Los partidos están en apuros para conseguir fondos para la campaña que está iniciando (Foto: archivo).

En vísperas de la campaña electoral, que arrancó oficialmente este 2 de octubre, los partidos políticos han podido comprobar una vez más que compiten en un terreno disparejo y cuesta arriba para acceder al financiamiento, sobre todo en el caso de las agrupaciones pequeñas o emergentes.

Una de las mayores dificultades de las agrupaciones políticas es la imposibilidad de utilizar los certificados de cesión de la contribución estatal a los partidos (conocidos como bonos de la “deuda política”), que tradicionalmente han usado para allegarse fondos o como medio de pago de los gastos de campaña.

Esto por cuanto los bonos fueron suspendidos por la Sala IV mientras resuelve una acción de inconstitucionalidad presentada a inicios de este año contra ese mecanismo de financiamiento electoral, y algunos dirigentes partidarios creen que ya no se podrán emplear más.

Los bonos han sido un mecanismo utilizado por los partidos para enfrentar los gastos de las campañas pero han sido criticados incluso por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones que los ha calificado de ser un esquema que genera desigualdad en la financiación de los partidos. Se supone que las personas que los adquieren con un descuento los pueden hacer efectivos cuando el TSE paga la deuda política estatal a la que tengan derecho los partidos, pero se cometen abusos emitiendo series de bonos que no se pueden redimir cuando la votación obtenida no alcanza para tener derecho a la deuda.

También se prestan para enmascarar donaciones prohibidas por la ley, mediante la compra de bonos por parte de sociedades mercantiles para financiar a ciertos partidos, a sabiendas de que los bonos no se podrán redimir.

Mientras tanto, ante las presiones de la opinión pública para reducir el monto de la contribución estatal a los partidos, que se considera excesivo y fuente de abusos, la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una rebaja de esa “deuda política” que le costará al Estado más de ¢18.000 millones, monto al que se suman miles de millones más que reciben los partidos en contribuciones privadas (ver recuadro “La deuda política”).

El TSE presentó meses atrás un proyecto de ley con reformas al Código Electoral, que incluye medidas para introducir mayor equidad en las campañas políticas, entre ellas el adelanto del 50% de la deuda política, y la creación de espacios gratuitos en los medios de comunicación para que los partidos puedan difundir sus mensajes al electorado.

Sin embargo, el proyecto no tuvo eco en la Asamblea Legislativa, los medios lo combatieron y no hubo interés en la opinión pública para discutirlo, ni siquiera en sectores académicos, ha lamentado el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

ALTERNATIVA

Frente a la actual imposibilidad de utilizar los bonos, el  TSE autorizó la semana antepasada a los partidos a contratar préstamos con las entidades del sistema bancario nacional (bancos públicos y privados), mediante la modalidad de fideicomiso, y que la garantía pueda ser la eventual deuda política que reciba la agrupación política.

Los requisitos y condiciones para otorgar el préstamo, que será manejado por el fideicomiso, lo fijan los bancos y los resultados de las encuestas seguramente serán  un importante criterio a la hora de aprobar el crédito.

Esas fueron parte de las razones por las que representantes de varios partidos consideraron que esa modalidad no es una solución para ellos, como tampoco lo son los créditos bancarios en general, o el adelanto de una porción de la deuda política que ha de hacer el TSE, pues en todos los casos se exige la presentación de garantías, con la hipoteca de bienes.

Los partidos están participando en una campaña donde la cancha no está pareja. Los pequeños o emergentes no tienen las donaciones millonarias que reciben los partidos tradicionales, ni poseen bienes para dar en garantía, y tendrían sus miembros que hipotecar sus casas o las de sus familiares, comentó José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio.

El presidente del TSE reconoció que con la modalidad del fideicomiso no desaparece la “inequidad”, pero dijo que es una nueva alternativa que tienen los partidos, y además transparenta el origen de los fondos.

