La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) aprovechará que cuatro magistrados se jubilarán en los próximos doce meses para intentar cambiar el rostro de la Corte Suprema de Justicia, impulsando el nombramiento de juristas que les sean afines ideológicamente y favorezcan el clima de negocios.
Así lo confirmó al Semanario UNIVERSIDAD el jefe de la fracción oficialista, Fabio Molina, quien aseguró que todos los nombramientos de magistrados son “absolutamente políticos” y adelantó que, para renovar los puestos que queden vacantes en los próximos meses, su fracción impulsará a aquellos candidatos que “además de interpretar la Constitución, provoquen clima de negocios”.
“Nosotros (el PLN) no vamos a elegir, por ejemplo, a un magistrado que se oponga al modelo de desarrollo económico que este país definió en un referéndum. Si nos sale un magistrado que dice que él no cree en este modelo de desarrollo y que cree en el estatismo, no lo vamos a elegir”, aseguró Molina (véase entrevista aparte).
La mayor fracción legislativa del Congreso alista su estrategia, de cara a la profunda renovación generacional que se avecina en la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Antes de que el próximo gobierno asuma el 8 de mayo de 2014, cinco de los 22 magistrados que integran la Corte serán nuevos.
Hoy, más de la mitad de la Corte Plena (13 magistrados) cumple con los requisitos legales para jubilarse y, además, ya tiene aprobada la pensión. Por esta razón, UNIVERSIDAD entrevistó a los magistrados de las cuatro salas de la Corte, para conocer quiénes se acogerán al beneficio antes de la llegada del próximo gobierno.
Al anuncio efectuado por la magistrada Ana Virginia Calzada, de jubilarse en este mes de abril, se suman ahora los nombres de José Manuel Arroyo de la Sala III y Anabel León y Carmenmaría Escoto, de la Sala I, quienes confirmaron a este Semanario su decisión de pensionarse en los próximos meses.
Arroyo dijo que ya tiene la pensión aprobada y que tomará ese beneficio en los próximos doce meses; “sí, muy probablemente me pensione en el próximo año; es un momento difícil, por la desaparición de don Luis Paulino Mora”, comentó.
La magistrada Anabel León también admitió que tomará el mismo camino: “sí, creo que dentro del próximo año me acogeré a la pensión que ya tengo aprobada. He manifestado mi intención de irme en fecha cercana, pero no quiero adelantar una fecha concreta”, expresó.
Por su parte, Carmenmaría Escoto ratificó que seguirá el mismo camino. “Soy una de las personas de mayor edad en el Poder Judicial; hay que dejar espacio para las nuevas generaciones; además, tengo una situación familiar de emergencia que debo atender”, puntualizó.
Los diputados también deberán escoger un magistrado que asuma la plaza que quedó tras el fallecimiento −el pasado 17 de febrero− del presidente de la Corte, Luis Paulino Mora.
Asimismo, en los próximos meses se podría sumar otra vacante en la Sala I, debido a la investigación por el delito de violación, que lleva el Ministerio Público en contra del magistrado Óscar González.
En este caso, la Asamblea Legislativa podría revocar el mandato de magistrado a González por “conducta impropia”, si se reúnen los votos de 38 diputados.
DELICADO EQUILIBRIO
En total, están en juego seis puestos de magistrado, un número que permitiría cambiar el equilibrio de las votaciones de la Corte Plena. Dicha instancia tiene entre sus funciones escoger y nombrar al Fiscal General, al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los seis nuevos magistrados representarían, por ejemplo, más de un tercio de los 15 votos de Corte Plena que se necesitan para escoger un magistrado del TSE o su suplente.
La decisión de acogerse a la pensión divide las opiniones entre los miembros de la Corte. Román Solís, de la Sala I, y Julia Varela, de la Sala II, consideran que tras la muerte de Luis Paulino Mora y los ataques recibidos desde el Poder Legislativo, la coyuntura amerita mantenerse en sus cargos.
“Vienen tiempos difíciles con la partida de don Luis Paulino; considero mi deber mantenerme en el cargo y apoyar el proceso que tenemos por delante”, aseguró Solís.
Para la magistrada Varela, ninguno de los magistrados debería retirarse, al menos en un período de año y medio; “este es un momento de transición y creo que no debería irse nadie en un período de un año y medio o dos; es necesario consolidar y apoyar a la Corte”, externó.
Otros, como el magistrado de la Sala II, Rolando Vega, expresaron un sentimiento de frustración por los posibles cambios en la composición de la Corte.
“No me he planteado pensionarme; tengo diez años de estar batallando, pero va a depender mucho de los cambios que se den en la Corte. Voy a evaluar los cambios en la composición, porque no es posible estar en una institución si no se comparte la visión institucional, sería muy frustrante. Hemos trabajado mucho, pero no ha habido todo el apoyo que yo hubiera esperado para los cambios que el Poder Judicial requiere y el desgaste ha sido mucho”, aseveró Vega.
