Península de Osa: Crece oposición a proyecto minero

Pescadores, oreros, biólogos y empresarios del turismo coinciden en su descontento con un proyecto para realizar una exploración minera en las aguas del río

Empresarios turísticos, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas coinciden en rechazar una iniciativa sobre el río Rincón.

Pescadores, oreros, biólogos y empresarios del turismo coinciden en su descontento con un proyecto para realizar una exploración minera en las aguas del río Rincón, en la península de Osa.
Así lo comprobó UNIVERSIDAD tras realizar una gira a la zona entre el 9 y el 11 de febrero, en la cual además fue evidente el descontento por la poca información que de manera oficial circula al respecto.

Una de las partes más preocupadas es la Asociación Administradora de Acueducto (ASADA) de La Palma de Puerto Jiménez, pues sus funcionarios explicaron que el área solicitada para la concesión del proyecto minero, abarca el 80% de las nacientes captadas por el acueducto que manejan (Ver recuadro Acceso al agua).

El recorrido de UNIVERSIDAD por la región fue posible gracias a un convenio entre la Fundación Neotrópica, que mantiene una estación de investigación en la zona denominada Centro de  Estudios y Empoderamiento Comunal Álvaro Wille Trejos (CEEC-AWT), y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según explicó la bióloga Marcia Carranza, directora de ese Centro, una de las principales preocupaciones ante el proyecto de minería es que el río Rincón ya ha sufrido en el pasado los efectos de la minería y que hoy su comportamiento durante la estación lluviosa es problemático, pues tiende a desbordarse.
“El proyecto minero especifica doce puntos de exploración minera, de los cuales ocho se encuentran directamente sobre tomas de agua del acueducto de la comunidad de La Palma. Además, tememos que el proyecto cause una gran sedimentación que irá a dar al Golfo Dulce, lo cual tendrá implicaciones en la actividad turística”, manifestó.
La bióloga detalló además que cuando se da la erosión, lo primero que afecta es el manglar que a su vez es clave para la reproducción de muchas especies de fauna. “El manglar del río Rincón es el mejor conservado de la zona, así que es mucho lo que hay en juego, es una situación de todo o nada”.

EXPLORACIÓN MINERA

El sitio en cuestión se ubica en el distrito de Jiménez, en Golfito de Puntarenas; se trata de un área de 16 kilómetros cuadrados y busca realizar sondeos en el lecho del río Rincón.
UNIVERSIDAD ya informó sobre la iniciativa llevada a cabo por la empresa  Consultorías Turísticas del Pacífico S.A., la cual presentó ante la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tendiente a lograr una concesión para exploración minera en el cauce del río Rincón (Ver edición del 20 de enero).
En esa oportunidad, el geólogo Fernando Nietzen, coordinador del EIA, señaló que la concesión solicitada abarcaría “una parte ínfima” del río,  que “el 90% pertenece a áreas como laderas y montes” y que “no se proyecta cortar árboles ni hacer caminos”.
Señaló que la sedimentación en la fase de  exploración sería “mínima” e indicó que se trataría de una operación “más amistosa” para el ambiente que la extracción de materiales para la construcción, pues según dijo, “no quedará ningún daño visible”.
Poco después de la publicación de UNIVERSIDAD, en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda, el jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),  Jorge Rodríguez, expresó que por orden del presidente Óscar Arias el trámite de este proyecto “estaba paralizado”. Por su parte Sonia Espinoza, secretaria de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), expresó a ese  medio que “será disposición del nuevo gobierno” la decisión de que esa instancia evalúe un EIA.
Sin embargo, al ser consultado nuevamente, Nietzen aseguró a UNIVERSIDAD que el proyecto continúa su trámite tanto ante esa Secretaría como ante la Dirección de Geología y Minas del MINAET.

