A pesar de las denuncias, la actividad piñera continúa y las entidades concernientes se achacan la responsabilidad unas a otras.

La explotación piñera en la zona norte del país persiste a pesar de las denuncias de la población y organizaciones ambientalistas debido a la falta de control para prevenir daños a los ecosistemas, como el Humedal Caño Negro, que se encuentra entre los cantones de Los Chiles y Guatuso.

En tanto, las instituciones estatales encargadas de velar por la parte ambiental se lanzan la responsabilidad unas a otras.
El ejemplo más reciente es la empresa Intertec, que opera en un asentamiento campesino en la región de Thiales.

Las denuncias contra esta compañía se deben a que carece de una planta de tratamientos residuales y hace uso de sustancias químicas como el bromacil, según explicó Fredy Vargas, abogado de la Asociación de Iniciativas Populares DITSÖ.

La expansión piñera ha provocado la degradación del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, a causa del uso agresivo del suelo y la contaminación de los ríos.

Caño Negro es reconocido por la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar desde 1991 y cuenta con una amplia biodiversidad.

INTERVENCIÓN

De acuerdo con Vargas, habitantes de la región manifiestan su inconformidad ya que la empresa Intertec tiene un volumen considerable de procesamiento y empacado por la planta, además del piñal.
El diputado del Partido Acción Ciudadana Claudio Monge, envió una carta a la Ministra de Salud María Luisa Ávila en la que informa que la empresa ha sido denunciada ante este ministerio y el de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
“La mayor problemática se debe a que la empresa de tratamiento hizo un canal que sale desde la plantación piñera y la planta empacadora y pasa por la calle a través de una tubería subterránea, desembocando finalmente en una quebrada de la zona.  Esto afecta fundamentalmente al río Thiales de Guatuso y la comunidad ubicada en el asentamiento campesino La Cabaña”, indicó la misiva.
El legislador añadió que la planta procesa piña de otras empresas, por lo que la contaminación de las aguas aumentó de forma considerable e incluso se observaba que los caudales tenían una coloración lechosa, lo que provocó el temor de la población.
Asimismo, aseguró que en el 2009 una representante del Ministerio de Salud acudió a la zona para realizar una inspección y según manifestaron vecinos de la comunidad, esta persona emitió un informe en el que indicaba que no había problemática alguna.
El año pasado se presentó una denuncia penal contra otra piñera que funcionaba dentro de un asentamiento campesino de la zona del Guayrie, la parcela 17, que era propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Esta señalaba que en esas tierras se daba la tala de árboles durante los últimos dos años, que rodeaban nacientes y pozos, y que las aguas alrededor estaban cargadas de químicos y sedimentos que llegaban a esas nacientes y a otras propiedades. También evidenció que los daños amenazaban la estabilidad ambiental del Río Barbudero y el Humedal Caño Negro, ya que las aguas finalizan su recorrido en esos puntos.
En junio, el IDA ordenó la revocatoria de la adjudicación y nulidad del título de la parcela 17, por abandono injustificado de los dueños originales. Estas personas vendieron las tierras a un familiar, proceso con problemas legales, según la institución.
El abogado mencionó que al momento de la denuncia acudieron al anterior director del IDA, Carlos Bolaños, con quien llegaron a un acuerdo verbal por la sospecha de que se volcaban otras parcelas agrícolas para el desarrollo de la actividad piñera, lo que significaba la profundización del deterioro y desnaturalización de las zonas dedicadas al área agroindustrial.
“La actividad de la piña no solo tiene enorme costo ambiental, en la región se expresa en términos de aumentar el desequilibrio y deterioro ambiental desde la época del 70. Es una actividad pensada en el mercado externo que socava y compromete la soberanía alimentaria de la región y el país”, indicó Vargas.
Igualmente, reprochó que en las piñeras trabajan en su mayoría migrantes nicaragüenses subcontratados que sufren de explotación y laboran por largas jornadas bajo condiciones adversas y salarios muy bajos. Subrayó que las mujeres son muy afectadas, al tener trabajos muy poco calificados y de mucho rigor dentro de las plantas.

