Los objetivos de la red solidaria del PLN están plasmados en una presentación de diapositivas.
La “maquinaria electoral” del Partido Liberación Nacional (PLN) se reinventa cada cuatro años y para este nuevo proceso apuesta por el voto de al menos 50.000 empleados públicos, para lo cual el partido creó la coordinadora de organización sectorial no estatutaria, que incluye al sector público como una de sus áreas de trabajo.
Para lograr su objetivo, los empleados públicos afines al candidato liberacionista, Johnny Araya Monge, conformaron las denominadas “Redes Solidarias”, células en instituciones que buscan expandirse en el ámbito nacional, con la meta primordial de obtener votos para el exalcalde de San José y ahora aspirante a mandatario.
La coordinadora nacional de las redes es Ermida Berdugo, quien en campañas pasadas fungió como coordinadora nacional de sectores del PLN.
Ella aseguró en una primera instancia que podría hablar del tema, pero posteriormente refirió las consultas a Óscar Izquierdo, encargado de la organización sectorial no estatutaria de la campaña.
De acuerdo con Izquierdo, las organizaciones no estatutarias incluyen sectores mucho más amplios que solo el de trabajadores públicos, ya que además han involucrado al agro y a población indígena, por ejemplo.Explicó que las labores no solo se concentran en captar votos: “el primer paso es escuchar el planteamiento de estos sectores para el próximo gobierno. Es obvio que hay una voluntad de ellos a trabajar para hacer realidad estas propuestas y se concretarían convirtiendo a Johnny Araya presidente”.
Mientras tanto, Rafael Segura −miembro del sector agricultura y de la red, donde trabaja en el área de imagen− afirmó que ingresó a la iniciativa para “dejar de quejarse y trabajar en una propuesta para el país”, de cara a la próxima administración.
FUNCIONAMIENTO DE LA RED
A inicios del mes de agosto, el comité central diseñó la estructura de trabajo, en la cual se indica que los denominados “Grupos Nuevos” serán los encargados de recibir a las instituciones que se sumen, reuniéndose con los comités coordinadores e impartiendo las primeras capacitaciones.
Consolidado el comité central de la institución, se continúa el trabajo en el grupo de “seguimiento”, quienes velarán por el cumplimiento de las metas y objetivos, así como por el crecimiento de las estructuras, con la ampliación a “redes solidarias familiares”.
El cronograma estableció que para finales de setiembre las estructuras institucionales centrales debían estar listas a un 100%.
Dichas redes familiares estarían desligadas de las institucionales, y serían responsabilidad propia de quienes asuman la dirección de dichas estructuras, las cuales tendrán que velar por “llevarlos a votar o asegurarse que el 2 de febrero asistan a las urnas”.
Posterior a ello se buscará consolidar las “redes secundarias”, que tendrán como meta la apertura de nuevas células. Sumado a estas estarían las “redes solidarias regionales”, que tienen como objetivo afianzar el proceso nacional. Para el 30 de noviembre deben estar consolidadas el 100% de las estructuras institucionales regionales.
Con el apoyo de la comisión de grupos nuevos y de la de seguimiento a estructuras, se conformarán las “redes especializadas”, y con el proceso estaría casi concluido.
El trabajo se complementa con la labor realizada por la comisión de “imagen y capacitación”, a cargo de los signos externos y sitios en Internet, así como de actividades de capacitación del grupo y foros. Para el 15 de enero deberán estar formadas y consolidadas todas las estructuras.
Dentro de las actividades realizadas, el partido organizó en agosto la primera capacitación del Sector Público-Redes Solidarias, en el Balcón Verde, y en la cual estuvo el candidato liberacionista, Johnny Araya.
El cumplimiento de las metas se logra además gracias al trabajo de la comisión de presupuesto, que vela por “la exacta ejecución del presupuesto que se asigne, de acuerdo a los lineamientos del PLN y el Tribunal Supremo de Elecciones”.
Los fondos provienen de una partida presupuestaria, con el fin de abarcar las necesidades pertinentes, detalló Óscar Izquierdo, quien señaló que “hasta donde tengo entendido, el partido no tiene recursos propios, entonces son gastos de campaña”.
El representante del PLN sostiene que las labores propias de la red se realizan fuera de los horarios de trabajo. “No estoy enterado de que se envíen correos o nada de eso y el uso de redes sociales no está dispuesto por nosotros; deberíamos de tenerlo, pero no existe una red orgánica de redes sociales”, acotó.
Cabe mencionar que en la red social Facebook existe una página denominada “Sector Público PLN”, la cual es alimentada con información prácticamente a cualquier hora del día.
