Patrullas en desuso depositadas en la delegación de Montecillos, Alajuela. (Foto: cortesía de la diputada Nidia Jiménez)
De las 350 patrullas que la República Popular China donó al Gobierno de Costa Rica en el 2009 y 2012, solo poco más de medio centenar están en servicio y el resto −en su mayor parte− está a la intemperie en un predio de la Fuerza Pública en Montecillos de Alajuela, así como en otras delegaciones.
Llama la atención que, por el contrario, 50 patrullas del mismo tipo asignadas al Consejo de Seguridad Vial, están siendo usadas por la Policía de Tránsito.
Más de un centenar de las patrullas FAW Berturn donadas por China (que al precio sin impuestos le costarían al gobierno alrededor de $25.000 cada una −unos ¢13,3 millones−) se deterioran en el mencionado predio, muchas con la carrocería en perfecto estado.Los representantes del Grupo Automotriz TCR, agencia de la marca FAW en Costa Rica, dicen que la situación la constataron desde mediados del año pasado, cuando encontraron unas 180 unidades paradas, al hacer un estudio a pedido de autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que estarían interesadas en iniciar un plan de rescate y puesta a punto de los vehículos.
Sin embargo, el plan no se concretó, y el MSP más bien hizo una millonaria compra de 550 carros nuevos marca Toyota.
Ante los hechos surge la pregunta de si las patrullas han tenido el mantenimiento que la lógica y la normativa legal exigen a las autoridades responsables en el cuido de bienes públicos, máxime tratándose de vehículos sometidos a un intenso uso, como es el de la Fuerza Pública.
La pregunta se la hizo un grupo de diputadas y diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), que el mes pasado envió una solicitud a la Contralora General de la República, Marta Acosta, para que investigue el mantenimiento preventivo y correctivo que el MSP dispensó a las radiopatrullas donadas por China.
“Dado el compromiso político expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, de asignar recursos suficientes para financiar las acciones pertinentes dirigidas a aumentar la seguridad ciudadana, deseamos que se investigue la asignación de recursos dirigidos al mantenimiento del equipo de radiopatrullas del Ministerio de Seguridad Pública en los presupuestos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014”, señalaron.
Los legisladores sustentaron la solicitud en diversas leyes y reglamentos, que asignan a los funcionarios el deber de protección y conservación de los bienes que integran el patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido o irregularidad.
Específicamente piden que se investiguen los recursos asignados a la adquisición de repuestos, el cumplimiento de las normas de control interno dirigidas a asegurar el uso, conservación y custodia de las patrullas FAW, si se justificaba la compra de patrullas nuevas sin que se haya dado mantenimiento preventivo y correctivo a las existentes, y que se determine eventuales responsabilidades de funcionarios por tardanza, omisión o negligencia en la salvaguarda del equipo.
La diputada del PAC Nidia Jiménez –quien ha hablado del tema en el plenario legislativo− dijo que van a estar pendientes contando los días a la espera de la respuesta de la Contraloría, porque este caso trae un historial y es importante que el pueblo de Costa Rica lo conozca (ver recuadro).
La diputada cree que los vehículos no han recibido el mantenimiento que la ley establece, en una apreciación distante de la que dieron responsables de transportes y mantenimiento de los vehículos en Seguridad Pública, pero coincidente con lo que en privado comentan funcionarios directamente relacionados con el día a día del trabajo de la flotilla.
“Se nos hizo una donación (de patrullas) y la gente aceptó la donación, pero no planificaron que a esos vehículos había que darles mantenimiento. De la donación del 2009 la mayoría ya están fuera de servicio por diferentes daños, porque el Ministerio no coordinó la respectiva compra de repuestos para darles mantenimiento. Y con las del 2012 igual; si no se planifica el mantenimiento preventivo van por el mismo camino: quedar fuera de servicio e ir a dar al lote de Montencillos”. Esto lo dijo uno de los encargados, bajo la condición de no citar su nombre.
Los representantes de la empresa TCR dicen que en el 2013 notaron una reducción en la compra de repuestos por parte del MSP, a pesar de que habían entrado las nuevas patrullas del 2012. Solo hubo dos compras pequeñas, la última en noviembre pasado, y este año no han realizado ninguna.
