Ranchos y pertenencias de los indígenas fueron quemados en Salitre en julio pasado. (Foto: David Bolaños)
Las amenazas y el temor siguen tensando el ambiente en el territorio indígena de Salitre, tres meses después de que se escenificaron enfrentamientos por causa de un conflicto por la tierra, entre familias bribris y “sikuas” (no indígenas) en el sector de Cebror.
Otro rancho fue quemado el pasado 8 de setiembre en el sector de Río Azul, dentro del mismo territorio −ubicado en Buenos Aires de Puntarenas, zona sur del país− y no han cesado las amenazas de que “los vamos a matar”, a miembros de la comunidad, aseguró Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre.La información que tienen en la Casa Presidencial, sin embargo, es que se mantiene la vigilancia policial que se había pactado y que el grado de hostilidad ha bajado.
A inicios de julio pasado, personas no indígenas arremetieron contra familias bribris quemaron sus ranchos, agredieron a varios indígenas y los persiguieron por la montaña, luego de que ellos decidieron iniciar un proceso de recuperación de tierras ocupadas, ante la pasividad de las autoridades para apoyar sus reclamos.
La Fuerza Pública intervino para despejar el paso y evitar nuevos ataques. La viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga, fue enviada por el Gobierno a negociar una solución pacífica del conflicto, con representantes de las partes y delegados del Ministerio de Justicia y la Defensoría de los Habitantes.
El pasado 10 de setiembre los indígenas presentaron al Ministerio de Seguridad Pública solicitudes para se realicen siete desalojos de ocupadores ilegales de tierras, y a la fecha no han tenido respuesta, dijo Sergio Rojas.
El mismo día 10, los representantes de las partes en conflicto fueron recibidos en la Casa Presidencial por el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, donde los indígenas pidieron agilizar los procesos de desalojo de los ilegales. Por su lado, los no indígenas demandaron una solución que vaya más allá del conflicto de tierra e incluya aspectos productivos, que aseguren mejores condiciones de vida a la parte no indígena en la zona.
Geiner Blanco, asesor del Ministerio de la Presidencia en asuntos indígenas, informó que un primer logro de lo conversado fue bajar la hostilidad, que era muy alta. Con coordinaciones institucionales y con lo que ya se había avanzado, las autoridades elaboran una propuesta de solución integral al conflicto.
“Esa propuesta no se había podido hacer en el marco del conflicto, por el escaso tiempo que teníamos de haber asumido como gobierno, por las hostilidades que había y porque había diversos factores que considerar”, explicó.
SEGURIDAD
En cuanto a la seguridad en Salitre, Blanco detalló que según la información que han recibido, se mantienen las condiciones que se habían pactado inicialmente, con reforzamiento de la presencia policial en los puntos estratégicos acordados.
No obstante, el dirigente Rojas sostuvo que las amenazas siguen cuando los indígenas pasan camino a sus casas. “Lo que nosotros esperamos son hechos y no solo declaraciones”, para resolver el problema de la usurpación de la tierra, enfatizó.
Diversas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad han expresado su apoyo a la comunidad bribri de Salitre, exigiendo al Gobierno garantizar sus derechos y aplicar las medidas correspondientes a quienes hayan cometido actos violentos.
Tras los incidentes de julio, el sistema de Naciones Unidas urgió en un comunicado la resolución pronta y pacífica del conflicto. “Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense”, expuso la organización.
Los indígenas suman unos 100.000 de los 4,5 millones de habitantes, según el censo nacional del 2011. Ellos desde hace casi 20 años esperan por la aprobación de una ley de autonomía indígena que está en trámite de la Asamblea Legislativa; en el 2010 sus representantes fueron expulsados del edificio legislativo cuando pedían a los diputados descongelar el trámite de esta ley.
