¿Podría perder más la presidenta Laura Chinchilla en pedirle la renuncia a su Segundo Vicepresidente Luis Liberman, que de conservarlo, pese a los cuestionamientos éticos en su contra? Analistas consultados por UNIVERSIDAD resaltan el papel desempeñado por Liberman hasta la fecha, al considerarlo una figura protagónica en la estructura en el gabinete de Chinchilla.

Sin duda, son sus atestados los que hacen dudar a la presidenta de prescindir de sus servicios, a pesar de que la Procuraduría de la Ética determinó que Liberman incurrió en faltas contra principios éticos, al otorgarle una carta de recomendación a la exasesora presidencial Flor Isabel Rodríguez, para que su empresa participara de un concurso ante la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Luis Liberman antes de ser elegido como segundo vicepresidente de la República era gerente general de la entidad bancaria privada  Scotiabank, además de miembro de la Junta Directiva de Grupo Nación, siendo catalogado como el eslabón entre el capital económico financista de campaña y la clase política gobernante. (Véase: El empresario banquero del gobierno)

Es por esto que, según el diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) Walter Céspedes, de solicitarle la renuncia a Liberman, la mandataria Chinchilla estaría perdiendo el apoyo del sector económico empresarial que la impulsó económicamente durante la campaña.

“Desprenderse de un vicepresidente que ve todo el manejo de la banca del país, y que a través de él se canalizaron donaciones de campaña, es como un golpe al hígado o al corazón de la misma presidenta”, señaló Walter Céspedes.

Mientras, el abogado y analista Pablo Barahona argumenta que el riesgo político de esa decisión podría tener muchas repercusiones en la administración  Chinchilla.

“Esta presidenta es muy insegura a nivel de su imagen y, por lo tanto,  no la veo dispuesta arriesgar el poco capital político que le queda por más que eso le implique asumir un costo menor”.

Liberman es tachado por el secretario general del sindicato Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas,  como de “intocable” dentro de la actual administración. Vargas además aseguró que incluso la presidenta no está en las condiciones plenas para pedirle la renuncia a su vicepresidente.

“Ella tiene un margen de poder bastante reducido, no tiene un poder político real, o una acumulación de capital político como para desafiar a una figura que viene de ese sector”, apuntó Vargas.

El analista Víctor Ramírez no ve viable la salida de Liberman del Poder Ejecutivo, pues asegura que el hecho señalado no da para eso. “Esto es serio y delicado, pero no suficientemente delicado para separar a un funcionario así”, manifestó.

Luis Liberman fue elegido en las pasadas elecciones del 7 de febrero de 2010; por lo tanto, solamente podría dejar su puesto en caso de que él mismo renuncie ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Por lo tanto, las pretensiones de diputados de oposición de iniciar un juicio político en la Asamblea Legislativa donde se decida el futuro del segundo vicepresidente de la República parecen estar truncadas.

“En este país el matrimonio que firma la ciudadanía con sus gobernantes cada cuatro años es hasta la muerte, en este caso la muerte termina cada cuatro años, no se puede sustituir”, explicó Pablo Barahona.

Pero de no poder realizarse este juicio político, las fracciones de oposición estarían contemplando la posibilidad de frenar el trabajo en el plenario de la Asamblea Legislativa, hasta tanto Chinchilla no tome acciones concretas en contra de los funcionarios señalados por la Procuraduría.

El primer proyecto en sufrir un tropezón fue el de colocación de bonos en el mercado internacional, conocidos como eurobonos, al cual el diputado Walter Céspedes le presentó 37 mociones para frenar su votación.

La Procuraduría de la Ética Pública determinó en un informe presentado en Casa Presidencial que tanto el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, como el vicepresidente Luis Liberman, incurrieron en faltas contra principios éticos de funcionarios públicos, al emitir cartas de recomendación para que la empresa Procesos, presidida por la exasesora presidencial, Flor Isabel Rodríguez, participara y fuera seleccionada posteriormente por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Se trató de una contratación de escasa cuantía para los “servicios de consultoría para el desarrollo de una estrategia  en el área de comunicación y relaciones públicas”, trabajo por el cual fue cancelada la suma de  ¢17.000.000. (Véase “Violentan principios que nosotros no estamos inventando”)

Según el informe de la Procuraduría, siendo Liberman vicepresidente e incluso  haber ocupado la presidencia de la República en ausencia de  Chinchilla, “es indudable que la emisión de una carta de recomendación señalando su condición de II vicepresidente podría llegar a determinar el ánimo de la persona que va a tomar la decisión”, reza el documento.