Sigifredo Jiménez, presidente de la empresa, sostiene que el año pasado hicieron una considerable importación de repuestos para el mantenimiento de las FAW, luego de que en una reunión convocada en el despacho del viceministro administrativo (Agustín Barquero) del MSP, se les preguntó si podrían garantizar el suministro de repuestos, porque había urgencia de parte del ministro (Mario Zamora) de reparar las patrullas varadas y poner a punto las que estaban en servicio, para los operativos de fin de año.
Según Jiménez, les pidieron hacer una evaluación de las unidades, para ver cuales estaban en condición de ser reparadas y presentar un informe de esos costos y del mantenimiento de la flotilla.
Hicieron el estudio y presentaron el informe en una reunión posterior con varios funcionarios y un asesor del ministro al que se le había encargado el plan de recuperación; empezaron a decir que resultaba muy caro reparar las unidades y que era mejor comprar carros nuevos, por medio de un convenio marco con el Ministerio de Hacienda.
Recordó que pasaron los días sin que se les informara qué se había decidido, y en eso apareció la presidenta Laura Chinchilla entregando a la Fuerza Pública los pick ups y otros modelos nuevos de la Toyota que se habían comprado.
El empresario Jiménez cree que fueron utilizados, al pedirles que hicieran el avalúo, que representó un alto costo en tiempo y dinero para la empresa, pero que la información fue utilizada para justificar la compra del equipo nuevo, en vez de rehabilitar el que había.
Kenneth González, quien entonces era asesor del ministro, aseveró que la intención del jerarca siempre fue rescatar esas patrullas, y se había programado un plan de recuperación y diagnóstico, pero la parte policial en algún momento dijo que esas patrullas no eran de su interés, porque no se desempeñaban de acuerdo con lo que necesitaban y entonces no interesaba rescatarlas.
Se quiso conocer el punto de vista del exministro Zamora, pero respondió con mensaje de texto que el despacho del ministro no tiene a su cargo el mantenimiento de las patrullas, sino el jefe del programa correspondiente, por lo que sugirió consultar a esas instancias.
Como referencia, hay una nota de mayo del 2013, en la que Heiner Sanabria, coordinador técnico, y Kattia Pérez, jefa del Centro de Servicio de Transportes, le comunican al director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, que se ha recibido el nuevo lote de 150 de nuevas patrullas FAW, que se sumaban a las 200 recibidas anteriormente, y que el estado general del parque automotor era deficiente, por el uso excesivo que debían darle para cumplir con la prestación del servicio de seguridad ciudadana.
“A la fecha, el 100% de la flota presenta alguna necesidad de mantenimiento preventivo
básico, en los sistemas de frenos, motor, trasmisión de velocidades y suspensión. Además, existen muchas unidades fuera de servicio, lo que agrava la prestación del servicio de vigilancia”, señalaban, para luego concluir que era urgente adquirir repuestos para atender la condición mecánica de esas patrullas.
Sin embargo, la solicitud de compra que hizo el Ministerio fue de pequeñas cantidades de algunos repuestos, en la que la mayor cantidad eran 40 cajas de pastillas de frenos.
DE SALIDA
Randal Vega, director de Transportes, detalló que las primeras 200 patrullas están prácticamente de salida y repararlas es oneroso. Mencionó que el hecho de que en los primeros nueve meses del 2009 no hubiera repuestos en el país, y el uso dado por las necesidades de la Fuerza Pública, son factores que impactaron en la condición de los vehículos
Existe una comisión que recomendó darles de baja a las que quedan, 15 patrullas fueron declaradas en pérdida total y 90 fueron donadas, puntualizó.
De las del 2012 muchas están en el patio de Montecillos, esperando reparación y a otras habría que darles de baja. Agregó que ahí hay unas 105 que no han sido dadas de baja.
Según Vega, se están “generando contrataciones” para arreglarlas de varias maneras, que puede ser por compra de repuestos, para repararlas en los talleres propios del Ministerio; mandar las que tienen daños más serios a talleres externos; utilizar piezas de los vehículos declarados en pérdida total, o reparar con los reclamos de la póliza de seguros.
