Subdirectora de Tributación Directa asegura que es permitido y considera que está bien que este hecho sea revisado por parlamentarios.
La mayoría de los bancos privados del país no pagan el tributo de la renta, a pesar de que la clase media sí lo hace, según se desprende de las cifras oficiales de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Esta situación es considerada como bastante injusta por parte de algunos diputados quienes desde hace algunas semanas se muestran interesados en reforzar el tema dentro de las discusiones que suscita el que sería el nuevo plan tributario.
El diputado independiente José Miguel Corrales mantiene en el plenario legislativo algunas mociones que son revisadas y mediante las cuales pretende introducir cambios sobre este impago del tributo.
Al revisar los estados financieros de las entidades bancarias del 2000 al 2003 se revela que al menos seis de cada 12 bancos no pagaron el impuesto de la renta, mientras que solo lo hicieron de tres a nueve dependiendo del año revisado. Esta última cifra se cumplió solo en una oportunidad en el último año indicado. (Ver cuadro adjunto: «Evidente desigualdad»).
Para el período analizado, se concluye que por impuesto de la renta declarado se pagaron ¢2.981 millones, mientras que los ingresos de los bancos fueron de poco más de ¢603 mil millones y de dinero disponible para socios se contabilizó ¢55.806 millones.
Este panorama fue analizado por la Contraloría General de la República que ordenó a las auditorías del Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y a la Tributación Directa que investigaran por qué se aprobó un cambio de metodología propuesto por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para calcular el tributo de la renta.
La Subdirectora de Tributación Directa, Patricia Castillo, aseguró que la legislación permite las actuales actuaciones y considera que está bien que sean revisadas por los diputados que tengan interés en el tema.
Se quiso consultar al director de dicho departamento, Francisco Fonseca, pero su secretaria informó que se encontraba de viaje en Estados Unidos.
La Contraloría encontró que solo del 2000 al 2002 la base imponible anual para los bancos públicos (la base sobre la que se parte para el cobro de impuestos) -excepto uno que nunca se mencionó cuál era- fue de ¢30.000 millones.
INTERVENIR LO ANTES POSIBLE
Al igual que lo habían dicho en la edición 1628 de UNIVERSIDAD, algunos diputados que se muestran muy críticos sobre el impago de la banca privada quieren que esta situación se corrija, máxime en un sistema socioeconómico donde se supone que debe haber igualdad para todos.
El diputado Corrales mantiene la esperanza de que las mociones presentadas en el parlamento sean aceptadas para cambiar las actuales condiciones, las cuales considera sumamente injustas y violatorias de lo que debe ser una igualdad para todos.
Bernal Jiménez, de Liberación Nacional, «es una barbaridad» lo que sucede con este tema y aseguró que espera hacer un acercamiento con los legisladores que consideren este tema relevante como Humberto Arce (Unión Patriótica) y Rodrigo Alberto Carazo (Partido Acción Ciudadana).
Jiménez destacó que el sistema cedular actual de la renta, grava los salarios y alquileres, pero con el pago de renta global como se pretende aprobar en el Plan fiscal todos los costarricenses pagarían el impuesto de renta.
«Ya no habrá exenciones para nadie. Para la banca y demás entidades financieras, industriales y de cualquier tipo pagarán el 30% por dicho rubro. Los diputados del Movimiento Libertario andan desprestigiando el proyecto porque entre ellos hay empresarios o los representan, lo cual es espernible», dijo el parlamentario.
También se gravarán los capitales costarricenses que estén depositados en bancos fuera del país (en «off shore» o sucursales bancarias) y los depósitos en dólares que, por lo regular, son tomados por personas muy adineradas.
El Vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica, Hermann Hess, quien es profesor de Economía en esta casa de enseñanza, es uno de quienes más cuestiona que la banca no pague esa tasación.
Aparte de que considera igualmente que es una situación injusta, asegura que encarece grandemente la intermediación financiera -que es captar recursos del público y ese dinero prestarlo a la gente-.
La ABC respondió ante algunas preguntas de UNIVERSIDAD que la banca privada actúa legalmente, según el cambio de metodología aprobado por la SUGEF, la Dirección General de Tributación y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
Óscar Rodríguez, Superintendente General de Entidades Financieras, aseguró que dos funcionarias de esa entidad continúan una investigación sobre el cambio de dicha metodología que aprobó el mismo ente.
El Área de Ingresos Públicos de la Contraloría General de la República, que fue la encargada de analizar la reducción o impago del impuesto sobre la renta de los bancos -tanto públicos como privados-, aseguró que esperan la respuesta de las instituciones mencionadas.
En el informe hecho por este departamento se advertía tanto al Ministro de Hacienda como al Superintendente que de encontrarse alguna irregularidad se podría optar por denunciarla al Ministerio Público.
ALERTA A INVESTIGAR
El procurador tributario, Juan Luis Montoya, informó que aún no se ha presentado algún tipo de gestión por parte de la Contraloría General de la República o del Ministerio de Hacienda para indagar sobre el método aceptado por la SUGEF para calcular el gravamen sobre la renta.
Aseguró que la Ley 7722 obliga a las entidades públicas a pagar dicho tributo, pero la legislación 7092 (Ley General de Impuesto de la Renta) habilita a la banca a no pagarlo, sobre todo por sus artículos 7 y 8.
Estos cambios se dieron desde 1991 cuando estaba en la Presidencia de la República, Rafael Ángel Calderón, y comenzó un proceso de apertura del sector bancario así como financiero, aparte de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con México.
