La organización no gubernamental Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) teme que empresarios hoteleros se aprovechen de los cambios que establece el reciente decreto gubernamental en la tala de árboles en la zona marítimo terrestre. La FECON denunció que la directriz lleva el nombre y apellido de un empresario que quiere establecerse en un área de patrimonio natural del Estado.
Juan Figuerola, representante de FECON, dirige sus baterías contra el estadounidense Glenn Jampol, quien el mismo día que el gobierno emitió la directriz pudo cortar árboles en su proyecto Playa Dulce Vida, en Manuel Antonio.
El estadounidense contesta a UNIVERSIDAD los ataques con una respuesta muy simple: «en nuestro caso, aunque vamos a cubrir aproximadamente un 22% del terreno en total, solo cortamos 36 árboles, que representan una tala de un 2.5%. Además, vamos a proteger un 75% del bosque, con árboles que permanecerán en áreas protegidas»(ver nota «Ni salvaguarda los bosques ni cierra portillos»).
Jampol explicó que el permiso que recibieron del Ministerio de Ambiente (MINAE) se basó en un recurso de revisión que plantearon hace un año, cuando les negaron el permiso de corta en medio de anomalías. Agregó que el él no tuvo nada que ver con eso ni estaba en la oficina del Ministro presionando.Ante este panorama, Figuerola sostiene que si hubo abusos con la ley Forestal, que a su juicio tenía mayores restricciones, la situación empeorará con el decreto (ver nota «Dulce proyecto»)
El decreto N° 31750-MINAE-TUR, que se publicó el 14 de mayo, permite cortar bosque en la zona marítimo terrestre (ZMT) cuando se pretenda construir proyectos considerados ecoturísticos. Esta zona significa la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de las costas del Atlántico y el Pacífico, medidos a partir de la línea que deja la marea alta.
El decreto señala que se prohibe a los proyectos a ejecutar dentro de bosques sobrepasar una cobertura superior al 15% del área de concesión para bosques primarios y 25% del área de concesión para bosques secundarios. Los proyectos hoteleros deberán presentar una arquitectura acorde con el medio y no podrán superar 14 metros de altura.
La disposición ha generado una polémica principalmente por las interpretaciones legales que oponen al Ministro de Ambiente y a un sector ambientalista. Los tribunales mantienen en suspenso su aplicación.
CODICIADAS ZONAS
En varias zonas del país son las verdes montañas de bosques las que llegan hasta el mar y las propiedades que poseen este privilegio y están fuera de las áreas protegidas, se ofrecen a un altísimo valor. De ahí la preocupación de los ambientalistas de que empresarios turísticos con más visión mercantil que ecoturística aprovechen este decreto para extender el cemento hasta la arena, talando los parches de bosque que quedan en las costas.
Con el decreto, un empresario turístico que pretenda cortar el bosque en esta zona deberá tener una concesión de la Municipalidad, presentar un plan de manejo de bosque y el visto bueno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Tanto la prensa como diversos grupos ecologistas han alertado sobre diversos casos de corrupción en las municipalidades y en la SETENA sobre permisos otorgados a iniciativas de construcción.
La ley de la Zona Marítimo Terrestre (1977) es muy clara al determinar que no permitirá sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo. La Ley Forestal, por su parte, establece lo que se puede hacer en las áreas de bosque que son patrimonio natural incluyendo la ZMT, donde el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo. También se prohibe el cambio de uso de suelo en terrenos de propiedad forestal privada; pero la administración forestal del Estado podrá dar permisos en estas áreas para proyectos ecoturísticos. En este caso la corta de árboles será limitada, proporcional y razonable y deberá llenarse un cuestionario de preselección para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental.
Según dijo a UNIVERSIDAD el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, en esa ley hay una laguna porque no tiene reglamentación específica para la corta de árboles en la ZMT y que temen que por medio de estos permisos se llegue a cortar la totalidad del bosque en esas propiedades. En su opinión, permanentemente se corre el riesgo de que la Sala Constitucional, con sus resoluciones, los obligue a dar permisos más allá de lo que el Ministerio de Ambiente (MINAE) considera racional, justo y lógico.
COMISION SIN CONSENSO
La situación de falta de regulaciones en la ZMT genera cada vez más problemas; por ejemplo, desalojos por concesiones otorgadas con anomalías o que ya vencieron; cierre de caminos públicos que permitían el acceso a las playas; y talas extensas con el fin de construir megahoteles.
Un ejemplo reciente de la falta de vigilancia y protección en esta zona lo expone la Contraloría General de la República en su informe DFOE-AM-11/2004 sobre la labor de la Municipalidad de Santa Cruz, en Guanacaste. Critican a esta municipalidad por ineficiente y por los pocos planes reguladores aprobados, lo cual ha propiciado la invasión de los terrenos de la zona marítimo terrestre.
También comprobaron que la Municipalidad aprobó concesiones de derechos sobre concesiones otorgadas en la ZMT beneficiando a sociedades constituidas por extranjeros sin atender las limitaciones que ejerce la ley.
