Diputados miembros de la comisión legislativa que investiga la crisis financiera y administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expresaron preocupación por las informaciones que les llegan sobre presuntas relaciones de poder y conflictos de interés en un reducido grupo de funcionarios de la administración superior y que serían corresponsables del agravamiento de la crisis de la institución y deben rendir cuentas.
Esto lo afirmaron a UNIVERSIDAD diputados miembros de la comisión que investiga la crisis de la CCSS, como Carmen Granados.
Denuncias hechas en el seno de la comisión legislativa coinciden en que hay un puñado de funcionarios que ocupan puestos en los mismos niveles de jefatura y subordinación en los que se alternan en la toma de decisiones, que ahora son cuestionadas como parte de lo que ha precipitado la crisis en la Caja.
En octubre pasado, la junta directiva le pidió la renuncia a cuatro gerentes, quienes retornaron a los puestos que tenían en propiedad dentro de la institución, y fueron sustituidos por subalternos involucrados en las actuaciones que hoy están en cuestionamiento por diputados de la misma comisión y sectores sociales. (Ver recuadro adjunto con alguna de la información en poder de los diputados).
En ese sentido se señala por ejemplo que los recursos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el mayor fondo del país (¢1.2 billones) está en manos de personas que carecen del conocimiento y la capacitación requerida para manejar fondos de esa naturaleza. Incluso algunos han sido denunciados por hacer millonarias inversiones no autorizadas dentro y fuera del país, desconociendo medidas de seguridad que deben seguir en tales operaciones, según han documentado comparecientes en la comisión legislativa. (Ver UNIVERSIDAD, ediciones 1930 y 1931)
Entre las denuncias figura el presunto conflicto de interés y contaminación del Seguro de IVM con la crisis de liquidez del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), al haberse comprado sin puja en la Bolsa por parte del IVM, títulos del gobierno de baja bursatilidad que el SEM no podía vender. Ello con el fin de inyectarle liquidez al SEM para poder pagar a proveedores y empleados, crisis que de todas formas persiste, como se ha confirmado en los últimos días, cuando se informó que la CCSS ha tenido que conseguir prestados en los bancos ¢35.000 millones por tres meses, para hacer frente a los pagos.
Las compras de los títulos al SEM, sin puja, por parte del IVM, habría representado millonarias pérdidas de posibles rendimientos que el fondo podría haber obtenido, según funcionarios de la Caja que han revelado la situación aportando documentos, lo cual sin embargo fue negado por los funcionarios aludidos ante la comisión legislativa, y según los cuales todo se ha hecho conforme a las normas.
Pese a todo, la estabilidad y sostenibilidad del IVM, del que dependen las pensiones, no está comprometida, afirman unos y otros.
La diputada Carmen Granados, integrante de la comisión legislativa sobre la Caja, dijo estar preocupada porque nuevas evidencias que ha recibido dan cuenta de un grupo de poder y de intereses particulares en la administración de la entidad, que en gran medida son responsables de la crisis de la institución y no han rendido cuentas.
“Casi podríamos estar hablando de un grupo que ha venido actuando, y si esa gente sigue ahí las cosas no van a cambiar”, afirmó la legisladora, del Partido Acción Ciudadana, quien fue la autora de la moción que creó la comisión investigadora.
Dijo que las cosas no andan bien a nivel gerencial de la Caja, y para peor, a quienes se ubicó a dedo en octubre pasado por cuatro meses, pretenden ahora que se nombren en propiedad, mediante el concurso que se abrió para nombrar nuevos gerentes, el próximo 15 de febrero, pese a que son parte de los responsables por los problemas de gestión y la crisis de la Caja.
Afirmó que es tiempo que los costarricense exijan cuentas, y con ese propósito, a partir de los documentos recibidos, los está pidiendo directamente a las instituciones y los funcionarios involucrados para interpelarlos, pues incluso teme que lleguen hasta ocultar o destruir evidencias. Además, con la documentación ya disponible está solicitando a la Superintendencia de Pensiones, la Contraloría General de la República y la auditoría interna de la Caja determinar la verdad real de los hechos y sentar las responsabilidades.
Para el diputado Walter Céspedes, presidente de la comisión legislativa sobre la Caja, “no es conveniente ni transparente” que actuales gerentes concursen para un nombramiento definitivo, aunque legalmente puedan hacerlo.
“Es un asunto de ética. Ellos han sido cuestionados por la auditoría, han participado del proceso corrupto de la Caja. Lo que tiene que hacer la Presidenta de la República es decirle a la Presidenta Ejecutiva de la Caja que por una cuestión de honestidad y para poner un ejemplo, esas personas sean excluidas inmediatamente de las ofertas para ocupar esas posiciones”, consideró Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana.
BISTURÍ
La médica Lizbeth Quesada, exdefensora de los Habitantes, sostuvo que la CCSS necesita “un cambio de staff.” La institución necesita sangre nueva y ojos de afuera, que los que lleguen a ocupar los cargos sean gente de probada solvencia moral y profesional, y ojalá que los asegurados puedan tener algún grado de decisión, aseguró.
Recordó que las juntas de salud que trabajan en los diferentes hospitales fueron creadas para darles algún poder de decisión a los líderes comunales y a la gente que se interesa en estas cosas, pero no tienen poder de decisión, y habría que cambiar la ley para corregir eso.
La gestión administrativa es uno de los grandes problemas de la CCSS, donde hay gente ocupando puestos sin ser la más indicada. Habría que preguntarle a la Caja con base en los problemas de gestión administrativa que han señalado la Defensoría de los Habitantes y los diferentes estudios, cuáles son las medidas que están tomando para mejorar esa gestión, cómo lo van a medir y en cuánto tiempo estarán los resultados, dijo.
“Lo que pasa es que los mandos medios y algunos de la administración están bien afincados, protegidos por los sindicatos y por todas las cuestiones laborales, y ahí hay que entrar con bisturí. Siento que la Presidenta de la República no se quiere echar encima esa bronca, con todos los problemas que tiene y una imagen desfavorable. Entrarle a la institución con los tacos puestos implicaría algún grado de negociación con los sindicatos, explicarle a la gente y asumir la responsabilidad de las decisiones, y la pregunta es quién le pone el cascabel al gato”, apuntó Quesada.
