio” del manejo de la carga de contenedores concedido a APM (Foto: archivo).

El acuerdo de invertir $70 millones (¢35.000 millones) en infraestructura y equipos, para modernizar el puerto de Moín, fue bien recibido por diversos sectores, que, sin embargo, advierten la necesidad de complementarlo con otras medidas para lograr un mejoramiento económico social de la provincia de Limón.

La decisión formó parte de los acuerdos para levantar la huelga de una semana que el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) realizó en el complejo portuario Limón/Moín del 12 al 19 de junio, con apoyo de otras organizaciones y comunidades de la provincia.

Aunque no obtuvo el principal objetivo del movimiento huelguístico, que se elimine la cláusula de exclusividad en la atención de los barcos de contenedores -incluida en el contrato con la transnacional holandesa APM Terminals para la construcción de la nueva terminal de contenedores de Moín (TCM)-, el sindicato  celebró como un importante logro el compromiso del Gobierno de invertir los $70 millones.

Esa inversión nunca se había dado en JAPDEVA, que por más de 30 años ha estado abandonada por los gobiernos. Es una inversión en infraestructura, no para salarios ni convención colectiva, y es una oportunidad que da para construir un nuevo muelle de 300 metros (el llamado puesto 5-7), adquirir dos grúas pórticas y un remolcador, dijo José Luis Castillo, secretario de finanzas de SINTRAJAP.

Los dirigentes sindicales destacaron como uno de los principales logros de la huelga, que se divulgara por los medios de comunicación la lucha de SINTRAJAP contra el monopolio de la carga de contenedores concedido a la empresa APM Terminals, lucha que seguirá e inclusive podría motivar nuevas huelgas.

Castillo dijo que el Gobierno quería que firmaran el compromiso de no ir más a huelgas por ese motivo, pero ellos se negaron, ya que no pueden renunciar a combatir ese monopolio que significa la aniquilación de JAPDEVA, puesto que se le impide competir con la empresa privada en el manejo de la carga de contenedores, lo principal del negocio portuario.

El acuerdo firmado indica que el Ministerio de Hacienda planteará en 30 días hábiles un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para invertir $70 millones en puerto Moín, de los cuales $40 millones serán aportados por el Gobierno para infraestructura (con recursos de un empréstito  internacional) y $30 millones por JAPDEVA, que se pagarán con los ingresos portuarios.

El Gobierno se comprometió a apoyar el proyecto en sesiones ordinarias, así como el ajuste de tarifas para JAPDEVA, y la iniciativa tendría el respaldo de los diputados y diputadas de los distintos partidos políticos.

Casualmente, el Tribunal Constitucional dio luz verde la semana pasada a un aumento tarifario promedio de 10,21%, aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con lo cual JAPDEVA lograría ingresos adicionales de unos ¢5.000 millones anuales. El Tribunal declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por las cámaras de Armadores y Agentes de Vapores, Nacional de Bananeros, Exportadores de Piña y otros, contra las nuevas tarifas aprobadas a JAPDEVA, que se no se aumentaban desde el 2003.

Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de JAPDEVA, declaró que el reajuste de tarifas da un respiro a la empresa y permitirá hacer las inversiones que necesita para el servicio público que da. Añadió que en los próximos días deben analizar si necesitan presentar otro pedido de ajuste, ya que los $30 millones que debe poner JAPDEVA para la compra de equipos portuarios vendrían de las tarifas.

Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP, señaló que los acuerdos para levantar la huelga, firmados con el Gobierno junto a los representantes de las comunidades limonenses que apoyaron el  movimiento,  contemplan una calendarización para resolver los diferentes problemas presentados, temas relacionados con los hospitales de la provincia de Limón, seguridad jurídica de la tierra, infraestructura vial, turismo, aeropuerto, aguas y acueductos, recurso hídrico y dragado de ríos.

A la vez, los diputados y las diputadas de la provincia de Limón, la Defensoría de los Habitantes y SINTRAJAP promoverán un diálogo con la empresa APM, con el objetivo de revisar el contrato de la TCM, en cuanto a los puntos de las actividades exclusivas y monopólicas otorgadas a esa empresa.