OPOSICIÓN LOCAL

Mientras tanto, en la zona el proyecto no ha ganado adeptos sino todo lo contrario, pues varias fuentes consultadas por UNIVERSIDAD coincidieron en manifestar su rechazo.
Merlyn Oviedo, empresario turístico propietario del hotel Danta Corcovado Lodge, lamentó  que la concesión solicitada abarca un terreno “ ubicado a 500 metros de mi propiedad” y recordó que además incluye la estación Los Patos del Parque Nacional Corcovado, pues el río Rincón es límite de ese Parque, y vincula también a la reserva indígena Gnöbe que se encuentra cerca.
Tras asegurar que “el 98% del terreno solicitado es bosque primario”, señaló que “tenemos 254 hectáreas de bosque protegidas para el acueducto de la comunidad, y van a hacer exploración minera en esa área. Está completamente verificado que es así a partir de las coordenadas que dieron, estaría afectando 14 nacientes de agua”.
“Aquí vivimos del ecoturismo y si vamos a tener máquinas  trabajando sería algo que me daría vergüenza mostrar. En lo personal me afecta porque los voy a tener justo al lado de mi propiedad, con el ruido que implica; sin embargo, a todos los hoteles de Osa les perjudicará el solo hecho de que se sepa que hay un proyecto de exploración minera en la Península”.
También se mostró en contra de la iniciativa minera Juan Eduardo Barrozo, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo Dulce (ASOPEZ). Esa organización ha buscado resolver el creciente problema de pobreza entre los pescadores y sus familias impulsando proyectos de ecoturismo rural.
Según dijo, el primer paso fue convencer a los pescadores de dejar de usar mallas en la pesca, lo cual constituye una de las formas de pesca más rentables, aunque es más nociva con el ambiente.
“La segunda parte es la siembra de mangle con la ayuda de la Fundación Neotrópica y su proyecto Mangle Benín. Se trata de la limpieza natural del Golfo, pues el mangle actúa como un gran filtro que recolecta toda la sedimentación ocurrida durante el invierno.  Así, tendríamos aguas más claras y mejores para la fauna marina”, aseguró.
Barrozo puntualizó que a los pescadores les perjudicaría precisamente en ese esfuerzo de siembra de manglar. “Estamos tratando de sembrar filtros para el Golfo, pero vamos a tener el río contaminando por la sedimentación, lo cual también puede incidir en la muerte de los moluscos que se reproducen en el área de manglar”.
 El dirigente también lamentó que la información que les llega sobre el proyecto es “casi nula, nos enteramos a través de la ASADA de La Palma”. “En la Península -añadió- ni siquiera se sabía que se busca establecer un proyecto minero”.
Barrozo recordó que desde hace 20 años han surgido iniciativas de minería en el Río Rincón y “no ha implicado buenos resultados”, pues los trabajos de extracción dejaron “una mayor sedimentación en el río y  más inundaciones en las partes aledañas. Ahora el proyecto que están por abrir no nos parece correcto, somos los vecinos quienes nos veremos perjudicados y somos los últimos en saber al respecto”.
La ubicación del proyecto minero también es muy cercana a la Reserva Indígena Gnöbe Alto Laguna. Se trata de una comunidad de alrededor de 200 personas, la mayoría de ellas se dedica a la agricultura de subsistencia, según explicó a UNIVERSIDAD Mariano Marquines, líder comunal y empresario turístico.
Marquines no dudó en manifestar que la iniciativa de Consultorías Turísticas del Pacífico S.A.  “no nos beneficia en nada, más bien nos va a perjudicar porque sabemos que no nos ocuparán a nosotros, pero principalmente porque tratamos de impulsar proyectos turísticos compatibles con la naturaleza. Desde el 2000 inicié un proyecto de turismo y ha sido muy difícil sacarlo adelante, la minera me perjudicaría pues el río Rincón es mi vecino”. 
Marquines aseguró que algunas personas creen que esta iniciativa les permitirá orear, “pero en realidad no aportará ningún beneficio, el oro se irá a otro lado”.
La Asociación de Oreros de Cerro de Oro (ASOCO) también suma su voz a la oposición al desarrollo de una nueva mina en el río Rincón. Joel Cerdas, presidente de esa organización, enfatizó que “se trata de una empresa transnacional y de ninguna manera esperamos que nos beneficie, es como el caso de la mina en Crucitas, beneficio a la comunidad sería que dejaran al menos el 10% de la ganancia bruta del oro comercializado”. Cabe recordar que en Costa Rica el canon que pagan las empresas mineras es del 3% del valor del recurso a explotar.