PUESTOS ESTRATÉGICOS
Mientras avanza el proceso de selección de los nuevos magistrados, los actuales deberán elegir internamente un nuevo presidente para la Corte Suprema y un nuevo presidente para la Sala Constitucional.
Inicialmente, los miembros de la Corte habían fijado la fecha del 10 de abril para iniciar la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema; pero, ese proceso se suspendió luego por iniciativa del magistrado Ernesto Jinesta, quien propuso que antes de efectuar esa elección los magistrados lleven adelante unas “jornadas de reflexión”, a las que aún no se les asignó fecha.
Entre las funciones del presidente de la Corte, está la negociación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, del presupuesto para el Poder Judicial.
Hoy, por mandato constitucional el Poder Judicial debería recibir un 6% del Presupuesto Nacional, pero, en la práctica, recibe poco más del 8 %, por lo que la capacidad de negociación política del nuevo presidente de la Corte resultará vital, para sostener ese nivel de asignaciones y mantener el funcionamiento de la justicia.
La Sala Constitucional, encargada de materializar y llevar a la práctica los principios y valores de la Constitución, será la que sufrirá una de las mayores transformaciones, ya que renovará dos de los siete puestos, es decir, un tercio de sus miembros.
La renovación de este tercio podría variar el criterio constitucional en temas claves, dado que en resoluciones como el de fecundación in vitro, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el plan fiscal, los votos de los siete magistrados de la Sala IV se alinearon cuatro a tres, a favor o en contra de cada caso. Ahora, con dos nuevos rostros, ese equilibrio podría verse alterado.
La última renovación de magistrados de la Corte se produjo a partir de 1986, cuando en un período de cinco años se pensionaron diez magistrados de la Corte.
Seis cargos de magistrados en vilo
Carmenmaría Escoto, magistrada de la Sala I
“Hay que dejar espacio para las nuevas generaciones; además, tengo una situación familiar de emergencia que debo atender”.
Luis Guillermo Rivas, magistrado de la Sala I
“Cierto que tengo aprobado el derecho de jubilación, pero no he pensado en acogerme a ese derecho en los próximos doce meses”.
Román Solís, magistrado de la Sala I
“No me voy a pensionar en el próximo año. Vivimos momentos difíciles, luego de la partida de Luis Paulino Mora; considero mi deber apoyar el proceso que tenemos por delante”.
Anabelle León, magistrada de la Sala I
“Sí creo que dentro del próximo año me acogeré a la pensión, que ya tengo aprobada. He manifestado mi intención de irme en fecha cercana, pero no quiero adelantar una fecha”.
Rolando Vega, magistrado de la Sala II
“Va a depender de los acontecimientos que se den en la Corte. Evaluaré los cambios que se hagan en la composición de la Corte, porque estar en una institución donde no se comparte la visión institucional podría ser muy frustrante”.
Eva María Camacho, magistrada de la Sala II
“No tengo pensado acogerme a la pensión; la tengo aprobada, pero durante el próximo año no me acogeré al beneficio”.
Julia Varela, magistrada de la Sala II
“Tengo cinco años de postergarlo y aún no pienso pensionarme. Tengo una misión de ayudar en el campo laboral. Este es un momento de transición y no debería irse nadie”.
Orlando Aguirre, magistrado de la Sala II
“No tengo planificado acogerme al retiro dentro del próximo año”.
José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala III
“Sí, muy probablemente me pensione en el próximo año; es un momento difícil, por la desaparición de don Luis Paulino Mora”.
Zarella Villanueva, magistrada de la Sala II
“En este momento no tengo ningún interés en pensionarme”.
Jesús Ramírez, magistrado de la Sala III
No respondió las consultas que se hicieron llegar a su oficina y al departamento de prensa del Poder Judicial.
Fernando Cruz, magistrado de la Sala IV
“No lo he pensado todavía, además tengo pendiente que se resuelva un recurso de amparo; tengo 64 años y buena salud. No estoy listo para que me entierren”.
Gilbert Armijo, magistrado de la Sala IV
No respondió las consultas que se hicieron llegar a su oficina y al departamento de prensa del Poder Judicial.
Ana Virginia Calzada, magistrada de la Sala IV
Anunció que se acogerá a la jubilación a partir de la segunda quincena de abril.
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte y de la Sala IV
Falleció el pasado 17 de febrero.
Óscar González, magistrado de la Sala I
El Ministerio Público investiga una denuncia en su contra por el posible delito de violación. La Asamblea Legislativa, podría revocar su mandato por “conducta impropia”.
