Los sindicalistas acusan al Gobierno de “chantajear” a los trabajadores para que acepten la privatización. La administración asegura que respeta la voluntad de los funcionarios. 

El Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) denunció una intromisión abierta del Gobierno en la agrupación, y lo acusó de ejercer un “terrorismo laboral y psicológico” contra los trabajadores, a fin de que acepten la concesión de los puertos de Limón.

La intervención del Gobierno se ha estado dando por diversos mecanismos, en clara violación a los acuerdos internacionales de libertad y autonomía sindical que el país está obligado a respetar. La intromisión se está dando con declaraciones de ministros contra el sindicato en una forma nunca antes vista, y hasta del mismo presidente Oscar Arias  ha salido personalmente a atacar el sindicato, lo que se debe denunciar. También la están haciendo mediante rumores boca a boca y correos internos en la red de JAPDEVA (Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica).

Lo último es que le están diciendo a la gente es que si no aceptan la concesión entonces los van a botar a través de  una reestructuración, afirmaron Liroy Pérez, secretario de prensa, y José Luis Castillo, secretario de finanzas de SINTRAJAP.
“Tenemos tres años y medio de tener un ataque psicológico burdo contra los trabajadores, eso está afectando a más de uno, y hay gente con problemas de nervios por la zozobra de que se va a quedar sin trabajo, aunque esto es mentira, porque no hay ninguna posibilidad de que JAPDEVA despida a nadie por reestructuración, y más bien hace falta gente en la parte operativa”, dijo Pérez.

Similares denuncias en solidaridad con SINTRAJAP hicieron la Central General de Trabajadores, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entre otros. Albino Vargas, secretario general de la ANEP, tachó de chantaje vulgar el ofrecimiento de  $137 millones (que el Gobierno está haciendo a los trabajadores para que acepten la concesión de los muelles de JAPDEVA (ver recuadro “Gran mordida”).

El presidente ejecutivo de JAPDEVA, Francisco Jiménez, negó la acusación del sindicato de que desde su despacho se estaría generando una guerra sucia con mensajes anónimos contra los dirigentes sindicales. Sin embargo, reconoció que se está haciendo un uso “totalmente inconveniente” de la red interna de la institución para mandar mensajes insultantes de un lado a otro, cosa que él rechaza (ver recuadro “Absolutamente respetuosos”).

El sindicalista Castillo dijo que “la gente está cansada de ver todos los días correos electrónicos con insultos, algunos firmados y otros anónimos, que se envían desde direcciones inventadas a la red interna de JAPDEVA, diciendo mentiras sobre los dirigentes del sindicato.”

La crispación entre la agrupación gremial y la administración aumentó luego que la directiva de SINTRAJAP rechazó un pedido de un grupo de trabajadores apoyado por la administración para convocar a una asamblea general y someter a votación si quieren negociar con el Gobierno. La solicitud no cumplía los requisitos básicos establecidos y contenía una serie de irregularidades que hacían imposible aceptarla, argumentó el sindicato en un documento donde enumera las irregularidades. Por ejemplo, a los pliegos con firmas en papel de oficio les pegaron dos hojas con la petición donde no hay ni una sola firma, dijeron Castillo y Pérez, que mostraron el documento original para demostrar las irregularidades.

Según los sindicalistas, el llamado “grupo mediador”, que recogió las firmas, está encabezado por “testaferros” de la Presidencia Ejecutiva para boicotear el sindicato. Mencionaron a personas que dicen haber sido engañadas, pues les pidieron la firma para una cosa y luego apareció en el pliego que era para otra, por lo que ahora piden retirar sus nombres.

Al contrario, el presidente ejecutivo de JAPDEVA dijo que las del grupo mediador son personas que se han tenido la valentía de manifestarse pública y abiertamente en contra la posición de la dirigencia sindical, por lo que merecen respeto.

El Gobierno y el presidente Oscar Arias incluso –que ocupó una cadena de televisión- acusan al sindicato de antidemocrático por no atender la petición de convocar a asamblea general. Afirmó que fueron 709 trabajadores los que firmaron la solicitud, más del 52% de los miembros del sindicato, siendo que basta con un 25% según los propios estatutos del sindicato.

Según Castillo, no había ese número de firmas, por las razones mencionadas, pero considerando que habría una expresión de voluntad de trabajadores interesados en que se convoque la reunión, la directiva decidió convocar para el 9 de octubre. Sería la quinta cita de trabajadores en que se debate el tema, ya que en cuatro realizadas anteriormente la concesión fue rechazada, señaló.