LIMITACIONES

El coordinador del Área de Conservación y Uso Sostenible de Recursos Naturales del IDA, Rodrigo Morales, comentó que la institución encontró en la parcela 17 del Guayrie que había problemas por contaminación de las aguas e invasión a la zona de protección de la quebrada. Hallaron que la ocupación era ilegal, por lo que actuaron en la parte jurídica, ya que tenían competencia para hacerlo al ser un asentamiento que pertenecía a esa entidad y tenía menos de 15 años de estar bajo la posesión de otras personas (periodo máximo en el que puede anular el título de una tierra bajo esas condiciones).
El biólogo resaltó que el IDA no autoriza ningún proyecto productivo de piña. “El problema en la zona norte es gravísimo porque no se sabe qué tiene y qué no viabilidad ambiental. Las limitaciones se dan porque (algunas parcelas) están fuera del marco jurídico que lo acoge como institución”.
Morales aseguró que para prevenir el impacto negativo de esta actividad debe existir mayor coordinación entre los organismos concernientes al tema y que se requiere de una política nacional para controlarla.
Respecto del funcionamiento de la empresa Intertec, comentó que no han recibido ninguna denuncia, pero que en esa zona el IDA sí posee asentamientos.
“Los más vigilantes deben ser los mismos parceleros y las organizaciones ambientalistas que manden denuncias”.
Apuntó que “quienes tienen que entrar en cintura son el MINAET, SETENA, SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y el CNP (Consejo Nacional de Producción)”.
Este medio buscó la posición de Abel Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), pero al cierre de edición informó que solo daría entrevistas presenciales.

Jorge Bonilla, Tribunal Ambiental: “La actividad sigue igual”

Jorge Bonilla, director de la Unidad Técnica del Tribunal Ambiental Administrativo confirmó a UNIVERSIDAD     que varias plantaciones forestales de esa región siguen siendo destruidas para darle cabida al cultivo de piña.
La semana pasada personeros de ese tribunal visitaron tierras alrededor de Caño Negro para verificar las actividades de plantas procesadoras y cultivos de la fruta. Encontraron que cierta cantidad de troncos fue talada y que algunas empresas tenían vencido el permiso para corte de árboles, así como que en ciertos casos no respetaban las zonas, por ejemplo, labores de fumigación se efectuaban muy cerca del comedor de una escuela.
“La actividad sigue igual, no se ejecuta un control, falta algo. El tribunal da órdenes a otras competencias pero hay funcionarios que no cumplen a cabalidad”.
Concordó en que el accionar de instituciones como el Ministerio de Salud, MAG y SETENA es insuficiente a pesar de los esfuerzos de coordinación.
Mencionó que visitaron cerca de siete piñeras, y cada una cuenta con un aproximado de 600 hectáreas de explotación. Estas no cuentan con viabilidad ambiental y de acuerdo con el representante, no hay un seguimiento adecuado para conocer si se implementan medidas para disminuir y detener los daños a los recursos naturales.
También se le consultó sobre la empresa Intertec, e indicó que esta empresa ya colocó una pileta para tratar las aguas por lo que el problema está resuelto. Al consultársele sobre el seguimiento a futuro para saber si la compañía sigue cumpliendo con no perjudicar el ambiente, aseguró que el tribunal solo ve el daño y que la parte preventiva le corresponde a SETENA, además que el Ministerio de Salud ya expresó que los daños se detuvieron.

Salud sin posición

UNIVERSIDAD también buscó la posición sobre las denuncias, en específico la de Intertec, a la ministra de salud María Luisa Ávila, a través de correo electrónico, pero a la hora del cierre no hubo respuesta. Igualmente, se le adjuntó la siguiente consulta:

En una carta que le envió el diputado del PAC Claudio Monge, el legislador manifiesta que el año pasado la doctora Melisa Pérez Solano acudió a la zona en representación del Ministerio de Salud para realizar una inspección, y pese a las denuncias de la población, señaló en un informe en el que aseveraba que no hay problema alguno. ¿Es cierta esta
situación? ¿Enviarían a otros especialistas a la región, tomando en cuenta que organizaciones ambientalistas y entidades estatales como el Tribunal Ambiental y el IDA reconocen el impacto de la explotación piñera en el ambiente y la salud de las personas?