Plan Nacional de Desarrollo: Gobierno pone alta la valla por saltar en lo económico y social

La promesa de campaña de Luis Guillermo Solís de erradicar la pobreza extrema para el 2018 quedó postergada en el Plan Nacional de Desarrollo

La promesa de campaña de Luis Guillermo Solís de erradicar la pobreza extrema para el 2018 quedó postergada en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2030. (Foto: Archivo)

Con metas muy ambiciosas en el plano económico, pero un planteamiento más reservado en cuanto a la eliminación de la pobreza extrema, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

Esta “guía”, que contiene la operativización de 164 programas y proyectos en distintas áreas, fue dedicada al político, escritor y periodista Alberto Cañas Escalante, quien falleció en junio de este año.

Dicho plan se propone conseguir que el país alcance para el 2018 un crecimiento económico anual del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y la creación de 217.000 nuevos puestos de trabajo, para reducir, así, la tasa de desempleo, hasta dejar el indicador en 7%.

Sin embargo, llama la atención la postergación que hace la administración Solís de su meta de erradicar la pobreza extrema, pues mientras en campaña ofreció eliminarla al final de su gobierno, ahora quedó para el 2030.

TRES EJES

El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, presentado y entregado por la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, abarca tres pilares: Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad, combatir la pobreza y reducir la desigualdad; además de tener un gobierno abierto, transparente, eficiente y en lucha frontal contra la corrupción.

De estos tres principios se desprenden las metas de alcanzar un crecimiento porcentual anual del PIB real del 6%, para el periodo 2015-2018, mientras que para el 2030 el crecimiento anual deberá mantenerse entre un 6% y 8%.

Esta aspiración en materia económica parece bastante alta, si se considera que el crecimiento en los últimos años ha superado con dificultad el 4%, y se enfrenta una coyuntura difícil debido al alto déficit en las finanzas públicas, estimado en más de 6% para este año.

A este crecimiento económico le acompaña la pretensión de crear 217.000 nuevos puestos de trabajo para el 2018, mientras que en el 2030 la economía costarricense debería estar creando 60.000 empleos por año.

De esta forma, la tasa de desempleo que actualmente supera el 8,6 %, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), debería estar en 7% para finales de la administración Solís y en un 4% dentro de 16 años.

La Ministra de Planificación reconoció que las metas que se puso el Gobierno son altas en materia económica, pero aseguró que el país necesita salirse de una “zona de confort” y buscar alcanzar estas altas aspiraciones.

“Esto conlleva una sumatoria de cosas: por un lado dinamizar la inversión pública, trabajar mucho en el ámbito de la productividad, mejorar la infraestructura, captar más recursos y hacer un mejor ejercicio del gasto público”, afirmó Sánchez.

PARA 2030

Una de las ofertas más atractivas que hizo Luis Guillermo Solís, durante la campaña electoral, fue la eliminación de la pobreza extrema, que según el último dato afecta al 6,7% de la población.

En lugar de esto, el Plan Nacional de Desarrollo se propone sacar de la pobreza a 42.000 hogares para el 2018, mientras que la despedida de la pobreza extrema quedaría para el 2030.

Al respecto, el ministro de Bienestar Social, Carlos Alvarado, aseguró que la meta de erradicar la pobreza quedó formalizada para el 2030, ya que los análisis realizados muestran que la meta no es viable con los recursos con que se dispone actualmente.

“Es un análisis realista de los recursos disponibles, pues no sólo hay que atender la pobreza extrema, sino también atender la pobreza. Esto no solo atañe a programas selectivos, sino que también tiene que ver con generación de empleo y crecimiento económico”, expuso el jerarca.

Sin embargo, Alvarado aclaró que con las medidas planteadas se espera que la pobreza extrema se haya reducido al final de este gobierno en, al menos, 3 puntos porcentuales, es decir casi a la mitad.