El Gobierno pretende entregar la operación de los puertos de JAPDEVA a una trasnacional, a lo que se opone el sindicato, que pide una inversión de $80 millones para elevar la eficiencia de los puertos de JAPDEVA, y que las entradas sigan siendo utilizadas para obras de desarrollo en la provincia, en vez de que se vayan a empresas privadas. El Gobierno también pretende dar en concesión las llamadas fases 2 y 3, que consisten en la construcción de un nuevo muelle de 1.500 metros en Moín, con una inversión superior a los $800 millones.

El sindicato y el Partido Acción Ciudadana (PAC) han planteado una fórmula mixta, que consiste en dejar los actuales muelles en manos de JAPDEVA, modernizándolos con una inversión de $80 millones, para entrar a competir con los consorcios privados a los que se adjudicarían las fases 2 y 3. Esa fórmula, sin embargo, no ha sido aceptada por la administración.

SINTRAJAP rechazó el ofrecimiento del Gobierno de pagarles a los trabajadores $80 millones en indemnizaciones (¢46.640 millones) oferta que fue elevada a $137 millones (¢79.871 millones) en mayo pasado. Según Castillo, el Gobierno está desesperado y ha aumentado la presión sobre los trabajadores porque se le acaba el tiempo, ya que necesita dejar amarrada la concesión antes de que termine su período el próximo mes de abril, pero para ello necesita la firma del sindicato. Por eso desde el 21 de mayo ofrece “un chantaje mayor y sube a $137 millones la oferta, y mantiene todo el plan fantasioso que venía ofreciendo, de pensión a los 50 años, un 100% de recontratación a toda la gente. Eso es una charlatanería que no tiene fundamento legal, económico ni operativo”, aseguró.

El sindicato está dispuesto a dialogar, pero no sobre fantasías. El Gobierno debe explicar en qué presupuesto están los $137 millones o cual empresa va a ponerlos. Debe decir donde está la ley de pensión a los 50 años, aprobada por los diputados y publicada en La Gaceta, y cuántas plazas están ya abiertas, ya que dice que va a trasladar a todo el mundo a otros puestos horizontales, señaló Castillo.

Agregó que una de las razones del apuro del Gobierno por lograr un acuerdo con el sindicato es que después del 8 de octubre, cuando empiece la campaña electoral, no podrá seguir pagando con fondos públicos la propaganda sobre el proyecto “Limón ciudad puerto”, que es un maquillaje para pasar la concesión, afirman los sindicalistas.

Por otro lado, la licitación del muelle nuevo está parada, porque la Contraloría General mandó hacerle 52 correcciones al cartel, y mientras no las hagan y las publiquen no podrán recibir ofertas, además de que no hay empresas interesadas en invertir, porque lo que les interesa en realidad son los actuales muelles de JAPDEVA.

INTERESES

De acuerdo con el sacerdote Gerardo Vargas, quien ha estado involucrado en las luchas sociales en la provincia limonense, el Gobierno y la administración de JAPDEVA están utilizando a un grupo de trabajadores para defender los intereses del Poder Ejecutivo y de la Presidencia Ejecutiva de la entidad, “pero aquí todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás son ellos.”

“Están invirtiendo plata, tiempo y trabajo con el objetivo de descabezar a la junta directiva de SINTRAJAP. Ellos saben que eliminando a la directiva pueden lograr lo ellos quieren que es adueñarse de JAPDEVA. Es importante que la gente de Limón y de toda Costa Rica sepa que aquí lo que está de por medio son los intereses del Poder Ejecutivo de pasar los muelles de Limón a un grupo de empresarios, a los que les van a generar mucha ganancia, y Limón se va a quedar con la miseria como ha pasado todo el tiempo”, aseguró Vargas.

Tras la intervención del presidente Arias por televisión fustigando a SINTRAJAP, el Sindicato de Trabajadores Marítimos, Ferroviarios y de Muelles, que negoció la concesión de Puerto Caldera hace tres años, envió una carta pública al mandatario diciéndole que “tienen razón los compañeros de Limón de no aceptar lo que ustedes les están ofreciendo, que en su momento se lo ofrecieron a Puntarenas y no lo han cumplido”.

Añade que tras la concesión del puerto unos pocos se están haciendo millonarios mientras los trabajadores están sufriendo los miserables salarios que les pagan; “esto no fue lo que nuestro sindicato quería para los trabajadores sino más beneficio para la comunidad puntarenense.”  Tras la concesión del puerto ha aumentado el desempleo, la pobreza y la drogadicción en Puntarenas, afirma.

