En la visita de los legisladores a la propiedad de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, se percataron del avance de la remoción de material y limpieza del acceso a la zona. (Foto: Gerardo Vargas)
La explotación del tajo Asunción en Matama de Limón podría generar hasta ¢21.000 millones en ganancias anuales a la empresa concesionaria Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A.
No obstante, ahora el proyecto podría quedar “enterrado”, por las dudas que despiertan la explotación a cielo abierto de este tajo de más de 141 hectáreas.
En la publicación del Diario Oficial La Gaceta del 2 de diciembre del 2013, en la que se ratifica la concesión por hasta 25 años, se establece que el promedio de ganancia anual producto de la explotación del tajo ascendería a ¢21.000 millones, pero los ingresos netos al quinto año rondarían los ¢8601 millones.
Esos valores se establecen asumiendo que el volumen de ventas mensuales sería de 120.000 metros cúbicos de piedra, y a un valor promedio de poco más de ¢14.500 colones cada metro cúbico.
Por operación, los gastos para la empresa ascenderían a ¢16.000 millones, donde se incluyen los ¢8000 millones que podría recibir la empresa MECO, como pago por el alquiler de maquinaria para la extracción.
Hasta el pasado viernes, Eco Proyecciones del Nuevo Milenio tenía permiso para la explotación de la propiedad, que abarca más de 141 hectáreas, pero de las cuales solo el 37% serían utilizadas para la extracción de material que sería utilizado por la empresa Holandesa APM Terminals, para la construcción de una terminal de contendedores en Moín de Limón.
No obstante, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) inició el procedimiento de anulación de los permisos −emitidos desde julio del 2013−, luego de que Acueductos y Alcantarillados (AyA) consideró que el Tajo denominado Asunción afectaría nacientes de agua que la ciudad de Limón necesita para abastecerse de líquido con la construcción de un nuevo sistema de acueductos.
NULIDAD EN MARCHA
La Comisión Plenaria de la Setena envió a la Procuraduría de la República un escrito, en el que argumentaba la solicitud de nulidad absoluta del acto de otorgamiento de la concesión minera a Eco Proyecciones.
Empero, la Procuraduría delegó la potestad de decisión al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), según lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría, en sus artículos 4 y 5.
La solicitud de nulidad surge después de una visita realizada por la presidenta ejecutiva de AyA, Yamileth Astorga, a la finca concesionada.
Astorga asegura que existen dudas del impacto que este proyecto tendrían en las cuencas de agua de Limón; “es un proyecto de alto impacto ambiental”, opinó Astorga. (Véase: “Esa cuenca es la fuente de agua de la ciudad de Limón”)
La visita también fue realizada por diputados de la Asamblea Legislativa, dentro de los cuales estaba Gerardo Vargas, jefe de fracción del Partido Frente Amplio y además legislador por la provincia de Limón.
Para Vargas, “es imposible entender cómo dieron los permisos para hacer ese desastre”.
La aprobación de los permisos ambientales ocurrió en julio del 2013, en el seno de la Comisión Plenaria de la Setena, que está conformada por representantes de instituciones como AyA, Instituto Costarricense de Electricidad, el Consejo Nacional de Rectores, y Ministerios como el de Salud Pública, Agricultura y Ganadería, y Obras Públicas y Transporte.
El exsecretario general de la Setena, Uriel Juárez, conversó con UNIVERSIDAD y aseguró que al momento de emitir la viabilidad ambiental el proyecto gozaba de buen ambiente.
Recordó que luego de consultas al Área de Conservación de la Zona Atlántica y al mismo AyA, nunca expresaron dudas (véase: “Se nos dijo que el Tajo no iba a afectar proyectos del AyA”).
Al cierre de esta edición, la Setena acogió el recurso de nulidad interpuesto por el AyA, por lo que anuló la viabilidad ambiental que había otorgado al tajo.
CALVARIO
La concesión fue otorgada a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., en diciembre del 2013. Desde esa fecha la iniciativa lucha en contra de obstáculos legales.
En marzo anterior, la Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo presentado por la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral de Limón, en contra del Estudio de Impacto Ambiental del Tajo Asunción.
Ese mismo mes, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar, que días después fue anulada por el mismo Tribunal.
La medida fue solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva, cuyo secretario, José Luis Castillo, considera que la concesión es ilegal.
“No entendemos cómo sin permisos completos y eficaces, ellos están despedazando eso”, criticó. Agregó que la empresa no ha logrado demostrar la titularidad de la propiedad.
Aunque el terreno pertenece a Eco Proyecciones, el plano de la propiedad se encuentra a nombre de Norman Villegas Cruz. La información posesoria está en trámite ante el despacho del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la zona Atlántica en Limón bajo expediente 11-160083-0465-AG-6.
Róger Barboza, vocero de la empresa, desestimó dicho argumento. “El hecho de que usted no tenga una propiedad inscrita en el Registro, no quiere decir que usted no sea el propietario. ¿Cómo el Estado si me reconoce para cobrarme los impuestos de bienes e inmuebles, y cómo me va a cuestionar cuando ellos mismos me han otorgado una concesión?”, alegó.
A la empresa se le puso como condición para la ratificación de la concesión, “contar con la información posesoria del terreno que comprende el área solicitada”.
