Diversos sectores consideran urgente una reforma electoral.

A pesar de que se han presentado gran cantidad de propuestas que buscan llevar a cabo reformas al Código Electoral, la mayoría se han topado con un muro de oposiciones. Ante esta situación, diversos sectores plantean que es necesario contar con una reforma electoral progresista, que permita procesos mucho más transparentes.

De acuerdo con un trabajo especial realizado en el 2009 por el Informe Estado de la Nación, los temas más relevantes para impulsar una reforma electoral están relacionados con financiamiento político, sistemas de elección de diputados, mecanismos de participación ciudadana, carrera parlamentaria y forma de gobierno.

Dicho documento plantea que existe una pérdida de la representatividad de la población en el sistema político, pues desde 1962 hay 57 puestos de diputados en la Asamblea Legislativa -cuando la población era de 1.2 millones de personas-, y hoy el país cuenta con unos 5 millones de personas.

Sobre el financiamiento de partidos políticos, el informe plantea que debería existir una participación más equitativa de los partidos pequeños, encontrar un mecanismo eficaz para la asignación de recursos y establecer un mayor control en la emisión de bonos de campaña.

Pero los diversos sectores interesados -incluido el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)- no han logrado presentar una propuesta ante el Congreso que alcance un verdadero acuerdo o pareciera que no existe mucha voluntad política para plasmar una legislación que cumpla con una mayor eficiencia del sistema.

Este criterio es apoyado por el politólogo Francisco Barahona, quien formó parte hace diez años de una comisión de notables que desarrolló una propuesta integral para reformas  electorales.

“No hay voluntad para hacer una reforma progresista. Los partidos políticos no representan a la gente, sino a los intereses de los líderes políticos que los eligieron, por lo que más bien  evitan imponer cambios”, externó Barahona.

En contraste, el diputado liberacionista y presidente de la Comisión de Reformas Electorales en la Asamblea Legislativa, Fabio Molina, aseguró que en dicha comisión se han conocido cerca de 16 proyectos de reforma y la mayoría ha sido dictaminada negativamente por los diferentes partidos políticos que la integran, pues ninguna ha logrado consenso.

“Nos corresponde a los diputados ahora desarrollar un código electoral nuevo, donde se establezcan mecanismos para administrar el sistema de bonos y el adelanto efectivo de los recursos. Además, los actores principales del proceso deben ser los partidos políticos y los ciudadanos y no el TSE, como se da en la actualidad”, argumentó Molina.

Para el legislador, se requiere una serie de cambios que limitan la espontaneidad, creatividad y entusiasmo de las campañas políticas, al establecer un exceso de permisos para llevar a cabo cualquier actividad o desembolso de recursos.

“Debemos penalizar el financiamiento indebido, ver cómo entra la plata a los partidos, pero no mantener este sistema; todos los partidos presentan problemas, entonces lo que falla es el Código y no la administración política”, acotó.

REFORMAS URGENTES

Según Francisco Barahona, en el pasado solamente se han hecho modificaciones tenues y superficiales al Código Electoral, pero aún queda mucha tela que cortar; por ejemplo, dar una redistribución geográfica del voto elector, y así redistribuir la cantidad de diputados, para dar una verdadera representatividad.

“El número de diputados no puede ser antojadizo, tiene que establecerse bajo un concepto de representación ciudadana, definir por cada cuántos miles de habitantes se necesita un diputado y entonces veremos si es conveniente extender la cantidad”, indicó Barahona.

También hay que entrarle a la forma en que se plantean las listas de diputados, pues siguen siendo escogidos por los partidos políticos y en muchas ocasiones ni se conoce a los candidatos.

Por su parte, Diego Brenes, asesor del TSE, considera que el tema prioritario por tratar en una reforma electoral es el financiamiento partidario, pues existen prácticas y formas de manejar los recursos en los partidos políticos que deben subsanarse.

“Los bonos de la deuda política es lo más débil, pues es una figura perversa. El bono vale lo que las encuestas dicen que vale, de manera que si un partido está bien posicionado puede vender sus bonos, pero si es un partido pequeño, difícilmente podrá hacerlo”, alegó Brenes.

