Denuncian falta de capacidad institucional para fiscalizar cumplimiento y abusos en perjuicio del interés público. 

Una inmediata intervención de la Asamblea Legislativa en la Contraloría General de la República (CGR) demandaron los expositores en un foro realizado el jueves 19 de agosto en la sede del Poder Legislativo, donde fustigaron el manejo que el Estado da a las concesiones y la “falla” de los controles por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas y los  compromisos de los concesionarios.

En ese sentido, señalaron la necesidad de iniciar una investigación, en particular de los numerosos incumplimientos del contrato en la concesión de la vía San José Caldera, así como el manejo que se está dando a la concesión del proyecto vial San José-San Ramón, cuya construcción estaría pronta a comenzar, ambos otorgados a las mismas empresas de capital español.

Según el exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y Mario Quirós, exdiputado del Movimiento Libertario,  es hora de que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto, ante la incapacidad institucional que ha tenido el Estado de administrar las concesiones en resguardo del interés público.

Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana, dijo que el foro se realizó tras la inquietud que dejó la serie de denuncias sobre errores y malas prácticas en la ejecución del proyecto de concesión de la vía a Caldera, denunciados durante una reciente mesa redonda realizada en el auditorio del LANAMME (Laboratorio Nacional de Materiales y Métodos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica).

Y más preocupación causa –añadió- que los mismos errores se están cometiendo en el proyecto San José-San Ramón.
Esta fue adjudicada en el 2004 al consorcio Autopistas del Valle, integrado por las empresas de capital español que conforman el consorcio Autopistas del Sol, concesionario de San José-Caldera. Falta de financiamiento y atrasos en las expropiaciones que debe hacer el Gobierno para el trazado de la vía han sido señalados entre los motivos del atraso en el inicio de la obra, cuyo costo pasó en dos años de ¢230 millones a ¢360 millones (ver recuadro “Renegociación de millones”).

El lunes las bancadas del PAC, Frente Amplio, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana y Accesibilidad sin Exclusión anunciaron que propondrán al plenario la integración de una comisión investigadora de lo actuado en las concesiones. A la vez, pidieron que se anule la licitación para construir una nueva Terminal portuaria en Moín.

El Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas, quien presenció el foro realizado en la Asamblea Legislativa, recordó que en el caso de la vía a Caldera,  la Defensoría tiene un expediente abierto, y está a punto de librar un informe en materia de tarifas, el cual eventualmente habría que ampliar ante las nuevas denuncias.

 “Es importante que la Contraloría explique qué es lo que ha hecho, porque aquí se ha hecho alusión directa a esa entidad, y por supuesto que tenemos que plantearnos como país el tema de la fiscalización; si queremos seguir utilizando el modelo de concesión es fundamental”, añadió.

Según el exministro Méndez, en el caso de Caldera la Contraloría no ha hecho absolutamente nada ante los problemas con los deslizamientos en la carretera, y los informes sobre fallas en la obra que han dado el LANAMME, Colegio Federado de Ingenieros y de  Arquitectos, Colegio de Geólogos y los ambientalistas.

Consideró que la carretea no debería estar funcionando, aun en este momento, como lo está haciendo provisionalmente, pues es contrario al contrato.  Este dice que no se podrá otorgar la autorización para que una carretera opere provisionalmente, si existen obras incompletas o defectuosas de tal magnitud, que puedan poner en peligro la integridad de los usuarios, o afectar de manera significativa la operación fluida y la seguridad de la vía.

“Coincido con don Mario Quirós, creo que se requiere una intervención de la Contraloría”, dijo Méndez, tras señalar otros incumplimientos que no habrían sido atendidos en la ejecución del proyecto.

Quirós, por su parte, afirmó que pese a reiteradas denuncias sobre fallas e incumplimientos en ese contrato las entidades encargadas de vigilar y la CGR siguen sin hacer nada. ”Los controles contractuales se desmantelaron y los controles institucionales fallaron catastróficamente en SENARA, SETENA, MINAET y CGR”, aseveró.

En su criterio, ha habido complacencia con el concesionario de parte del CNC y del MOPT, que recibieron provisionalmente las obras y autorizaron la puesta en servicio de la carretera en enero anterior sin estar terminada y sin verificar la calidad de las obras.

Hay fallas de seguridad múltiples y riesgos para los usuarios, y es evidente que la carretera, en el tramo a Orotina, así como la radial a Alajuelita, que es una obra otorgada a la misma concesionaria, no están cumpliendo lo que se esperaba de la concesión.

Criticó lo que denominó como una “polinización” inconveniente que se ha dado entre la CGR y el CNC, con el paso de funcionarios de una institución a la otra, teniendo a cargo las contrataciones y las aprobaciones de la concesión.
En ese sentido, indicó que la contralora, Rocío Aguilar, fue secretaria técnica del CNC durante el tiempo que se dio vida a estos contratos. El abogado Carlos Arguedas, que resolvía algunas cosas de concesiones, se fue de asesor jurídico al CNC mientras Aguilar era la secretaria técnica. Cuando esta fue nombrada contralora, Arguedas regresó a controlar las cosas que tienen que ver con concesiones en la CGR.  Por su parte, Guillermo Matamoros, quien era secretario técnico hasta hace unos meses, ahora es asesor del despacho de la Contralora, señaló Quirós.