No obstante, Casa Presidencial afirmó respetar el criterio de la Procuraduría, mas no compartirlo. (Véase  “No es una falta grave que amerite imponer sanciones”)

Un banquero y exdirectivo de El Financiero en el Gobierno

En octubre del 2009, la entonces candidata del Partido Liberación Nacional (PLN), Laura Chinchilla, anunció que en su papeleta la iban a acompañar como candidatos a la vicepresidencia, el doctor en fisiología animal Alfio Piva y el economista Luis Liberman.

Liberman, representante del sector económico, con más de 30 años de experiencia en este campo. Desde 1975 fungió como asesor de la oficina de Planificación Nacional en Costa Rica, pasando luego a Casa Presidencial donde asesoró en política económica al expresidente Daniel Oduber, además ejerció el cargo de Viceministro de Hacienda durante el último año de esa administración. Posteriormente fue designado asesor del Banco Mundial.

En el año 1982, fundó la Corporación Internacional de Finanzas, luego constituida como Banco INTERFIN. En esta ocupó la gerencia general y la de vicepresidente de la Junta Directiva. En el 2006 el Scotiabank compró el Banco Interfin por un monto de $293,500.000, Liberman se mantuvo como gerente general hasta el 2009, cuando fue anunciado como candidato a la vicepresidencia.

Luis Liberman también presidió durante varios periodos la Asociación Bancaria Costarricense, al tiempo que asesoró industrias textiles. Ha formado parte en diversas  juntas directivas tanto en el sector público como en el privado: Corporación Privada de Inversiones de Centroamérica, Cámara de Industrias, Plásticos para la Construcción (ahora AMANCO, S.A.), Instituto Costarricense de Electricidad,  Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Prensa Económica, S.A., Bolsa Nacional de Valores, S.A y  Prensa Económica S.A, empresa del Grupo Nación que edita el semanario El Financiero.

Anteriormente fue nombrado como representante del Poder Ejecutivo ante la junta directiva de la Fundación Arias para la Paz, puesto que ahora ocupa el empresario Rodolfo Jiménez Borbón.

Fue donante de la pasada campaña electoral, al registrarse un aporte en enero del 2010, por ¢14.000.000. En la actual administración se le designó en el Consejo de Competitividad del Gobierno. Durante poco menos de un mes, Luis Liberman ocupó el cargo de ministro de Hacienda interinamente durante la presente administración, debido a la renuncia de Fernando Herrero, luego de que fuera  cuestionado por el pago de impuestos territoriales, información dada a conocer por el diario La Nación a inicios de abril.

También se le señala como parte de la comisión interinstitucional que ha manejado el proyecto de construcción de la trocha fronteriza, y en la cual se asegura que en reuniones realizadas en Casa Presidencial ha acompañado a la presidenta Chinchilla.

Liberman también forma parte del tinglado de relaciones que se dio con el escándalo con la venta de las rotativas del Grupo Nación, ya cuando él era miembro de la junta directiva de Prensa Económica S.A., que edita el semanario El Financiero, y también gerente del banco Interfin, se produce la venta de la rotativa del Grupo Nación a la  empresa Capital Leasing Corporation, radicada en Belice. Luego Capital Leasing le vende las rotativas al banco Interfin y posteriormente este banco le arrienda las rotativas a La Nación por $80.000 mensuales.

Liberman se defendió diciendo que en ese momento Interfin tenía otro gerente, que fue quien presentó la propuesta de compra a la junta directiva del banco, de la cual él no formaba parte.

Pese a que UNIVERSIDAD contactó a Luis Liberman a través del departamento de prensa de Casa Presidencial, las consultas enviadas al correo electrónico de la periodista Nicole Soto no fueron resueltas antes del cierre de edición.

Ministro de Comunicación

“No es una falta grave que amerite imponer sanciones”

El Ministro de Comunicación, Francisco Chacón, aseguró que la actuación tanto del ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, como del segundo vicepresidente, Luis Liberman, no amerita sanciones administrativas, ya que no representan faltas graves, pese al señalamiento de la Procuraduría de la Ética que concluye lo contrario; según Chacón, en los próximos días se estará emitiendo una resolución de Casa Presidencial donde se sustenta jurídicamente esta tesis. A continuación un resumen de la entrevista hecha al ministro por UNIVERSIDAD.

¿Mantienen con firmeza que en este caso el segundo vicepresidente y el ministro de Educación no han cometido una falta?

