El Consejo de Concesiones no puede ser juez y parte en la investigación, advierten

Algunos estudiosos en el tema de concesiones como el exdiputado Mario Quirós estiman que la investigación que ordenó la semana pasada la presidenta Laura Chinchilla y que llevará a cabo una comisión propuesta por directivos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) sobre la concesión de la carretera a Caldera, terminará en una farsa.

“Es como poner al zorro a cuidar las gallinas”, expresó Quirós a UNIVERSIDAD.

Otros como Víctor Emilio Granados, presidente de la comisión legislativa que investiga las concesiones en la administración Arias, expresaron dudas sobre la forma en que se llevará a cabo la investigación, pero el diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) a la vez dice que la decisión de la presidenta demuestra que la creación de la comisión legislativa para investigar las concesiones está plenamente justificada.

“Aunque sea tardíamente, es un reconocimiento de que teníamos razón los diputados de oposición que presionamos para que exista una comisión que trate de aclarar la realidad de las concesiones (…) Los grupos de oposición están muy cohesionados y el hecho de que exista una investigación del Poder Ejecutivo no tiene por qué interrumpir la labor de control político que vamos a ejercer desde aquí” en la Asamblea Legislativa, dijo el legislador.

No obstante, igual que otros diputados así como observadores del asunto de las concesiones, Granados cuestionó cómo se va a investigar el CNC a sí mismo si es parte de la investigación.

“Es como poner al ratón a cuidar el queso”, dijo al respecto Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien, sin embargo, igualmente estimó que la iniciativa del Poder Ejecutivo no afecta la investigación legislativa ya iniciada, porque son procesos diferentes.

La presidenta Chinchilla tiene todo el derecho de solicitar a quien ella considere pertinente las  gestiones que desee realizar, y no es algo que tenga relevancia para las fracciones de la oposición en este caso. “Nosotros estamos muy seguros en lo que estamos haciendo, y seguimos conforme a la ruta que habíamos trazado de acuerdo con sectores sociales que nos han hecho recomendaciones”, dijo Oviedo.

Para ello, dijo, tienen un grupo de apoyo compuesto por exministros y otras personas de la sociedad civil con amplio conocimiento en la materia que los está asesorando.

RESPONSABLES

Rodolfo Méndez Mata,  exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), consideró que el anuncio de la investigación que hará el Poder Ejecutivo es un cambio en la posición del Gobierno sobre el tema, y en ese sentido es positivo.

Pero indicó que si se va a realizar una investigación tiene que involucrar a los funcionarios que han tenido participación dentro del proceso de la concesión, y no debe dejarse por fuera a las autoridades del CNC (Ver gráfico “Conductores de una ruta embarrialada”).

A modo de ejemplo de las cosas que se tendría que investigar mencionó que en la concesión de la carretera a Caldera había un mandato para constituir un órgano fiscalizador. Así estaba en el contrato y así lo solicitó la Contraloría General de la República (CGR), pero nunca se instaló. Entonces, ¿quién es el responsable de que no se instalara un órgano fiscalizador? (ver recuadro: “Concursos favorecerían a Hadda Muñoz”).

A su juicio, “la parte débil” de una investigación por parte del CNC es que los encargados de hacerla sean nombrados por el propio CNC. Para empezar, la entidad no tiene ningún técnico para realizar una investigación de ese tipo, ni tuvo técnicos durante la construcción de la obra. Esa es parte de la problemática que se ha vivido en materia de las concesiones, de manera que tendrían que recurrir a los servicios profesionales externos para indagar, apuntó.

Por otro lado, el exministro consideró que es acertado que la investigación de la comisión legislativa sobre las concesiones de obra pública empiece por la de la ruta San José-Caldera.

La carretera fue inaugurada en enero pasado por el entonces presidente Óscar Arias cuando aún no estaba terminada y los constantes derrumbes y hundimientos han obligado a decretar cierres y poner paso regulado para realizar reparaciones.

Los hechos han confirmado las denuncias que se venían haciendo sobre errores e incumplimientos en esa concesión, dijo Méndez, quien a la vez señaló que se notan algunos esfuerzos en ciertos medios de comunicación por disminuir la responsabilidad del concesionario, cuando la responsabilidad de hacer bien la obra y que ésta funcione es del concesionario.

Rodolfo Silva, también exministro del MOPT, dijo que la investigación anunciada por el Ejecutivo se quiere centrar en los supervisores del proyecto, cuando debería ser inclusiva. Nunca se nombró un órgano de fiscalización, lo que hubo ahí fueron supervisores y estos hicieron cantidad de denuncias sobre incumplimientos. Lo que se debe investigar es por qué esas denuncias no fueron tramitadas por el CNC, ni tampoco obedecidas por los concesionarios, señaló.