Según explicó Cerdas, esa asociación se formó hace cuatro años con el fin de ofrecer alimentación, alojamiento, tours de montaña y presentaciones de oreo artesanal (búsqueda de oro) al turismo a través de un proyecto denominado Jaguar de Oro.
“Desde hace 20 años he sido orero y conozco el Parque Nacional Corcovado muy bien por dentro y por fuera. Antes el oro se quedaba en el país, en cambio ahora se trata de empresas que lo venden en el exterior. Hace 18 años la cooperativa Coopeunioro tuvo una concesión de la Dirección de Geología y Minas en la misma área, sin embargo ésta fue congelada y ahora se la quieren dar a esta empresa. Esto es una injusticia”.
Otra bióloga que dio declaraciones a UNIVERSIDAD es Daniela Solano, quien trabaja en diferentes proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y es fundadora de la Coalición Sur, una iniciativa de difusión de información entre los grupos ambientalistas de la zona.
Solano subrayó que en este caso, “sólo esta empresa vería los beneficios de la actividad, mientras que el Parque Nacional y la reserva forestal son de todos los costarricenses”. Tras reconocer que en la zona faltan muchos puestos de trabajo, destacó que “la realidad es que las iniciativas de ecoturismo pueden dar más trabajo estable”.
 La bióloga manifestó su inquietud por los impactos que sobre la cuenca baja del río Rincón puedan tener cambios hechos en la cuenca alta. “Podrían darse inundaciones, el año pasado fue un poco seco, pero no sabemos si este año lloverá mucho, entonces lo impredecible de las lluvias, más los trabajos de exploración minera en la cuenca alta,  podría tener consecuencias catastróficas para las comunidades aledañas”.
Solano dio la voz de alerta pues según dijo, en el estrecho de 20 kilómetros entre los ríos Tigre y Rincón, “hay 14 concesiones otorgadas sobre siete ríos para minería de materiales para la construcción, es una actividad que se podría concesionar a asociaciones de desarrollo, de manera que el beneficio quede para las comunidades”.
Añadió que en la zona existe una especie de ave endémica, la cotinga de pico amarillo, cuyo hábitat se ubica justo en los manglares en la boca del río, y sube a la cuenca alta. “Está en peligro pues las poblaciones son muy bajas y los cambios en el río le pueden afectar”.
Ante esas inquietudes, el geólogo Fernando Nietzen negó que el trabajo que se planea desarrollar sobre el río Rincón implique mayores inundaciones en la zona. “Esa preocupación no tiene base, se tratará de material grueso prelavado, se puede dar un enturbiamiento del agua por partículas coloidales, pero sumarán a lo mucho un metro cúbico de material que no puede causar desbordamientos”.
Según explicó, esas partículas coloidales son las que tienen arcillas rojizas típicas de la zona y que fueron un gran problema “con el tipo de minería antiguo y con el cual se deslodaban las laderas. El sistema que proponemos no tiene que ver con las laderas, hablamos de material aluvial, como cantos rodados, que no es arcilloso y máximo de unos 40 centímetros de diámetro”.
Sobre la inquietud de que la maquinaria implique daños al ambiente o una cantidad importante de ruido, explicó que durante exploración se harán huecos “en el puro cauce para procesar el material y controlarlo” con una draga equipada para ello, “pero el ruido será absorbido totalmente por la bulla del mismo río y la vegetación”.
Además, insistió en que pretende implementar un sistema “que no requiera de maquinaria para la explotación”. Según dijo, ha trabajado en el desarrollo de ese nuevo procedimiento que “no utiliza químicos ni maquinaria, se trata de una iniciativa que puede beneficiar a las familias locales, podría incluso ser hasta atracción turística el ver cómo se extrae oro sin causar daños al ambiente”.
Nietzen reconoció la falta de contacto con las comunidades, aunque dijo que durante la confección del EIA, salvo una asociación deportiva y “un grupo de oreros de Cerro de Oro”, “no encontramos organizaciones o asociaciones que intenten ayudar al ser humano, aunque hay muchas para proteger a la vida natural”.