-No se trata de una falta grave, de una actuación de mala fe o dolosa que amerite una sanción de carácter administrativo.

¿No es una falta grave, pero sí es una falta al final?

-(Silencio) Bueno no es una falta grave, que es el supuesto que establece la ley para poder imponer sanciones.

Sin embargo, entre la opinión pública el hecho no es bien visto, que el Vicepresidente y uno de sus ministros giren cartas a una amiga cercana  para que la empresa de ella participe de un concurso ante una institución del Estado. ¿Por qué ni tan siquiera una llamada de atención?

-El punto es claro en que las cartas de recomendación como tales no son convenientes de ser emitidas por parte de funcionarios públicos;  me parece que es claro, eso sí está prohibido. Lo que no está prohibido y por el contrario se aceptan como válidas y necesarias son las cartas de referencia para acreditar experiencia de personas físicas o jurídicas. El punto sería cuál es la línea divisoria entre lo que es una carta de referencia o una de experiencia, eso es lo que no está claro y es necesario aclarar, porque no es válido transformar una carta de referencia en una de recomendación a través de una interpretación jurídica. Es necesario que el marco de las disposiciones esté suficientemente claro para que todos los funcionarios sepan a qué atenerse.

¿Pero en el caso concreto de Luis Liberman, él literalmente escribe “recomiendo”, e incluso firma como segundo vicepresidente de la República?

-Pero eso no es determinante, por eso le digo que este es un tema mucho más complejo que el análisis que algunos han querido dar.

El informe que realiza la Procuraduría de la Ética está amparado en argumentos legales, por lo tanto ¿al final este señalamiento técnico pasa por una decisión política?

-No, cuando usted lea la resolución de Casa Presidencial se trata de una resolución con carácter jurídico con base en un análisis de las normas aplicables.

Chacón interrumpió la conversación alegando que ingresaba a una reunión, aseguró que las demás preguntas de UNIVERSIDAD las contestaría mediante un correo electrónico; no obstante, al cierre de edición el Ministro no había enviado las respuestas.

Gilberth Calderón

“Violentan principios que nosotros no estamos inventando”

Gilberth Calderón, Procurador de la Ética, conversó con UNIVERSIDAD sobre el señalamiento de ese órgano del Estado en donde se concluye la violación de principios éticos por parte del segundo vicepresidente y el ministro de Educación. Calderón no quiso entrar en detalles sobre la conclusión de la Procuraduría,  argumentando que el informe gozaba de carácter confidencial hasta  tanto la Presidencia se pronuncie oficialmente; no obstante desde la semana anterior esta resolución se filtró.

Bajo la óptica de la Procuraduría de la Ética, ¿por qué las cartas que emiten Luis Liberman y Leonardo Garnier son de recomendación y no de acreditación?

-No reunían una serie de requisitos que no le puedo entrar en detalle, ya que continúa una confidencialidad en este momento de la investigación; pero más bien esas cartas corresponden a las cartas de recomendación que están prohibidas por la Contraloría General de la República, y por una directriz que emitió el mismo Poder Ejecutivo, por las características de los documentos que no se asimilaban a una acreditación de experiencia, sino más bien una recomendación  dentro de un proceso administrativo. Por supuesto que esto a la luz de lo que establecen los principios éticos que rigen a los funcionarios públicos, consideramos nosotros que al haberse emitido unas cartas de recomendación para favorecer a uno de los oferentes dentro de un proceso de contratación, violentan estos principios que nosotros no estamos inventando sino que están establecidos en normas que los funcionarios públicos debemos respetar a la hora de ejercer nuestras funciones.

Casa Presidencial manifiesta no compartir el criterio de la Procuraduría de la Ética. ¿Qué opinión le merece esto?

-La labor que realizamos llega hasta emitir el informe al órgano encargado de dar eventuales sanciones. La decisión que ellos tomen,  la ley no me permite valorarla; nosotros aplicamos las normas que están, las leemos y las interpretamos de la forma más sencilla y llegamos a las conclusiones.

En situaciones anteriores, los criterios emitidos por la Procuraduría de la Ética sí han sido respetados por el órgano encargado de emitir sanciones.

-Normalmente, la generalidad es que cuando la Procuraduría de la Ética ha emitido un informe y ha sustentado sus conclusiones es acatado por las autoridades, cualquiera que sea a la que se le haya enviado.

¿Qué diferencia habría en este caso?

-Yo no puedo entrar a valorar esa función del órgano de decisión; eso ya es una función propia de ellos, y lo que dice la ley no nos permite llegar hasta esas valoraciones.