El Parque Nacional Manuel Antonio, uno de los mayores y más visitados atractivos turísticos del país, está bajo riesgo de que el Ministerio de Salud lo clausure por el incumplimiento de varias órdenes sanitarias que reflejan el estado actual de esa zona de conservación.
Ausencia de senderos que cumplan con la Ley 7.600 para personas con discapacidad, mantener una sola entrada y salida, falta de parqueos y hasta la no presentación de un Plan Integral de Residuos Sólidos, son parte de los señalamientos que ha hecho el Área de Salud de Quepos a la administración del Parque, sin que hasta el momento se cumpla con lo que dispone la ley.
Solo la voluntad de los funcionarios del Ministerio de Salud se interpone entre el parque y su cierre, ya que esto afectaría la economía del cantón de Quepos, donde el 80% de la población vive de la actividad turística que genera esta área protegida.
Estos requerimientos del Ministerio de Salud son también la queja de pobladores, guías turísticos, empresarios y turistas, tal y como lo constató UNIVERSIDAD en una visita reciente a la zona.
El director del Área de Conservación del Pacífico Central (Acopac), Alfonso Duarte, asegura que el parque Manuel Antonio está “mejor” que hace unos años, niega algunos de los incumplimientos y explica que si bien este lugar genera muchos recursos, no todos se pueden destinar al mantenimiento de este, pues se distribuyen en todas las áreas de conservación.
INCUMPLIMIENTOS
Una de las principales quejas sobre la administración del Parque Nacional Manuel Antonio tiene que ver con la existencia de una sola entrada y salida al área protegida, lo que causa inconvenientes a los turistas y aumenta el riesgo en caso de una emergencia.
Además de la actual entrada, este parque contaba con otro punto de ingreso cercano a la playa, por donde pasa la llamada “Quebrada Camaronera”, el cual fue cerrado por los problemas de contaminación de ese curso de agua y la presencia de cocodrilos.
La directora del Área de Salud de Quepos, Alejandra Quesada, comentó que el cierre de ese acceso era justificado, pues la quebrada está altamente contaminada por edificios y precarios que se han instalado río arriba. La presencia de “materia orgánica de desecho” sería el principal atractivo para los cocodrilos.
Sin embargo, la Junta del Parque Manuel Antonio –en la que tienen representación diversos grupos de la comunidad- asegura que la administración del parque ha hecho poco o nada por rehabilitar este ingreso.
Enrique Soto, uno de los activistas comunales de Quepos, aseguró que la Universidad de Costa Rica había donado el diseño para construir un puente que permitiera habilitar esta vieja entrada al parque, e incluso se compraron vigas gigantes de concreto que iban a soportar la estructura.
Sin embargo, el puente nunca se construyó y los materiales más grandes aún se pueden observar abandonados en la zona cercana a la playa.
La doctora Quesada explicó que la falta de otra salida del parque pone en riesgo a sus visitantes, quienes en caso de una emergencia tendrían que devolverse al menos 2 kilómetros para poder salir.
“Hay estudios del 2009 hechos por la ONU y financiados por el Banco Mundial que señalan que en Quepos somos particularmente vulnerables a un tsunami.
Estando en la playa, las únicas zonas seguras serían las partes altas del parque y con una alerta de tsunami que da 10 o 20 minutos de tiempo, no se podría refugiar a la gente si tiene solo una entrada”, comentó Quesada.
Otro de los problemas no resueltos en el parque Manuel Antonio es la falta de senderos accesibles para personas con discapacidad, tal y como establece la Ley 7.600. En criterio de Quesada, si bien no se puede hacer todo el parque accesible, debería haber al menos un sendero en donde las personas con necesidades especiales se puedan mover con independencia.
Esto también preocupa a los sectores en la Junta del Parque, pues afirman que mucho del turismo internacional que llega a Manuel Antonio se compone de personas pensionadas, que en muchos casos tienen limitaciones para movilizarse.
El Ministerio de Salud también ha llamado la atención sobre la ausencia de parqueos que debe tener todo establecimiento, además de los pocos baños disponibles, sobre todo cuando se sobrepasa la “capacidad de carga” del parque que es de unas 600 personas.
Según Quesada y Soto, en Manuel Antonio en muchas ocasiones este límite se ha sobrepasado, exponiendo al parque a un mayor deterioro y a las personas a riesgos sanitarios, pues en el pasado se han presentado problemas con aguas negras.
La directora del Área de Salud reclamó que ni siquiera se ha presentado a su oficina el Plan Integral de Residuos Sólidos, pese a que el Ministerio de Ambiente y Energía debe contar con los profesionales indicados para elaborar una estrategia de ese tipo.
La administración del parque había presentado un “plan remedial” para cumplir con las órdenes del Ministerio de Salud; sin embargo, hasta la fecha el cumplimiento de ese plan es muy escaso.
Quesada comentó que en sus manos está el cierre del parque ante los incumplimientos citados, pero que el Ministerio de Salud no lo hace, consciente de la afectación que esto puede tener en la comunidad de Quepos, que depende de la actividad en Manuel Antonio.
“Ahora no vamos a clausurar el parque, pero sí vamos a acusar a las personas que incumplen los ordenamientos y los jefes de la administración van a tener que poner las barbas en remojo. Si un funcionario no puede gestionar los recursos y trabajar por la comunidad, que Dios lo acompañe”, afirmó la directora.
Según Quesada, en estos casos caben demandas penales contra los funcionarios de la administración que no cumplen con las órdenes sanitarias, así como la apertura de procedimientos administrativos.