En noviembre del 2003 el MINAE redactó este nuevo decreto y lo envió al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para su revisión. Luego varias organizaciones ambientalistas fueron invitadas a hacer comentarios, por lo que se conformó una comisión que estudiaría el decreto. Esta fue integrada por Juan Sánchez, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Mathew Cook, de ASCOMOTI, Aymará Espinoza y Eugenia Arguedas, del MINAE, León González, del Centro Científico Tropical, Juan Figuerola y el estadounidense Glenn Jampol.
Si bien él no representa a ninguna cámara de empresarios, tiene buena reputación en el sector ambientalista y una maestría en estudios ambientales de la Universidad de Berkeley (Estados Unidos). Agregó que hace nueve años empezó en el país el proceso de Certificación de Sostenibilidad Turística del ICT, que el año pasado ganó el premio mundial «Tourism for Tomorrow» (Inglaterra) y que es miembro de la junta directiva de la Sociedad Internacional de Ecoturismo. Jampol dijo que fue a la reunión sin ser invitado por sus contactos con el sector ambientalista. Pero, el ministro de Ambiente declaró que él invitó al empresario, para que se diera cuenta del proceso y la discusión con los ambientalistas.
PIEDRAS LEGALES
En febrero de este año la comisión fue disuelta por Carlos Manuel Rodríguez y luego se hizo público el decreto.
Pero desde ahora enfrenta problemas legales. El Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE) presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo, al igual que lo hizo Juan Figuerola el 11 de junio. La Sala IV ordenó suspender la aplicación del decreto y detener la tala que se estaba realizando. El diputado del Bloque Patriótico, Quírico Jiménez, presentó otra acción de inconstitucionalidad el 24 de junio bajo el argumento de que fue el Ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, quien presionó al MINAE para la firma del decreto. En el programa radiofónico «Nuestra Voz», Toledo respondió airado que este gobierno no gobernaba solo por los ambientalistas, sino también para los inversionistas y para las comunidades que viven del turismo, y retó a Jiménez a que presentara un proyecto de ley para quitar el decreto.
El diputado del BPP también criticó al diputado de la zona y al Ministro de Turismo, Rodrigo Castro, pues considera que de «forma insaciable e irresponsable» también ha presionado al MINAE. Se trata de Jorge Alvarez, del Partido Unidad Socialcristiana, quien figuró en la polémica por el desalojo de varias familias que vivían en Playa El Rey en el Parque Nacional Manuel Antonio.
Para Quírico, la Sala tendrá que decir cuál es la interpretación verdadera, porque la zona marítimo terrestre es imprescriptible e inalienable.
«Dulce proyecto»
Glenn Jampol, dueño de la Finca Rosa Blanca, en Santa Bárbara de Heredia, compró hace veinte años una concesión de cinco hectáreas en la zona marítimo terrestre frente a Manuel Antonio. Allí, en la parte oeste de Playa Espadilla, sólo había ganado y cultivo de frijol, así que empezó a sembrar árboles, contó.
Su proyecto, Playa Dulce Vida, ofrecerá hospedaje completo para personas con discapacidad, senderos para sillas de ruedas, rótulos interpretativos en braile, paneles solares, cables de electricidad bajo terreno y anunció que sembrarán 2.000 árboles nativos a lo largo de diez años.
«En nuestro caso, aunque vamos a cubrir aproximadamente un 22% del terreno en total, solo cortamos 36 árboles, que representan una tala de un 2.5%. Además, vamos a proteger un 75% del bosque, con árboles que permanecerán en áreas protegidas».
Según el empresario, cuando después de años cumplieron con todos los requisitos ante el MINAE, querían hacer todo legal, sin cortar árboles en la noche ni hacer sobornos. Mencionó que al menos diez hoteles que hicieron los trámites al mismo tiempo que ellos ya funcionan desde hace años.
«Pedimos permiso para 42 árboles, y la mitad de esos árboles los sembré yo hace 20 años». Aunque el decreto está suspendido, en la propiedad de Jampol ya cortaron lo que necesitaban.
Ante las críticas de que el decreto tiene nombres y apellidos, él respondió que en primer lugar él no estaba completamente de acuerdo con éste y por eso presentó varias sugerencias, aunque no todas fueron acogidas. En segundo lugar, dijo que no sólo él y la abogada del MINAE tenían interés en el decreto, sino también otras personas como Mathew Cook, quien propuso que decidieran pronto si lo iban a emitir o no.
«¿De qué manera presioné? ¿Qué significa presionar? Fueron el Ministro de Turismo, Rodrigo Castro, y un diputado de Puntarenas quienes hablaron con Ricardo Toledo sobre los trámites exagerados que existían para construir u proyecto y llegar hasta MINAE, y usaron mi proyecto como ejemplo. Después de eso Toledo dijo a la abogada del MINAE, que esperaba que tuvieran listo el decreto a fin de mes.»
Recuadro
Ministro del Ambiente:
«Yo quiero cerrar el portillo»
El 24 de junio se celebraron los 25 años de la Fundación de Parques Nacionales, ocasión que se aprovechó para consultarle a Carlos Manuel Rodríguez, Ministro del Ambiente, acerca del decreto. A continuación un resumen de la entrevista.