Gerber Marchena, jefe de mantenimiento, expuso que el dilema que tienen es cómo utilizar mejor los pocos recursos que hay, si mantener los vehículos que están en mejores condiciones o reparar los más deteriorados. En esa circunstancia, hay que darles mantenimiento a los que están circulando y reparar aquellos en que el costo sea bajo, argumentó.
Cabe señalar que el presupuesto aprobado para mantenimiento y reparación de vehículos de la Fuerza Pública en este año es de ¢701 millones, monto que según estimaron personas vinculadas al comercio de vehículos, es menos de lo que se necesitaría para dar mantenimiento adecuado a las patrullas FAW. Además, queda por ver cómo impactará en este rubro la directriz del Gobierno dada la semana pasada, de recortar el gasto en un 20% en las dependencias del Gobierno Central.
Sorpresa
La diputada del PAC, Nidia Jiménez, aseguró que se llevó una gran sorpresa cuando le dijeron que en un predio de la Fuerza Pública en Montencillos, Alajuela, había botadas una gran cantidad de patrullas, y que otras andan circulando sin prevención de arreglo como establece la ley.
“Pude constatar en Montencillos, que había 146 patrullas; yo las conté, tengo fotos, y además me informaron que ya habían salido unas 100 para chatarra.
Dentro de la información que me dan es que algunas han sido desahuciadas solo por problemas de batería. Creo que eso merece una investigación y lo sometí a la Contraloría, para ver qué ha pasado con esto”, dijo Jiménez.
Añadió que el argumento que se ha dado es que las patrullas son de mala calidad, pero se ha constatado que no es así, y también se ha dicho que no hay repuestos, lo cual tampoco es verdad, pues en bodegas la empresa representante tiene más de ¢100 millones en repuestos, y se han quedado porque a los vehículos no se les da el mantenimiento que la ley establece, en bienes que son patrimonio del Estado.
Unidades “generosas”
Entrevistado por UNIVERSIDAD, Nils Ching, subdidrector de la Fuerza Pública, afirmó que cada año se han comprado repuestos para patrullas FAW. Del 2009 a la fecha se han invertido más de ¢620 millones, y este año hay cerca de ¢140 millones que se van a comprar.
A la pregunta de si este año se han comprado, dijo que “estamos en ese proceso ahorita”. Negó (contrario a lo que afirmaron otras personas del Ministerio) que él haya dicho que no había interés en mantener esas patrullas.
Ching expresó molestia con las preguntas, al creer que van en la misma línea de lo que le plantearon representantes de la empresa a los que recibió hace unos dos meses, cuando sintió que querían responsabilizarlo y presionarlo para obligar a reparar todas las patrullas, pues se dio cuenta −porque ellos mismos se lo dijeron−, que tenían un lote grande de repuestos en el país.
Negó que él o personal de su oficina participaran en las mencionadas reuniones de la empresa con funcionarios del Ministerio, por lo que desconoce qué negociaron y dónde es que ellos tienen ese lote de repuestos.
Respecto a la condición de las unidades, piensa que han sido “muy generosas” y más bien hay muchas en servicio (igual opinión sobre la calidad dieron otros funcionarios y choferes que trabajan con ellas).
Hay que considerar –externó Ching− que normalmente en cuatro o cinco años los vehículos en el Ministerio “bajan mucho su caudal de respuesta”, al ser vehículos que están en servicio las 24 horas todos los días y que hay que utilizarlos en terrenos de difícil acceso, ya que la policía tiene que prestar el servicio donde se requiera y no puede alegar −como lo puede hacer un taxista, por ejemplo−, que el terreno no es para las condiciones técnicas del vehículo.
Según informó el subdirector de la Fuerza Pública, del total de 350 patrullas, 15 fueron dadas en orden de desmantelamiento, porque habían sido declaradas en pérdida total por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
De las 200 que fueron recibidas en el 2009, quedan 11 en servicio, 19 están esperando diagnóstico para decidir qué hacer con ellas, y 90 fueron donadas a instituciones públicas. No lo dijo, pero se deduce entonces que las restantes 80 estarían desechadas.
De las 150 recibidas en el 2012, hay 55 activas, y 41 “están esperando esta inyección de contenido (dinero) para evaluarlas y ver cuánto es lo que se requiere para repararlas”, precisó Ching, de donde se desprende que 54 estarían de salida.
