Jefes parlamentarios y candidatos con diferencias en inmediata aprobación de nueva ley, mientras que empresarios guardan posición crítica.
El aporte en la productividad de los nicaragüenses en el sector de construcción y agroindustria es innegable, según los consultados.
Criterios encontrados poseen los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa, precandidatos presidenciales y representantes de los empresarios sobre el proyecto de ley para cambiar las disposiciones estatales sobre migración.
Aunque el proyecto sobre el tema está ya en la agenda legislativa, parece que se encuentra «medio crudo» para ser discutido en el parlamento.
Mientras que los precandidatos presidenciales o posibles aspirantes a ese puesto se muestran escépticos sobre dicha ley o proponen urgentes cambios, la más fuerte y embravecida opositora a que dicho proyecto sea discutido en el plenario legislativo es Epsy Campbell, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La legisladora considera que este proyecto debe ser devuelto a la Comisión de Gobierno y Administración para revisarlo completamente, porque lo considera «patético» y como «una porquería de improvisación» en un tema mayor donde no se construye una ley integral.
Luis Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), y Federico Vargas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), consideran que la iniciativa, a como está, puede ser discutida en plenario y luego se le puede hacer las enmiendas necesarias si así se desprende de un pronunciamiento que dé la Sala Constitucional que revisa las leyes luego de aprobadas en el parlamento.
Carlos Salazar, del Movimiento Libertario (ML), considera que en la mencionada comisión legislativa se le hicieron los suficientes cambios como para que el tema se discuta ya.
En cambio, Humberto Arce del Partido Unión Patriótica (PUP) estima que aún faltan aspectos fundamentales por arreglarse y el proyecto debería devolverse a comisión.
Los precandidatos presidenciales se manifestaron también en forma dividida sobre los cambios en la normativa, mientras que los empresarios los objetan.
POSEE TODAS LAS DOLENCIAS
Para Epsy Campbell, este anteproyecto no contempla el tráfico de niños, las mujeres solas y la trata de blancas, entre otros graves aspectos, por lo que a su criterio es muy omiso e irresponsable.
«Se la da poderes extralimitados al Director de Migración, lo cual generaría más corrupción», añadió.
Para la legisladora, no se tiene una visión «clara, humana y responsable de los migrantes de a pie a quienes se considera como delincuentes».
Ella recordó que en el pasado presentó una propuesta para que se hiciera una comisión especial que analizara el tema en forma general y luego se entrara a los aspectos delicados más específicos para constituir una política pública. Sin embargo, esto no se dio.
«Somos un país subdesarrollado y este proyecto de ley lo refleja. (…) El 60% de los migrantes son nicaragüenses, colombianos, argentinos y cubanos, pero los costarricenses pensamos que todos los emigrantes son de Nicaragua y vienen a hacer el mal», enfatizó.
Dijo que se debe hacer una política de migración seria, aislada de la xenofobia, los estereotipos y las ligerezas. «Este es un proyecto que debe devolverse a comisión o dejarlo morir porque se le vence el plazo cuatrianual en la agenda legislativa para que sea discutido».
VOTARLA INMEDIATAMENTE
Luis Ramírez (PLN) considera que la iniciativa debe «discutirse y votarse inmediatamente».
Asegura que no se puede seguir en la actual situación de que el proyecto tenga tres gobiernos de estar en permanente discusión.
«El aspecto más cuestionable de la iniciativa, a criterio de Ramírez, es la penalización de aquella persona que dé alojamiento a un inmigrante ilegal, cuando sabemos las pésimas condiciones en que llegan estas personas. Por eso, debemos hacer un buen proyecto para evitar estas controvesias», manifestó.
Contrario a sus homólogos, el socialcristiano Federico Vargas manifestó no estar de acuerdo en devolver las modificaciones propuestas a comisión y asegura que si hay modificaciones que hacer se pueden ejecutar mediante mociones cuando esté en el plenario.
«Me reuní con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con integrantes de la iglesia, de la Embajada de Nicaragua y con especialistas en derechos humanos. El problema es que luego de hacer los encuentros quieren que se añadan nuevas ideas y esto obstaculiza el trámite del proyecto», destacó.
Para el representante, la solución al actual «atascamiento» es que las modificaciones se aprueben en primer debate y que luego se envíen a consulta a la Asamblea Legislativa.
«Si hay aspectos cuestionables entonces que se arreglen dentro de la Comisión de Gobierno y Administración donde se estableció. Con posterioridad, se vería en segundo debate», dijo el diputado.
MENOS REPRESIVO
La búsqueda de un sistema de vigilancia y criterios claros de selección migratoria, más que de un enfoque policial y represivo, es lo que propone el ML.
Carlos Salazar, jefe de bancada en ese partido, aseguró que hace seis meses hicieron mociones de cambio en la actual propuesta para eliminar lo más posible una visión represiva y brindar otra más integral de respeto a los derechos humanos, así como a los tratados que ha suscrito Costa Rica en este tema.
El jerarca manifestó que sostuvieron el 17 de marzo una reunión con delegados del ACNUR, de la Iglesia Católica y de la Defensoría de los Habitantes en la que quedó claro que se deben hacer ciertas enmiendas.
«Ciertos temas tenían sustento y nos reunimos dos veces más con ellos. Todo parece indicar que es conveniente que el proyecto sea devuelto y mejorado en comisión para hacerle mejorías.
