El proyecto hidroeléctrico El Diquís obligará a reubicar a unas 1.597 personas de varias comunidades de la zona, incluidas de dos poblaciones indígenas.

La realización de una evaluación ambiental estratégica, que permita conocer a cabalidad el impacto que tendrá sobre comunidades indígenas, campesinas y sobre todo, sobre el ambiente, es imprescindible antes de emprender el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) que el ICE planea tener en operación  en el año 2017 para suplir la demanda de energía en el país, advirtió Allan Astorga Gättgens, geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).

“Los estudios de impacto ambiental que desarrollan la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), son insuficientes para conocer las consecuencias del proyecto, especialmente sobre el entorno”, dijo Astorga.

Con un costo de $2.000 millones y una capacidad de generación de 3.050 GWH, la represa de El Diquís, en la zona sur de Costa Rica, será una de las mayores en Centroamérica. La planta tendrá un  área de construcción que afectará unas 7.400 hectáreas de terrenos en Buenos Aires de Puntarenas.

El tema del PHED volvió a ser tema de debate, esta vez el 30 de septiembre en el auditorio de la Escuela de Arquitectura, en el foro “Diquís, paradigma entre ambiente, energía y poblaciones autóctonas”, como parte de las actividades de cierre de la Semana Nacional de Ciencias Políticas.

En el foro participaron además en representación del ICE, Juan Elías Alfaro, coordinador de Gestión Socioambiental  del PHED;  y Enrique Rivera, un líder indígena de la comunidad de Térraba.

El representante del ICE defendió el proyecto, al señalar que Costa Rica está urgida de satisfacer la demanda de electricidad de la población, cuya oferta presentará un déficit de un seis por ciento anual.

Alfaro insistió en que el ICE pretende impulsar un proyecto en forma “responsable”, realizando consultas con diversos sectores de la zona y pensando en la necesidad de mitigar el impacto ambiental y social que tendrán las obras.

No obstante, Astorga  insistió en que las cosas no parecen ser como dicen las autoridades del ICE. “Se ha detectado una serie de inconsistencias en el proceso de evaluación ambiental”, afirmó Astorga, quien en el pasado fue el jerarca de la SETENA y forma ahora parte de la Comisión  del Consejo Universitario de la UCR sobre el Proyecto Hidroeléctrico del Diquís.

Como ejemplo de lo anterior, mencionó los plazos establecidos para esos estudios. “Se debe cumplir un cronograma muy ajustado que no parece consistente con el tiempo requerido para elaborar y revisar un Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto como el Diquís”, señaló.

“Además se encontró que de parte de la SETENA se han  dictado procedimientos que rozan con lo establecido en la legislación, como el hecho de que se autoriza “segmentar” el Estudio de Impacto Ambiental”, sin considerar que la Ley del Ambiente establece un proceso de consulta y participación pública, tanto durante la elaboración del estudio como durante su revisión”, alertó.

En ese mismo sentido, dijo que en sus investigaciones ha logrado detectar que la SETENA tiene “grandes limitaciones para el proceso de revisión, dado que conformó un equipo técnico de revisión y seguimiento que no cumple los requisitos mínimos de multidisciplinariedad para dar solidez a este proceso de revisión”.

Añadió que, por otro lado, surgen dudas sobre la elaboración misma del Estudio de Impacto Ambiental, “que se hace mientras se realizan los estudios de “Línea Base” en un cronograma muy ajustado”.

De igual manera, denunció que los funcionarios del ICE involucrados juegan “un doble papel” “como trabajadores del ICE y como consultores ambientales autores del estudio”.

No obstante, Alfaro dijo que el ICE no tiene objeción alguna para que opere un equipo multidisciplinario más abierto e independiente en los estudios ambientales sobre el proyecto de Diquís.

Mientras tanto, Astorga alega que en el caso del “doble papel” de autoridades del ICE en los estudios y aunque la ley del ambiente no lo prohíbe, “sí deja cuestionamientos sobre todo porque todavía hay vacíos en los procedimientos técnicos, como la falta de un reglamento que norme los alcances y funciones del consultor y funcionario, y en particular un Código de Ética del Gestor Ambiental”, que están establecidos en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que administra la SETENA, pero que todavía no se han elaborado.

“Es como si (los técnicos del ICE) se convirtieran en juez y parte (…). Sería muy difícil que emitan criterios que contradigan al Instituto”, subrayó.

“En lo referente al tema de participación  pública también se han detectado ciertas inconsistencias, dado que lo que se ha hecho y se está haciendo corresponde más a un proceso de información que de consulta, interacción y opinión sobre el megaproyecto y sus alcances ambientales y sociales”.