En esta materia, acotó el experto, se establece que no pueden existir donaciones de extranjeros, pero las personas jurídicas costarricenses compran bonos; el problema es que detrás de una compañía puede haber inversores internacionales, incluso vinculados con el narcotráfico. Dicha situación resta transparencia.

“Como los partidos emiten diversos tipos de bonos, algunos de ellos podrían no cobrarse nunca y sería viable que se den casos en los cuales se coloquen series de bonos, a sabiendas que nunca se pagarán ni verificarán; este es una donación encubierta”, sostuvo Brenes.

Fue enfático en la necesidad de establecer una reforma que establezca verdaderos controles e incentive la transparencia; aseguró que el Tribunal dará un no rotundo a cualquier reforma involucionista.

En estos momentos la comisión de la Asamblea Legislativa cuenta con varias propuestas por analizar, entre ellas, una propuesta por el Tribunal que se enmarca en diversos temas (ver recuadro), otra que plantea el tema del voto preferente, donde los diputados serían elegidos por los ciudadanos y no por los partidos.

También existe una iniciativa para crear una fiscalía de delitos electorales y otra para la incorporación de franjas electorales en los medios de comunicación, que establecería un tiempo determinado para pautar y sería el TSE el que lo controlaría y distribuiría en proporciones iguales a todos los partidos.

Propuesta del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha presentado una iniciativa de reforma electoral que busca el fortalecimiento de los partidos políticos, una mayor transparencia, controles eficaces y sanciones efectivas, así como una mayor equidad en la contienda.

Para alcanzar estas metas plantean una serie de reformas:

-Eliminar bonos de deuda política y como medida compensatoria propone transporte gratuito para las elecciones.

-Aumentar el porcentaje de adelanto de la deuda política; es decir, generar muchas contribuciones en lugar de grandes focos.

-Eliminar la publicación impresa que deben hacer los partidos políticos cada seis meses y sustituirlo por una divulgación en la página del Tribunal, para ahorrar en gastos de publicación.

-Crear incentivos fiscales a los donantes y auditorías internas.

Ciudadanos presentan acción contra Código Electoral

Un grupo de ciudadanos presentó en días pasados una acción de inconstitucionalidad contra el Código Electoral, por un asunto de forma y fondo, y están a la espera de que la Sala Constitucional anuncie si lo acoge.

Con respecto a la forma, aseguró Gabriel Bonilla -uno de los impulsores de la iniciativa-, la Constitución Política prevé que las normas electorales no se pueden cambiar seis meses antes de las elecciones, salvo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no se manifieste en desacuerdo.

Sin embargo, cuando se aprobó una serie de modificaciones en agosto del 2009, no se hicieron consultas finales al TSE -que emitió su criterio en enero de ese año-,  a pesar de que se realizaron cambios sustanciales en agosto.

Por otra parte, en los temas de fondo, la acción de inconstitucionalidad plantea que se estableció un nuevo mecanismo de deuda política, en el cual el TSE se encarga de autorizar el giro de la deuda, cuando por ley es la Contraloría General de la República la que fiscaliza los fondos públicos.

En su denuncia plantean que el TSE no tiene el mandato constitucional, la capacidad, el conocimiento, la estructura, ni la especialización para autorizar el uso de la deuda política o auditar los dineros.

“Otro tema, tiene que ver con el porcentaje de la deuda política, donde se establece un 0,19 % (del PIB), es decir pasará de ¢16.000 millones en 2010 a ¢40.000 millones en el 2014”, detalló.

Según Bonilla el modelo de deuda política adelantada, ya ha sido declarado inconstitucional por la Sala IV, pues crea distorsión hacia los partidos nuevos y de alguna manera fortalece a los más fuertes y grandes; además se trasladó el financiamiento a bancos del Estado, los cuales se basan en las encuestas para repartir los recursos.

Aunado a estos criterios existen otros temas de inconstitucionalidad que plantea el recurso y que está a la espera de una respuesta por parte de la Sala Constitucional, la cual solicitó más información a los denunciantes.