¿Por qué dice usted que el decreto se hizo para ejercer mayor control y cerrar los portillos?
Hay una gran laguna legal en la Ley Forestal, de cómo proceder a la corta de árboles en la zona marítimo terrestre. Los permisos se han dado en razón de la reglamentación que existe para otro tipo de permisos forestales, que son la corta de árboles para cosechar el bosque. Esos son los únicos criterios que se han aplicado, y en algunas áreas en las que hay bosque con cierta densidad, sea bosque primario o secundario, pues no había regulación específica. Ellos dicen que la ventana está cerrada pero la verdad es que no, si usted va a revisar el Four Seasons, y este hotel y aquel otro que se han hecho en la zona marítimo terrestre, siempre han cortado el bosque, porque piden permisos amparados en reglamentos a razón de otros criterios.
¿Por qué se disolvió la comisión, porque no se pusieron de acuerdo?
A la comisión le pedí que en un mes pudiéramos tener ese trabajo, y llevábamos tres meses. A veces usaban la comisión como un foro de temas forestales interesantes pero ese no era el objetivo. Además era muy complicado, no todos estaban de acuerdo en los conceptos. Hubo un momento en que diputados y el desarrollador empezaron a presionar para que saliera un producto de eso.
¿Por qué se llamó a Glenn Jampol a que formara parte de la comisión?
En razón del proyecto que él proponía es que nos dimos cuenta de esta situación. Él pidió permisos forestales y nosotros no se los dimos porque nos veíamos ante esta disyuntiva. Fue un proceso de empezar a descubrir una realidad jurídica y reglamentaria que nunca teníamos clara. Él que siempre promovió el asunto, viendo cómo lo resolvíamos y reuniéndose con nosotros. Conceptualmente el proyecto de él es bueno, está certificado ambientalmente, tiene historial en buenos proyectos de ecoturismo. Yo me he opuesto a muchos proyectos de turismo a rajatabla; éste por el contrario, me parecía conceptualmente bueno, le empezamos a dar pensamiento. Como había gente que se oponía al decreto le pedí a él que participara en la comisión para que se diera cuenta de lo que implica la viabilidad política de las decisiones. Aquí las decisiones del MINAE no se toman en un escritorio, se consultan, se busca la apertura, le dije, y lo invité para que lo viera.
¿Hay posibilidad de que se revise el decreto?
Creo que por parte nuestra no, porque estamos como claros en esto, esperemos a ver qué dice la Sala IV. Si fuera por mí, en bosque primario no permitiría cambio de uso, pero ya la Ley Forestal deja un portillo abierto. Ellos dicen que no, yo digo que sí. Conociendo la realidad institucional del Ministerio y la realidad jurídica, no me extrañaría que algún juez, la Procuraduría o alguien nos obligue a que se respete ese cambio de uso del suelo, que no es claro. Para mí la duda es suficiente para tratar de cerrar el portillo, la ley no es clara. Ellos lo interpretan de una manera y yo de otra. Yo quiero cerrar el portillo.
Juan Figuerola
«Ni salvaguarda los bosques ni cierra portillos»
Quien empezó la oposición a este decreto fue Juan Figuerola, miembro de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), cuando en esta organización se enteraron de su redacción. A continuación su posición.
«El decreto ni salvaguarda los bosques, ni cierra portillos. Más bien, abre portones, permite la tala de hasta un 25% de bosque y la construcción de edificaciones de hasta 14 metros de altura en bosques que son patrimonio natural del Estado, es decir, propiedad de todas y todos los costarricenses de hoy y mañana. Hemos leído la Ley Forestal de cabo a rabo, hemos investigado los permisos de tala en zona marítimo terrestre desde que existe la ley, y no hemos encontrado ni un solo caso o indicio donde se permita la tala de bosques. Habría que preguntarle al Ministro donde exactamente en la ley se permite la corta de «todos los árboles», y pedirle que nos ilustre con un ejemplo dónde se ha autorizado talar en patrimonio natural del Estado para fines ecoturísticos.
En noviembre del 2003 criticamos este decreto que se mantenía en sospechoso secreto, a raíz de eso el Ministro nos convocó a que integráramos una comisión especial para que viera el tema y diera recomendaciones. Tras varias semanas de intenso trabajo, la comisión se desintegró abruptamente en febrero por instrucciones directas del ministro. La comisión recomendó no publicar el decreto y respetar las leyes tal como estaban. Las únicas dos personas que desde un principio insistieron reiteradamente en la necesidad de publicar el decreto fueron la asesora legal del Ministro, Alexandra González y el empresario turístico.
El permiso de corta de 46 árboles que, después de mucho insistir finalmente se le aprobó a la empresa Playa Dulce Vida mediante una resolución ministerial, se firmó en el mismísimo Despacho del Ministro el mismísimo día que se publicó el decreto. Previamente desde el año 2002 este permiso había sido denegado en reiteradas ocasiones por funcionarios honestos del Área de Conservación Pacífico Central.
El puede tener toda la buena intención del mundo, pero si hay otros que con la prohibición de la ley se aprovechan, imagínese con el decreto».
