Los candidatos presidenciales Héctor Monestel, José Miguel Corrales, Sergio Mena, José Manuel Echandi y Walter Muñoz, afirman que la campaña no ha sido justa para sus partidos. (Foto: Javier Córdoba)
Se han hecho llamar “Los Invisibles”. Son aquellos partidos políticos que se esconden tras el “otros” y el margen de error en las encuestas, de los que usted difícilmente verá un anuncio en televisión y los grandes ausentes de los debates en entidades no públicas.
Como tantas cosas que han cambiado en esta campaña electoral, estos partidos y sus candidatos han dejado el papel pasivo y secundario de otros tiempos, para reclamar una y otra vez su derecho a mostrarse y a que la gente los vea.
“Inequidad” es la palabra con la que los aspirantes de Nueva Generación (PNG), Patria Nueva (PN), Partido de los Trabajadores (PT), Avance Nacional (PAN) e Integración Nacional (PIN) describen la contienda por la presidencia de la República en este 2014.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lejos de negar la falta de equilibrio en las oportunidades que se brindan a los partidos, la reconoce abiertamente y alega que es consecuencia de las reformas que ni los grandes partidos políticos, ni los medios de comunicación privados, quisieron hacer.
DESIGUAL
El candidato del PAN, José Manuel Echandi, considera que durante esta campaña se ha violentado el derecho a la información de los costarricenses, pues solo 5 de los 13 aspirantes presidenciales han podido exponer lo suficiente sus ideas al electorado en los medios de comunicación.
“Fui el primero en presentar un amparo, porque los medios de comunicación son una concesión que hace el Estado y si el criterio es que sean públicos, debieron invitar a todos los candidatos a los debates”, criticó Echandi.
Walter Muñoz, candidato del PIN, también considera necesario que exista un trato igualitario a los aspirantes presidenciales en los medios tanto públicos como privados, para poder exponer así sus ideas y propuestas.
“En todos los debates de la empresa privada han invitado solo a cinco candidatos y esto hace que no se tome el concepto real de lo que es la campaña”, afirmó Muñoz.
Por su parte, Héctor Monestel, del PT, aseguró que partidos como el suyo −que no cuentan con “tantos millones” como otras agrupaciones− están en “clara y odiosa desventaja”, y censuró sobre todo el mecanismo de deuda política adelantada, ya que esta tampoco funciona para todos.
“El desequilibrio ha sido evidente. Se ha dado lo que tradicionalmente ocurre con los partidos del gran empresariado y del capital, que pueden darse el lujo de tener los recursos necesarios para hacer su despliegue en medios de comunicación”, dijo Monestel.
Sergio Mena, del PNG, ha sido uno de los más insistentes en el tema de la inequidad de esta campaña política, y sostiene que el auge que tomó su candidatura en este mes de enero, se lo debe a las oportunidades que ha tenido de aparecer en televisión.
“La UCR se ha prestado para que todos pautemos en sus medios, pero esto debe ir más allá. Todo el sistema de radio y televisión nacional debería estar a merced del TSE en periodo de elecciones, con franjas electorales para que todos podamos difundir el mensaje. La gente va a diferenciar entre una buena y mala propuesta. Pero si no conoce las propuestas, va a votar de manera sesgada, porque no conoce a los candidatos que hay”, argumentó Mena.
José Miguel Corrales, candidato de PN, considera que se le ha mentido al pueblo al decirle que solo cinco candidatos pueden alcanzar la presidencia, y fustigó el hecho de que quienes no aparecen en las encuestas no son sujeto de crédito en los bancos, ni son invitados a los debates.
“Es la manera más clara de hacer un fraude a vista y paciencia del TSE, que dice que los medios privados pueden invitar a quienes consideran necesario a sus debates, ignorando el altísimo interés público que tienen las elecciones y el derecho que tiene el pueblo a saber quiénes son todos los candidatos”, agregó Corrales.
Sobre la queja de algunos candidatos a la presidencia, el vocero del TSE, Gustavo Román, admitió que en este y en anteriores procesos electorales, no ha existido equidad para todos los partidos, pues el país no cuenta con la legislación necesaria para alcanzarla.
De acuerdo con Román, durante el proceso de reforma del Código Electoral, el TSE puso en la mesa la necesidad de habilitar las “franjas electorales”, para darles espacio a todos los medios de comunicación, pero estas fueron rechazadas rotundamente por los medios privados.
“Solo los medios de la UCR asumieron este reto sin que fuera obligatorio. Lo que hemos contestado a los partidos es que en el marco jurídico actual no puede de ninguna manera obligar a los privados a invitarlos a sus debates”, manifestó Román.
El vocero del TSE insistió en que las franjas electorales es un mecanismo que existe en muchos países de Europa y de América Latina, en donde se da espacio gratuito a todos los partidos políticos para que puedan ser visibilizados.
“Esta es una mancha que tienen nuestro sistema. Se requiere una reforma puntual del Código Electoral para corregirla. También propusimos en su momento que el transporte fuese gratuito para todos partidos y que la deuda adelantada fuese más robusta, de hasta un 50%, pero los propios partidos políticos se encargaron de rechazarla”, recordó.
“Cuando se hizo esta propuesta nadie dijo “esta boca es mía”, los medios privados fueron beligerantes en rechazarla con editoriales en los que acusaban de estar en una dictadura. El TSE se quedó solo en esta propuesta”, añadió.
SIN ADELANTO
Pese a que la actual legislación electoral establece que los partidos políticos pueden recibir un adelanto de la deuda por parte del TSE de hasta un 15%, este mecanismo tampoco ha resultado eficaz para garantizar el acceso a recursos por parte de todos los partidos.
Para obtener el adelanto de la deuda, las agrupaciones políticas deben presentar al TSE las “garantías necesarias” en bancos privados o estatales, ya sea con certificados a plazo, cuentas corrientes, bonos del Estado, o avales bancarios, según explicó Ronald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Esta garantía es la que se ejecuta para que el Tribunal pueda recuperar el dinero otorgado, en caso de que los partidos políticos no alcancen el porcentaje de votos que exige la ley (4%) para ser sujetos de deuda política, lo que convierte el mecanismo casi en una apuesta para los partidos con pocos recursos.
El 80% del monto total del financiamiento adelantado establecido por este Tribunal, corresponde a la suma de ¢2177 millones, lo que brinda la posibilidad de ¢155.5 millones a cada agrupación.
“Los montos se quedan cortos para lo que requieren los partidos; la presentación de garantías liquidas genera que no todos puedan optar por este financiamiento; esto provoca grados de inequidad”, reconoció Chacón.
Según las cifras del TSE, el Movimiento Libertario es el partido que ha solicitado más dinero por concepto de deuda adelantada al requerir el monto completo, seguido por Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) que han pedido ¢155 millones exactos, mientras que el Frente Amplio solicitó ¢108 millones.
En el reporte del Tribunal destaca la ausencia del Partido Liberación Nacional (PLN), que es la agrupación que además suma la mayor cantidad de donaciones en esta campaña, con ¢319,5; mientras tanto Renovación Costarricense, partido de Justo Orozco, suma ¢73.5 millones divididos en cuatro solicitudes (ver recuadros).