Acceso al agua


El pasado 9 de enero la junta directiva de la ASADA de La Palma de Puerto Jiménez envió una carta a Sonia Espinoza, secretaria de la SETENA, informándole de su “formal oposición” al proyecto minero, entre otras razones porque “la zona solicitada para la concesión minera incluye más del 70% de la zona de captación de las dos microcuencas que constituyen la reserva del acueducto de La Palma”.
Esa misiva también apunta que la concesión incluiría “el 80% de las nacientes que en la actualidad están siendo captadas” en la reserva de la Quebrada La Palma.
Esa ASADA ofrece el servicio a las comunidades de La Palma, Puerto Escondido, Guadalupe, Playa Blanca y parte de La Amapola, lo cual quiere decir que administra cerca de 900 servicios de agua potable para una población de 4.000 personas.
“La actividad minera requiere de gran cantidad de agua, por lo que el impacto en el acueducto no sólo sería la contaminación de nacientes y la afectación de los tendidos y tuberías de captación en el bosque, sino la competencia que en sí significaría la operación de las minas, las cuales utilizarían el agua que actualmente se almacena en los acuíferos que abastecen a la comunidad. Por lo anterior, aunque se mitiguen los efectos en las nacientes, habrá menos agua para las comunidades y su desarrollo”, señala el texto.
Así, la ASADA solicitó entre otras cosas la suspensión del trámite de la concesión solicitada por Consultorías Turísticas del Pacífico S.A., así como la realización de estudios hidrogeológicos profundos que demuestren que los manantiales que dan agua a las comunidades locales no se verán afectados. También puntualiza la necesidad de que se difunda mayor información al respecto “puesto que obtener copia del Estudio de Impacto Ambiental (…) para las comunidades rurales ha sido prácticamente imposible”.
Sin embargo, esa Asociación no obtuvo respuesta alguna a esa misiva. Juan José Jiménez, secretario de la junta directiva, recordó que a finales de año se enteraron del proyecto “porque un científico local tuvo acceso a cierta información. Nos dimos cuenta de que había que correr, pues estábamos dentro del plazo de diez días hábiles que otorga la SETENA para presentar argumentos de oposición; se trataba del periodo de Navidad y aun así logramos conseguir información y presentar nuestro criterio”.
“No hemos sabido nada de parte de la compañía, no sabemos quiénes son y de parte del Estado tampoco hemos recibido nada de información, acudimos a la oficina subregional del MINAET y no sabían nada, al igual que el director del Parque Nacional Corcovado”, advirtió.
Sentenció que “tememos que cuando nos demos cuenta, estén metiendo maquinaria. Esta ASADA nunca ha sido tomada en cuenta por el MINAET en sus mecanismos supuestamente de consulta. El flujo de información hacia la sociedad civil está cortado”.
Jiménez se cuestionó :“¿Cómo es posible que el Estado incentive una actividad opuesta a lo que ha pasado en los últimos años? ¿Cómo es posible que el Gobierno haya desplazado a campesinos en aras de la protección de recursos y ahora se solicita una concesión de minería sobre esos mismos terrenos?”
Cuestionado sobre las coincidencias señaladas en la carta a SETENA sobre la ubicación del proyecto en el área de protección de las microcuencas del Acueducto La Palma  y sobre el 80% de las nacientes que abastecen ese servicio, Jiménez externó su duda al apuntar que “tememos  que el proyecto en realidad pueda andar detrás del agua más que del oro; estamos en la obligación de ir un paso adelante y ser mal pensados”.
Al respecto, el geólogo Fernando Nietzen manifestó que la empresa no tiene interés en ningún recurso disponible que no sea metálico. Al mismo tiempo, aseguró que no se hará nada que afecte la toma de agua, “si es necesario establecer un área de amortiguamiento lo haremos, la empresa no quiere perjudicar a la comunidad”.
Cuestionado sobre la situación específica de que el área de concesión incluye la zona protegida para la disponibilidad del agua, respondió que “se supone que las tomas de agua no están a nivel superficial, si están a 10 o 15 metros de profundidad no se verán afectadas por el proyecto, vamos a respetarlas, queremos cooperar con la comunidad”.
 


 

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