Partidos no tienen claro cómo financiarán la campaña

El TSE propone una serie de reformas para aplacar las necesidades financieras de los partidos. (Foto: archivo)¿Cómo sufragar los gastos que implica afrontar el

El TSE propone una serie de reformas para aplacar las necesidades financieras de los partidos. (Foto: archivo)

¿Cómo sufragar los gastos que implica afrontar el proceso electoral? Esa es la pregunta que tesoreros e integrantes de partidos políticos se hacen sin encontrar una respuesta concreta.

La acción de inconstitucionalidad en contra de la emisión de bonos de deuda política, y el nulo avance de la reforma electoral promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), generan  vacilación ante el panorama que deberán afrontar en las elecciones del próximo año las fuerzas políticas que aspiren a llegar a Zapote en mayo del 2014.

Las opciones para abarcar la amplia lista de demandas que significa enfrentar los comicios parecen no ser las suficientes, por lo que la próxima campaña podría tener abundancia en limitaciones.

En el Partido Acción Ciudadana (PAC) hablan de una campaña “creativa” en donde según su tesorera, Leda Zamora, la estrategia será “el hablar cara a cara con las personas”.

 

“Vamos a depender de la buena voluntad de los electores que crean en nuestro proyecto político”, apuntó Zamora, quien sí aceptó que uno de los principales temores será cómo costear las campañas publicitarias en medios de comunicación, por lo que la tesorera exhortó a “los grandes medios de comunicación a darle un espacio a la democracia”.

 

El Sistema Bancario Nacional sería el camino para recorrer por el Partido Liberación Nacional (PLN), que desde ya negocia la obtención de fondos con el fin de pagar los gastos de su campaña; al mismo tiempo este partido se asesora con el TSE, para buscar un mecanismo de financiamiento avalado por el órgano electoral.

Asimismo, el tesorero del candidato liberacionista, Orlando Guerrero, considera que desde ya el PLN ha planteado una campaña estrecha. “Don Johnny no ha sacado ni un anuncio en los medios de comunicación”, alegó.

Mientras que partidos como el Frente Amplio prefieren aún no sacar la calculadora para hacer cuentas, el tesorero de esta agrupación, Roberto Alfaro, aceptó que aún “no se han sentado a ver ese problemón”.

Alfaro espetó: “Ahí es donde está el problema, ningún partido ni grande ni pequeño, tiene la capacidad para enfrenar las elecciones con el panorama actual”. El tesorero del FA considera que algunos integrantes incluso podrían poner en riesgo sus bienes materiales con el fin de costear gastos de campaña.

CÁLCULO DE LA DEUDA

Lo que sí no dejará de crecer para las próximas elecciones es el dinero destinado a sufragar los gastos de los partidos. La deuda política calculada recientemente por el Tribunal es poco más de ¢36.000 millones, equivalente al 0.19% del Producto Interno Bruto del 2012.

El monto podría tener una leve reducción si antes de octubre, los legisladores aprueban una baja del porcentaje a un 0.11% del PIB, tal y como sucedió en las pasadas elecciones.

Aplicando el adelanto del 15% de la deuda a los partidos, el TSE tendría que desembolsar de previo al conteo de los votos, cerca de ¢5.400 millones; no obstante, una de las nuevas reformas promovidas por el Tribunal es aumentar  hasta un 50% el monto al cual podrían acceder los partidos.

PROYECTO DEBILITADO

En abril el TSE presentó un paquete de modificaciones al Código Electoral, para propiciar un financiamiento más transparente de las campañas políticas; sin embargo, a poco más de un mes para que se venza el plazo en el que la Asamblea debería tener aprobada dicha iniciativa, el proyecto parece estar enterrado.

Aunque cabe resaltar que en agosto se vence el tiempo, el mismo órgano electoral podrá ampliar dos meses más para la discusión de una nueva norma electoral. Por lo que sería hasta octubre cuando se defina si este proyecto se aplica o no en las elecciones de febrero próximo.