El Plan también busca bajar el Coeficiente de Gini (que mide la desigualdad), del actual 0.516 a un 0,492 para el 2018, y que en el 2030 este indicador se ubique cerca de 0,450.

En el tercer pilar de este plan, el Gobierno sostiene que buscará mejorar el Índice de Percepción de la Corrupción, para ubicarlo en 66,5 puntos para el 2018, mientras que en el 2030 el indicador debería alcanzar valores mayores o iguales a 80 puntos.

ALGUNOS PROYECTOS

Este Plan Nacional de Desarrollo contiene proyectos distribuidos en 10 áreas, donde varios ministerios aparecen como los responsables de alcanzar los objetivos propuestos.

En el caso del agro, se contempla un programa para incrementar la productividad de bienes sensibles para la seguridad y soberanía alimentaria (café, arroz, frijol, maíz, papa leche, carne de res, carne de cerdo, cebolla), así como un programa de fomento agroindustrial y otro de fomento del bienestar en las zonas rurales.

Aunado a esto contempla un programa para el fortalecimiento de las comunidades costeras, programas de impulso al turismo interno, al turismo rural comunitario y de bienestar.

Se mencionan, además, proyectos para el desarrollo y el uso de fuentes renovables de energía, gestión comunitaria del agua, un programa nacional de reducción de gases de efecto invernadero y uno para mejorar la conexión de los establecimientos que prestan servicios públicos.

En infraestructura está contemplado el desarrollo de la ruta San José-San Ramón ampliada, así como el proyecto vial de Sarapiquí-Limón y el transporte ferroviario de mercancías.

En lo que respecta a relaciones exteriores, se menciona el Protocolo de Adhesión de Costa Rica a la OCDE, la ejecución de los planes de acción para la integración económica centroamericana, la apertura del puesto fronterizo provisional de las Tablillas con Nicaragua y el fortalecimiento del desarrollo fronterizo Costa Rica-Panamá.

La ministra Sánchez destacó el énfasis que se ha querido dar en este plan al desarrollo de la infraestructura nacional, pero no solo en el plano productivo, sino también en educación, salud, cultura, etc.

Sánchez también aseveró que este Plan contiene mejores instrumentos de seguimiento y rendición de cuentas, que permitirán a la ciudadanía increpar directamente a los responsables de los programas que no se desarrollen adecuadamente, mejorando la transparencia en la gestión pública.


Francisco Barahona:

“Este es el último pistoletazo de salida para el presidente Solís”

No hay tiempo para más “arranques”, ni tiempos de gracia para el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, advirtió el analista político Francisco Barahona tras la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.

“Este es el último pistoletazo de salida; ahora sí el Presidente no puede decir que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Ya está metido, está bailando, tiene un compromiso y debe rendir cuentas”, aseguró Barahona.

“Hay que exigirle. Del cumplimiento de lo que hoy se expuso dependerá no solo la imagen histórica de este Gobierno, sino el resultado de la elección dentro de tres años. La pelota está jugándose y hay muchos elementos que el Presidente no domina, hay una asamblea muy dividida, con muchas contradicciones”, añadió.

Para Barahona, el Plan Nacional de Desarrollo es un programa de acción política y económica que califica de “interesante”, además de ser “reformista y solidario”.

“Es un reformismo progresista, pero no estamos ante un programa de acción de gobierno revolucionario, ni mucho menos. Está comprometido con los sectores sociales, pero no veo al Gobierno en un camino de emprender acciones como reformar la Constitución Política, sino en hacer reformas. Además, la atención que pone al tema de corrupción me parece valioso”, comentó el analista.

Barahona también destacó la alusión que hizo el presidente Solís al “chantaje” que pretende imponer el Partido Liberación Nacional (PLN) para que se detengan procesos administrativos contra sus partidarios en entidades públicas, a cambio de los votos necesarios para aprobar el Presupuesto Extraordinario en la Asamblea Legislativa.


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