En la pasada campaña, partidos como Liberación Nacional recurrieron a financiar algunos de sus gastos con bonos de deuda. (Foto: archivo)
Los bonos de deuda política podrán ser utilizados como instrumentos de financiamiento para los partidos políticos, pero no podrán ser cedidos a personas extranjeras o sociedades anónimas, al tiempo que permitirán un mayor control al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La Sala Constitucional (IV) resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada desde enero anterior, en la cual los exdiputados Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo, así como el politólogo Gabriel Bonilla solicitaron frenar el uso de los bonos de deuda, al considerar que aumentaban la disparidad entre partidos políticos.
Los magistrados en un voto de mayoría rechazaron la acción, pero en su resolución establecieron que la cesión del derecho de los bonos únicamente podría realizarse entre personas físicas nacionales, a favor de los bancos que integran el Sistema Bancario Nacional y de los medios de comunicación colectiva, ratificando con ello lo establecido en el artículo 128 del Código Electoral, en donde se contempla esta restricción.
Tras 11 meses de espera, la resolución de la Sala IV no llenó las expectativas de Carazo, quien criticó que el dinero seguirá acumulándose en pocas manos y que “la Sala se queda a una cuarta parte del camino: siguen las cesiones de derechos vigentes, donde el mismo Tribunal ya ha dicho que son nefastas para el sistema democrático”.
El órgano electoral, por su parte, es del criterio que al limitarse la participación a personas físicas, entidades financieras y empresas de comunicación, la cesión de los bonos será más transparente.
El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, asegura que “el rastro de auditoría ahora será más sencillo” y permitirá comprobar la legalidad de los fondos.
En la pasada campaña electoral los partidos políticos realizaron emisiones de bonos de deuda hasta por ¢28.000 millones, de los cuales solamente lograron obtener el 49% de lo reclamado.
NUEVO ESCENARIO
La dilatación en el mencionado fallo de los magistrados de la Sala Constitucional, provocó que los partidos políticos buscaran la manera de obtener recursos para enfrentar el proceso electoral.
Partidos como Liberación Nacional, Movimiento Libertario, y Acción Ciudadana (PAC), formalizaron desde finales de octubre un fideicomiso con el banco Lafise. Entre los tres partidos percibirán hasta ¢12.000 millones. Por su parte, el Frente Amplio recurrió a firmar un fideicomiso, pero con una entidad bancaria estatal: Banco de Costa Rica.
Los tesoreros de las fuerzas políticas que aspiran a la presidencia, coinciden en que tras el aval para la utilización de los bonos, ahora estos podrían ser utilizados como mecanismos de financiamiento complementarios.
“Tenemos que ver en qué condiciones entrarían los bonos, porque hay que complementarlo con las obligaciones contraídas por el partido con el fideicomiso”, opinó Leda Zamora, encargada de las finanzas del PAC.
Mientras tanto, el tesorero del Frente Amplio, Roberto Alfaro, explicó que el partido utiliza los bonos solamente para el pago de las empresas de comunicación; por lo tanto, la prohibición establecida por los magistrados no afectará en nada al partido. A diferencia de campañas pasadas, el FA emitiría hasta dos series de bonos, detalló Acosta.
Entretanto, en las filas libertarias su tesorero, Ronaldo Alfaro, considera que con el acceso a los bonos se podría pagar el fideicomiso que se ha convenido con el banco Lafise.
La prohibición para la participación de las sociedades anónimas en la adquisición de los bonos de deuda, es vista con buenos ojos por parte del encargado de las finanzas de la campaña de Johnny Araya, Orlando Guerrero, para quien las facultades dadas al Tribunal hacen que este participe más en la manera en cómo se llevan las campañas y no solo en el conteo de votos; “pero esta es una discusión que deberá hacerse en otro momento”, acotó.