El secretario general, Gregorio Bolaños, uno de los dirigentes que negoció con el Gobierno la concesión de Caldera, aseguró  que “el Gobierno tiene una política de comprar a los trabajadores, para quebrar a los sindicatos, y lo que están viviendo los compañeros en Limón lo vivimos nosotros en Puntarenas.”

Acusó al Gobierno de Arias no haber cumplido la “carta de intenciones” firmada con los sindicatos. Los extrabajadores del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) recibieron la plata de la indemnización, la gastaron, se quedaron sin trabajo, pues solo poco más de medio centenar fueron recontratados y al debilitarse el sindicato ahora no puede exigirse el cumplimiento de lo que se prometió, lamentó Bolaños.

Una de las cosas que no se cumplió fue la aprobación del estatuto portuario, donde se garantizaba una estabilidad económica al trabajador, indistintamente de con quién fuera a trabajar. “Nosotros necesitamos abrir un estado de conciencia de la situación que vive Puntarenas. Desde que se dio la concesión hace tres años no ha habido un cinco de aumento a los trabajadores, ningún patrón puede aumentar los salarios porque no les han aumentado el ingreso, y Dios guarde pongan la queja porque los colombianos (concesionarios del puerto) no les dan trabajo, y por eso ninguna empresa puede alzar la voz”, aseguró Bolaños.

“Gran mordida”

De inmoral y vulgar calificó Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el ofrecimiento de $137 millones que el Gobierno está haciendo a los trabajadores para que acepten dar en concesión a la empresa privada los muelles de Limón y Moín.

“Es la mordida más grande de la historia nacional. Ofrecerle a un grupo de 1.300 personas $137 millones – estamos hablando de prácticamente ¢80.000 millones- para que acepten entregar los muelles de Limón a intereses privados, para mí es una mordida. Eso es inmoral, antiético, vulgar es la palabra que yo le pondría a eso”, dijo Vargas.

La pregunta que la gente tiene que hacerse –añadió- es cuál es el tamaño del negocio de que estamos hablando como para ofrecer una mordida de $137 millones, cuánta es la proyección de los ingresos como para ofrecer tal cantidad de dinero a tan pocas personas. Y es que efectivamente los muelles de Limón son un negocio de un calibre tal, que no ha sido explotado hasta ahora por el país.

Según el dirigente, SINTRAJAP está haciendo “una lucha heroica, digna de admiración de nuestra parte.”
Acusó al gobierno de Oscar Arias de estar violentando todos los principios de libertad y autonomía sindical consagrados en los tratados internacionales que Costa Rica está obligado a respetar, sobre todo aquellos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tanto que esta situación habría que denunciarla ante las instancias internacionales.

“Hay una intromisión tan burda en los asuntos internos de un sindicato como pocas veces se ha visto en la historia nacional. Creo que solo tiene parangón el caso de la ANEP en el año 84, cuando fue intervenida por el gobierno de Luis Alberto Monge, pero después de allí no conozco un episodio donde un gobierno se entrometa, acose, chatajee e intimide a una dirigencia sindical, simplemente porque no se le arrodilla.”

“Además, me parece que SINTRAJAP es víctima de una conjura para anularlo, que cuenta con el apoyo del Grupo Nación, en alianza con los sectores más neoliberales de la actual administración. Para este grupo de poder económico, que tiene las riendas de poder real en Costa Rica, lo de JAPDEVA es inaceptable, y ellos lo ven como un objetivo estratégico de su posicionamiento por copar las partes más rentables de la institucionalidad pública y convertirla en asuntos de negocios y lucro privado.”

Para el dirigente sindical, la respuesta a la ofensiva del Gobierno para privatizar los muelles tiene que “ser desde abajo, desde la comunidad limonense. Tendría que haber algún tipo de movilización social para detener esa ofensiva, y me parece que el escenario internacional también hay que aprovecharlo.”

En su opinión, SINTRAJAP tiene de sobra para presentar una denuncia ante la OIT y otras instancias, como el Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea, que establece el respeto a la autonomía sindical.

En cuanto a las indemnizaciones que el Gobierno ofrece a los trabajadores de JAPDEVA, señaló que quedan dos grandes interrogantes. Una es quién pone los $137 millones, si serán los contribuyentes costarricenses los que quedarán endeudados. Y otra es cuál es el marco jurídico para pagar esa plata, porque dar prestaciones más allá del Código de Trabajo es ilegal.
“Ofrecer indemnización a cambio del empleo es una aberración jurídica. Pagar más allá de los ocho años que dice el Código de Trabajo tampoco suena racional. Entonces creemos que ocupan doblegar a la dirigencia de SINTRAJAP para que el sindicato les firme una cláusula convencional que legalice la mordida.”

