Cuestionan llamado del obispo de Cartago a no votar por los partidos que apoyaran el proyecto de reforma constitucional.
El recurso de la política electoral fue el arma que le valió a la Iglesia Católica la derrota de la propuesta de reforma constitucional para establecer un estado laico, según fuentes consultadas por UNIVERSIDAD.
La reforma pretendía cambiar la Constitución Política en dos aspectos. Por un lado buscaba que la católica ya no fuera la religión oficial y que el Estado más bien sea neutral en el plano religioso. El otro cambio consistía en cambiar el juramento que prestan las personas designadas a la función pública para que no lo hicieran en nombre de Dios.
La jerarquía católica ejerció una intensa presión sobre los diputados que firmaron el proyecto de enmienda constitucional, sobre todo a partir del llamado del Obispo de Cartago, José Francisco Ulloa, quien durante una homilía el pasado 6 de setiembre manifestó que “debemos ser coherentes con nuestra fe y en conciencia no podemos darles un voto” a “candidatos que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia”.
El diputado Alberto Salom, quien forma parte de los que apoyaron el proyecto, lamentó que la discusión se complicó, pues “el obispo Ulloa lo convirtió en un tema electoral, al momento en que él pronunció su homilía, habíamos diputados de todos los partidos apoyando el proyecto, luego se dio la estampida”.
“Más que meternos presión, al exhibirnos en portada el Eco Católico prácticamente nos mandaba a la hoguera, nos sentimos tachados de fundamentalistas, no nos consultaban nada y la gente se dejó llevar por la versión de ese medio”, lamentó el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por su parte, el obispo de Cartago, José Francisco Ulloa, en primera instancia celebró que “gracias a Dios los diputados tomaron conciencia de las graves consecuencias que esta propuesta tenía para la cultura costarricense; han tomado una buena decisión. Esperamos que el proyecto quede enterrado para siempre, sobre todo la segunda parte que trataba de eliminar a Dios de la Constitución, pues eso suponía socavar el sustrato religioso que mantiene el 98% del pueblo costarricense”.
Cuestionado sobre los riesgos de haber vinculado el tema religioso con la política electoral, Ulloa dijo a UNIVERSIDAD que no llamó a votar por ningún partido particular, sino que “dije que los creyentes en Dios tenemos que ser coherentes con nuestra fe y creencias, sobre todo si alguien niega estos grandes principios que mantienen nuestra fe, como creer en el Dios vivo y verdadero y aceptar la vida como un don de Dios y el matrimonio y la familia como una estructura divina, que son fundamentales para la sociedad en general”.
Al referirse al proyecto, el prelado manifestó que “no era tanto el problema” con eliminar la confesionalidad del Estado, “nos es indiferente pues como Iglesia Católica seguimos con la misión que Jesucristo nos legó como fundador”. Explicó que su principal molestia se fundamentó en el cambio al juramento, lo cual “es lo más grave porque socavar a Dios es llevar a una sociedad al fracaso, es algo riesgoso como lo muestra la historia”.
Mientras tanto, Salom dijo no estar sorprendido de que la Iglesia Católica lograra enterrar el proyecto: “se subió el tono de manera exagerada para manipular a la opinión pública” y añadió que ya pasada la campaña electoral habrá un mejor ambiente y más posibilidades para la reforma, “habrá oportunidad para una discusión de más altura”.
ESTADO LAICO
El Movimiento por un Estado Laico está conformado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Iglesia Luterana de Costa Rica, entre otros.
Concretamente, la propuesta buscaba reformar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política y recibió el apoyo de 13 diputados de diferentes fracciones, con lo cual logró ser introducida a la corriente legislativa.
El primero es el que establece la confesionalidad del Estado costarricense al declarar la católica como la religión oficial y se basa en un artículo de la Constitución colonial de Cádiz, de 1812. La propuesta buscó declarar la neutralidad del Estado en materia religiosa, pero le dejaba como garante de la libertad de culto.
El artículo 194, cuyo texto original data de la Constitución de 1871, especifica las personas que accedan a cargos públicos deben “jurar a Dios” el buen cumplimiento de su labor. La reforma pretendía que estas personas juraran “por sus convicciones”.
Fue este último punto el que desató la mayor polémica, tras los titulares en diversos medios de comunicación porque se intentaba “sacar a Dios” de la Constitución. El eslogan también fue adoptado por candidatos presidenciales como Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Laura Chinchilla de Liberación Nacional.
Posteriormente, Ulloa emitió su célebre homilía y un grupo de 19 diputados de diversas fracciones, entre quienes estaban Jorge Eduardo Sánchez, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Oscar Núñez, exjefe de fracción del PLN, o la otrora independiente Evita Arguedas, declararon su intensión de oponerse a la reforma.