Fabio Molina, jefe de Fracción del PLN:
“El magistrado debe provocar un clima de negocios”
Ernesto Rivera
twitter@ernesto763
Fabio Molina, jefe de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), detalló la estrategia que impulsará el oficialismo para escoger a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El diputado verdiblanco se queja de que los fallos judiciales enterraron dos planes fiscales por “leguleyadas”, califica a la Sala Constitucional de “senado político” que se considera por encima de la Asamblea Legislativa y señala que apoyarán candidatos que provoquen un “clima de negocios”. A continuación un fragmento de esta conversación.
¿Impulsará la fracción de Liberación un perfil diferente al actual para los magistrados que van a tener que elegir?
−El marco actual llama a la reflexión y a la toma de decisión. Acusaciones a un magistrado por violación; otros trece con la pensión aprobada que se aferran a los cargos; se han recetado un régimen de privilegios, pensiones y salarios. No hay límites de anualidades, ni de cesantía; no se cumple el principio de justicia pronta y cumplida y, adicionalmente, una Sala que se ha considerado un senado político por encima de la Asamblea Legislativa y que ha llegado a la vergüenza de enterrar dos planes fiscales por aspectos meramente de formalismos jurídicos o “leguleyadas”; mientras le niegan recursos a la seguridad social, ellos no tienen límite para recetarse estas prebendas salariales, que le cuestan mucho al erario público.
Son necesarias reformas en el Poder Judicial para que sea más eficiente, más transparente y que los privilegios sean la excepción y no la regla. Esta es una oportunidad para hacerlo, pero ningún partido político solo puede designar un magistrado, ni siquiera dos partidos juntos.
La bancada del PLN es numerosa y tiene una cadena de alianzas que, en el caso de la no reelección del Magistrado Cruz, logró los 38 votos…
−Lo primero es que se cumpla el proceso señalado por la presidenta de la Comisión de Nombramientos, abrir el concurso y esperar la selección. Después veremos si, dentro de las personas recomendadas, hay alguno que cumpla con el perfil de la fracción, y frente a esos candidatos tendremos que buscar acuerdos multipartidistas, porque ni siquiera alcanza un acuerdo con tres fracciones. Procede equidad de género, que sea un hombre y una mujer, y que sean expertos en derecho constitucional porque es la sala de garantías y hay mucho penalista. Además, reiterar que los nombramientos en la Sala son absolutamente políticos, aquí y en todo el mundo; pero, una vez que se los designa, el compromiso es con la Constitución y no con los partidos que los nombran.
¿Cuáles son las afinidades ideológicas que deberían tener los candidatos para recibir los votos del PLN?
−Liberación es un partido socialdemócrata que busca consolidar la democracia, el desarrollo económico y el desarrollo social; no vamos a impulsar a alguien que no comulgue con estas ideas.
Todas las personas se pronuncian a favor del desarrollo, pero cada partido tiene una visión diferente de lo que eso significa. ¿Cuál es la visión de magistrado que apoyaría Liberación?
−Para nosotros está claro qué es la socialdemocracia: el mayor bienestar para el mayor número, y esa debe ser una de las reglas. Don Pepe nos enseñó que no hay desarrollo social sin desarrollo económico. Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico para lograr el desarrollo social, y nosotros por supuesto que sabemos precisar quiénes cumplen con ese perfil, porque la valoración la haremos nosotros.
¿Cómo valora el equilibrio entre abrir al clima de negocios y mantener las garantías constitucionales?
−No me voy a referir a cada voto de cada caso específico; los votos se respetan en un Estado de derecho; pero, nosotros no vamos a elegir −por ejemplo− un magistrado que se oponga al modelo de desarrollo económico que este país definió en un referéndum; si nos sale un magistrado que cree en el estatismo, en que todos los medios de producción deben estar en manos de Estado, esa persona no tendrá ni un voto de Liberación Nacional.
En la no reelección del magistrado Cruz usted quiso llamar la atención a la Corte porque, en su opinión, se habían excedido. ¿Por qué que se habían excedido? ¿Apostarán ahora por magistrados que se contengan?
−Exactamente. Debe aplicarse en los votos de la Sala el principio de autocontención, para no excederse en sus votos asumiendo competencias que no le son propias y pertenecen al Poder Legislativo. Nosotros buscamos restaurar el equilibrio de poderes, no meternos en detalles de los votos, sino que se restablezca un equilibrio de poderes, porque es evidente que en los últimos años se ha dado un exceso de competencias a favor de la Sala y en detrimento de la Asamblea Legislativa. Si de la lista que enviará la comisión no encontramos el candidato que necesitamos, la segunda opción es pensar que en el país hay 25.000 abogados, y entre ellos hay mucha gente talentosa que puede ser magistrado.