«NO ES URGENTE»
«Esta ley tuvo un cambio muy sinuoso, siendo un proyecto que es el Poder Ejecutivo el que sienta la política migratoria», enfatizó Humberto Arce del PUP.
Para el parlamentario, no es urgente que se discuta en la corriente legislativa, porque su experiencia como integrante de la comisión que creó, lo creó así se lo indica, después de que ha sido estudiado por tres diferentes ministros de Seguridad Pública en las últimas administraciones.
«En esos virajes que ha tenido el proyecto es que se ha desnaturalizado. Tiene ahora demasiados textos sustitutivos y el propio gobierno ha cambiado tres veces el proyecto durante esta administración».
Arce informó que el mismo ministro actual de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, considera importante dejar «reposando» el proyecto.
Para él, los focos de polémica serán inevitables y si el proyecto se debe devolver a la mencionada comisión, «así deberá hacerse».
El parlamentario considera que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país receptor de migraciones como pocas naciones lo hacen, pero que hay una gran necesidad «en llenar vacíos existentes en la Ley sobre Migración».
DEBE REFORMARSE
Para el presidente de la Cámara de Empresarios Pro Costa Rica, Juan Francisco Montealegre, es necesario que el actual proyecto legislativo se reforme al considerarlo omiso e incompleto.
Según su opinión, los criterios para seleccionar a los migrantes idóneos para vivir en el país no están totalmente claros, así como las cláusulas que definen que todo trabajador extranjero tendrá las mismas garantías sociales que los costarricenses.
Jaime Molina, presidente de la Cámara de la Construcción, aseguró que la iniciativa le parece de relevante importancia tomando en cuenta que, por poner el caso de los nicaragüenses, son parte importante de la mano de obra en el sector de la construcción.
«Hace cuatro años hicimos un muestreo y resultó que el 55% de quienes se dedicaban a esta mano de obra eran nicaragüenses. Ahora pueden ser mucho más», añadió.
«SON MUY IMPORTANTES»
Molina considera importante la presencia de esta población porque los costarricenses han decidido dejar este tipo de ocupación y la agricultura para dedicarse más a labores técnicas, o a estudiar y trabajar en otro tipo de ocupaciones.
«Lo malo -aseveró- es que no hay un control migratorio total. Acabamos de recibir la noticia de que fueron detenidos 3.000 nicaragüenses por no traer los correspondientes papeles. Pero esto debe tener una solución más civilizada y oportunidades para todos», estimó Molina.
Para él, Costa Rica no exportaría lo que actualmente envía al exterior si no fuera por los vecinos del Norte que han venido a residir al país.
«La mayoría de los que recogen la zafra azucarera, los cultivos de piña, sandía, banano, todo lo agroindustrial, son nicaragüenses», mencionó el presidente de la Cámara de la Construcción que reúne a 125 empresas.
El Colegio de Ingenieros y de Arquitectos reúne a 2000 constructores muchos de los cuales no aseguran a sus trabajadores o tampoco se preocupan por las condiciones de seguridad que requieren para hacer sus trabajos, especialmente tratándose de nicaragüenses.
La mencionada cámara promueve que las garantías sociales y el equipamiento de seguridad para todos los empleados sean los debidos y para ello estimula -según dijo Molina- programas informativos y de capacitación.
«Al menos con los nicaragüenses, que son los más visibles y de más larga estadía en el país, existe una doble moral, no xenofobia, porque cuando a la gente le conviene los defienden», aseveró Molina.
Proyecto debe volver a comisión
La mayoría de los precandidatos presidenciales o aspirantes a esta posición consideró importante ser exhaustivo respecto al proyecto de ley que pretende modificar la política migratoria del país.
Estimaron que a dicha propuesta le hace falta más trabajo y afinamiento.
Algunos de los criterios externados son:
* Antonio Álvarez (Unión para el Cambio):
Estima que debe revisarse los criterios que debe cumplir un extranjero para poder trabajar o estudiar aquí, o nacionalizarse.
Aseguró que la actual legislación es muy laxa al respecto y que debe procurarse que quienes queden elegidos vayan a tener servicios estatales adecuados y no recarguen los ya existentes.
* Víctor Morales (Precandidato por el Partido Unidad Social Cristiana -PUSC-):
Coincide en una reforma integral a la actual política migratoria y considera que ésta no se da con el actual proyecto legislativo que debe ser revisado con participación estatal, parlamentaria y de Organizaciones No Gubernamentales.
* Ottón Solís (Partido Acción Ciudadana):
Considera que el proyecto tiene aspectos violatorios en la parte constitucional. No tiene balance y debe revisarse. Se deben prohibir las migraciones incontroladas, pero sin violentar los derechos humanos de los emigrantes.
* Guillermo Vargas (precandidato del PUSC):
Deben revisarse aspectos fundamentales del proyecto, pero considera que tiene que verse lo antes posible en la corriente legislativa para que no quede «empantanado», como lo ha estado en las tres últimas administraciones.
* Óscar Arias (precandidato del Partido Liberación Nacional -PLN-):
Considera fundamental que lo antes posible el país tenga una política migratoria clara, sobre todo tomando en cuenta las grandes migraciones que se han dado en los últimos 20 años.
Para él es importante que se protejan tanto los derechos humanos de los costarricenses como de los migrantes.