En criterio de Quirós, la CGR “perdió su compostura” al permitir la operación del contrato sin órgano de fiscalización (que debía estar según el contrato), autorizar la contratación en San José-Caldera de la misma gente que estaba en la supervisión de San José-San Ramón, y autorizar licitaciones millonarias, de más de $300 millones, sin que mediara licitación.

Además, se negó a conocer el informe del anterior gerente del proyecto (Stephen Brunner) relativo a los cargos en las tasas de interés que afectaban enormemente la fase financiera del contrato. Autorizó un “cortocircuito” para que se usaran fondos del BCIE otorgados al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en obras complementarias en la carretera, sin pasar por aprobación legislativa.

Permitió la entrega de $3,6 millones a la concesionaria para construir taludes en la zona de peligro de la sección II y no tener que expropiar, pero ahora después de inaugurada la carretera el Ministro de Transporte dice que se necesita expropiar para ampliar los taludes.

Hubo cinco modificaciones contractuales en Caldera, típico de lo que los manuales sobre concesiones llaman negociaciones oportunistas, y en menos de dos años, del 2008 al 2010, el precio del proyecto de Caldera se duplicó.  Mientras tanto no hay acción para pedir cuentas de qué es lo que está pasando y el secretario técnico se encuentra de asesor en el despacho de la contralora, aseveró Quirós.

A su juicio, estos y otros hechos que enumeró señalan que hay una “captura regulatoria” por parte del concesionario en Costa Rica, y la Asamblea Legislativa debe actuar para exigir una absoluta e irrestricta transparencia. Hay que evitar los procesos de concesión con un único oferente como ha venido ocurriendo y como está pasando con la concesión del nuevo muelle en Moín, que “va por este mismo camino.”

Hay que hacer una revisión inmediata de lo que se está haciendo con las concesiones de San José-San Ramón y en Moín, para lo cual habría que integrar equipos de ingeniería forense y financiera que aclaren lo que está pasando, apuntó.
Enrique Molina, de la empresa consultora INMSA, que fue la supervisora de la obra hasta fines del año pasado, denunció entre otros extremos que ellos señalaron 263 no conformidades (incumplimiento de requisitos) en la ejecución de la obra que no fueron atendidos, y a la fecha no se han resuelto 211 no conformidades. Faltan obras por hacer por $20 millones, incluida un área de descanso que el concesionario debía hacer en Turrúcares para comodidad de los usuarios, con restaurantes, gasolinera y  sanitarios.

Según el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, Fernando Ortiz, en las inspecciones realizadas han visto que los trabajos de reparación hechos en la vía no son los adecuados. “Son de lo más económico que uno se pueda imaginar y eso va a necesitar una intervención y mayor control”, dijo.

Consultada la opinión de la CGR sobre las críticas a su labor emitidas en el foro, Mariela Azofeifa, de la oficina de prensa, indicó que la CGR, como órgano técnico de fiscalización superior de la Hacienda Pública, ha realizado en el pasado y está realizando actualmente los estudios de fiscalización pertinentes, en las materias de su competencia y con vista en el principio de legalidad.

“En los próximos días estaremos emitiendo un informe de fiscalización vinculado a esta importante obra, mismo que será remitido a la Asamblea Legislativa para el control político correspondiente, en nuestra función de órgano auxiliar.  El control superior externo es desarrollado por la CGR en temas y momentos con vista en un plan anual de fiscalización previamente diseñado”, señaló refiriéndose específicamente a la concesión San José-Caldera.

“Debe recordarse que se trata de una obra pública que cuenta con varias instancias de control primario de la Administración, que deben asumir cada una sus responsabilidades conforme el contrato, instancias que tienen a su cargo el control sustantivo de las obras.  De este modo, el ejercicio de nuestras competencias estará siempre regido por la normativa vigente y el interés público, de modo que se puede o no coincidir con lo actuado, pero siempre estará claro que nuestras actuaciones están sometidas al escrutinio público, como parte de la rendición de cuentas de todas las entidades públicas”, añadió.

COSTO

Rodolfo Méndez llamó la atención sobre el costo que tiene para los contribuyentes mantener contratos de concesiones paralizados por años y años. Dijo que la concesión de la carretera de Caldera es una clara muestra de que la concesión de obra pública -siendo una de las herramientas más exitosas para el desarrollo de un país con limitaciones financieras- lamentablemente en Costa Rica no se ha utilizado bien por no contar el Estado con una organización bien preparada y dotada de recursos y conocimientos para manejar estos contratos.