“Hemos otorgado una tregua en relación con el punto de la cláusula 9 (del contrato) a espera de la gestión de los diputados y la Defensoría, la voluntad de la APM  y del Gobierno, para la eliminación de esa exclusividad monopólica”, indicó Pérez.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) expresó su satisfacción por los acuerdos, en especial la aprobación de recursos para la modernización de los puertos de Limón.

Mónica Araya, presidenta de CADEXCO, indicó que siendo que el 80% del intercambio comercial del país se hace a través de los puertos de Limón y Moín, es imprescindible esta inversión en equipamiento y adquisición de grúas, equipos para estiba y desestiba, tales como montacargas y bandas, entre otros, la construcción de un patio de acopio de carga suelta, además de un lugar adecuado de inspección de carga perecedera, entre algunos otros.

Reiteró la disposición de trabajar en beneficio del mejoramiento y modernización de la infraestructura portuaria del país, ya que Costa Rica requiere de puertos que brinden servicios eficientes las 24 horas al día, los 365 días al año, y el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que estos servicios sean prestados al usuario bajo altos estándares de seguridad y calidad, a costos razonables.

PUNTOS PENDIENTES

Para CADEXCO, la inversión debe ir aparejada a un plan claro para crear opciones de empleo entre el puerto y la ciudad de Limón, sin lo cual al final podrían no lograrse los resultados esperados en términos de reducción de la pobreza y las desigualdades, agravando con ello los problemas de seguridad, lo que también redundará negativamente en los usuarios del puerto y en el país en general.

Aunado a ello, es necesario mejorar los factores de competitividad asociados a las deficiencias de la infraestructura física, que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la competitividad productiva del país, en particular lo que se refiere a carreteras, caminos y puertos, indicó la organización en un comunicado.

Por su parte, Gilberth Brown, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA), opinó que hay que celebrar parcialmente la negociación a la que se llegó en cuanto a la inversión de $70 millones en infraestructura portuaria, pero quedan pendientes los asuntos más importantes. Entre ellos la asignación del volumen de la carga que manejaría el operador privado de la TCM.

Otro paso necesario es liberar a JAPDEVA de todas las «ataduras» por parte de entes externos, y hacer una verdadera reestructuración de la entidad para acabar con las  juntas directivas y presidencias ejecutivas mediatizadas por intereses políticos y privados.

De conseguirse los recursos,  habría que entrarles a  fondo a los problemas de dirección política y gestión administrativa. Para comenzar, hay que poner en manos de las fuerzas vivas de Limón la designación de los miembros directivos, sin injerencia política, y que respondan a los intereses legítimos de la provincia y  no de otros intereses espurios.

Si no se toman  estas medidas correctivas para facilitarle a JAPDEVA su gestión, estaremos frente a una  de esas historias de «burro amarrado contra tigre suelto», afirmó Brown.

Lo que ha salvado a JAPDEVA es la lucha titánica que ha dado SINTRAJAP por salvar esa institución que da grandes aportes a la provincia de Limón; por la cual “rechazamos los ataques viscerales de algunos sectores y medios informativos a los que nos les importa la situación social de Limón”, apuntó el dirigente sindical.

El complejo portuario Moín/Limón figura como uno de los principales puertos en Latinoamérica en carga de fruta fresca, y por él pasa el 80% de las exportaciones e importaciones del país.

El movimiento de carga fue de 9.995.519 toneladas en el 2011, año en que se registró un leve crecimiento en algunos de los principales indicadores portuarios en relación con el 2010, debido a factores internos y externos, según el anuario estadístico de JAPDEVA.

Entre los factores externos que favorecieron, señala el leve repunte de la economía mundial, la devaluación del colón a partir del mes de junio (aumento del precio del dólar) y el buen tiempo atmosférico sobre todo entre febrero y noviembre del 2011, lo  que favoreció el atraque de los barcos en comparación con el 2010.

También contribuyeron factores internos como el mejoramiento del clima organizacional (ausencia de huelgas y paros), y cambios en la coordinación y logística de las operaciones de los navieros y la autoridad portuaria.