También aparecieron mensajes publicitarios del candidato del PUSC Rafael Ángel Calderón, que entre otras cosas decían que “Costa Rica es un pueblo protegido por Dios”, y de la totalidad de aspirantes a diputados del PLN, comprometiéndose a archivar el proyecto.
El miércoles 16 de setiembre se anunció que cuatro de los diputados que habían firmado la propuesta retiraban su apoyo: Los oficialistas Ofelia Taitelbaum, quien aún aspira a la Defensoría de los Habitantes, Luis Carlos Araya y Alexander Mora; así como el libertario Mario Núñez. Con ello el proyecto se quedó corto de las diez firmas necesarias para su trámite.
Gabriela Arguedas, del Movimiento por un Estado Laico, dijo a este semanario que la reforma buscaba coherencia en la Constitución Política en materia de derechos humanos, porque “un Estado confesional implica otorgar privilegios a una denominación religiosa particular y que son disfrutados por la jerarquía de esa Iglesia, como el traslado de recursos financieros en el Presupuesto del Estado”.
Explicó que la oficialidad de la religión católica también incide en una discriminación en materia de los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, la población católica al casarse por la Iglesia no tiene que ir a inscribirse ante el Registro Civil, mientras que los seguidores de otras iglesias sí lo deben hacer.
“El hecho de que el Estado oficialice una religión, le otorga a las demás un carácter de subalternas; la única posibilidad de garantizar igualdad real de las religiones es que el Estado sea neutral ante las denominaciones religiosas. Esto no tiene nada que ver con el asunto de la fe, que cada persona practica con libertad”, puntualizó.
Sobre el tema de la reforma al juramento constitucional, Arguedas manifestó que hay personas cristianas que no quieren jurar por Dios, pues de acuerdo con su fe “sería usar el nombre de Dios en vano, pues se trata de un asunto político”.
Añadió que lo que se buscaba era “adaptar el juramento a las convicciones de todas las personas” y agregó que el Movimiento aceptaba la posibilidad de que quedara tanto la opción que no menciona a Dios como una que sí.
“El proyecto sirvió para abrir los ojos de la gente y darnos cuenta de qué tan profundos son los fundamentalismos. No teníamos idea de que esta iniciativa iba a despertar tanto odio y reacciones tan agresivas de la jerarquía católica”, indicó.
Manifestó que el Obispo Ulloa “desató una especie de guerra santa en periodo electoral. Eso no es un acto inocente, tiene una estrategia para confundir a la gente, con el fin de que no se pueda discutir con seriedad y altura las implicaciones de la reforma”.
VOCES CATÓLICAS
UNIVERSIDAD buscó el criterio ante la reforma y la manera como fue sepultada entre personas relacionadas con la fe católica.
El periodista Javier Solís, exsacerdote y exdiputado, lamentó que “los pastores de la Iglesia en vez de cumplir con su misión de descubrir a la gente dónde está Dios, se pongan a hacer política electoral para defender sus intereses”.
Señaló que “la tesis del Estado laico es auténticamente católica”, que representa un paso adelante en el proceso democrático y que “triunfará. Estas fuerzas del oscurantismo serán derrotadas”. Agregó que la Iglesia Católica por ese camino “va a quedar reducida a un museo de mitras y sotanas rojas”.
Solís recalcó que para lograr un Estado laico se requiere de apoyo político más organizado y estructurado. “Es necesario un proyecto más amplio que preparar una propuesta y presentarla en la Asamblea Legislativa, no se puede pretender hacer una reforma como ésta con los santurrones del PAC y los fariseos del PLN”.
Por su parte, el sacerdote Gerardo Vargas quien temporalmente ha abandonado sus funciones por ser candidato a diputado por el Frente Amplio, señaló que el tema debe discutirse en un ambiente más propicio: “tratar esto en una campaña política no es lo más adecuado, porque se presta para manipulaciones”.
Consultados sobre la actitud tomada por Ulloa, manifestó que es “la actitud esperable de cualquier obispo ante esa propuesta”.
Por su parte, el sacerdote José Francisco Soto recordó que es el Estado “al que menos le conviene” un golpe de timón hacia el laicismo, pues tendría que asumir algunos servicios que la Iglesia Católica presta a la población, como los matrimonios. Sin embargo, dijo estar de acuerdo con la iniciativa.
Al ponderar el tema, recordó que recientemente se presentaron dos denuncias “muy fuertes desde la Iglesia”, la carta pastoral de Victorino Gerardi, Obispo de Tilarán, sobre los problemas en Guanacaste, y otra sobre la costa del Pacífico de los obispos Gerardi, Oscar Fernández, de Puntarenas, y Guillermo Loría, de San Isidro de El General. “Todo se da en el contexto electoral y sospecho que puede desviar la atención de esa actitud crítica de ciertos sectores de la Iglesia”.