En términos más críticos se expresó el exdiputado Mario Quirós. El CNC no puede ser juez y parte, afirmó Quirós, quien ha venido denunciando anomalías en las concesiones desde que ejercía como legislador en el cuatrienio pasado.

Puntualizó que los que estuvieron directamente involucrados en la toma de las decisiones “hoy están cerca de doña Laura participando del Gobierno”. Uno de ellos es el ministro de la Presidencia, Marcos Vargas, quien en el Gobierno pasado en su condición de Ministro del MOPT presidía la directiva del CNC, a la par del ministro de Hacienda (actual diputado del PLN) Guillermo Zúñiga; el ministro de Planificación, Roberto Gallardo; el presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez y los tres representantes de los colegios profesionales, las cámaras empresariales y las cooperativas y asociaciones solidaristas, puntualizó.

“Ellos están (el Gobierno) viendo cómo toman control de la investigación. Creo que como no han podido domar a la comisión legislativa y se les está saliendo de control, la presidenta sale a decir: yo tengo el control y voy a decir quién hace la investigación y qué es lo que pasó. ¿Pero cómo van esos personajes, que son nombramientos políticos y algunos ya han adelantado su criterio, a investigar nada?, cuestionó Quirós.

Concursos favorecerían a Hadda Muñoz

Entre una serie de denuncias por investigar en torno a la concesión de la carretera San José-Caldera estarían supuestas anomalías en la adjudicación de la gerencia del proyecto a la ingeniera Hadda Muñoz, autorizada por CGR.  El CNC le había dado provisionalmente la gerencia a Muñoz, hasta que la CGR en octubre pasado rechazó las pretensiones del CNC de seguir con la misma persona sin que mediara concurso alguno. No obstante, dada la premura alegada por el CNC para nombrar gerente, porque el nombramiento provisional de Muñoz estaba a punto de vencer, la CGR autorizó un procedimiento de contratación directa, por el cual el Consejo debía invitar al menos a tres oferentes, según la regulación vigente, sin derecho a apelar los términos del cartel.

Llama la atención una nota del 19 de octubre en la que Fernando Arias, director administrativo financiero del CNC, le dice a Óscar Moreira, de la Proveeduría Institucional, que se trata de una contratación urgente con plazos mínimos para que ingrese cuanto antes, y que el secretario técnico del CNC, Guillermo Matamoros, dice que entre los invitados al concurso debe estar Hadda Muñoz.

El 12 de noviembre el CNC le adjudicó el contrato a Muñoz, que presentó la oferta  más cara, $6.500 mensuales. El acto de adjudicación fue impugnado separadamente por los ingenieros civiles Otto Fernández Carballo y Johnny Barth Ramírez, que también presentaron oferta, pero las impugnaciones fueron rechazadas.

Entre otras anomalías señalaron que el CNC le adjudicó a Muñoz puntaje por su “experiencia” en los proyectos San José-San Ramón y San José Caldera, a pesar de que pronunciamientos de la CGR señalan expresamente que en estos concursos no se puede incluir en el rubro de experiencia proyectos que no estén terminados. (El primero ni siquiera ha comenzado y el segundo está inconcluso aún, con problemas de diseño y construcción que han quedado en evidencia en los últimos días).
El cartel incluía entre los criterios de calificación tener “experiencia en posiciones gerenciales y/o de dirección de proyectos viales concesionados.” Se asignaban diez puntos por cada proyecto hasta un máximo de tres, y el proyecto debía ser de al menos $150 millones o su equivalente en colones.

En la evaluación de las ofertas, a Muñoz le concedieron 20 puntos del máximo de 30 previstos en este rubro, que era el de mayor peso, mientras que los otros quedaron descalificados, lo que la ponía en condiciones de ser la única de obtener el puntaje. Ella sumó 60.83% con lo que se le adjudicó el contrato.

Según Fernández, en la redacción del proyecto no previeron que podía aparecer personas que como él tuvieran proyectos realizados por más de $150, como en su caso, que tuvo la supervisión de la carretera a Siquirres, y que a los precios actuales sumaba más de los $150 millones. Sin embargo, fue descalificado al interpretar la comisión evaluadora que debían ser proyectos concesionados, lo que supuestamente solo cumplía Muñoz, y aunque en su momento él pidió al CNC aclarar la interpretación del punto, ni siquiera le contestaron el reclamo, en clara violación al derecho de petición.

Por su parte, Barth concluyó en su alegación que el parámetro de  evaluación del concurso es de una especificidad tal que ha favorecido directamente a la ingeniera  Muñoz, aseveración que se fundamenta en que las posiciones de gerente de los dos  únicos proyectos de concesión viales suscritos en Costa Rica han sido ocupados solo por Muñoz, y por lo tanto sería la única oferta que obtendría un puntaje de hasta 20% por ese concepto, suficiente para resultar la mejor calificada.