Una de las empresas piñeras cerrada por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) el pasado mes de mayo en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, continúa operando a pesar de la medida cautelar impuesta durante la última “barrida ambiental” que efectuó este órgano.

Se trata de la empresa Agrícola del Valle, en la zona de Guatuso, la cual según pudo corroborar UNIVERSIDAD, ha continuado con las labores de siembra y cultivo de piña, a pesar del cierre impuesto por el Tribunal Ambiental.

Este semanario consultó a la jueza del TAA, Yamileth Mata, quien confirmó que dicha empresa no debería estar operando, pues aún no se le han levantado las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Alvarado es vecino de Guatuso y se ha mostrado preocupado porque -a pesar del cierre impuesto por el Tribunal Ambiental- Agrícola del Valle ha continuado su operación, lo cual es visible al recorrer los alrededores de su finca.

“No han dejado de trabajar en ningún momento. Lo que queremos es que cierren y dejen de trabajar, porque están tirando mucho químico, contaminando el agua”, afirmó Alvarado.

Para este vecino, la operación de tantas hectáreas de piña cerca de Caño Negro, debe  estar relacionada con la muerte masiva de peces que se produjo en esa laguna hace pocas semanas.

Durante el recorrido por el camino público que rodea las fincas, UNIVERSIDAD pudo ver peones trabajando en el campo, fumigadoras rociando los cultivos y hasta matas pequeñas de piña con poco tiempo de haber sido sembradas.

Este periodista intentó conocer la versión de la empresa sobre la actividad en sus fincas, pero el guarda de seguridad indicó que no podían atender, ni tampoco brindar un número de teléfono o nombre de algún encargado para remitirle la consulta.

“SE NOS ESTÁ PUDRIENDO LA PIÑA”

La otra finca piñera cerrada en esta zona fue PPM, en la cual este Semanario no observó ninguna actividad y encontró los sellos que puso el TAA aún colocados en los portones.

Uno de los dueños de esta finca, Guillermo Rodríguez, aseguró que su finca fue cerrada porque el MINAET había denunciado la corta de unos árboles, además del uso de agua de un pozo ilegal y la descarga de líquidos en las quebradas cercanas; cargos que negó en su totalidad.

Rodríguez se quejó de que tras más de un mes de tener la finca cerrada, aún no recibe resolución por parte del Tribunal Ambiental y asegura que la piña se está madurando y pudriendo al aire libre.

“Lo que queremos es que nos digan si nos van a cancelar del todo la operación, o si podemos seguir con la piña. Nos preocupa que la piña se está madurando y poniéndose mala, y eso puede generar otros problemas como la mosca”, lamentó Rodríguez.

El finquero detalló que hasta el momento se han dañado cerca de 5 hectáreas de la piña cultivada, de un total de 25 que tiene sembradas en esta zona.

“Aquí los más afectados son los trabajadores. Hay 20 que están ahí suspendidos, y a otros les estoy dando cinco o seis horas, para que se mantengan. Deberían preguntarles si están contentos con que no puedan trabajar”, expresó el empresario.

Rodríguez asegura que el año y medio que tiene de trabajar con piña en esta zona, ha sido “un verdadero calvario”, y recordó que se inició en este cultivo porque fue invitado a participar en esta inversión.

“Yo no tengo necesidad de sembrar piña. Yo trabajo con palma y arroz en la zona de Quepos, pero esta piña solo para disgustos ha servido”, reprochó.

Yamileth Mata:

“Hay muchas fincas trabajando sin permisos”

La jueza del Tribunal Ambiental Administrativo, Yamileth Mata, comentó que muchas de las fincas piñeras que se encuentran en los alrededores de Caño Negro, en las zonas de Guatuso y los Chiles, trabajan al margen de la ley.

“Hacen pozos de agua sin permiso de la Dirección de Aguas, no cuentan con permisos de uso de suelo, ni del Ministerio de Salud. Algunos solo cuentan con permisos para algunas actividades específicas (como las plantas empacadoras)”, expuso Mata.

La jueza dijo estar preocupada por la expansión que ha tenido este monocultivo en las cercanías de este sitio protegido por la Convención Ramsar, por lo que han tratado de detener a las empresas con incumplimientos en esta zona.

“Toda la sedimentación y el arrastre de químicos, plaguicidas terminan en Caño Negro;  la mayoría son empresas que no tienen barreras preventivas para la sedimentación;  siembran a favor de las pendientes, irrespetan las zonas de protección de nacientes, quebradas y ríos”, criticó la jueza.

Mata reconoció que las autoridades que trabajan en esa zona no han estado haciendo su labor, aunque indicó que en la última “barrida ambiental” encontró una mejor disposición de entidades como las municipalidades, para estar más atentas a los incumplimientos.

Puntualizó que una de las situaciones anómalas en esta zona de las que fue informada, tiene que ver con que el 90% de la mano de obra que utilizan estas fincas, es de inmigrantes ilegales, dato que –afirmó- se debe investigar y confirmar.

Respecto al manejo de fincas que son clausuradas, Mata explicó que siempre se le  comunica al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para que este establezca con los finqueros los planes de manejo, y evitar así más problemas de contaminación por el deterioro de las frutas.

“Igual se comunica al Ministerio de Trabajo, para lo relacionado con cargas sociales y laborales, mientras que al Tribunal Ambiental se le deben presentar planes de mitigación, para que sean aprobados y se puedan hacer levantamientos parciales”, declaró.