La mayoría de los alcaldes que buscan ser reelegidos en sus cargos por un nuevo período pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN); de esta manera, la agrupación verdiblanca busca retener su cuota de poder político tras el desastroso resultado electoral en las elecciones nacionales del 2014.
Según datos obtenidos de los propios partidos políticos, del total nacional de 81 alcaldes, 30 aspiran a ser reelegidos y entre ellos 28 son del PLN. Esta cifra se debe complementar con el caso del cantón central de San José, donde no será la alcaldesa Sandra García quien se postule, sino su esposo, Guido Granados.
Cabe destacar que estas cifras son preliminares, pues aún las candidaturas no han sido oficializadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Además, otros partidos que lograron alcaldías en las elecciones anteriores, como el oficialista Acción Ciudadana (PAC), el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), el Movimiento Libertario (ML) o el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aún enfrentan etapas incipientes de los procesos partidarios internos para definición de candidaturas. El politólogo Rotsay Rosales consideró que, en primera instancia, el PLN enfrenta la realidad de ser el partido que “más tiene que perder”, pues goza de un dominio “casi hegemónico” de las alcaldías.
“Para el PLN, las elecciones municipales significan poner a prueba su maquinaria, dirigencia y organización tanto de recursos como de poder en general, pues quedaron dañadas por la derrota y cuestionadas por la forma como se dio esa derrota en el 2014”, expresó. Por ello, añadió que las elecciones del 2016 serán “una prueba de fuego para el PLN”.
A ello sumó un reto adicional, mantener el dominio en algunos municipios que no le favorecieron en las elecciones presidenciales del 2014. Algunas de esas alcaldías en términos presupuestarios son de las más importantes, como las del valle Central, donde el PAC logró mejores resultados y que además de mayores recursos, aportan caudal electoral.
Por su parte, el PAC desde la óptica de Rosales, enfrenta la difícil misión de “revertir la desaprobación que padece el Gobierno y demostrar que su organización territorial ha mejorado más allá de la meseta Central”. Además enfrenta un problema común a todos los partidos: la débil disciplina partidaria que genera “cortocircuitos” entre las decisiones de alta dirigencia y las bases.
Mientras el Frente Amplio tiene “todo que ganar”, pues en la actualidad no controla ninguna alcaldía, el Partido Unidad Social Cristiana debe demostrar que su “resurrección” electoral del 2014 no es “un evento único o casuístico”, pero también que es capaz de superar la escisión del “calderonismo duro” que se separó del partido y formó el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
El analista consideró que el Movimiento Libertario (ML) es el partido “de más bajo perfil” de los de escala nacional, con “sus altos dirigentes sentados en sede penal por escándalo de financiamiento, incluida la figura más relevante”.
Debido a la acusación por estafa al TSE en el caso de las llamadas capacitaciones fantasma, Rosales considera que para esa agrupación de derecha será difícil dedicar esfuerzos a formar organización y halar votos.
BUEN GOBIERNO
De cara a las próximas elecciones municipales, recobra vigencia el tema de la eficiencia en la ejecución presupuestaria de los gobiernos locales.
La Contraloría General de la República (CGR) lleva el pulso de la ejecución presupuestaria de las municipalidades a través de las liquidaciones presupuestarias que estas le remiten mediante el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP).
German Mora, Gerente de Desarrollo Local de la CGR, explicó que a la hora de evaluar la eficiencia presupuestaria de las municipalidades se debe tomar en cuenta tanto el rubro de ingresos como de gastos.
Según informó, en el rubro de ingresos incluye un componente de ejecución que tiene que ver con la recaudación y detalló que esta “alcanza el 97,5%; está bastante bien”.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria no es así de eficiente respecto al cumplimiento de los gastos programados. Según detalló el funcionario, en el 2014 la ejecución de gastos alcanzó, en promedio, un 74%, que representa unos ¢350.000 millones, un incremento de ¢41.000 millones con respecto al 2013.
Esa cifra de ¢350.000 millones implica que el 26% de presupuesto que no se ejecuta alcanza unos ¢122.973 millones a nivel nacional, lo cual se refleja en la ejecución de obras y planes.
Mora añadió que el promedio de cumplimiento de metas ronda el 53%, por lo que “hay una duda importante de un grupo significativo de municipalidades que no cumple lo que propone en sus planes”.
Sobre ese 26% del gasto presupuestado que no se ejecuta, explicó que esos dineros pueden pasar a engrosar cuentas de superávit de cada Municipalidad, que deben ejecutarse al año siguiente y según el caso, respetando el destino específico que puedan tener algunos fondos.
“Hay muchas causas para la subejecución y dependen de la realidad de cada municipalidad y de cada región”, detalló Mora. Por ejemplo, las municipalidades tienen un deficiente monitoreo de los ingresos y del registro de patentados, a lo cual se suma “un problema importante de desactualización de tasas o la falta de una adecuada estructura administrativa, todo lo cual se suma”, según explicó.
Respecto al problema de la subejecución de los gastos presupuestados destacan casos como el de la Municipalidad de Alajuela, cuyo alcalde Roberto Thompson busca la reelección por el PLN.
Para el 2014 Alajuela presupuestó gastos por ¢32.852 millones y ejecutó ¢23.367 millones, lo cual dejó una subejecución de ¢9.485 millones, un 29% del total originalmente propuesto.
Al revisar la ejecución de gastos en las bases de datos de la CGR, destacan trabajos que no se realizaron como la reconstrucción del antiguo kiosco del Parque Central, por ¢165 millones, o la construcción de un “tanque de almacenamiento” en la localidad de Desamparados, por ¢260 millones.
Otro alcalde que busca la reelección es Fernando Trejos, quien en el 2006 logró ser elegido en ese puesto en la Municipalidad de Montes de Oca ondeando la bandera del desaparecido Partido Unión para el Cambio; luego en 2010 saltó a las filas del partido cristiano Renovación Costarricense y en febrero se mantendrá en la hueste político-religiosa pero bajo la sombrilla de Restauración Nacional.
El año pasado, esa Municipalidad presupuestó gastos por ¢6.932 millones, ejecutó ¢4.541 millones y por ello la subejecución fue de ¢2.391 millones, lo cual representa un 34% de lo originalmente planificado. Entre las obras que la gestión de Trejos dejó sin realizar figuran la compra de una Casa de la Cultura, por ¢140 millones, y la construcción de una piscina municipal por ¢160 millones.
Otro ejemplo llamativo es el de la Municipalidad de Osa, cuyo alcalde, el liberacionista Jorge Alberto Cole, tiene pendiente la ejecución de una sanción en su contra emitida por la CGR, como lo informó UNIVERSIDAD en su anterior edición.
Para el 2014, la Municipalidad de Osa presupuestó gastos por ¢4.277 millones y ejecutó ¢2.565 millones, para una subejecución de ¢1.712 millones. Ello quiere decir que no ejecutaron el 40% de los gastos previstos.
Entre las obras que Cole no concretó en el 2014 figuran la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial en Palmar Norte y Palmar Sur, por ¢47,4 millones y la de un “parque integral y recreativo” en Palmar Norte, por ¢35 millones.
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