El diputado Vargas insiste que la empresa no tiene el derecho posesorio de las tierras. Esto el legislador lo respalda en dos votos del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial.
UN PERMISO TIMORATO
Como solo los ríos no se devuelven, la Setena decidió echar marcha atrás a su permiso ambiental al Tajo Asunción, que se explota en el distrito de Matama de Limón.
Los materiales que se extraerían serían utilizados no solo para construir el nuevo muelle de contenedores de Moín, sino para la ampliación de la Ruta 32, que comunica San José a Limón.
Tras 11 meses de haber avalado el proyecto, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental acordó el pasado viernes 27 de junio iniciar el proceso de revocación de la autorización.
Paralelamente se inicia en la Asamblea Legislativa una investigación en la Comisión de Ambiente, con el fin de determinar las responsabilidades en este proceso. Ante los legisladores irán a comparecer autoridades de las instituciones que avalaron la propuesta de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A.
La moción para la rendición de cuentas es impulsada por el legislador limonense del Frente Amplio, Gerardo Vargas, quien además comparó el impacto ambiental de este tajo con el daño provocado por la explotación de la mina Las Crucitas, en Cutris de San Carlos.
“En este país en la defensa de recursos naturales no podemos claudicar, vamos a luchar hasta que esos permisos sean revertidos”, manifestó Vargas.
A las voces opuestas a este proyecto se suma la Federación Ecologista de Costa Rica (Fecon), que por medio de su presidente, Mauricio Álvarez, cuestionó la actuación de las instituciones que dieron los permisos de operación.
“No sería la primera vez que se otorgan permisos y luego se caen porque se revisan a fondo y se dan cuentan que técnicamente son insostenibles”, externó Álvarez.
A Eco Proyecciones del Nuevo Milenio le avalaron la explotación de más de más de 141 hectáreas de terreno en Matama de Limón, de las cuales solamente usarán el 37%.
La decisión de la Setena abre un escenario nuevo, en el cual la empresa deberá defender sus acciones y con ello evitar que el proyecto se congele.
Empresa concesionaria analiza escenarios legales
Róger Barboza, vocero de la Empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, se enteró por la prensa que la Setena podría anular la viabilidad ambiental a la concesión que su sociedad posee, para la explotación de un tajo en el distrito Matama de Limón.
Respecto a cómo tomaron la noticia, dijo que “nosotros no hemos sido notificados, solo lo sabemos de manera indirecta”.
En el 2011 la sociedad anónima inició ante la Setena los trámites para recibir el aval ambiental, que les fue otorgado hace poco menos de un año. A Eco Proyecciones del Nuevo Milenio se le concedió la potestad de explotar un tajo en Limón para la extracción de piedra caliza.
La explotación se realizará a cielo abierto, por medio de maquinaria pesada y explosivos, según se detalla en la publicación del diario oficial La Gaceta, del 2 de diciembre anterior.
Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A es una empresa afincada en San Ramón de Alajuela, de donde es su apoderado general Gerardo Arias Cruz.
Ante la solicitud de AyA a la Setena, de reconsiderar el permiso ambiental otorgado por posible daño ambiental a las fuentes de agua del cantón de Limón, Barboza expresó que “esto me lleva a reforzar la idea de que el Tajo Asunción se ha politizado, y hay grupos que quieren frenar los planes de desarrollo de la provincia del Caribe”.
A su parecer, la solicitud de AyA es de corte inquisitorio: “la presidenta de Acueductos se había manifestado en contra del tajo desde antes de asumir su cargo”, recordó Barboza.
El proyecto brindaría al menos 80 empleos, con un costo de la planilla de ¢214 millones anuales. A la empresa se le autorizó operar de 6 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado.
La sociedad contrató maquinaria de la empresa Meco para la limpieza del terreno; “lo que hacemos ahora es preparar todo”, acotó.
Barboza cree que si las instituciones que analizan el caso les dan un trato balanceado –“no como ahora que primero se enteran los detractores”−, el país se dará cuenta de que se necesita el Tajo Asunción.
En cuanto a ejercer eventuales medidas legales, comentó que si el Estado ya otorgó permiso y no demuestra que hay un riesgo o una razón jurídica suficiente para simplemente revocar, “pues deberá hacerse de la idea de que deberá indemnizar por los contratos firmados e inversiones hechas a la fecha; pero, seguimos creyendo en nuestro sistema de derecho”.
Añadió que “ya es hora que entre los funcionarios públicos deje de imperar una conducta casi de radicalismo o activismo, y se comporten como funcionarios objetivos y apegados a la ley”.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por medio de Carlos Eduardo Vargas R., encargado del Área de Conservación La Amistad-Caribe, certificó en julio del 2013 que la propiedad a explotar se ubica un 30% dentro de la zona protectora del río Banano. No obstante, las tierras no clasifican como patrimonio natural del Estado.
“Este proyecto para nada afecta las fuentes de agua de la provincia de Limón”, adujo Barboza, para quien “las mentiras están en contra de APM Terminals”.
“Los sindicatos saben que en el momento en que ese muelle se construya, se acaba la majadería de paralizar los muelles, y se le quita la cuota de poder de ese sindicato”, aseveró.
La empresa no tiene más que esperar que se le notifique del procedimiento de anulación de la viabilidad de ambiental, para iniciar sus propios procesos de defensa de la concesión que se le otorgó.