SIN PROMESAS, PERO…
El trabajo que se realiza en las redes del sector público es solidario y sin ningún afán personalista, aseveró Izquierdo.
No obstante, en una presentación de diapositivas la red solidaria dispone como objetivo secundario: “Apoyar y fortalecer a todos los miembros ACTIVOS del Sector Público del PLN en la Administración 2014-2018 y logro de objetivos Institucionales o Ministeriales”.
Al ser consultado al respecto, Izquierdo alegó que “no entiendo eso; no sé por qué lo pusieron”; aquí no se pretende ningún beneficio en particular, los beneficios son para el país”.
Dicho criterio fue compartido por Edwin Arias, asesor legislativo que dijo no haberse incorporado aún en las redes solidarias, aunque espera hacerlo pronto en Heredia.
Arias piensa que es prácticamente imposible garantizar una mejoría laboral a tantas personas que participan en dichas actividades. “Si fuera así, ¿cómo hacer para ofrecerles cosas a más de 15 funcionarios por institución? Es imposible; lo que hace uno es ayudar en el tema electoral”.
En este sentido, Rafael Segura recordó que “desde el inicio, el primer mensaje del candidato es que nadie se reparta nada, que nadie tiene ningún puesto, que lo primero que hay que hacer es ganar”.
Jorge Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC), alertó a UNIVERSIDAD sobre la existencia de las denominadas “redes solidarias”.
El sindicalista estima que estas prácticas no contribuyen en nada a la democracia, ya que “es poner al servicio del partido político del gobierno, una estructura a la que ni los partidos pequeños, ni los ciudadanos comunes, tienen acceso”.
Arguedas, también candidato a diputado por el Partido Frente Amplio, advirtió que en campaña los partidos tradicionales suelen hacer promesas a cambio de votos.
“Por cuestiones meramente políticas, se pueden conseguir ascensos dentro de instituciones; el que no está alineado con las políticas del gobierno es una persona no apta para un puesto”, criticó.
Funcionarios públicos en altos cargos son integrantes de la red
David Barboza, asesor de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es integrante de la Red Solidaria del Sector Público que procura la presidencia para el candidato liberacionista, Johnny Araya.
Barboza, quien fue vicepresidente de la ANTTEC, estuvo además involucrado en el escándalo por el uso del helicóptero del ICE, para trasladar al expresidente de la institución −Pedro Pablo Quirós− a actividades personales, en un vuelo que tenía otros objetivos.
Ahora Barboza es integrante de la “Red Solidaria del Sector Público”, por lo que Jorge Arguedas −integrante de la ANTTEC− cuestiona este hecho; “si usted está asesorando a la presidencia ejecutiva no tiene por qué estar al servicio del Partido Liberación Nacional”, reprochó.
El Estatuto de personal del ICE establece, en su capítulo 29, “no hacer durante el trabajo propaganda política electoral”. Pese a que se intentó conocer el criterio de Barboza, no atendió las llamadas realizadas a su teléfono celular institucional.
El sindicato ANTTEC corroboró que el teléfono celular que se indica como contacto en la presentación de diapositivas de la “red solidaria- sector público” −a nombre del asesor de Presidencia del ICE, David Barboza− es una línea que fue otorgada por la institucional para uso propio de sus labores.
Mientras tanto, el jefe del Departamento Diplomático en la Dirección General de Servicio Exterior, Ubaldo García, también forma parte de las denominadas redes solidarias. Él fue nombrado en una plaza de jefatura en la Cancillería desde el pasado 1 de febrero.
El artículo 12 del Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la República, establece la prohibición para participar en actos políticos a los funcionarios del servicio exterior.
Ante consulta de este Semanario, la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó lo siguiente: “adicionalmente, el señor Ubaldo García se permite afirmar que, en su caso, nunca ha realizado actividades de una campaña electoral dentro del horario laboral”.
Cabe resaltar que una resolución del TSE en el año 2010, estableció que la prohibición absoluta de participación política prevista en el artículo 146 del Código Electoral, resulta aplicable únicamente a los funcionarios del servicio exterior que se desempeñan fuera del país.
Rolando González, gerente de campaña del PLN:
“No sé si algún otro partido tiene la excelente organización que tenemos nosotros”
¿Por qué crear redes de votantes en instituciones públicas?
−En Liberación Nacional es normal que generemos opciones novedosas en materia de organización territorial; en esta campaña creamos la organización no estatutaria, para coordinar con diversos sectores de la sociedad civil que están con nosotros y con Johnny, y que debemos articular; entre estos el sector público, cuyos trabajadores son ciudadanos con todos los deberes y derechos constitucionales que les permiten involucrarse en política fuera de horario de trabajo, con las salvedades legales.