Movimiento portuario Limón-Moín (2011)

•Tráfico de carga total: 9.995.519 toneladas

•Total de contenedores y furgones movilizados: 478.579 (total de carga en este rubro 5.614.182 toneladas).

•Naves atendidas: 2.493 naves, 128 naves más que en el 2010. 2.400 fueron naves mercantes y 93 cruceros con 173.723 pasajeros.

•Tiempo de espera promedio de naves mercantes hasta la asignación de un puesto de atraque: registró una disminución de 4.128 horas (11% menos) y una espera promedio por buque mercante de 14 horas, 3 horas menos de espera en relación con el 2010.

•Tiempo de estadía Global de horas en puerto: aumentó en 341 horas más que el año anterior. Esto se debió al aumento en el trasiego del volumen de la carga y al mayor número de naves que atracaron en el complejo portuario en el 2011. La estadía media por buque mercante disminuyó de 19 hrs en el 2010 a 18hrs en el 2011.

Fuente: Anuario estadístico de JAPDEVA.

TCM: polémica inversión

El costo de la construcción de la nueva de terminal para barcos de contenedores en Moín, Limón (TCM), está cifrado en cerca de los $1.000 millones, la mayor inversión en una obra pública por realizarse en Costa Rica, y para la cual será necesario construir en el mar, frente al actual puerto de Moín, una isla artificial de casi dos veces el Parque La Sabana de San José.

La concesión dada a la empresa APM Terminal es para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la terminal por 33 años.  El proyecto consiste en la construcción de cinco puestos de atraque, de 300 metros cada uno (1.5 km en total), un rompeolas de 1.5 km, que contrarrestará las condiciones climáticas que impiden hoy día operar los 365 días al año, patios para carga, y el dragado de un canal de acceso de 18 metros de profundidad, entre otras obras.

Dichas instalaciones permitirían el atraque de los barcos más grandes, con capacidad hasta de 8.500 contenedores, lo cual generaría economías de escala, eliminaría el congestionamiento actual y posibilitaría atender el crecimiento del comercio, y al disminuir los tiempos de espera de los barcos se reduciría el costo del flete de  transporte marítimo, según promete la empresa.

Aunque ese fue el  proyecto que se licitó, en el contrato firmado entre el Gobierno y APM Terminals, el compromiso de la empresa es construir la obra en tres etapas, condicionadas a que se alcancen determinados volúmenes en la demanda de movimiento de carga.

En una primera etapa, en tres años,  deberá construir  los dos primeros puestos de atraque. Construido y puesto en servicio el primero, podrá empezar a operar y cobrar la tarifa que le autorizó la ARESEP ($223 por contenedor). El tercer puesto se construiría en diez años o antes si la demanda de carga llega a 1.5 millones de contenedores. Los dos últimos puestos los debería tener construidos seis meses antes de que concluya la concesión, a los 30 años, si la demanda de carga llega a 2.5 millones de contenedores.

La Cámara de Bananeros (CANABA) y SINTRAJAP han sostenido que esta concesión está basada en datos erróneos sobre estimaciones de carga que están sobredimensionadas, y no daban para una inversión de $1.000 millones. Por esa razón, la empresa no asume el riesgo de hacer toda la inversión, si no se alcanza el volumen de carga, según consideran CANABA y el sindicato, que tienen planteadas sendas demandas ante el tribunal contencioso administrativo, pidiendo anular la concesión.

Sus alegatos incluyen, entre otros, que la tarifa aprobada a la empresa es excesiva, y que se cometieron irregularidades en el proceso de licitación, como posponer 13 veces la recepción de ofertas. Además, que a la empresa el Gobierno le concedió luego de la recepción de la oferta, 15 beneficios que no estaban contemplados en el cartel, como la construcción de una carretera de acceso de cuatro carriles que cuesta más de $10 millones (¢5.000 millones).

La administración de JAPDEVA sostiene, por el contrario, que el proceso estuvo apegado a la legalidad y no hay nada de lo concedido a la empresa que no esté dentro de lo que permite la normativa de contratación pública.