El dilema que tiene el país –añadió- es que se necesita realizar una inversión en infraestructura de por lo menos $10 mil millones en los próximos diez años, período en que la flota vehicular se va a duplicar, y si hoy los vehículos existentes no caben en la deplorable infraestructura que hay, es imperativo ponerse de acuerdo para hacer las cosas, pero bien hechas.

Al respecto dijo que es importante valorar la capacidad de organización del CNC durante el tiempo en que se realizaron todas las negociaciones con el concesionario  y durante al menos parte del período de ejecución de la obra San José-Caldera.

Citó un informe de la CGR del 1 enero de 2007 al 30 setiembre del 2008, o sea el período de la renegociación del contrato de Caldera, el cual dice que la estructura orgánica del CNC no se ajusta a los requerimientos, no hay una verdadera planificación y que el recurso humano es insuficiente.

Se determinó que el CNC cuenta solo con 36 plazas, de ellas el 50% son ocupadas en forma interina. Solo cuatro personas cuentan con formación académica con especialidad técnica en ingeniería civil, industrial o económica, lo que cual representa solo el 10%, y en temas relacionados con políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiados hay un caos.

El secretario técnico aparece en ese informe señalando que al asumir el cargo en el 2008 no se contaba con analistas financieros, o economistas que lideraran los procesos de negociación; los ingenieros eran escasos y reinaba un ambiente de desconfianza y poca claridad del rumbo de la institución.

Méndez comentó que en medio de ese caos se renegoció el contrato y se dio inicio a la construcción de carretera, y uno no concibe que una obra de esta trascendencia no hubiera llamado la atención de las autoridades para organizar adecuadamente un equipo de trabajo.

“Necesitamos resolver los problemas de infraestructura vial del país, pero la pregunta que me hago es: ¿Estamos dispuestos a tener una obra a cualquier precio, o logramos hacer lo que el país necesita?

DESBALANCE

Consultada la opinión de Méndez sobre el anuncio de que pronto se iniciarían los trabajados en la carretera San José-San Ramón, Méndez dijo que no tiene información precisa del proyecto, pero las cosas que ha leído lo dejan “con el pelo más parado que con la carretera San José-Caldera.”

El proyecto San José-San Ramón es un proyecto integral con especificaciones basadas en un estudio de viabilidad económica, financiera y técnica, “pero lo que he leído ahora es que lo quieren dividir en dos etapas. Quieren hacer primero una etapa dizque porque no hay suficiente dinero, y posteriormente van a hacer una segunda etapa. Pero es que no fue eso lo que se licitó. Esa parte no logro entenderla en absoluto”, comentó.

Dijo que hay un desbalance porque han pasado cinco años desde que se adjudicó esta concesión y no ha pasado nada. Es de suponer que los españoles deben estar ahora muy urgidos en hacer la carretera a San Ramón, porque ahora el tráfico se debe estar viniendo por ahí (debido a los cierres por los problemas de seguridad en San José-Caldera).

Agregó: Lo mismo pasa con el puerto de Caldera. La única obra importante allí era el puerto granelero, pero resulta que diez años después de licitado no se ha iniciado, y lo que se va a  hacer es una cosa totalmente distinta de lo que se licitó.

Pasa también con el aeropuerto Juan Santamaría. Se terminaron algunas obras en la terminal y todo el mundo está muy contento porque ya hay espacio para migración. ¿Y el resto de las obras? ¿Tienen el financiamiento para hacerlas?
En el caso del aeropuerto, el exministro de Transporte Rodolfo Silva coincidió en que hubo complacencia de la CGR al permitir que la concesionaria percibiera pagos sin que estuviera construyendo ninguna de las obras pactadas.
 “El informe de la Contraloría dice que los pagos hechos se supone que responden a obras construidas, y de no ser así es responsabilidad de la administración.”

“Incurrieron en multas de $40 millones por atrasos, denuncia la Contraloría, y la administración decide cobrarles $9 millones. Denunciamos eso a la Contraloría y esta dice que el cálculo de las multas corresponde a la administración. O sea, se lavan las manos constantemente”,  afirmó Silva.

A su juicio, es la misma complacencia que se ha dado con lo que ha pasado con el aeropuerto de Liberia, la carretera a Caldera, la vía a San Ramón. “Es un patrón ya establecido por los mercaderes para hacer negocios  leoninos con fondos públicos a vista y paciencia del país y la Contraloría, lamentablemente”, dijo.

Otro exministro de Transporte, Rolando Araya, catalogó de exorbitante la cifra de $500 millones que se está mencionando para la carretera a San Ramón.

“Pareciera que se cumple la idea de que aquí gobierna una corporatocracia y no la democracia. Basta que haya una empresa con interés para ganar mucho dinero para que no se respeten ni las leyes y se ponga de rodillas a la Sala IV y la Contraloría, y quede indefenso el pueblo de Costa Rica.”

Los abusos con la carretera San José-Caldera han sido probados, hubo escándalo en la prensa, pero el Gobierno siguió muy campante sin justificar el motivo por el cual se triplicó el avalúo de la obra para permitir un cobro abusivo de peajes.