¿Este tipo de estrategia es una idea del candidato?
−La idea es de la campaña, no es individual; son productos colectivos en materia de diseñar una estructura y estrategia; igual que desarrollamos el sector público, tenemos un desarrollo en otros sectores de la sociedad, en donde tenemos vínculos importantes. Todos los casos pensando en la construcción de una sociedad más equitativa y participativa; somos el partido que ha desarrollado las más efectivas técnicas de organización política y lo seguimos haciendo en esta campaña.
¿Hay garantía del cumplimiento de esas salvedades legales?
−Las leyes son genéricas, aplicables a todo ciudadano de este país; por lo tanto, organizar el sector público es un derecho de cualquier partido político; que nosotros lo hagamos, lo hagamos bien y lo optimicemos, se enmarca en la ley y jamás será contrario a los límites establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.
¿Pero quién garantiza que las labores que realizan los integrantes de estas redes se efectúen sin desatender su trabajo?
−Me parece que en la pregunta hay una presunción de culpabilidad; no se le puede negar a ningún ciudadano sus derechos electorales; si alguien violara los límites de la ley, la primera responsabilidad es de las jefaturas institucionales; en el plano legal, en el plano ético y político, en Liberación Nacional no haremos más de lo que la ley permite y eso lo observamos rigurosamente en el sector público y todos los sectores. Hay afiliados a distintos partidos en todas las instituciones y de acuerdo a lo que establece la ley, hacen ejercicio de sus prerrogativas; los límites están, se acatan y se respetan por parte nuestra, y me imagino que por las autoridades de cada institución, con los liberacionistas y con los no liberacionistas que están metidos en la campaña. No sé si algún otro partido tiene la excelente organización que tenemos nosotros, pero todos lo pueden hacer.
¿Cómo apoya el partido a este tipo de redes?
−Hasta la fecha los gastos son prácticamente inexistente, porque la legislación aplicable acaba de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. En Liberación estamos haciendo una campaña austera, vamos a apoyar todos estos programas con los insumos básicos, espacios en algunas de nuestras sedes, algún equipamiento tecnológico, facilidades en materia de viáticos, algún nombramiento de algún personal mínimo. El secreto del éxito del PLN no es lo que se gasta, sino el voluntariado del contingente liberacionista que hay en todo Costa Rica, incluyendo los sectores no estatutarios, como el sector público, y las diversidades sociales que hay en el país.
El segundo objetivo de las redes indica “Apoyar y fortalecer a todos los miembros activos del sector Público del PLN en la Administración 2014-2018 y logro de objetivos Institucionales o Ministeriales”. ¿Cómo interpreta esto?
−Eso solo se interpreta de una manera: es que haya un gobierno con el cual se compartan ideales, propuestas y acciones; es una visión integral del desarrollo institucional del país, en que la primera línea de contacto nuestra y del gobierno, lógicamente es la gente que tenemos más cercana; eso no conlleva nada que no sea incluyente y participativo, para la gente liberacionista y la no liberacionista.
Destitución e inhabilitación son los castigos del TSE
El artículo 146 del Código del Código Electoral establece: “Prohíbase a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político”.
Esta prohibición se amplía a funcionarios en cargos específicos, a los que se les inhibe en su totalidad de dar su adhesión a cualquier candidatura política, por ejemplo a todos los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, el Procurador y los Procuradores adjuntos, así como a quienes ejerzan la presidencia ejecutiva o sean miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las instituciones autónomas y todo ente público estatal, quienes tan solo tendrán derecho al voto el 2 de febrero próximo.
Para Gustavo Román, asesor legal del TSE, la limitación es temporal, y no hay diferencia “si se hace a través del teléfono, por Internet o con los compañeros vivo y en directo”, aseguró.
Con ello, según Román, se procura asimismo “que se inhiba a utilizar el tiempo para trabajos de esa índole, además que se beneficie a partidos políticos según los cargos que se ostentan”. Esta medida alcanza a todos los funcionarios públicos.
Sobre la creación de las denominadas redes solidarias del sector público, el asesor del Tribunal manifestó que los casos concretos deberán ser puestos en conocimiento del órgano electoral, para valorarlo a la luz de la norma.
En criterio de Román, si el partido incluye los gastos de este tipo de organizaciones, podrían ser reembolsados si a la hora de cobrar la deuda política se efectúa la presentación de documentos que avalen el desembolso, ya que la prohibición establece que lo que no se puede utilizar son los fondos propios de cada institución.
Si se detecta la violación a la norma del Código Electoral, “el TSE podrá ordenar la destitución del funcionario e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un período de 2 a 4 años”.