Luis Diego Brenes, asesor político del TSE, considera que el próximo mes será clave, a lo que agrega que la propuesta alivia las cargas de gastos de los partidos.

“Si el proyecto no se aprueba, los partidos deberán recurrir principalmente al apoyo privado, y ser ingeniosos buscando otras vías para llevar a sus arcas el dinero que necesitan en campaña”, asegura Brenes, quien indicó que además mantendrán el mismo control y liquidación que se hace de esos dineros.

 

 

 

 

 


 

Inconstitucionalidad pretende anular prohibición del TSE

La Sala Constitucional acogió la semana anterior una acción de inconstitucionalidad en contra de la prohibición establecida en el Código Electoral para que los extranjeros y sociedades jurídicas realicen donaciones a partidos políticos.

El accionante, Herman Mora, abogado defensor del extesorero de la campaña de Laura Chinchilla, Jorge Walter Bolaños, asegura que la reforma al Código Electoral impulsada por el TSE en el 2009, en algunas de sus aristas es “draconiana”. “A la norma se le fue la mano, la prohibición se volvió absurda”, aseguró Mora.

El abogado figura como defensor de Bolaños en las causas que sigue el Ministerio Público al actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ante las denuncias de presunto mal manejo de los fondos destinados a sufragar los gastos en la pasada campaña electoral.

Producto de la inconstitucionalidad presentada por Mora, la Fiscalía no podrá dictar sentencia alguna en contra de integrantes de partidos políticos que hayan sido encontrados culpables de violar lo estipulado por el Código Electoral, hasta tanto la Sala no resuelva.

Al cuestionarle al abogado Mora si la inconstitucionalidad es una estrategia para dilatar la conclusión del caso que se sigue en contra de su cliente, explicó que no, ya que asegura que su defendido “prácticamente” está absuelto de todo.

A lo que agregó: “yo no soy militante de ningún partido, así que no lo hice como estrategia de defensa, yo lo hice porque era una norma exagerada”.

Aunque sí aceptó que la interposición de la acción podría generar una pausa en las pesquisas de la Fiscalía, “no tendría mucho sentido hacer toda una investigación para llegar a un proceso que acabe en nada”.

Mora sostiene que el TSE debería permitir las donaciones de sociedades jurídicas y extranjeros, siempre y cuando se regulen de otra manera. “Lo que se tiene que analizar es de dónde vienen los grandes rubros, y en ellos las entidades financieras pueden hacer ese control”, señaló el abogado.

La iniciativa del defensor Mora genera críticas de sectores políticos y del mismo órgano electoral, que analizan la solicitud planteada en la acción como un revés a los avances en materia electoral, asimismo como una pérdida de transparencia de los procesos.

“El TSE ha hecho ver que ese tipo de donaciones abrían un portillo para desconocer quiénes son los que financian a los partidos”, opinó el letrado del tribunal, Juan Luis Rivera.

José María Villalta, candidato presidencial por el Frente Amplio, aseguró que en vez de debilitar las prohibiciones se deberían fortalecer, ya que considera que incluso con la aplicación de las nuevas normas del Código, algunos partidos “camuflan” donaciones a través de “testaferros”.

El candidato por el Partido Patria Nueva, José Miguel Corrales, analizó que la impugnación de la norma responde a intereses del partido de gobierno.

El fundador del PAC, Ottón Solís, lamentó por su parte que la Sala Cuarta acogiera la acción, “uno espera que los árbitros de la institucionalidad democrática defiendan la democracia”.

Para el precandidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara, las sociedades anónimas sí deberían ser parte de los procesos electorales, siempre y cuando se garanticen que sus socios son costarricenses.

De igual criterio opina Rodolfo Hernández, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, quien aseguró que el problema radica en la fiscalización de la procedencia de los fondos.

Los magistrados de la Sala ahora analizan la acción del recurrente Mora; de darle la razón el TSE debería nuevamente permitir el financiamiento  a los partidos con fondos provenientes de sociedades jurídicas y ciudadanos extranjeros.


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