En el INCOP hicieron lo mismo, compraron a los dirigentes sindicales que eran los titulares de la convención colectiva, y con la complicidad del Ministerio de Trabajo hicieron un adéndum a la convención colectiva para darle legalidad a la indemnización. Si ellos no logran controlar a SINTRAJAP no tienen quien les firme la modificación para legalizar la mordida.

Si no, tienen que ir a la Asamblea Legislativa a buscar una modificación legal, y eso es complicado, tienen que saltarse la ley y quedar en abierta violación a la legalidad vigente en esa materia, y por eso ocupan a SINTRAJAP.”, comentó Vargas.

“Totalmente respetuosos”

Francisco Jiménez, presidente Ejecutivo de JAPDEVA, negó que haya intromisión de la administración en el sindicato, y a la vez tachó de demagogia los argumentos dados por los directivos de SINTRAJAP, para rechazar las firmas de trabajadores que pidieron la realización de una asamblea general para negociar con el gobierno.

“Nosotros hemos sido totalmente respetuosos del proceso sindical, tanto es así que siempre hemos utilizado el canal de comunicación con SINTRAJAP. Lamentablemente la posición de SINTRAJAP es totalmente intransigente porque lo que hemos planteado es que sobre la base de una votación, los trabajadores tomen la decisión sobre el modelo de gestión de los puertos.

Es una muestra clara que estamos dispuestos a aceptar la voluntad de los propios trabajadores, porque tenemos la convicción de que existe a lo interno de los trabajadores una total conciencia de que el deterioro institucional que hay necesita un cambio. Por eso más de 700 trabajadores firmaron y es totalmente claro cuáles son las solicitudes que hacen la mayoría de los trabajadores, que ante el Ministerio de Trabajo son 1.267 los inscritos, eso quiere decir que son más del 50% los que firmaron.”

“Usted ve que la petición fue muy clara: sométase a votación la propuesta que hizo el Gobierno el 20 de mayo. Si esa propuesta es aprobada, hágase una propuesta de mejora o negociación y constitúyase una comisión negociadora. Me parece que es totalmente claro como para que el sindicato invoque que no hay claridad en la petitoria, eso se llama demagogia, eso se llama no atender cosas que los trabajadores quieren.”

El código laboral y los tribunales son muy claros en cuanto a que el formalismo de las petitorias laborales es muy básico. Las convocatorias de cualquier sindicato anteriormente han sido posibles sin utilizar siquiera papel membretado, sino que se presentan de la manera más  sencilla. Si lo que pretende el sindicato es que sea una tesis doctoral la petitoria, entonces que sea el sindicato de los doctores en derecho, no el sindicato de los trabajadores portuarios. Me parece que eso es buscarle pelos a la sopa. Eso es no reconocer que hay un porcentaje importante de trabajadores, más allá del 25% que ellos mismos establecieron, que están solicitando que se convoque.”

Queda absolutamente claro cual es el interés de los trabajadores. Ahora, como a nosotros nos fue rechazada la oferta, pues que los trabajadores agarren la bandera. A mí  me parece muy democrático.

El presidente de JAPDEVA negó asimismo que la campaña de anónimos para desprestigiar a los dirigentes de SINTRAJAP esté saliendo de la presidencia ejecutiva, como dice el sindicato. Al contrario, atribuyó a los del sindicato el envío de anónimos con ataques personales.

Reconoció que lamentablemente hay una campaña de anónimos “absolutamente inconveniente” que está circulando en la red de JAPDEVA. Dijo que personalmente hace dos meses le sugirió a Ronaldo Blear, secretario general de SINTRAJAP, que tomaran en conjunto medidas para que la  red no fuera usada en cosas que no fueran un sano debate. “Ahora resulta que en la red circulan anónimos para arriba y para abajo atacando a los miembros del comité negociador, sacándoles qué deben y qué no deben. Es un ataque personal, vulgar, bajo, eso no es de la presidencia, definitivamente, y también están atacando a los mismos miembros del sindicato con aspectos de corrupción y asuntos personales.”

“Lamentablemente se está usando el correo para que manden cosas que no deben ser, no comparto ni aplaudo y mucho menos acepto que se diga que es de la presidencia que  está usando recursos públicos, incluso usaron una copia de una denuncia de acoso sexual contra un miembro del sindicato, diciendo que fue de mi lado (que se filtró al correo)”, aseguró Jiménez.