CONGELADOS

Según Enrique Castillo, tesorero del PUSC, en la actual situación a los partidos de oposición “nos tienen congelados en una refrigeradora”, sin dinero que es esencial para ganar una campaña.

Aunque reconoció que la Sala IV no tiene plazo para resolver la acción de inconstitucionalidad, aseveró que es grave que los magistrados no hayan resuelto a tiempo un asunto tan delicado para la democracia como la impugnación de los bonos de la deuda política, y se vaya a dictar sentencia cuando ya es tarde.

En cuanto a la posibilidad de financiamiento por medio de fideicomiso, dijo que falta por ver qué plazos y qué condiciones van a poner los bancos. Es un esquema que debe estructurar la unidad financiera de los bancos y aprobarlo las juntas directivas, las cuales están en poder del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), rasgo político que se extiende a la Sala IV y el TSE, consideró Castillo.

Otto Guevara, candidato del Movimiento Libertario (ML), opinó que  muchos partidos no van a poder acceder siquiera a la deuda adelantada, porque hay que poner a responder una propiedad de unos ¢300 millones para obtener ese adelanto, que según se ha estimado sería de unos ¢220 millones, aunque el monto exacto se conocerá después del 18 de octubre cuando los candidatos ya estén inscritos y se sepa cuántos partidos participarán en las elecciones.

En su caso dijo que el problema está resuelto, pues con su patrimonio personal, el de su familia y una serie de amigos está poniendo una garantía para ese aval bancario de la deuda política adelantada, y mientras esta llega, están tratando de conseguir un crédito puente, para lo que habrá que poner en garantía otra propiedad de ¢300 millones.

Además mediante donaciones y actividad para recaudar fondos que esperan realizar en octubre reunirían otros ¢500 millones, por lo que en el peor de los casos el ML tendrá unos ¢700 millones para la campaña, aseguró.

Por su parte, Alex Sibaja, tesorero del PLN, dijo que recibieron una oferta de financiamiento del BCR y recibirían otra del Banco Lafisse. Añadió que tras la rebaja del financiamiento estatal que aprobó la Asamblea Legislativa, han hecho proyecciones y ajustes, y espera que esta semana el comité ejecutivo apruebe el presupuesto definitivo de la campaña.

“Una vez que tengamos el presupuesto vamos a valorar cómo vamos a financiar ese presupuesto, cuánto se le va a cargar a endeudamiento con un fideicomiso, y cuánto es lo que esperamos recibir en contribuciones privadas”, comentó Sibaja.

La deuda política*

La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una ley para rebajar la contribución del Estado a los partidos del 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 0.11%, lo que representa alrededor de ¢24.900 millones. Sin embargo, eso incluye un 0.03% del PIB que se debe dejar para las elecciones municipales en el 2016, de manera que quedan  alrededor de ¢18.500 millones para la actual campaña.

De este monto el 15% corresponde a la deuda política adelantada (unos ¢2700 millones), 80% de los cuales son para los partidos inscritos a escala nacional y 20% para los inscritos a escala provincial, según resolución del TSE del pasado 11 de junio (Nº. 2799- E10 – 2013).

Se estima que a cada partido inscrito a escala nacional le correspondería un adelanto de alrededor de ¢220 millones; el monto exacto lo establecerá el TSE después del 18 de octubre cuando esté concluida la inscripción de las candidaturas y se sepa definitivamente cuántos partidos participarán en las elecciones.

Para recibir el adelanto los partidos deben poner a responder hipotecas como garantía de devolución del dinero en caso de que no obtengan el mínimo de votos necesarios para tener derecho a la deuda política.

Una vez concluidas las elecciones, el TSE distribuye la deuda política entre los partidos que alcancen al menos un 0,4% de los votos válidos o elijan por lo menos un diputado, proporcionalmente a la cantidad votos obtenida, previa comprobación del cumplimiento de requisitos y los pagos realizados en la campaña.

Fuente: TSE y Código Electoral.