El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Locales llegaron a un acuerdo este viernes para cumplir con el mandato constitucional del artículo 170 de la Ley de Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, que dispone la asignación a favor de los gobiernos locales de un 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente.
Se acordó que la transferencia de recursos a los municipios se hará de forma gradual en los próximos tres años: se entregarán ¢21 mil millones en el año 2016, ¢42 mil millones en el 2017 y ¢63 mil millones en el año 2018.
“El destino de recursos los propone la Junta Vial Cantonal y son aprobados por el Consejo Municipal. La junta está integrada por representantes del gobierno local y la comunidad, escogidos por convocatoria pública abierta”, explicó Mercedes Hernández, alcaldesa de Barva y Presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
Los montos de dinero serán distribuidos a partir de tres componentes: la extensión de la red vial cantonal; el Índice de Desarrollo Social Cantonal y la distribución en partes iguales a cada municipalidad.
El propósito del acuerdo es desarrollar de manera integral la red vial cantonal, bajo el principio de que no sólo debe entenderse como una calle, si no que el concepto incorpora también aceras, ciclovías, pasos, señalización, demarcación, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato que se encuentra en el derecho de vía.
“Ello tendrá como resultado mayor desarrollo económico y también impactará positivamente la calidad de vida de los habitantes de nuestros territorios. Se trata de condiciones para mayor seguridad vial, ampliar la red de interconexión entre comunidades así como la dinamización de la producción, el comercio, el turismo y la movilidad de las personas”, indicó la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.
La primera dama, Mercedes Peñas, aseguró que uno de los compromisos de la administración Solís Rivera es cambiar el paradigma de buscar las soluciones desde las oficinas centrales, ya que son las comunidades en sus territorios las que saben cuáles son sus necesidades y urgencias en el tema de la red vial.
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