A juicio de Astorga, un estudio de impacto ambiental estratégico es mucho más  amplio y completo que uno convencional.
Por esa razón, consideró que “en la filosofía de buscar soluciones que coadyuven con el proceso, el ICE y la SETENA deben promover de inmediato la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el PHED”.

“A diferencia del Estudio de Impacto Ambiental, la EAE es un proceso que permite -en un marco de transparencia, participación e información, y que considera a todos los representantes de los sectores involucrados- discutir los alcance y efectos ambientales y sociales más estratégicos no sólo en su área de localización, sino a nivel del modelo de desarrollo de la zona sur y en general del país.

“El ICE sólo nos ha dicho mentiras; no queremos la represa, y exigimos el derecho a tener, entre los indígenas, nuestras propia consulta”, dijo por su parte Rivera.

El líder indígena denunció que en el caso del PHED, el Estado de Costa Rica está violando compromisos adquiridos en relación con el respeto  de las poblaciones indígenas.

“Seguiremos denunciando estas violaciones; queremos autonomía y el disfrutar el derecho de disponer de los recursos naturales de nuestras tierras”, insistió.

Dudas y recomendaciones al PHED*

-El proceso de Evaluación Ambiental se ha concentrado en un Estudio de Impacto Ambiental.
-Se ha omitido la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, que es de gran importancia.
-El cronograma planteado afecta directamente el proceso de evaluación ambiental.
-La EIA se hace mientras se realizan los estudios de línea base.
-Hay dudas sobre el proceso de participación pública contemporáneo a la elaboración del EIA.
-Los profesionales del ICE va a ser los autores del EIA, sin que se cuente con Código de Ética del Gestor Ambiental y tampoco esté bien normado el Reglamento de los consultores ambientales.
-La SETENA autorizó segmentar el EIA y revisarlo parcialmente, sin que quede claro el proceso de participación pública y procesos tan importantes como las audiencias públicas.
-El equipo técnico de la SETENA es insuficiente para dar respuesta y soporte técnico al proceso de EIA. No se contempló la posibilidad de que la SETENA solicite apoyo externo.

RECOMENDACIONES

El Megaproyecto debe hacer una Evaluación Ambiental Estratégica que contemple sus efectos positivos y negativos en toda la cuenca, la región sur y el país.

-Se debe corregir el procedimiento establecido para la elaboración y la revisión del Estudio de Impacto Ambiental.
-La revisión del EIA debe considerar el proceso de participación pública.
-Debe conformarse un ente que refuerce a la SETENA, para revisar la Evaluación Ambiental (la EIA y el EAE).
-Se debe corregir el conflicto de intereses que se genera, al asumir los profesionales del ICE la responsabilidad de la autoría del EIA.

*Fuente: Avance del trabajo de la Comisión del Consejo Universitario sobre el Proyecto Hidroeléctrico del Diquís, en la componente que revisa el proceso de Evaluación Ambiental, a cargo de Allan Astorga Gättgens, geólogo, profesor de la UCR, especialista en Evaluación Ambiental y exsecretario general de la SETENA.

Quieren llevarse “nuestra energía”, dice adversario

El proyecto hidroeléctrico El Diquís provocará graves daños ambientales y sociales no sólo en Buenos Aires, sino en toda la zona sur de Costa Rica, denunció a UNIVERSIDAD Gustavo Oreamuno, integrante del grupo Ditsö, que se dedica a defender causas ambientales y los derechos de las comunidades indígenas de la zona sur, donde se concentrará la incidencia del PHED.
“Quieren llevarse la energía para otros países; es parte de los procesos internacionales y centroamericanos” para exportar electricidad, afirmó Oreamuno.
“Ya andan las transnacionales detrás; está Unión Fenosa, que maneja la energía en Nicaragua, Endesa de España también; se habla de otra empresa colombiana y de una danesa”, criticó.
“Para el Diquís, el ICE ya ha aceptado que hay interés de empresas chinas y danesas en invertir. ¿Quién nos asegura cuál es el modelo que impulsarán en la construcción, si será un concesión, copropiedad, quién nos asegura que después (el proyecto) no pasará a manos privadas?”, alertó Oreamuno.
Según el representante de Ditsö, el Diquís es un proyecto que “vendrá a lastimar y provocar efectos negativos” en comunidades indígenas, con efectos directos e indirectos en otros casos. “Unas nueve poblaciones serán inundadas totalmente”.
El proyecto “vendrá a cambiar la fisonomía cultural, ambiental, social, no sólo de Buenos Aires sino de toda la zona sur”, lamentó.