Parque Manuel Antonio Invasión acarrea conflicto legal

Un grupo de 100 personas invadió el sector de playa El Rey, que recientemente se anexó al Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. Con ello

Un grupo de 100 personas invadió el sector de playa El Rey, que recientemente se anexó al Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio. Con ello desencadenó un conflicto ambiental, legal y social que podría afectar al turismo que da vida a Quepos.

Playa Espadilla sur (a la derecha), playa Manuel Antonio (izquierda) y el bosque siempre verde que llega muy cerca del mar.

Ellos se dedican a chapear, a sembrar sandía, frijol o yuca, a la pesca artesanal y deben usar letrinas porque no tienen tubería para aguas negras. Unos pocos viven allí desde hace diez años; pero la mayoría decidió instalarse en la playa El Rey a principios de  2002.

Algunos tienen casas de recreo, otros son precaristas ocasionales y hay quienes cuidan cabinas; pero los une el hecho de estar en contra de un decreto que anexó la zona al parque Manuel Antonio, y la esperanza de que el Estado los indemnice por tierras que no les pertenecen legalmente.

La zona, de 14 kilómetros de extensión y que se ubica entre los ríos Naranjo y Portalón, estuvo administrada por la Municipalidad de Aguirre hasta que se anexó al parque mediante un decreto en diciembre de 2000. Desde entonces es responsabilidad del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Para tomar esta decisión, se usó un estudio biofísico que elaboró en 1995 el Programa de Estudios Ambientales (PROAMBI) de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), y que avaló la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).


Como se deben respetar los derechos de quienes llevan más de 10 años seguidos en la zona y que no tengan otra propiedad, después de la firma del decreto se reubicarían a las nueve personas con más tiempo de vivir allí, y que serían desalojadas. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a pedido de la entonces Ministra del Ambiente, Elizabeth Odio, realizaría los estudios socioeconómicos  para trasladarlos o indemnizarlos, pero estos nunca se hicieron.

Desde entonces llegaron más ocupantes ilegales que pusieron recursos de amparo, contestados con resoluciones que no los consideraron válidos.

EN ESPERA

Uno de estos recursos fue interpuesto por Guillermo Morales Cruz y otros vecinos de playa El Rey en julio del 2001 contra el MINAE. En el voto No. 3578-00, la Sala IV recordó que acoge la tesis de que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público: «Queda claro que quien pretenda por medios no autorizados, ejercer un uso privativo de esa zona, tendrá vedada la posibilidad de consumarlo.»

La asesora legal de la ACOPAC, Carolina Muñoz Solís, confirmó que existen grupos de presión, casi todos denunciados, y abogados que han incitado a la gente a meterse en los terrenos, diciéndoles que le pueden sacar plata al MINAE a través del pago de indemnizaciones.

«En esta zona no se pueden comprar tierras, si todavía estuviera bajo la administración de la Municipalidad se podrían dar concesiones dentro de los 200 metros de playa, pero para esto se necesita un plan regulador, que nunca ha existido,» explicó.

La ley autoriza al MINAE a desalojar personas que han usurpado terrenos en áreas protegidas cuando queramos; pero no tenemos capacidad operativa para eso, por lo que necesitamos colaboración del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, aún no se tramita el desalojo por usurpación de bien público. «Nos tienen en ese palanganeo, nos reunimos con Wálter Navarro, director de la Fuerza Pública, hace como un mes y medio y dijeron que colaborarían con el trámite legal», aseveró Muñoz.

CONTRA EL DECRETO

La posición de la Municipalidad es que esto se resuelva a favor de las personas con mucho tiempo de estar allí, que son como 20. También desearían volver a tener el control de la zona y que se haga un plan regulador para otorgar concesiones.

Consultado al respecto el alcalde de Aguirre, Miguel Solano Martínez, afirmó sobre dicho decreto que «tienen que ver como se deroga porque este parque es grandísimo, la administración no puede mantenerlo ni vigilarlo, menos con esta zona que se agregó.»

En su criterio las características de fragilidad del suelo son argumentos del MINAE porque «eso es lo que ellos hacen, defender lo que son playas; pero allí vive gente y no creo que el suelo sea frágil, se le puede dar un buen mantenimiento, además igual hay construcciones en otras playas cercanas.»

ESTUDIO DE FUNDEVI

El documento de FUNDEVI que sustenta el decreto explica que el suelo de la zona es muy frágil y los depósitos de agua subterránea están muy cerca de la superficie, por lo que cualquier desarrollo podría poner en peligro los ecosistemas acuáticos del lugar.

También señala que los suelos no tienen las condiciones para la producción agrícola. La zona es rica por sus humedales, porque en ella habitan muchos cocodrilos y anidan las tortugas marinas lora.

Por su  lado el director de la ACOPAC, Guillermo Jiménez, dijo que «la zona es un corredor biológico para las especies protegidas que habitan dicho parque.»

El estudio agrega que «dada la inexistencia de plan regulador alguno en el sector costero de Savegre (El Rey) y Matapalo, las construcciones en la zona restringida estarían al margen de la ley.»

COMO UNA MAZORCA

Tanto el director del del parque, José Antonio Salazar, como el presidente del Consejo Local Ambiental de Aguirre, Víctor Hugo Chavarría, están preocupados por la situación.

Para Salazar, el sistema de parques nacionales es como una mazorca, «si se arranca un grano se desgrana toda y Manuel Antonio es el primer parque invadido». Quedan 670 hectáreas de bosque tropical lluvioso en el parque, pero este se considera pequeño, comparado con el resto de zonas protegidas del país. Se adicionó al Corredor Biológico Mesoamericano porque las tierras que bajan desde el Cerro de la Muerte, donde nace el río Savegre, hasta los manglares de Manuel Antonio, son de gran riqueza biológica. Desde el punto de vista marino,el parque es una continuación de Corcovado y del Parque Marino Ballena, explicó Salazar.

Esta misma semana y durante un recorrido por el parque, Salazar encontró dos topógrafos contratados por quienes aseguran ser dueños de unos lotes y realizan gestiones para sacar las escrituras. Un poco más allá, en un playón del río Savegre, se encontraban tres pensionados que construyeron unos ranchos y dijeron que mientras no los saquen, allí se quedan.

«Hay que hacer el desalojo lo más pronto posible, si bien alguna gente se está yendo porque ven que no tienen de qué vivir, el precarismo siempre reaparece», alertó.

Por su parte, Chavarría comentó que «la estrategia de estas personas ha sido invadir el parque y con esto se atenta contra la calidad de vida de todos los que habitamos en la región». En su opinión Quepos maneja en turismo millones al año y la zona tiene un valor altísimo, un pedazo de tierra vale un ojo de la cara, por ejemplo, 1.000 metros cuadrados valen ¢70 millones.

El agua brota con solo rasparla, confirmó Salazar; ¿quién va a invertir en una zona de esta fragilidad? Por eso es que nunca se habían hecho inversiones allí, porque el área se debe dejar sólo para conservación y no para los intereses particulares ni políticos.

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