Salud frenó instalación de contenedores para venta de comidas
El Ministerio de Salud debió intervenir para frenar la instalación de unos contenedores destinados a la venta de comidas dentro del Parque Manuel Antonio, pues no contaban con los permisos ni estudios ambientales necesarios para la colocación de estas infraestructuras.
El año anterior, la administración del parque otorgó en concesión los servicios de alimentación, casilleros y ventas de “souvenirs” al consorcio integrado por las empresas Viajes Turísticos Iguana Azul y La Primera Riba Mil Novecientos Noventa, las cuales intentaron montar sus instalaciones en Manuel Antonio
Sin embargo, la directora del Área de Salud de Quepos, Alejandra Quesada, aseguró que tras revisar los documentos correspondientes se determinó que la instalación de estos contenedores no contaba con el visado de planos ni con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por lo que se procedió a detener las obras tras haber recibido una denuncia.
Sobre este punto, el director del Área de Conservación del Pacífico Central (Acopac), Alfonso Duarte, respondió que en el parque nadie detuvo las obras pues el concesionario había dicho que tenía todos los permisos en orden.
Hasta el momento la instalación de los contenedores se mantiene detenida, pero la concesión de los servicios de alimentación ya genera molestias entre los comercios alrededor del parque y los propios visitantes, a quienes se les ha limitado el ingreso de alimentos.
Al respecto, Alfonso Duarte indicó que desde hace más de diez años, las universidades de Costa Rica y Nacional advirtieron sobre la necesidad de limitar el ingreso de alimentos, pues los turistas suelen alimentar a los animales y esto afecta su salud.
Alfonso Duarte, director del Acopac: “Esto no es un parque de diversiones”
El director del Área de Conservación del Pacífico Central (Acopac), Alfonso Duarte, negó a UNIVERSIDAD que en el Parque Nacional Manuel Antonio existan tantos incumplimientos ante el Ministerio de Salud, e indicó que el parque está mejor que hace tres o cuatro años.
UNIVERSIDAD consultó a Duarte, pues en las instalaciones del Parque Manuel Antonio se nos indicó que eran las autoridades de Acopac las que podían responder nuestras consultas sobre los incumplimientos ante el Ministerio de Salud.
“Hasta ahora oigo esto del Ministerio de Salud”, aseguró Duarte, quien inició aclarando que si bien ha habido más de 2.000 personas en un día en el parque, existe orden de que no haya más de 800 (600 entre semana) al mismo tiempo en el lugar; cuando esta cifra se excede, asegura que se cierran los portones.
“Si tuviera la curiosidad de ver cómo estaba el parque anteriormente, tres o cuatro años, y cómo está ahora… ha cambiado 100 por 100”, aseguró el funcionario, quien dice no entender la motivación de las críticas de diversos sectores a la administración del parque.
“Teníamos unos baños pavorosos, ahora tenemos unas baterías decentes. Ahora hay 12 baterías sanitarias. Ahora tenemos con senderos de primer nivel”, añadió Duarte, quien sin embargo se mostró reticente en el tema del cumplimento de la Ley 7.600.
“Dígame usted: ¿En Chirripó tenemos que hacer senderos para ley 7.600? Es un parque nacional, señor. ¡No es un parque de diversiones! No todo el parque puede ser accesible por la Ley 7.600. Tenemos el sendero que entra, ese sí es, y si no pueden entrar, para eso tenemos un vehículo disponible para que lo lleve a la playa”, respondió Duarte.
Sin embargo, tanto los guías turísticos de la zona, como el activista comunal Enrique Soto, mencionaron que ha habido personas que se quedan sin poder ingresar, porque la administración del parque no presta el servicio de transporte.
Sobre el cierre de la entrada por la Quebrada Camaronera, Duarte aseguró que se clausuró por el riesgo que representaban los cocodrilos y la contaminación, al tiempo que reconoció que se intentó construir el puente para habilitar esa entrada, pero el estudio de suelo arrojó que no se podía construir la estructura propuesta.
“No se ha construido porque vale dos millones de dólares. Regáleme dos millones y ahí está. Estamos gestionando para que nos ayude la Universidad de Costa Rica y este tipo de gente para ver si se diseña otro tipo de puente, pero es muy caro realmente”, comentó Duarte.
El director de Acopac minimizó el tema del riesgo por tsunami y los tiempos de evacuación de la gente, pues aseguró que si se produjera un evento de ese tipo “ahí no queda nadie” y alegó que también tendrían que pedirle al gobierno que haga otra carretera de salida de Manuel Antonio.
“No se vale. Aunque haga un puente ahí, no los voy a salvar para nada, los mando a una trampa peor”, aseguró.
Duarte insistió en que sí existe un plan de gestión de residuos sólidos, pero dijo desconocer por qué no está registrado en el Ministerio de Salud, como indicó la directora del Área de Salud de Quepos, Alejandra Quesada.
El funcionario explicó que, pese a la queja de muchos locales sobre la cantidad de dinero que genera el parque al año, Manuel Antonio no puede disponer para su uso de todos los recursos, pues estos se reparten en todo el Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) por medio del Fondo de Parques Nacionales.
De esta forma, pese a que Manuel Antonio genera por concepto de entradas más de ₡1.200 millones al año, su presupuesto ronda aproximadamente ₡300 millones, incluyendo los salarios de los funcionarios.
Duarte se quejó también de que las restricciones en el gasto le han impedido reponer las plazas de funcionarios que se han pensionado, por lo que hoy el parque funciona con ocho guardaparques menos que en los últimos tres años.
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